Viernes, 12 de junio de 2009

Miles paran en apoyo a protesta indígena contra inversiones extranjeras en Perú.

Reprime la policía en Lima a trabajadores que respaldaban manifestaciones en la Amazonia

Diversos sectores piden la renuncia del primer ministro Yehude Simon por la violencia contra etnias

No dimitirá porque no tengo las manos manchadas con sangre, asegura el funcionario a los medios

Reuters, Afp y Dpa

 

Lima, 11 de junio. Miles de pobladores de regiones amazónicas de Perú cumplían hoy un paro parcial de 24 horas en apoyo a las protestas de indígenas que insisten en la derogatoria de leyes de estímulo a la explotación e inversiones extranjeras en sus territorios en materia petrolera, minera y del campo, que consideran atentatorias de la naturaleza y sus propiedades.

Al mismo tiempo, en Lima otros miles de trabajadores marcharon por la ciudad en respaldo a los indígenas con dirección al Congreso –donde legisladores nacionalistas han bloqueado las sesiones de trabajo–, pero fueron dispersados por la policía que lanzó bombas lacrimógenas, en medio de un caos vehicular y el cierre de algunos negocios.

La marcha inicialmente transcurrió en forma pacífica en la capital peruana, encabezada por el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) –la mayor central obrera del país–, Mario Huamán, que recorrió las calles céntricas junto con manifestantes de otras organizaciones sindicales, cívicas, populares y políticas.

Más tarde se desataron choques cuando la policía antimotines bloqueó el paso a la columna para impedirle acercarse al Congreso. Centenares de marchistas se enfrentaron a los uniformados, durante más de dos horas; los manifestantes no lograron llegar a la sede parlamentaria, y hubo un número no precisado de detenidos.

Los manifestantes, que por momentos rompieron el cerco policial en algunas arterias, portaban carteles que decían Alan (García) asesino y la patria no se vende, en rechazo a la política presidencial de permitir mediante una serie de decretos signados entre 2007 y 2008 la explotación de minerales, maderas, agricultura y exploración petrolera en la Amazonia.

En el Congreso, las fuerzas del oficialismo y sus aliados de derecha suspendieron ayer indefinidamente las polémicas leyes luego de dos meses de intensas protestas, que tuvieron su punto álgido la semana pasada con choques entre policías e indígenas que dejaron decenas de muertos y heridos.

Al mismo tiempo diversos sectores políticos exigen que renuncie el primer ministro Yehude Simon, quien dijo que el gobierno asumía su responsabilidad sobre los hechos violentos, pero que no renunciaba porque mis manos no están manchadas de sangre. Aseveró que no dimitía por presiones de partidos y que no se dejaba presionar por amigos ni enemigos.

En Yurimaguas, mil 400 kilómetros al noreste de Lima, los indígenas seguían con el bloqueo de la principal vía que abastece a ese poblado, donde el comercio local funcionaba aunque los alimentos básicos se vendían a precios más altos de lo normal.

Hemos decidido quedarnos hasta que haya una solución, dijo el indígena Fernando Ríos Panaipi, proveniente de una remota comunidad selvática, que se sumó a la protesta que comenzó en varias regiones del país el 9 de abril.

Cientos de indígenas permanecen apostados en la carretera portando lanzas y algunos de ellos tienen la cara pintada con rayas rojas y negras, como acostumbran cuando están en situación de conflicto y en defensa de sus tierras.

Según reportes radiales y de la televisión, el paro de actividades en apoyo a la protesta se cumplía de forma parcial en ciudades selváticas de las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, así como en otras áreas andinas como Puno, Ayacucho, Cusco, Tacna y Arequipa, y de la costa del Pacífico como Moquegua e Ica, que se han solidarizado con los indígenas amazónicos.

Esas protestas se han realizado en forma pacífica con marchas o cese de actividades, aunque la excepción se dio en la sureña Puno donde el local del oficialista partido Apra fue apedreado por estudiantes que marchaban, según reportaron medios de prensa, en la peor crisis política que afronta el gobierno neoliberal de Alan García en su segundo mandato.

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que no existen razones para el paro ni las protestas, ya que cuando el Congreso suspendió las polémicas leyes, restituyó y dio fuerza de ley a todo el régimen legal anterior.

Yehude Simon dijo a la prensa que en las protestas de los indígenas hubo un aprovechamiento político de grupos opositores.

El Congreso suspendió la vigencia de las cuestionadas legislaciones, entre ellas la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, para realizar sustanciales modificaciones en las normas en consenso con los manifestantes indígenas.

