S?bado, 20 de junio de 2009

Acusan negligencia gubernamental en Pasta de Conchos y la guardería ABC

Apoyan deudos de mineros a familias de Sonora; “cualquiera puede ser el próximo muerto”

Llaman a sancionar electoralmente a ex titular del Trabajo aspirante a diputado

Carolina Gómez Mena

 

Ayer, al cumplirse 40 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el jesuita Carlos Rodríguez señaló que entre esta tragedia y la ocurrida en la guardería ABC desgraciadamente existen muchas similitudes sobre las causas y la impunidad. Lo que posibilitó ambos hechos, dijo, fue la negligencia gubernamental para inspeccionar y garantizar la existencia de condiciones de seguridad.

En entrevista posterior a la misa mensual que los deudos de los mineros y el equipo de Pastoral Laboral realizan frente a las oficinas del corporativo Grupo México, dijo que lamentablemente también hay similitudes en el tratamiento que el gobierno ha dado a estas tragedias, pues en ambos casos hay exculpación anticipada de los responsables y declaraciones retóricas que buscan darle la vuelta al hecho de que se anteponen intereses económicos privados sobre el cumplimiento de los derechos humanos.

Proponen castigar a Salazar Sáenz

En el acto religioso celebrado por los 65 mineros fallecidos, Rodríguez informó también que los deudos se solidarizarán con los padres afectados de la guardería ABC y que por la tarde acudirían a una manifestación de éstos frente a las oficinas centrales del IMSS, en avenida Reforma, respaldando el reclamo de justicia.

También expresó que los deudos proponen que se le dé una sanción electoral a la candidatura a diputado del panista Francisco Javier Salazar Sáenz –ex titular de la Secretaría del Trabajo cuando ocurrió la explosión en la mina– porque es aterrador que hoy quiera ser representante popular, cuando como servidor público no respondió al reclamo de los deudos.

Lo que pretende es asegurar su impunidad por el fuero legislativo y detener cualquier posible acción que pueda orientarse a este caso desde la Cámara de Diputados, después de que la Organización Internacional del Trabajo se pronunció en marzo pasado por la responsabilidad del gobierno federal en la tragedia, dijo.

Cristina Auerbach, asesora de los deudos, criticó lo fácilmente que el gobierno y los particulares que protege se desligan de sus responsabilidades cuando los muertos los pone el pueblo. Recordó que hace dos años comenzó un hostigamiento hacia su persona por acompañar a los familiares organizados de los mineros.

Lanzaron exhorto ciudadano

Durante la misa los asistentes hicieron énfasis en que los hechos no son accidentes aislados, sino los efectos inevitables de una política que antepone los intereses económicos de los empresarios.

Por esto se convocó a los ciudadanos a que se movilicen por la justicia, la seguridad y la vida en los centros de trabajo, pues mientras sigan impunes los responsables de la política laboral que se niegan a aplicar la ley a los empresarios, cualquiera de nuestros familiares puede ser el próximo muerto.

Nos duele la pérdida de vidas humanas; nos indigna porque hay demasiadas similitudes, expresaron.

Exige la CDHEM justicia en el caso de 4 jóvenes levantados y asesinados

Llama al gobernador de Morelos y al edil de Cuernavaca a depurar corporaciones policiacas

Solicita informar a familiares sobre las pesquisas y reparación del daño moral y sicológico

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Cuernavaca, Mor., 19 de junio. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) exhortó al gobernador Marco Antonio Adame Castillo a depurar las corporaciones policiacas del estado y evitar que quede impune el caso de los cuatro jóvenes levantados y asesinados presuntamente por Elesban Miguel Alamilla Cabañas, comandante de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El ombudsman José Fausto Gutiérrez Aragón exigió al encargado del Poder Ejecutivo estatal la aplicación de la justicia a los responsables de la desaparición forzada de las personas y su posterior homicidio.

Demandó al gobierno estatal que a los familiares de las víctimas los mantenga informados de los avances de la investigación, les garantice la reparación del daño moral y sicológico e implemente acciones y políticas públicas en su favor, así como ofrecerles disculpas.

A Joaquín Roque González Cerezo, presidente municipal de Cuernavaca, la CDHEM le demandó iniciar una investigación interna respecto de la conducta observada por el comandante de la Policía Metropolitana de Cuernavaca, Ricardo Covarrubias Beltrán, para deslindar responsabilidades, debido a que fue denunciado por los fami- liares también como presunto responsable.

