Viernes, 29 de mayo de 2009

Recula Leonel Godoy y sostiene que “el operativo era necesario”.

Aunque es políticamente incorrecto, fue legal el arresto de funcionarios y alcaldes, considera

Carlos García

Corresponsal

Guanajuato, Gto., 28 de mayo. Aunque es políticamente incorrecto, fue legal el arresto de funcionarios y alcaldes ligados con el narcotráfico, pero es un asunto que queremos superar, hay que darle vuelta a la página, porque la Federación y Michoacán no pueden estar confrontados, señaló el gobernador Leonel Godoy Rangel.

Al finalizar la ceremonia de renovación del fuego simbólico de la libertad, en la Alhóndiga de Granaditas, el perredista michoacano afirmó que “el operativo era necesario, hay que comenzar por eliminar las relaciones o complicidad de los servidores públicos con la delincuencia, eso se debe hacer”.

Ése es otro tema...

Acompañado por el gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, Godoy Rangel aclaró que la protesta que hizo ante la Federación fue porque sus fuerzas irrumpieron en palacio de gobierno sin orden, con armas y con los rostros cubiertos por pasamontañas.

“No nos inconformamos con el operativo en general, ni fue ilegal, ahí creemos que fue políticamente incorrecto, pero ése es otro tema”, argumentó.

Al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se le planteó que no podemos estar en confrontación, que eso sólo le ayuda a la delincuencia y el crimen organizado; creo que ya se hicieron las aclaraciones pertinentes, recordó el Ejecutivo michoacano.

Por su parte, Oliva Ramírez respaldó a Godoy al señalar que he planteado que hay una amistad y una relación institucional con el gobernador de Michoacán.

Interrogado acerca de si la Procuraduría General de la República debe hacer un operativo en Guanajuato, como el realizado en Michoacán, el mandatario panista respondió que las corporaciones tienen la obligación de hacer lo que les obliga su responsabilidad. No se deben mezclar las acciones de la lucha contra el narcotráfico con cuestiones electorales, porque el hacerlo sería un acto irresponsable e infundado, dijo.

Por el operativo, las reformas de Calderón no pasarán: senadores

Critican perredistas y priístas que en Michoacán se violara la ley

Ediles y funcionarios fueron secuestrados, señala Pablo Gómez

Andrea Becerril

 

Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que el reciente operativo en Michoacán es un elemento más para no aprobar el paquete de reformas de Felipe Calderón, por el que se pretende legalizar la actuación del Ejército en el combate al narcotráfico y autorizar el establecimiento de un estado de excepción.

Si ahora, sin reforma, cometieron esas barbaridades y pasaron por encima de la ley, no quiero imaginar lo que harían ya con las modificaciones constitucionales que pretenden, advirtió el perredista Pablo Gómez.

A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que su partido no avalará que se instaure un Estado policiaco en el país. Hizo notar que en Michoacán el gobierno federal se colgó de la figura de arraigo para mantener 40 días detenidos a alcaldes y mandos policiacos, un plazo que vence justo después de las elecciones de julio. Es uno de los elementos, advirtió, que dan a la medida un tufillo electoral muy intenso.

En entrevista por separado, el senador del PRD Pablo Gómez hizo notar que los alcaldes, funcionarios estatales y jefes policiacos de Michoacán a los que se vincula con el narco, no fueron detenidos, ya que no hubo orden de arresto, y tampoco presentados, como aseguró la Procuraduría General de la República (PGR), porque para ello debieron ser notificados en dos ocasiones previas.

En realidad ¡fueron secuestrados! y Calderón se pasó por el arco del triunfo al Poder Judicial y a la Constitución, agregó. Hizo notar que es deplorable la manipulación político-partidista que el gobierno federal hace de la impartición de justicia y la lucha contra el narcotráfico. A la gente de Michoacán los medios de comunicación ya los declararon culpables, no sé si lo sean, pero habría que recordar que recién reformamos la Constitución para establecer el principio de presunción de inocencia”.

El legislador resaltó que el Partido de la Revolución Democrática no aprobará las iniciativas presidenciales, ya que sería dar más armas a Calderón para la creación de un estado dictatorial. En Michoacán violaron la Constitución, ¡qué es eso de que entren encapuchados al palacio (de gobierno) de Morelia! Eso sólo lo puede ordenar un juez.

