Viernes, 12 de junio de 2009

Sección 22 Repudia Violencia De Gobierno Poblano

BOLETIN DE PRENSA
 
El comité Ejecutivo Seccional de la Sección XXII del SNTE;  repudia  la  violencia que utilizó el gobierno del estado de Puebla contra compañeros  profesores  del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP); y un grupo de activistas de derechos humanos, a los que, sin ser parte del conflicto, los aprehendieron cuando se manifestaban pacíficamente en la vía pública en apoyo de las causas que defiende el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP)
 
Por lo que condenamos  los hechos que se suscitaron el día de ayer en la Ciudad de Puebla;  en la que fueron agredidos y detenidos una veintena de maestros disidentes, por policías estatales  dirigidos por  servidores del  charrísimo Sindical que encabeza la asesina de maestros Elba Esther Gordillo Morales.
Y exigimos un alto la política de terror que la cacique Gordillo Morales está implementando  en contra de los Trabajadores de la Educación, que  día a  día luchamos por el rescate de nuestra materia de  trabajo, por mejores condiciones  laborales para los
[email protected] del país y dar marcha atrás a las pretensiones de privatizar la enseñan pública con acuerdos como la ACE y la reforma del artículo 3º y 31º
Por otro lado queremos puntualizar  sobre las declaraciones que ha vertido a  medios de  comunicación desde hace unos días el tirano  Ulises Ruiz;  es cierto que se ha dado respuesta a algunos puntos en el tema educativo, sin embargo; es importante precisar que no las hay  sobre todo en las cuestiones político - sociales.
Por lo que la Asamblea Estatal se mantiene permanente, y en caso de que las respuestas en ese tema sigan siendo insuficientes, la posibilidad de accionar en cualquier momento la tenemos reservada, luego de que en conjunto con nuestras bases magisteriales sea analizado.
En tanto el día de hoy la sección XXII cobertura dos movilizaciones emanadas de nuestra Asamblea Estatal referente a la marcha motorizada  de los familiares de los presos Loxicha, queremos informarles que el profesor Lorenzo Herrera Serrano Secretario de Alianza y Gestoría Social, dio acompañamiento hasta el penal de Etla donde se realizó un mitin, en el cual reiteramos el apoyo a dicha causa y a pesar de que serán acompañados hasta los límites de Oaxaca por la sección XXII permaneceremos vigilantes de su llegada al Distrito Federal y su estadía en el zócalo de la Capital del país.
Finalmente la marcha que realizó la señora Leticia Valdés Martell  madre del menor violado en el Instituto San Felipe;  fue acompañada por el Secretario de Organización de la Región de Valles Centrales José Alfredo Martínez Jiménez y un centenar de profesores de la sección XXII  y que dicho apoyo emanó de nuestra Asamblea Estatal.
 
Así como está luchando en conjunto con la caravana Motorizada de los familiares de los presos de Loxicha, apoya en este momento la causa de la señora Valdés Martell  ya que luchamos por la acabar con las injusticias ya que esta dirigencia, tienen el compromiso de trabajar muy de cerca con nuestras comunidades, y rechaza las violaciones a la  integridad física, moral y psicológica que se puedan dar en contra de la niñez oaxaqueña, por lo que  estamos respaldando a Leticia Valdés Martell y a su pequeño hijo , y exigimos se haga justicia con estricto apego a la ley por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Se unen a la caravana de Loxicha 30 comunicadores triquis de Copala

“Vemos cual es la situación de nuestro pueblo y nos da tristeza y es por ello que queremos estar en este medio de comunicación, con la muerte de las compañeras locutoras nos dio tristeza porque no solo eran compañeras, eran amigas nuestras”, manifestaron refiriéndose a las comunicadoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista"

Erika Lucero

Jueves, 11 de Junio de 2009 20:57

Huajuapan de León, Oaxaca.- 30 comunicadores indígenas del municipio autónomo de San Juan Copala se unieron a la caravana de indígenas Loxichas, quienes acaban de arribar a esta ciudad para denunciar la impunidad del asesinato de las locutoras de la radiodifusora comunitaria “La Voz que rompe el Silencio”.