Dijo que tanto al gobernador de Morelos como al presidente municipal de Cuernavaca se les solicitó la depuración, selección y adiestramiento permanente de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, con la participación de la sociedad civil para garantizar la no repetición de actos de esta naturaleza o cualquiera que violente los derechos humanos de las y los ciudadanos, agregó.

El ombudsman de Morelos afirmó que el gobierno del estado recibió las recomendaciones, pero espera que los resultados de las investigaciones ministeriales y administrativas sean efectivos para que el hecho no quede impune.

El exhorto de la comisión es la 053/2009-4 por desaparición forzada o involuntaria de personas, y se refiere a los hechos ocurridos la madrugada del 18 de abril, cuando el comandante de delitos Patrimoniales Alamilla Cabañas secuestró del estacionamiento de la unidad habitacional Morelos, en la colonia Flores Magón, a cuatro muchachos, junto con otros policías que lo acompañaban en la patrulla 01112 de la corporación.

El 3 de mayo siguiente fueron encontrados los cuerpos de los cuatro jóvenes en una barranca del municipio de Pilcaya, en la zona norte del estado de Guerrero. Desde entonces, el jefe policiaco está prófugo.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Rueda Becerril, de 16 años de edad; José Alfredo Arroyo Juárez, de 21; Samuel Terroba Rodríguez, de 23, y Pablo Domínguez Montiel, de 22, todos originarios de San Miguel Acapatzingo, Morelos.

Según el ombudsman Gutiérrez Aragón, el 26 de mayo hicieron llegar las recomendaciones al gobierno del estado y municipio.

Piden 18 órdenes de aprehensión por el incendio de la guardería

Las solicitudes, por homicidio culposo, incluyen a funcionarios del IMSS y a tres dueñas

Poco antes dimitió el titular de protección civil de Hermosillo; dice que se pretende culparlo

Gustavo Castillo G. y Ulises Gutiérrez R.

Reportero y corresponsal

La Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJS) solicitó la noche de este viernes a un juez del fuero común en esa entidad que librara 18 órdenes de aprehensión contra otros tantos presuntos responsables de la muerte de 46 niños en la guardería ABC, consumida por un incendio el pasado 5 de junio, en Hermosillo, revelaron fuentes del gobierno federal.

De acuerdo con las versiones obtenidas, la petición se realizó al filo de las 21 horas, por la prtesunta comisión de los delitos de homicidio culposo, ejercicio indebido del servicio público, negligencia, tráfico de influencias, sobornos y los que resulten.

Según las fuentes consultadas, entre los presuntos responsables de que no existieran medidas de seguridad adecuadas en la citada guardería se encuentra Roberto Copado Gutiérrez, ex director de la Unidad de Protección Civil de Hermosillo. Se buscó confirmar la información con autoridades de la procuraduría sonorense, pero no se obtuvo respuesta.

La petición de las autoridades sonorenses implicaría también a las hermanas Sandra, Lucía y Paola Téllez Nieves, consideradas las propietarias de la estancia.

La información obtenida no refiere que se haya solicitado el ejercicio de la acción penal contra Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.

Otros presuntos responsables serían Emigdio Martínez, jefe delegacional de Prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la coordinadora regional de guarderías, Noemí López.

El eslabón más débil

Horas antes, en Hermosillo, el director de protección civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez, anunció su separación del cargo para dedicar tiempo completo a su defensa jurídica, ya que, sostuvo, siente que se intenta culparlo por la tragedia en la guardería ABC, por ser el eslabón más débil en la cadena de responsabilidades.

En conferencia de prensa, el hasta ayer funcionario señaló que cada nivel de gobierno –municipal, estatal y federal– debería admitir que no cumplió con parte de sus atribuciones y dejar de echarse la culpa unos a otros, mientras las guarderías del país siguen operando en condiciones de inseguridad.

Reprochó a los gobiernos federal y estatal haber incumplido con la supervisión que les correspondía en las instalaciones siniestradas (la bodega de Hacienda estatal y la guardería) y aseveró que si él es encarcelado vamos a terminar todos los bomberos en la cárcel.

Junto a 40 bomberos que le mostraron su respaldo, comentó que sentía persecución en su contra y que otras autoridades intentaban lavarse las manos y arrojar la bolita de la responsabilidad al eslabón más débil de la cadena.

 

Ha habido mucha especulación, muchas imputaciones directas y nos hemos olvidado del fondo; hay que decir que los municipios y en especial los bomberos (a su cargo en Hermosillo) no regulan el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas (NOM), señaló.