La suspensión no definitiva de las normas fue rechazada por el opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP) y nueve de sus legisladores realizan un ayuno en el Congreso en demanda de la eliminación rotunda de las leyes.

En total, unos 22 congresistas de ese partido y de otras fuerzas de izquierda en rebeldía pasaron la noche del miércoles en la sala plenaria en vigilia.

El oficialismo en el Congreso suspendió por su parte por 120 días sin goce de sueldo a siete parlamentarios del PNP por los incidentes ocurridos en las últimas horas en el recinto. Además, el Congreso amonestó a otros 11 parlamentarios de la misma formación política que participaron en las acciones de rebeldía.

En tanto, Alan García juramento a dos nuevos ministros, con lo que recompuso el equipo luego de que la titular de la Mujer, Carmen Vildoso, renunció en desacuerdo con la forma en que el gobierno ha manejado la crisis amazónica.

Vildoso fue remplazada por la legisladora oficialista Nidia Vílchiz, que era ministra de Vivienda. Y en esa cartera nombró a Francis Allison, alcalde del distrito limeño Magdalena del Mar.

Gran lección, la protesta indígena contra las inversiones en Amazonia peruana: Evo Morales

Velada acusación del presidente boliviano a su par Alan García de humillar a etnias

Gerardo Arreola

Corresponsal

La Habana, 11 de junio. El presidente boliviano Evo Morales, que realizaba este jueves una visita relámpago a Cuba, dijo aquí que la cruenta protesta indígena contra la ley de inversiones en la Amazonia peruana es una gran lección para entender las demandas de los pueblos originarios y tácitamente acusó al gobierno del presidente Alan García de humillar a esas comunidades.

El mandatario llegó poco antes del mediodía a La Habana. Dijo que esperaba entrevistarse con Fidel y Raúl Castro y tenía previsto salir poco antes de la medianoche, para continuar su gira en Paraguay.

Ante preguntas de la prensa sobre las protestas indígenas en Perú, respondió que el origen está en la defensa de la vida y el medio ambiente. Esperamos que esos problemas puedan ser una gran lección para atender sus demandas y entenderlas, añadió.

No es posible que nuevamente los más vilipendiados de la historia latinoamericana sean humillados, como hemos visto en los últimos días en algunas regiones de América Latina, dijo. Esos problemas no se resuelven con muertos ni heridos.

Apenas se bajó del avión, el ex lider cocalero se trasladó a la Universidad de La Habana, donde habló sobre la resistencia indígena en América Latina, y de nuevo fueron inevitables las alusiones a la actual crisis peruana.

Después de la lucha contra el colonialismo viene la lucha permanente contra los imperios, expuso el mandatario boliviano en el Aula Magna. Añadió que en los últimos 20 años esos movimientos se han expresado en la lucha contra el neoliberalismo, que es el mejor instrumento de dominación, de sometimiento de los pueblos en mi país.

Veterano él mismo de acciones callejeras, valoró que tantas marchas y movilizaciones, yo diría que no han sido en vano, porque ayudaron a crear conciencia.

Por la tarde, el mandatario se dio tiempo para jugar una cascarita de futbol sala, con estudiantes bolivianos de medicina. Anotó dos goles y su equipo ganó 5-2.

Morales es el undécimo presidente latinoamericano que realiza una visita oficial a Cuba en lo que va del año, precedido por sus paress de Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

¿Quién ordenó disparar a muerte en el Perú?

Bartolomé Clavero / AINI

Yehude Simón ya parece estar pensando en su defensa ante la justicia. Ayer día 8 de junio ha alegado ante el Congreso que el gobierno presidido por él no dispuso en ningún momento la utilización de armas letales, sino que siempre ha optado por el diálogo y la persuasión.

Según la Constitución de la República del Perú, “velar por el orden interno” así como “presidir el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” (art. 118.4 y 14) son competencias del Presidente de la República, Alan García ahora, y no del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón por el momento. Hay que darle a éste último la razón constitucional respecto a este estricto punto de la responsabilidad, pero éste es el único aspecto en el que la razón puede concedérsele.

Los responsables constitucionales de la orden de atacar a indígenas la madrugada del pasado viernes 5 de junio, por aire desde helicópteros con bombas de gas y por tierra con ráfagas de metralleta, es el Presidente de la República, Alan García, y al mando militar que se prestó a un operativo de efecto letal asegurado. Si el primero lo hizo sin consejo de sus ministros con su presidente a la cabeza, no se entiende el comportamiento posterior de los mismos, particularmente de la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y del Ministro de Defensa, Antero Flores-Araoz, respaldando incondicionalmente la operación, ni, aún menos, la postura del Presidente del Consejo, Yehude Simón, eximiéndose a sí mismo de responsabilidad. Pero tomemos en serio sus palabras. Resultan graves sus implicaciones.