De ninguna manera, insistió, se modificará la Carta Magna para que Calderón pueda suspender garantías por el tiempo que sea y en el lugar que quiera. Esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional tiene que ser rechazada contundentemente, ya que a través de ella se busca instaurar una Presidencia omnímoda, dictatorial.

A su vez, el priísta Pedro Joaquín Coldwell dijo que sería una irregularidad muy grande que la PGR haya detenido a presidentes municipales y otras autoridades sin orden ni averiguaciones previas consolidadas. Si pasadas las elecciones del 5 de julio empiezan a caerse los casos, ello confirmará el uso electoral del combate al narcotráfico, advirtió.

Por ello, dijo, las reformas de Felipe Calderón van a ser analizadas a la luz de ese operativo en Michoacán. Recordó que ninguna de las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad se aprobó en sus términos, y en este caso, tampoco será la excepción.

 

Legisladores critican las aprehensiones.

Diputados locales califican la acción de manipuladora y electorera

Ernesto Martínez Elorriaga y La Jornada Michoacán

Corresponsal

Morelia, Mich., 28 de mayo. De fascistas, manipuladores y electoreros que nada aportan en el combate a la delincuencia organizada, calificaron las fracciones legislativas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de Michoacán los operativos policiacos por los que fueron detenidos 10 alcaldes y 18 funcionarios de esa entidad, acusados de presuntos nexos con el crimen organizado.

En respuesta, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el gobierno federal no tenía por qué informar de las detenciones, cuando Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy y ex secretaria de Seguridad Pública estatal, durante más de un año fue requerida por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y no dio detalles sobre la situación en el estado.

El diputado priísta Juan Carlos Campos Ponce, presidente de la mesa directiva de la legislatura local, afirmó que todo parece indicar que los operativos del pasado 26 de mayo tienen un trasfondo electoral que violentó las derechos y garantías individuales, ya que a través de los medios y de la manipulación de la información hemos juzgado, sentenciado y condenado a un grupo de personas sin todavía saber si son o no culpables.

A su vez, el ex dirigente empresarial y actual legislador del PAN, Eduardo Sánchez Martínez, reconoció que se violentó la soberanía del palacio de gobierno, sede del Ejecutivo estatal, para hacer efectiva la orden de presentación a uno de los hoy requeridos; sin embargo, disentimos con el argumento de que se haya tenido que dar a conocer al gobernador la operación.

Raúl Morón Orozco, coordinador de los diputados perredistas, dijo que pese a que en otras entidades como Chihuahua, Baja California y Sinaloa la problemática del crimen organizado es mayor, el gobierno federal eligió a Michoacán para aplicar una estrategia con el objetivo de ejercer el poder fáctico a través del miedo y el acoso, fomentando el desaliento cívico, la confusión política y la competencia desleal del partido en el poder en pleno proceso electoral, utilizando como instrumento de acción política el uso selectivo de las fuerzas armadas que se encuentran bajo las caprichosas órdenes de Felipe Calderón, en aparente cumplimiento de órdenes ejecutadas al margen de la ley.

Consideró que el verdadero objetivo de la persecución federal no es el cumplimiento de la ley que el gobierno de Felipe Calderón es el primero en desconocer, sino el descrédito de los gobiernos emanados de nuestro partido (PRD), como lo fue el Distrito Federal en 2005, y Zacatecas y Michoacán, en 2009, pues les urge asegurar una mayoría de diputados panistas en el Congreso de la Unión.

Familias michoacanas

“Dos familias han generado un terrible daño a Michoacán: una es el grupo delictivo denominado La Familia Michoacana, y otra la familia Calderón Hinojosa. Las dos han dejado una estela terrible”, señaló la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís.

Calificó a Luisa María Calderón, secretaria estatal de Asuntos Electorales del PAN, y hermana del presidente Felipe Calderón, como delincuente electoral, que manipula las investigaciones de la PGR para sacar ventaja.

Alanís acusó también a Germán Tena, líder estatal del blanquiazul, de vocero oficioso de los Calderón, de tener conocimiento explícito de los pasos que va a seguir la persecución de la presunta red de apoyo de grupos criminales en la entidad, información que el gobierno federal le niega al gobernador Leonel Godoy, pero que forma parte de la estrategia electoral panista.