Señaló que la NOM en medidas de seguridad para guarderías es muy clara, al señalar que las autoridades federales y de los estados deben vigilar su cumplimiento; la vigilancia de la norma es función de la Secretaría de Salud y las entidades federativas.

Admitió que él firmó un acta de verificación a la seguridad en la guardería, porque el documento sólo consideraba parte de las prevenciones con las que contaba la instalación, ya que la solicitud de la inspección –hecha por los dueños de la estancia infantil– no incluía los riesgos exteriores o de edificios contiguos.

Esta es la solicitud de servicio, donde los que operan la guardería piden la renovación del dictamen técnico; ésta es un acta de verificación, con los puntos precisos que fueron motivo de la valoración el día 8 de noviembre de 2008; ahí dice extintores, señalización, detectores de humo, agregó.

Manifestó que ese documento fue el mismo que circuló en medios de información, al parecer para inculparlo como único responsable de la tragedia, en la cual admitió tener parte de culpa, pero que más personas intervinieron.

Dijo que, pese a que la dirección de protección civil municipal entregó el dictamen de aprobación a las medidas de seguridad de la guardería, éste era insuficiente para que el IMSS diera por aprobada la supervisión que al instituto correspondía hacer.

Copado afirmó que hay muchos culpables de la tragedia y que, no obstante, muchas guarderías siguen con la misma inseguridad y riesgo que tenía la ABC.

¿Quiénes estamos involucrados? IMSS, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, gobierno del estado, gobierno municipal; aquí hay que aprender; es una cachetada que nos pegó a todos. Este accidente no nos puede volver a pasar, porque, con el cuestionado poliuretano, hay empresas que lo están instalando en este momento y nadie se preocupa. Nos preocupa más echarnos la culpa unos a otros. ¿Cuántas guarderías están en las mismas condiciones? No hay que echarnos la culpa; la culpa es de todos, agregó.

Dijo que no tramitó un amparo, pues quiere confiar en la justicia y asumir sus responsabilidades.

 

 

El caso Michoacán tiene tintes electorales, acusa Cárdenas
Los 27 funcionarios consignados por fin podrán defenderse ante un juez, asegura Leonel Godoy

MORELIA, Mich.— La detención de los 30 servidores públicos de Michoacán tiene tintes político-electorales, advirtió Cuauhtémoc Cárdenas Sólorzano, quien confió en que los juicios contra los 27 consignados por delincuencia organizada agravada y delitos contra la salud se desarrollen de manera transparente y apegados a derecho.

El llamado líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó su confianza en que esta situación no afecte el proceso electoral del próximo 5 de julio.

En entrevista en esta ciudad, donde acudió a una ceremonia en el teatro Ocampo, consideró, sin embargo, que el hecho no vulnera al gobierno de Leonel Godoy, ya que su rumbo es firme.

En un acto distinto, el gobernador Leonel Godoy expresó que el caso ya está tomando su cauce constitucional y permitirá que los detenidos y sus abogados defensores puedan presentar las pruebas que consideren pertinentes y lo mismo ocurriría con el Ministerio Público Federal.

Lo importante, apuntó, es que “ya vamos a estar ante un debido proceso”, aunque insistió en que quienes resulten culpables sean castigados, pero que se reivindique a los inocentes.

Al preguntarle si esto es una estrategia político-electoral, respondió que no quería hablar del tema. Sin embargo, cabe recordar que cuando se decretó el arraigo enfatizó que podría ser una situación de esta índole.

El jueves pasado, la PGR consignó a 27 de los 30 servidores públicos aprehendidos el 26 de mayo en Michoacán, por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia.

En la ciudad de México, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Juan Guerra, consideró que el traslado de los detenidos a un penal de Nayarit sigue teniendo un “tufo electorero” y su objetivo es ajeno al combate al crimen organizado.

En tanto, Misael García, hijo de Miguel García Hurtado, ex procurador de Justicia de Michoacán, indicó que su padre está tranquilo a pesar de haber sido enviado a prisión, pues hasta ayer se encontraba en un “limbo” jurídico y ahora sus abogados podrán hacer valer sus garantías.

Añadió que la defensa presentará los estados financieros del inculpado y su familia, ante la acusación de la PGR de que recibía 350 mil pesos mensuales por colaborar con el narco. (Con información de Silvia Otero y Andrea Merlos)

Tribunal electoral, la servidumbre

JORGE CARRASCO ARAIZAGA / APRO

A pesar del millonario gasto que ha representado su actual conformación, el Poder Judicial sigue al servicio de los intereses del poder político.