Si el Consejo de Ministros, como asevera su Presidente, no dispuso, lo que constitucionalmente no le cabe, ni aconsejó, lo que constitucionalmente le corresponde, el operativo militar y policial, entonces las palabras de Yehude Simón están de hecho imputando la responsabilidad por los crímenes ante todo a Alan García. Por otra parte, si lo que se asevera es cierto, no se entiende cómo el entero Consejo de Ministros, con su Presidente a la cabeza, no presentaron de forma inmediata su dimisión fulminante. Con sus palabras, Yehude Simón está también reconociendo la cuota seria de responsabilidad criminal que le corresponde junto a todos sus ministros, con Antero Flores-Araoz y Mercedes Cabanillas en primera línea.

No se olvide que la responsabilidad penal es individual. Responsabilidad al Estado le corresponde en cuanto al importante capítulo de la reparación y la compensación. Son responsabilidades distintas. Tratándose de un crimen de sangre al que se ha llegado por la práctica empeñada de una política genocida, pues busca el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, art. 2.c), las responsabilidades individuales podrían depurarse, si la justicia peruana no procede, ante la Corte Penal Internacional y la del Estado, ante la Corte Internacional de Justicia.

Las implicaciones de las palabras del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso también interesan al escenario del crimen. Si, según afirma, se mantenía una posición de diálogo es porque el diálogo cabía, como indudablemente cabe. Las medidas indígenas de bloqueo de comunicaciones responden a la determinación de defender unos derechos atropellados por decretos y políticas gubernamentales que respaldan y promocionan la invasión empresarial de sus territorios y depredación consiguiente de sus recursos. Es una posición la indígena con buenas razones de derecho, a la luz tanto del derecho constitucional peruano como del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que el Gobierno no ha hecho ni el intento de formular la suya en términos jurídicos, constándole como le consta que carece de razones de derechos ni constitucionales ni humanos o de derechos sin más. Su lenguaje es el de los intereses con el añadido encima de un racismo rampante.

No debe pasarse por alto que las explicaciones suplementarias de Yehude Simón ante el Congreso, tras intentar en vano desprenderse de responsabilidad, abundan, con lenguaje ciertamente menos combativo, en el racismo paladino del que hace alarde estos días el Presidente de la República Alan García. Mirando a las víctimas, se identifica emotivamente con las de la policía al tiempo que guardan un silencio vergonzoso sobre las indígenas. Para Simón y García, las unas merecen conteo y honores; las otras, ocultación y desprecio. Según la perspectiva expresada por los máximos responsables de la política peruana, la que está inspirando sus decisiones, se trata de nosotros y ellos, de gente de razón y gente irracional, de defensores naturales e infractores inveterados del orden, de peruanos e indígenas.

Todavía peor. Tanto Simón como García presentan el conflicto como si se estuviera poco menos que produciendo una invasión del Perú, como si los indígenas fueran invasores en sus propios territorios, los territorios que son suyos desde antes de la existencia de la República del Perú. La misma inverosimilitud de las palabras de Yehude Simón sólo se explica en este contexto de convicciones racistas profundas. Dándose por hecho que las palabras se dirigen a gentes igual de racistas, se muestran confiados en que se les de crédito. El insulto se añade al crimen. Naturalmente, por mucho que el delito de política y de acción genocidas pueda considerarse flagrante y confeso, no digo que, antes de que haya condena mediante el debido juicio con todas sus garantías, todos los mencionados sean criminales, pero el criminal también se caracteriza por buscar, ante las evidencias, complicidades.

Encuentro este comentario por internet: “El libreto ha sido decir aborigen malo, gobierno bueno, aborigen perro del hortelano, gobierno defensor de la democracia. El maniqueísmo simplón del gobierno hasta podría ser divertido dentro de su frivolidad, si no fuera porque ha costado ya muchas vidas humanas“. Espero que al autor o a la autora no le importe que las haga mías. Lo peor ahora es que la situación provocadora de muertes se mantiene. El Gobierno no deroga los decretos lesivos de derechos indígenas y, por esto mismo, no levanta el estado de suspensión de libertades personales y políticas indígenas.


 


Publicado por solaripa69 @ 9:47
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