Jorge Albino Ortiz representante del municipio autónomo de San Juan Copala manifestó que después de estar un tiempo fuera del aire por el asesinato de las locutoras, “La Voz que Rompe el Silencio”, ya se encuentra al aire; dio a conocer además que están en proceso de construir una red de radiodifusoras para seguir brindando información a la comunidad en su lengua materna.

“El caso de nuestras compañeras ha quedado impune no ha habido nada después de las demandas de varias organizaciones de Derechos humanos y de algunos medios de comunicación, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuesta”, aseguró Albino Ortiz. Por lo cual dijo su participación en esta marcha tiene que ver como una manera de unión y luchar por un mismo fin.

Por su parte 3 de las comunicadoras que acompañaron esta caravana manifestaron que son parte de este nuevo proyecto de la red de radiodifusoras, con apenas 17 años de edad se han interesado en participar en los movimientos de denuncia. “Vemos cual es la situación de nuestro pueblo y nos da tristeza y es por ello que queremos estar en este medio de comunicación, con la muerte de las compañeras locutoras nos dio tristeza porque no solo eran compañeras, eran amigas nuestras”, manifestaron refiriéndose a las comunicadoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista.

Marcha la Sección 22 en apoyo a Leticia Valdez Martell

 

Jesús Olmedo

Jueves 11 de Junio de 2009 15:32

La Secciòn 22 del SNTE esta mañana marchó en apoyo a la madre del menor abusado sexualmente por maestros del Instituto San Felipe, Leticia Valdez Marthel, quien demandò castigo para los presuntos pederastras Adàn Salvador Pèrez Ramìrez y Hugo Gabriel Constantino Garcìa.

Los manifestantes salieron en marcha del Andador Turìstico hacia el Zócalo capitalino, quienes denunciaron que hay protecciòn del Gobierno del Estado y la Procuradurìa General de Justicia del Estado hacia los presuntos violadores del menor de edad.

Leticia Valdez, madre del menor atacado sexualmente por el esposo y sobrino de la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda Ramìrez Leòn, condenò que las autoridades no detengan ni castiguen a los supuestos pederastras.

Y es que vaticinò que hay tràfico de influencias y en breve podrìa ser lberada la maestra Magdalena Garcìa Soto, que esta recluida en el penal de Ixcotel y sentenciada a 10 años de prisiòn por ser coparticipe de Adàn Salavador y Hugo Gabriel.

En la improvisada conferencia de prensa, Valdez Marthel se deslindò de las supuestas amenazas de muerte que dice haber recibido la directora del Instituto San Felipe, “yo no tengo nada quer ver, lò ùnico que vemos aquì es que la señora Yolanda se quiere hacer la vìctima para darle impunidad a sus depravado su esposo y sobrino”.

Incluso mencionò que la familia del lìder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Vargas en un principio estuvieron defendiendo a los presuntos violadores de su menor hijo y no dudò que sigan interviniendo para proteger a los pederastras.

 