Con creces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha convertido en una lamentable muestra de la adhesión ciega de sus actuales integrantes a los propósitos particulares de quienes los nombraron magistrados.

Su fallo del pasado 12 de junio para modificar el resultado de la elección de la candidata del PRD a delegada en Iztapalapa ahondó la desconfianza hacia la actual Sala Superior del Tribunal y, peor aún, abrió un escenario más de confrontación en la de por sí delirante clase política mexicana.

Sin que nadie oficialmente se lo pidiera, ni siquiera Silvia Oliva, la beneficiaria del fallo, el TEPJF decidió atraer uno de los tantos recursos promovidos por la ahora candidata y así abrir la puerta para cambiar el sentido de los resultados que habían sido convalidados por la Sala Regional del Distrito Federal del propio Tribunal.

Uno tras otro, los recursos de Oliva habían sido desechados por improcedentes hasta que el magistrado Manuel González Oropeza encontró "de importancia y trascendencia" que la Sala Superior analizara las quejas por las alegadas irregularidades en esa elección interna del PRD.

Después, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, como autor de la resolución, se encargó de anular 47 casillas, hacer un nuevo recuento y revertir el triunfo de Clara Brugada, candidata de Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto se aprobó sin discusión. Ninguno de los magistrados argumentó su voto. Los siete llegaron a la sesión con el acuerdo de aprobar el proyecto por unanimidad.

Conscientes de que su fallo desataría una nueva crisis en el PRD, los jueces electorales mostraron su talante de servicio. En la persona de Oliva, el primer beneficiario fue la tribu de Nueva Izquierda, encabezada por el presidente del PRD, Jesús Ortega Martínez, quien también debe su cargo a un fallo de los mismos magistrados.

Fue esa corriente, precisamente, la que logró colocar a González Oropeza como su pieza en el TEPJF, la única del PRD. Los otros seis magistrados fueron designados por el PAN y el PRI, empezando por la actual presidenta del Tribunal, María del Carmen Alanís, promotora del voto de Felipe Calderón en la elección presidencial del 2006, en su calidad de amiga de infancia de Margarita Zavala.

El PRI, pero sobre todo el PAN, son los otros beneficiarios que, por esa manida vía judicial, arremete en el principal bastión del PRD en el Distrito Federal, que es decir el del todo el país. Ese es "el rebase por la izquierda" advertido por Calderón.

La justificación de los magistrados fue que en esas casillas hubo personas ajenas al partido y por lo tanto, de acuerdo con los estatutos del PRD, debían anularse. Del mismo argumento de anulación de un calculado número de casillas se valieron los magistrados para darle el triunfo a Ortega, por encima del también lópezobradorista y exjefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas.

Como entonces, la duda es si las irregularidades fueron del tamaño que dicen los jueces electorales. En ambos casos, conociendo las prácticas electorales del PRD, heredadas del PRI y replicadas también por el PAN, hay motivos de sobra para pensar que las violaciones pudieron haberse presentado en más de 20% de las casillas y proceder por lo tanto a la anulación de la elección.

Los magistrados electorales podrán revestir jurídicamente su decisión, pero nunca convencer que no obedecieron a razones políticas. La operación se le ha atribuido al exsecretario particular de Calderón y candidato del PAN a la Cámara de Diputados, César Nava, y al presidente del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, otro de los promotores de la llegada de Alanís al Tribunal.

El resultado, calculado, fue otra reacción destemplada de López Obrador, cuya propuesta de "cambalache" con el candidato del PT para "ceder" su eventual triunfo a Brugada, aportó más argumentos para los delirios de sus opositores políticos y mediáticos.

Desde la reforma judicial que entró en vigor en 1995, el Poder Judicial ha tenido crecientes recursos y ha visto crecer su estructura, incluido el Tribunal Electoral. El objetivo era que esa instancia, que durante el autoritarismo del PRI era un poder "de tercera", se convirtiera en un sólido tercer Poder.

Sojuzgados por décadas al poder político, los jueces mexicanos no saben ser independientes. Ahora, en tiempos de democracia electorera, no sólo responden al Ejecutivo, también al Senado.

Los jueces también hacen política y, este caso, los desnuda. A ellos hay que imputarles los actuales obstáculos para alcanzar el equilibrio de poderes en México.

Como nadie más, ellos saben que este tipo de fallos son inconcebibles en un régimen democrático, donde el Poder Judicial probadamente actúa con independencia de los otros dos poderes.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 11:36
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