Viernes, 12 de junio de 2009

Sin materiales sólidos en su edificación, unas 6 mil aulas

Conafe: en zonas marginadas se imparten clases hasta en gallineros

La seguridad, de los principales requisitos en espacios educativos, dice

Karina Avilés

 

De las 35 mil aulas-escuela a donde asisten los niños de zonas de mayor marginación en México, 6 mil aún carecen de materiales sólidos de construcción, por lo que se trata de espacios acondicionados con palos de madera e incluso, son palapas que funcionan como centros educativos.

El 70 por ciento de dichos espacios se encuentran incomunicados vías de fácil acceso y carecen de luz eléctrica, mientras que 60 por ciento, unas 21 mil, funcionan con letrinas, apuntó el coordinador Nacional de Infraestructura del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Rogelio Martínez.

El funcionario expresó que ubicaron mil 200 servicios educativos que funcionaban en casas prestadas, así como en el portalito y hasta el gallinero de los hogares en estas zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad en el país, y aunque reconoció que en algunos casos puede ser que el servicio (escolar) empiece de esta manera, esto es, en viviendas de las pequeñas comunidades, hoy día, el Conafe sólo brinda atención si los espacios cumplen con las condiciones de seguridad previstas para los espacios educativos.

En entrevista, Rogelio Martínez enfatizó que el Conafe no ha tenido un recorte presupuestal y, por el contrario, ha invertido 2 mil millones de pesos en la construcción de 6 mil aulas. Sin embargo, los recursos destinados para el mantenimiento de la totalidad de sus espacios ascendieron a 400 millones de pesos en 2007; en 2008 se destinaron 300 millones de pesos y, para 2009 la cifra descendió a 150 millones de pesos.

Las microlocalidades a las que se dirige esta institución tienen un rango de población que va desde menos de 100 habitantes hasta 500, aunque el promedio es de 50 miembros. Hoy día, atiende a 35 mil aulas multigrado, con un promedio de 15 alumnos desde primer año hasta el sexto de primaria.

De ese total, añadió, se identificaron al inicio del sexenio 12 mil aulas construidas con materiales provisionales como madera o también se ubicaron palapas que funcionan como escuelas.

Con el programa de infreastructura, dijo, hoy día se ha atendido a 50 por ciento de dichos espacios y restan 6 mil (aulas) para estar completos con todas las medidas de seguridad, las cuales estarán listas en 2012.

Apuntó que en dichas zonas rurales, las aulas deben estar ubicadas en sitios alejados de ríos, por las inundaciones, así como de arboledas, ante la posibilidad de incendios forestales. Los salones tienen tres metros cuadrados por niño, mientras que en la ciudad es de metro y medio. Son lugares abiertos, en donde los escolares tienen toda la facilidad de entrar y salir, apuntó.

En cuanto a los materiales de construcción de dichos espacios, indicó que la versatilidad es muy grande ya que depende de las zonas; por ejemplo, en Durango, en donde hay nevadas es necesario poner lámina para el deslizamiento de los copos de hielo, mientras que en sitios calurosos, se deben utilizar materiales aislantes del calor.

Por último, insistió en que aunque 6 mil aulas aún carecen de materiales de construcción sólidos, se ubican fuera de las zonas de riesgo y si vamos a abrir un nuevo centro, los requisitos principales son la seguridad, si no, no se da el servicio.

Niños, los más explotados

MIGUEL CABILDO S.

MEXICO, DF, 11 de junio (apro).- En vísperas de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, legisladores de PRI, PAN y PRD exigieron a los gobiernos federal y estatales desplegar programas para acabar con la explotación laboral en el país de 3.6 millones de niños.

El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el senador Guillermo Tamborrel, dijo que dos terceras partes de esos 3.6 millones de niños tienen entre 12 y 14 años, y el resto entre 6 y 11 años.