Incumplen estancias con normas de seguridad
J. Carlos Medrano / Tiempo

[05:24] De las 282 Estancias Infantiles con que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Oaxaca, la gran mayoría no cumple con los requisitos que marca la propia dependencia en materia de seguridad, pues algunas se asientan en inmediaciones de bodegas que almacenen productos tóxicos o inflamables; talleres mecánicos; expendios de venta de alcohol y bares, cantinas, o centros nocturnos.
Según datos proporcionados por la propia dependencia, en Oaxaca se tienen 282 estancias infantiles, con las cuales se beneficia a mil 600 madres trabajadoras y se atiende a siete mil 147 niños.
REQUISITOS
Y todas estas “Estancias Infantiles están sujetas a reglas de operación muy precisas y estrictas”, como es el caso de la seguridad donde tienen que cubrir los requisitos en la materia que se establecen, específicamente los inmuebles a los cuales se les exige:
• Ser suficientemente amplio para atender por lo menos a 10 niños
• Considerar 2 metros cuadrados de espacio por niño
• Contar con escaleras seguras para evitar que los niños puedan lastimarse
• No podrá tener: conexiones descubiertas, sustancias tóxicas, objetos punzo cortantes peligrosos o cristales rotos.
• Buena iluminación y ventilación en las áreas de actividades de los niños
• La cocina y las estufas deberán contar con una separación tal que impida el acceso de los niños a estas áreas
• Deberá contar como mínimo con un botiquín médico y extinguidor.
• De igual forma la Estancia Infantil deberá contar en todo momento con espacios, materiales y mobiliario limpios.
• No deberán estar ubicadas en zonas de riesgo como: rellenos sanitarios, terrenos arcillosos o contaminados; taludes o fallas geológicas.
• No podrá colindar con: ríos, lagunas o arroyos, gasolineras o ductos subterráneos; cantinas, o centros nocturnos.
• Tomar cursos de capacitación impartidos por el DIF
En torno a las Reglas de Operación se exigen requisitos para las responsables de las Estancias tales como: aprobar la Prueba de Perfil de Tutora Resiliente* (PTR), que es una prueba elaborada por psicólogos expertos en la atención a niños, cursar y aprobar la Capacitación Inicial Básica del Programa, una escolaridad mínima de secundaria o equivalente, presentar y obtener la Certificación en la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) de Atención a niños y niñas menores de 6 años, dicha certificación es otorgada por un órgano independiente avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

 

MEGAPROYECTOS Y DEFENSA DEL TERRITORIO.

 

Gustavo Esteva.

 

Los “megaproyectos” tienen presencia aparatosa, casi espectacular, pero sólo son una manifestación menor de una estrategia obsoleta y devastadora del gobierno mexicano y el capital transnacional, que atenta contra el patrimonio natural y social del país.

Hace tiempo el país se puso en venta, a espaldas de sus legítimos dueños. Hoy estamos en la etapa de entrega de la mercancía. La operación fue empacada como “neoliberalismo”, con un proyecto que tenía dos pilares:

 

*       Entregar a corporaciones privadas el patrimonio público y librarlas de la supervisión pública. La privatización y la desregulación implicaban dar marcha atrás a avances logrados a partir de la revolución de 1910. El aparato público que se puso en venta se caracterizaba por la corrupción y el clientelismo, en manos del pri-gobierno, pero aún así cumplía funciones sociales importantes.

*        

*       Entregar a corporaciones privadas el patrimonio familiar y comunal. El desmantelamiento de las protecciones legales e institucionales conseguidas también a partir de 1910, que permitieron a millones de mexicanos formar un patrimonio y asegurar con él su subsistencia autónoma, tenía el propósito de obligarlos a vender ese patrimonio y a ofrecerse como mano de obra en un mercado de trabajo cada vez más exiguo. El gesto más significativo del desmantelamiento fue la reforma constitucional de 1992 que hizo posible lanzar al mercado la tierra ejidal y comunal. El ejemplo más claro de sus consecuencias es el trabajo semi-esclavo de las maquiladoras del norte de la República.

 

El proyecto, asociado con políticas como el libre comercio y la disciplina fiscal, se presentó al público como estrategia de desarrollo económico y social. Se aprovechó mediáticamente el inmenso desprestigio de la burocracia, cuya ineficiencia, corrupción e incompetencia eran bien conocidas. Se planteó que el “mercado”, es decir, el gran capital transnacional, cumpliría las funciones que el aparato estatal estaba siendo incapaz de cumplir con eficiencia.