Alanís Sámano aseveró que existe una campaña de acoso político y financiero en contra del gobierno de Godoy, quien contrario a Calderón, sí ganó legítimamente en las urnas. Y preguntó: ¿Qué le hemos hecho los michoacanos a Felipe para tratarnos tan mal? Ella misma se respondió: Creo que nuestro pecado fue haberlo derrotado en las urnas en 2006 y hasta ahora no nos ha perdonado.

Por otra parte, en Acapulco, Alejandro Encinas, candidato a diputado plurinominal por el PRD, opinó que las aprehensiones de funcionarios y alcaldes de Michoacán violaron la Constitución y son actos dictatoriales del gobierno federal e indicó que se debe actuar contra el crimen organizado, pero conforme a las leyes.

(Con información de Misael Habana, corresponsal)

Congreso local y municipios protestan contra operativo en Michoacán

J. CARRASCO Y F. CASTELLANOS

MORELIA, Mich., 28 de mayo (apro).- Por segundo día consecutivo se registraron manifestaciones masivas en distintos municipios de Michoacán, en protesta por el operativo federal del pasado martes 26, que según el Congreso local violentó la soberanía del estado.

Las protestas de este jueves tuvieron lugar en Apatzingán, Buena Vista Tomatlán, Tepalcatepec y Uruapan, con la participación de familiares y empleados de los funcionarios detenidos por el Ejército y la Policía Federal, por órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las manifestaciones, en las que también participaron organizaciones sociales, fueron en apoyo al alcalde panista de Uruapan, Antonio González Rodríguez.

Y en Apatzingán, éste fue el segundo día de protestas y el de mayor concentración de manifestantes. Entre ellos estuvo el diputado local por el PRD, Irineo Mendoza Mendoza, quien advirtió que si las autoridades federales no liberan al presidente municipal Genaro Guízar Valencia –también del PRD– tomarán medidas más drásticas.

En la protesta del pasado miércoles, un día después de la detención, las pancartas advertían que si no liberaban al edil, habría otra revuelta social como la de 1810 y 1910.

También, por segundo día consecutivo, continuaron los rumores sobre nuevas detenciones. En Apatzingán, medios locales aseguraron que cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron trasladadas al aeropuerto de la ciudad en una camioneta de la Policía Federal, para ser trasladadas –en un helicóptero blackhow de la corporación– a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR.

En tanto, los diputados federales del PRD, Antonio Soto Sánchez, y del PRI, Ascención Orihuela Bárcenas, negaron que formen parte de las investigaciones, y pidieron a la SIEDO que aclare su situación.

En Morelia, en la sesión del Congreso, el PRI, el PAN y el PRD coincidieron en que el operativo en el que se detuvo a 27 funcionarios estatales y municipales –cuya situación jurídica se define el próximo sábado– violó la soberanía del estado, cuando comandos armados y encapuchados incursionaron en el Palacio de Gobierno para detener a una persona.

Sin embargo, el PAN, a través de su coordinador parlamentario, Eduardo Sánchez Martínez, defendió que el gobierno de Felipe Calderón hubiera mantenido oculto el operativo al gobierno de Leonel Godoy, debido a que su asesora y exsecretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, era una de las requeridas por la SIEDO.

El coordinador del PRI, Wilfrido Lázaro, aseguró que además de violatorio de la soberanía estatal, el operativo "parece tener un trasfondo electoral", y definió los hechos del martes como "actos autoritarios en un gobierno que busca su legitimidad democrática" y que utiliza mediáticamente.

Como el partido más afectado, el PRD no sólo salió en respaldo del gobernador Leonel Godoy, sino que acusó a Calderón de haber puesto en marcha un "megaoperativo" como estrategia "para ejercer el poder  fáctico a través del miedo y la manipulación".

Además, cuestionó que ese mismo tipo de acciones de fuerza no se realicen en estados gobernados por el PAN y el PRI, donde también hay fuerte presencia del narcotráfico.

Además, pidió la "urgente intervención" de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la PGR pudo haber cometido delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, retención ilegal e incomunicación, además de que los elementos del Ejército que participaron en el operativo realizaron las detenciones sin orden judicial.

La dirigente del PRD en el estado, Fabiola Alanís Sámano, dijo que su partido interpondrá una queja ante la CNDH no contra el operativo, sino por la manera en que se ejecutó.