Recordó que la mayor parte del trabajo infantil no obtiene remuneración y se lleva a cabo en unidades económicas o negocios familiares dedicados, sobre todo, a actividades agropecuarias de autoconsumo, comercio y a la prestación de servicios.

El legislador panista señaló que de los 3.6 millones de niños que trabajan, un millón 500 mil lo hace como jornaleros agrícolas, y nueve de cada diez no reciben pago.

Esta situación se registra, acotó, a pesar que el artículo 123 constitucional prohíbe el trabajo de menores de 14 años.

Advirtió que "el trabajo de menores de edad se puede considerar como explotación laboral infantil, pues obstaculiza y menoscaba sus derechos a la educación, salud, seguridad, descanso y juego".

Urge reformar, sostuvo, el marco jurídico para garantizar el derecho de los menores a un desarrollo sano e integral.

Mientras, el senador priista Mario López detalló que del total de niños que trabajan, 45.3% recibe algún tipo de remuneración económica y 57.7 no percibe ingresos por su labor.

En tanto el perredista Alfonso Sánchez Anaya precisó que la mayoría de los 3.6 millones de menores que trabajan lo hacen en la agricultura, las calles de las grandes y medianas ciudades, servicio doméstico y pequeños talleres.

El exgobernador de Tlaxcala destacó además que uno de cada seis niños y niñas entre los 6 y 14 años trabaja y una cuarta parte de ellos no asiste a la escuela.

Por su parte la representante de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Susana Sottoli, corroboró la cifra de niños explotados laboralmente, 3.6 millones, y agregó que esa es una realidad inaceptable en un país con los recursos y el tamaño de la economía que esta nación.

En entrevista, explicó que este año la orientación mundial de la UNICEF es advertir sobre los riesgos de que la recesión impacte negativamente en el trabajo infantil, y por ello, reforzará su llamado a que los gobiernos mantengan intactos sus presupuestos sociales.

Recordó que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de este año, presentada por el INEGI con cifras de 2007, incluye un rubro específico sobre trabajo infantil, donde señala que hay 3 millones 600 mil niños laborando.

Esto es importante, explicó la representante de ONU, porque por primera vez se incluye un rubro dedicado a la infancia, que en el futuro permitirá tener cifras más realistas.

De cualquier modo, señaló que de esos niños, casi un tercio son mujeres y alrededor de un millón 100 mil tienen menos de 14 años, lo que obliga a revisar por qué se quebranta la ley y se mantiene a esos menores trabajando.

Por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que la pobreza sigue siendo el factor más propicio en la vulnerabilidad de los derechos de los niños, especialmente de aquellos que están orillados a cubrir sus necesidades de subsistencia ante los insuficientes ingresos de sus padres.

En un comunicado, la CNDH subraya que la vigencia y la promoción de los derechos de la infancia distan mucho de ser una realidad en el país, debido a que no hay conciencia clara de las diversas violaciones a la integridad física y mental que sufre la niñez y menos aún de los altos costos sociales que generan.

Ante ese panorama, los tres niveles de gobierno deberían garantizar mejores condiciones de salud, educación y atención a la infancia, exigió la CNDH.

 

UNA MÁS DE PEÑA NIETO:

 

Detecta el PRD toneladas de cemento destinadas a priístas de Acolman y Tlatlaya

El MP se negó a iniciar averiguación previa porque se demandaba al gobierno mexiquense

El código electoral estatal prohíbe la entrega de materiales 40 días antes de comicios

Israel Dávila

Corresponsal

Toluca, Méx., 11 de junio. Militantes del PRD detectaron en los municipios de Acolman y Tlatlaya 11 camiones cargados con unas 140 toneladas de cemento, material que según los perredistas sería entregado por el gobierno estatal a dirigentes del PRI de esas alcaldías, en plena campaña con miras a los comicios del 5 de julio entrante, que renovarán Congreso y ayuntamientos mexiquenses.

En ambos casos, los perredistas acudieron a la Procuraduría estatal para denunciar sus hallazgos como presuntos delitos electorales, pero el Ministerio Público se negó a iniciar la averiguación previa cuando se señaló que se denunciaría al gobierno del estado, aseguraron fuentes del sol azteca.

El candidato del PRD a la presidencia municipal de Acolman, Horacio Cuevas Mendoza, informó que el martes por la tarde correligionarios suyos detectaron tres tráileres cargados con 30 toneladas de cemento cada uno, estacionados junto a la alcaldía, y al pedir informes a los operadores de las unidades, éstos dijeron que tenían orden de entregarlos al edil priísta Darío Zacarías Capuchino.

Benjamín Ramírez y Roberto Zúñiga, dos de los choferes de los camiones, entregaron al municipio de Acolman sus órdenes de traslado del cemento de Holcim Apasco. En los documentos, de los cuales la corresponsalía de La Jornada tiene copias, se observa que el material fue adquirido por el gobierno del estado de México bajo el pedido número 121291235, y se especifica que se entregue el material antes de las 16 horas del martes.

Cuando nos dieron la orden de traslado (los operadores de los automotores) recibieron una llamada y de inmediato retiraron los tráileres de Acolman, sin descargar el cemento. Hicimos el intento de seguirlos, pero se dividieron, unos se fueron hacia Teotihuacán, otros se encaminaron al Circuito Exterior Mexiquense, donde los perdimos, comentó el abanderado Cuevas Mendoza.

En el caso de Tlatlaya, municipio limítrofe con Guerrero, representantes del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de México señalaron que la mañana de este jueves ubicaron ocho camiones Torton cargados con cemento, en la comunidad San Pedro Limón. Este cargamento de más de 50 toneladas de cemento sería entregado al séptimo regidor del PRI en Tlatlaya, Salvador Benavides, pero la entrega se suspendió una vez que militantes perredistas exigieron la presencia de la policía.

La dirigencia del PRD mexiquense afirmó que el gobierno estatal lleva a cabo una estrategia para apoyar a los candidatos priístas en las elecciones de julio entrante. En lo que va del proceso se han detenido más de 25 tráileres con cemento en los municipios de Ecatepec, Chalco, Los Reyes, Nezahualcóyotl y Texcoco, entre otros.

El Código Electoral mexiquense prohíbe la entrega de apoyos, como materiales de construcción, para cualquier administración, sea estatal o municipal, 40 días antes de una elección.

Hallan golpeado a panista

César Tinoco, coordinador de campaña del candidato del PAN a la alcaldía de Luvianos, Miguel Benítez, fue localizado este jueves en el municipio de Tejupilco, después de que un comando armado lo secuestró el lunes pasado. Para su seguridad, fue trasladado a un hospital del municipio de Naucalpan, donde se reportó que recibió una golpiza.

Tinoco fue internado en un hospital privado de Ciudad Satélite. En la habitación del lesionado, el senador Ulises Ramírez, delegado del PAN en el estado de México, ofreció una conferencia de prensa en la cual culpó a grupos del PRI en Luvianos de la agresión a su correligionario.

Tinoco dijo no haber identificado a sus agresores, y no responsabilizó a nadie del levantón de que fue víctima.

 

 

Las guarderías subrogadas, negocio de $8 mil millones anuales

Carlos Fernández-Vega


Con la chequera bajo el brazo, el gobierno federal pretende "resarcir" a los deudos de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo y dar por concluido este trágico acontecimiento, a la par que la "investigación" oficial del caso se ocupa más del rápido deslinde de la concesionada parentela de encumbrados políticos estales y federales involucrada, que en delimitar la larga cadena de responsabilidades y culpabilidades.

A casi una semana del terrible suceso en la capital sonorense, nadie ha sido detenido, comenzando por los directamente responsables del funcionamiento y seguridad de la estancia infantil. Eso sí, el número de conferencias de prensa, deslindes públicos y privados, justificaciones, "argumentos" y conexos ha sido especialmente nutrido, aunque nadie se ha tomado la molestia de explicar quién y por qué autorizó el funcionamiento de dicha guardería en un lugar absolutamente inseguro, rodeada de obvios peligros que tarde que temprano –y no se requiere ser especialista para advertirlo– se harían efectivos, como la gasolinera y la llantera en el caso de ABC en la capital sonorense.

La parentela de encumbrados políticos estatales y federales pretende protegerse del señalamiento de tráfico de influencias, por el simple hecho de que la concesión que el IMSS les otorgó data de 2001, cuando Eduardo Bours no era gobernador de Sonora, como si la influyente cuan monopólica familia de los pollos requiriera del puesto para que sus peticiones automáticamente sean órdenes. Y del lado federal, que en dicho año Margarita Zavala no era la inquilina de Los Pinos, sino simple esposa del ex presidente nacional panista y líder, ese mismo año, de la fracción parlamentaria blanquiazul en la Cámara de Diputados, dejando a un lado que la membresía tiene sus privilegios, en un mercado (como el de las guarderías subrogadas por el Seguro Social) valuado en 8 mil millones de pesos anuales.

Por el lado del IMSS, que "aparentemente" (Karam dixit) todo estaba en orden y funcionaba con seguridad garantizada, de acuerdo con las "normas" establecidas, aunque en la "perfección" algo falló y que por lo mismo los niños que sobrevivieron al incendio en la guardería ABC "tendrán atención médica vitalicia", como si eso resolviera el problema de fondo y resarciera el daño a los familiares. Y que si lo anterior fuera poco, entonces "se creará una unidad de quemados en Hermosillo" y que "a más tardar en esta semana" se publicará el número de guarderías subrogadas que hay en el país y el nombre de los propietarios que se reparten ese jugoso pastel de los citados 8 mil millones de pesos.

Es lo de siempre: se harán manuales de seguridad, se fortalecerán las estrategias de protección civil, las rutas de evacuación, los simulacros, se conocerán los nombres de los concesionarios del IMSS en materia de guarderías, se taparán los pozos y se hará hasta lo imposible para evitar nuevas tragedias, hasta que alguna de ellas se registre en alguna parte de la geografía mexicana, para comenzar de nuevo con el "firme compromiso" de la supuesta autoridad para hacer manuales, conocer los nombres, etcétera, cuando se supone que las concesiones no son autorizadas si todos esos manuales y estrategias no están perfectamente estructuradas y en operación. No es al revés, aunque así lo hagan.

De hecho, el IMSS no tendría por qué esperar una semana para dar a conocer los datos: en su informe anual reconoce que de 1997 a 2007 el número de guarderías infantiles concesionadas se incrementó casi 300 por ciento, y cero por ciento el de las directamente administradas por el Seguro Social (de hecho se cerró una unidad). Las primeras pasaron de 381 a mil 423 en el lapso referido, mientras que las segundas lo hicieron de 143 a 142. En Tabasco, por ejemplo, una misma persona es beneficiaria de cuando menos tres concesiones de guarderías, que implican un monto superior a 5 millones de pesos. Eso se puede consultar en el portal de Transparencia.

En los últimos cuatro años del sexenio zedillista, el número de guarderías concesionadas por el IMSS se incrementó 98 por ciento; en el gobierno foxista y el primer año calderonista creció el 200 por ciento restante. Y en las tres administraciones el inventario de guarderías directamente administradas y operadas por el Seguro Social permaneció prácticamente sin movimiento (una sola baja en el periodo). Y fue justamente mister Fobaproa, Ernesto Zedillo, quien agriamente reclamó a aquellos que "injustamente aseguran" que la tendencia gubernamental "es la privatización de la seguridad social", y lo dijo precisamente cuando se privatizaron las pensiones y arrancó la subrogación de servicios del Instituto, entre ellos los de las guarderías infantiles, incluidas las del ISSSTE (alrededor de 60 por ciento de ellas se han privatizado).

Y si lo del IMSS no es lo suficientemente grave y alarmante, allí está el caso de las 8 mil 315 estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, “en las que diariamente se cuida 221 mil 277 niños, operan en condiciones precarias, según establecen las propias reglas de operación: el costo por la atención de un menor es alrededor de la cuarta parte de lo que se ejerce en las guarderías subrogadas del IMSS, las instalaciones –casas con algunas adecuaciones– tienen apenas lo básico para el cuidado de los pequeños y las condiciones de seguridad y atención son mínimas. Promocionadas por el PAN en su campaña electoral, las estancias muestran ‘falta de coordinación con el DIF para garantizar la seguridad y una calidad adecuada en los servicios de cuidado infantil, lo cual es clave para el éxito del programa’, advirtió en 2008 el Consejo Nacional de Evaluación, en el análisis de consistencia y resultados. El accidente en la guardería subrogada del IMSS en Hermosillo, Sonora, pone en evidencia que en la operación existen huecos, espacios discrecionales propicios para actos corruptos e irresponsables y genera más dudas sobre estrategias similares como las estancias infantiles de la Sedeso, donde la normatividad y la forma en que se montó el programa presentan condiciones indudablemente más precarias y riesgosas que las del IMSS, indica el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos” (La Jornada, Angélica Enciso).

Las rebanadas del pastel

Y ya en el exceso, surge la noticia de que un joven corre el riesgo de ser demandado por "daño en propiedad privada" en Hermosillo, Sonora. Se trata del mismo muchacho que con su camioneta abrió tres boquetes en la guardería ABC para que algunos niños pudieran huir del incendio, evitando así más muertes.

Libertad de sufragio

Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública

En un infortunado retorno al pensamiento único del sistema autoritario, la campaña del Instituto Federal Electoral contra el voto anulado tiene como lema "Yo sí voto por México", como si hicieran lo contrario quienes proponen protestar con el voto

La proclama de Madero en su propósito de modificar el sistema político porfiriano puso el acento en la efectividad del sufragio. Es decir, en su utilidad, en que sirviera para que los ciudadanos eligieran verdaderamente a sus gobernantes. La efectividad del voto lleva implícita la libertad de los gobernados para emitirlo en el sentido que les parezca preferible.

La libertad del voto en México supone, en primer lugar, la opción de emitir el sufragio o no hacerlo. Si bien tanto la Constitución como el Código Electoral son deliberadamente ambiguos al definir esa capacidad ciudadana como un derecho (prerrogativa es la denominación constitucional) y una obligación, es claro que todo el desarrollo de las normas y la doctrina al respecto concluyen en que se trata de un derecho público subjetivo. Por lo tanto el territorio en que se puede ejercerlo es muy dilatado, tanto que implica la posibilidad de no usarlo, de abstenerse. Con tono admonitorio es posible reprochar a los abstencionistas deliberados su decisión de no aproximarse a las urnas, pero no se les puede imputar el que falten a una obligación ni es posible imponérseles ninguna sanción (no prevista en parte alguna de la legislación).

Los ciudadanos que acuden a la urna son libres para escoger el sentido de su voto. Pueden escoger anularlo, lo cual es posible, si así se desea, dejando sin marcar la papeleta, en lo que erróneamente se llama votar en blanco pues la boleta es muy colorida, o pueden inscribir un nombre en la línea reservada a los candidatos no registrados, o escoger entre las opciones partidarias. En las elecciones federales se presentan ocho partidos y en algunas entidades donde se renuevan los poderes puede encontrarse alguno más. La gama es, así, muy amplia, y toda está garantizada por la libertad de sufragar que implica, hay que repetirlo, la de no hacerlo.

Sobre esa base habría que desechar el tono de reprimenda y aun ofensivo e insultante que asestan a quienes piensan lo contrario los proponentes y proselitistas de anular el voto (en cualquiera de su modalidades) o los que están convencidos de la necesidad y utilidad de escoger entre partidos y candidatos. La intensa campaña que se ha provocado en torno a ese tema puede ser más productiva, más rendidora para la convivencia democrática si se elimina o cuando menos se atenúa el tufo rijoso de que se ha impregnado el debate paralelo al que debían establecer los partidos para asegurarse la preferencia pública.

Quienes quieren expresar su rechazo al sistema partidario o a la conducta de los partidos, midiéndolos todos con el mismo rasero, metiéndolos todos en el mismo costal, hacen bien en calcular los modos y las consecuencias prácticas del voto nulo. Debe considerarse qué entiende como tal el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con sintaxis deplorable el numeral dos del artículo 274 del Cofipe dice que "son votos nulos... aquel expresado por su elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y... cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas han sido marcados". El artículo 277 define de otro modo el voto nulo, por exclusión, es decir como algo distinto al voto válido, que es aquel donde el elector marca "un solo cuadro que contenga el emblema de un partido político". Serán nulos, en consecuencia, los votos emitidos en forma distinta a la señalada, entre los cuales se comprende a los que contengan leyendas de cualquier naturaleza, o votos por candidatos no registrados pero expresados fuera del lugar destinado expresamente a ese propósito.

El voto por candidatos no registrados se asienta en el acta en lugar separado. De ese modo, tal tipo de sufragio ofrece una ventaja a quienes quieren una misión del sufragio que sea elocuente, que conlleve un mensaje a los partidos. En cambio los votos anulados de manera deliberada se suman sin distinción a los votos nulos por impericia del emisor, que suman un porcentaje apreciable en toda elección en términos variables, que oscilan entre el dos y el cuatro por ciento regularmente. Habrá quienes piensen que es mejor así, para que el número de sufragios anulados voluntariamente aparezca abultado, a efecto de dar mayor contundencia al recado de rechazo que la mayor parte de los impulsores de la anulación del voto quieren lanzar a los políticos profesionales. Pero al mismo tiempo, si la cifra de anulaciones es la ordinaria se perderá el efecto de protesta que se busca dar a esa forma de inutilización del sufragio.

La anulación tiene consecuencias para el reparto de asientos en la legislatura y para el financiamiento público que pueden ser contrarias al propósito de la tendencia anulatoria, porque si la invalidación deliberada tiene éxito y hace disminuir la votación efectiva, los partidos obtendrán sus canonjías con menor número de votos.

De igual modo que no tacho a nadie que escoja a partidos y candidatos diferentes de los que escojo yo, tampoco reprocho nada a los abstencionistas o anuladores. Por mi parte haré un esfuerzo y tomaré alguna o algunas de las opciones partidarias, en función de los candidatos. Creo en la pertinencia de retomar el sentido original de la representación política, en que los votados reciben un mandato de los votantes, de cuyo ejercicio deben dar cuenta. Entiendo el voto no como la extensión de una carta blanca, sino como un compromiso exigible.

Cajón de Sastre

Con el donaire y las buenas maneras que la hicieron apreciable y respetable desde sus días de militante de base en Acción Nacional, la señora Margarita Zavala me telefoneó para, sin asomo alguno de reproche, precisar su afirmación de que no conoce a Marcia Gómez del Campo, una de las propietarias de la guardería incendiada el viernes en Hermosillo. Ayer contrasté esa su afirmación con una de Eduardo Bours en sentido contrario y con una nota periodística de El Imparcial sonorense a que aludí, referente a la fiesta de cumpleaños de la señora madre de doña Margarita. Es que hay dos personas conocidas como Marcia Gómez del Campo, madre e hija, una por su apellido de casada. Es a la segunda a quien no conoce la esposa del presidente Calderón.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:40
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