 

Dentro de esa estrategia, los “megaproyectos” se presentaron como inversiones públicas para impulsar el desarrollo y como obras públicas de modernización que traerían todo género de beneficios a la población. En realidad, cada “megaproyecto” se propone un despojo específico, que atenta por igual contra el patrimonio natural y social –el suelo lo mismo que el subsuelo, la tierra y el agua, las selvas y los bosques, las personas mismas, todo queda expuesto para que la inversión pública respalde a las corporaciones privadas, generalmente transnacionales, que son las beneficiarias del despojo.

 

Esta orientación de la política del gobierno implicó abandonar muchas funciones públicas. Algunas, como los servicios de educación y salud, buscaban ampliar el acceso a ellos para quienes no pueden cubrir el costo de los servicios privados equivalentes. Otras, como la regulación pública de las actividades privadas, trataban de proteger al capital de sus propios excesos y así evitar mayores daños a la sociedad y a la naturaleza.

 

El enfoque se adoptó universalmente. Creó en todas partes inmenso descontento y todo género de desastres naturales y sociales. Como es uno de los principales factores de la crisis actual, gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a abandonarlo. El de México, sin embargo, se mantiene tercamente aferrado a él.

 

El llamado Consenso de Washington, que definió las políticas del neoliberalismo, fue abandonado en el informe de 2007 del Banco Mundial, uno de sus principales promotores. Lo enterraron los presidentes latinoamericanos en El Salvador a finales de 2008. En Londres, en abril de 2009, el grupo de 20 países que representa 85% de la producción mundial organizaron el funeral, que continuó en la Cumbre de las Américas. Pero el gobierno de México no parece darse por enterado.

 

Tampoco se ha dado cuenta que el desarrollo que pregona ha sido un instrumento colonial, concebido por Estados Unidos como emblema de su hegemonía. El 20 de agosto de 1949 el presidente Truman acuñó la expresión “subdesarrollo” para subordinar a la mayoría de los habitantes del planeta y poner a todos en la cola de quienes tratan de tener el modo de vida estadounidense, que se presentó como ideal universal de la buena vida.

 

Esta meta carece de sentido y factibilidad, pero dominó la mentalidad popular y la ideología de las elites por varias décadas. La crisis de los años ochenta, “la década perdida para el desarrollo en América Latina”, detonó un amplio despertar. En vez de seguir tratando de lograr aquella meta ilusoria, millones de personas recuperaron su propia definición de la buena vida y concentraron su empeño en retomar su propio camino, con autonomía.

 

En estas condiciones, ante la amenaza cada vez más grave que representan los megaproyectos y la política general del gobierno, millones de personas han tomado la iniciativa de defender sus territorios. Se trata de una mutación política de enorme importancia. Va más allá de la estratégica lucha por la tierra, que expresaba la disputa por la propiedad para crear espacios comunales que permitieran construir la subsistencia autónoma. Va también más allá de la mera lucha reivindicativa, cuando se exigen al capital y al estado mayores salarios, más recursos y servicios públicos, mejor atención.

 

La defensa del territorio no es una simple demanda al estado. Es la afirmación de la soberanía popular, establecida en la Constitución. Expresa la convicción de que no es posible confiar en los burócratas o en el mercado para poder subsistir y que la gente puede gobernarse con autonomía. La definición misma de la buena vida y la forma de alcanzarla se dejó por muchos años en manos del estado y del mercado. La constatación de que tanto uno como otro se ocupan sólo de sus propios intereses, destruyen continuamente a la Madre Tierra y profundizan la injusticia, impulsa en todas partes esta iniciativa soberana que recupera para la gente esa cuestión fundamental.

 

La defensa del territorio toma una variedad de formas en Oaxaca y el país. Unas veces se define como confrontación contra explotaciones mineras o forestales. Otras veces aparece como lucha contra una presa, una carretera, un desarrollo turístico o un conjunto de viviendas. A veces es lucha por el suelo y por el agua o decisión de impedir un programa público, como el de certificación de derechos ejidales y comunales –que es un truco para dividir a las comunidades y facilitar el despojo de la tierra. Se trata siempre de la afirmación soberana de derechos y libertades sociales fundamentales.

Frente al inaudito descaro del capital y el estado, que siguen dañando irresponsablemente el patrimonio natural y social de los mexicanos, se afirma el único remedio eficaz: la dignidad.

 

Votar no/ no votar

Diego Valadés

Yo no voy a anular mi voto; mi voto lo anularon los partidos. No me considero un mal ciudadano por no ver en los partidos opciones convincentes por las cuales votar. Iré a la casilla que me corresponda, pero no tengo por qué allanarme ante la confusión de las propuestas ni ante la mediocridad de los propuestos.

Por décadas, en mis libros, conferencias, declaraciones y artículos de prensa, he sostenido que sin partidos no hay democracia posible; lo grave es que tampoco puede haber democracia con un elenco de partidos que actúan como franquicia electoral o movidos por una visión patrimonialista del poder.

Los partidos nos privaron a los ciudadanos del derecho a evaluarlos. No aceptaron darnos la oportunidad de acudir a las urnas para decidir a quiénes aprobamos y ratificamos para un nuevo período, o a quienes, por su desempeño insuficiente, los enviamos de regreso a casa.

Los mexicanos estamos sujetos a toda suerte de monopolios. Así como nos hemos habituado a firmar contratos de adhesión para recibir servicios, ahora se quiere que emitamos sufragios de adhesión para ungir representantes soberanos: que votemos por lo que tengamos enfrente, aunque no sepamos quién recibe nuestro voto ni qué hará con él.

Entre los candidatos de todos los partidos hay algunos a los que respeto, pero el sistema electoral, de listas cerradas, no me permite emitir un voto consciente a favor de quien o de quienes considero aptos para representarme. Por el contrario, hay muchos a los que desconozco, y no puedo votar por ellos, y hay otros a los que conozco, y no debo votar por ellos.

Comprendo las razones aducidas por distinguidos colegas que señalan el peligro de no votar o de anular el voto. Tienen razón cuando dicen que poner en crisis a los partidos es abrir un espacio más para el autoritarismo. En esto coincido; pero a continuación pregunto si no son los partidos mismos los que han abdicado sus responsabilidades en cuanto a reconstruir la vida institucional del país. Como ciudadano consciente de mis derechos y de mis deberes, no me conformo con la posición de que, ante los partidos, todos los derechos los tengan ellos y todos los deberes los tengamos los ciudadanos. Es cierto: sin partidos no se construye una democracia, pero con partidos dominados por el pragmatismo, tampoco.

La disyuntiva es: acudir a votar por el menos malo, para continuar con una ficción que sólo aplaza pero no evita una crisis institucional, o utilizar el único instrumento de expresión pacífica que nos queda a los ciudadanos para decir a los partidos que, así, no nos gustan.

Sin importar la posición que cada partido ocupa en el espectro político, ninguno cumplió con su obligación, en el Congreso, de exigir información a las autoridades sanitarias con motivo de la reciente epidemia; ninguno ha defendido al Estado secular ante la ofensiva del clero; ninguno ha denunciado que avanzamos hacia un Estado policial; ninguno se ha vuelto a acordar de un asunto llamado reforma del Estado; ninguno ha rechazado con firmeza las restricciones a la libertad de las mujeres adoptadas por casi la mitad de los Congresos locales del país; ninguno ha impulsado el seguro de desempleo aunque todos dicen defender a la sociedad. Sólo señalo algunos ejemplos.

Mi disyuntiva es no votar o votar no. Es el dilema de muchos. Tal vez votar “no” sea hacer el juego a posiciones que no comparto; pero votar “sí” es hacer el juego a intereses que no acepo. Yo votaré no: no más mediocridad; no más claudicación del Estado laico; no más abatimiento de las instituciones. No más postración cívica.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 9:44
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