 

 

Medidas de la SEP, ignorantes y burocráticas: especialistas

Los docentes buscan formas de atender el programa de estudio. Enlace, días de la madre, del niño y del maestro, jornadas perdidas

Karina Avilés

 

Las decisiones tomadas en torno al calendario escolar evidencian que existe un desconocimiento del sistema educativo público en el nivel básico y que la sabiduría de los maestros se ha impuesto a las medidas burocráticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), expresó la profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Etelvina Sandoval.

Le experta en educación señaló que las acciones que han tomado los docentes, como tener clases los días en que éstas se suspenden por la realización de los consejos técnicos parecen más eficaces que la de añadir, por ejemplo, cinco minutos más a los módulos de 50 minutos en secundaria, como lo ha establecido la dependencia educativa.

En entrevista, señaló que los docentes siempre han buscado la manera de reponer el tiempo y de atender los temas de los programas de estudio, por lo que las disposiciones burocráticas que no toman en cuenta la problemática pedagógica han llevado a la molestia, la oposición y la resistencia de los maestros.

Reiteró que las estrategias gubernamentales para recuperar el tiempo no repercuten en un mejor resultado educativo; en cambio, sí fomentan la simulación.

Por su parte, la profesora-investigadora de la UPN, Gabriela González, destacó que las medidas tomadas por la SEP no coinciden con la realidad del magisterio, lo que da lugar a prácticas de simulación y a que los maestros terminen dando patadas de ahogado, haciendo lo que pueden.

Dijo que no hay un ajuste real en relación a las actividades que se realizan y, por ello, qué más da ampliar el tiempo si en términos de actividades no hay ninguna modificación.

Enfatizó: estamos acostumbrados a remachar problemas, no a solucionar problemas de fondo; si se pudiera hacer una revisión de cómo ajustar las actividades, otra cosa sería.

Sin embargo, la figura que termina como el responsable de las políticas que se toman desde arriba es el maestro, porque éste tiene que confrontar las demandas de los padres, de las autoridades y de la sociedad, prosiguió.

Para empezar, añadió, es necesario hacer una revisión del número de días del calendario escolar que se ve interferido por el festival del 10 de mayo, los festejos de día del niño, del maestro, la aplicación de pruebas como Enlace, y otras cuestiones más.

De tal suerte que la ampliación del calendario y del tiempo de trabajo en el aula como lo determinó la dependencia no repercute directamente en el rendimiento académico, sólo se justifica que el tiempo se cubre.

Lo anterior, finalizó, no hace más que generar desgaste físico y emocional para los maestros y sus alumnos, el cual impacta negativamente en el rendimiento de ambos sectores y, en términos pedagógicos, no se resuelve el problema.

Astillero

Cierre de pinzas

Ahora sí: estado de excepción

La farsa, dolorosa, de encuestar

Julio Hernández López

Calderón quiere cerrar toda opción política para enfilar al país hacia su anunciado estado de excepción (declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior, es el término enviado a las cámaras al mismo tiempo que se montaba el mecanismo de atemorización y confusión a cargo de la oportuna influenza). El espectáculo selectivo montado en Michoacán pretende convencer a los mexicanos de que todo el entramado político está tocado por la corrupción (lo que es cierto), pero esa otra guerra no se da por afanes justicieros y generales sino electorales y facciosos. El golpe militar asestado en tierras tarascas significa el más descarado intento calderónico de cancelar la viabilidad electoral y la representatividad civil, con lo que busca que avance el control castrense del país, se debilita de manera intencional la institucionalidad política y se hace una declaración extraoficial, por la vía de las armas, de que los partidos, las elecciones y la pluralidad carecen de sentido. Calderón ha pasado, conforme a calendario, del estado médico de excepción, que fue un ensayo de formas de control social mediante estrategias de choque, al terrorismo de Estado a cuenta y cuento de la guerra contra el narcotráfico, con la vista puesta en la aprobación forzada de las reformas en materia de seguridad pública que encierran la intención de que se faculte a Felipe I a declarar estados de conmoción interior en los que se suspendan derechos y garantías y las fuerzas armadas abiertamente sustituyan a las autoridades civiles y las órdenes arbitrarias de la elite castrense-pinolera a las leyes y sus procesos.

No se trata, ni remotamente, de justificar a personajes como Leonel Godoy que no son capaces ni de defenderse con dignidad a sí mismos (la nueva fase, de la politización expresa de la guerra del narcotráfico, ha mostrado la falta de base social auténtica y de tamaños políticos, intelectuales y morales de las camarillas perredistas que dicen gobernar algunos estados del país, sobre todo en los casos de Zacatecas y Michoacán; para otra ocasión habrá que dejar el análisis de lo que realmente significa para la izquierda social ganar elecciones). Pero sí es importante señalar la necesidad de poner un freno a la cantada estrategia felipista Dura de Dictar y de evitar que la justicia sea utilizada como instrumento de corte romana decadente para abatir civismo y política e instaurar un régimen de miedo.

Los mismos chuchos hasta ahora puntualmente entregados a las redituables negociaciones con el calderonismo se han topado con el trato correspondiente a los sirvientes prescindibles. Ayer mismo trataron de arreglar las cosas con uno de los operadores de la descomposición política nacional, el inaceptable abogado de causas privilegiadas, Fernando Gómez Mont, que luego convenció a Jesús Ortega de participar en una especie de debate en Bucareli con los dirigentes del PAN y el PRI, con lo que la gerencia del sol azteca aceptó que el felipismo está por encima de los incidentes partidistas, cuyos melindres de militarismo e inconstitucionalidad deben ser arreglados por ellos mismos, los dirigentes de partidos y no el así santificado buen gobierno federal. Ayer mismo, para que no quede duda de lo que se viene, José Luis Soberanes (el jurista que pretende canjear el arreglo de la CNDH para otro espécimen clerical, como Mariano Azuela, por un asiento en la Suprema Corta de Vista) habló del riesgo que representan las iniciativas felipistas en materia de seguridad pública, específicamente en cuanto a la instauración del antes mencionado estado de excepción.

Astillas

Un lector cuyo nombre no será publicado narra: “trabajo en una empresa encuestadora, contratado por una outsourcing, con cero prestaciones y sólo un pago de 20 pesos la hora por realizar encuestas políticas vía telefónica. Es indignante que muchas de estas supuestas ‘encuestas’ son realmente propaganda disfrazada; les lees una serie de acciones positivas de algún candidato o gobernante y después haces preguntas tendenciosas. Jodido. Es muy triste ver cómo los partidos se pasan por el arco del triunfo las leyes, porque cabe mencionar que estas ‘encuestas’ empezaron mucho antes del 5 de mayo, fecha en que arrancaron las campañas electorales. Me siento impotente y culpable por colaborar en hacerles el caldo gordo a estos vividores, pero, pues el cinturón aprieta y como padre de familia pues qué te puedo decir. Sólo te escribo para desahogarme, al igual que a muchos de mis encuestados sólo les queda también el desahogo. Me entristece escuchar a mucha gente de todos los estratos sociales, hartos de la política, unos realmente enojados, otros, desencantados. Muchos, con necesidades apremiantes porque acaban de quedar desempleados, y yo hablándoles de candidatos y propuestas mentirosas. De verdad no sé para dónde vamos como país. Veo que toda la gente está descontenta pero, pues, estamos inmovilizados. Sólo espero que toquemos piso y sigo esperanzado en que vengan tiempos mejores, con un cambio sustancial que sólo puede venir de nosotros”.... Federico Piña Arce saluda a esta columna y reflexiona: “Qué difícil escribir desde una posición crítica en estas horas de nuestro país. Horas oscuras, de atraso, de dogmatismo, de avance de posiciones mojigatas, de proyectos de sacristía (que es la única zona, por cierto, que se ha colocado fuera de toda duda), de visiones reduccionistas y mesiánicas (‘yo salvé al mundo&rsquoGui?o, etcétera. Horas terribles para los mexicanos que pensamos diferente, en donde se acallan las voces críticas (los periodistas asesinados con la pasividad de las autoridades pero con la venia de los poderes fácticos, los mensajes claros para la oposición o los opositores que traten de salirse de los marcos institucionales de la democracia, la soberbia de la partidocracia, en medio de esta negrura y locura mediática que servilmente se coloca al servicio de la reacción”... Y, mientras los partidos prometen en Gobernación portarse mejor, ¡feliz fin de semana!

 


Publicado por solaripa69 @ 10:08
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios