Lunes, 22 de junio de 2009

Incumplen requisitos de seguridad 80 por ciento de escuelas del país.

La Jornada.

Revela director del Inifed datos a La Jornada; un día después le solicitaron su renuncia. Eduardo Bravo confía en Dios para que no se repitan casos como el de la guardería de Hermosillo

De los 127 mil planteles educativos en el país, entre 75 y 80 por ciento –alrededor de 100 mil inmuebles– no cumplen con todos los requisitos mínimos de seguridad, habitabilidad y funcionalidad, reconoció el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Eduardo Bravo Esqueda, quien ante esas condiciones espera en Dios que no se repitan casos como el de la guardería de Hermosillo, donde un incendio ocasionó la muerte de 46 niños.

El funcionario admitió que la ciudadanía se encuentra desprotegida legalmente ante las deficientes instalaciones escolares, pero señaló que la población es quien tiene que exigir el acatamiento de la ley, y si aun así no se respeta, sugirió castigar con el voto la ineficiencia gubernamental: En un estado democrático, esto se refleja justamente en los procesos de elección.

En una entrevista con este diario efectuada el pasado miércoles, un día antes de que le pidieran la renuncia, misma que la SEP hará oficial hoy lunes, Bravo Esqueda apuntó las consecuencias de que los estudiantes acudan a inmuebles en pésimas condiciones: si permanecen seis horas diarias en un espacio donde los baños no funcionan, están sucios; donde las lámparas no sirven, donde los pisos están cuarteados, donde viven sometidos a una temperatura de 40 grados; o a inclemencias del tiempo en invierno, su formación será de ese nivel y entonces su actitud de exigencia en el futuro seguramente será de ese tamaño.

Consecuencias de la descentralización educativa

En términos estadísticos, la situación es la siguiente: de entre 125 mil y 127 mil inmuebles escolares que albergan a más de 25 millones de alumnos de educación básica, yo me atrevería a pensar que entre 15 y 20 por ciento cumplen con todos los requisitos mínimos de habitabilidad, seguridad y funcionalidad. Ello significa que del total, sólo entre 19 mil y 25 mil planteles cumplen a cabalidad con esas condiciones.

Entonces apuntó que 65 por ciento del universo, es decir, alrededor de 82 mil instalaciones, se encuentran en núcleos poblacionales alejados, dispersos, sometidos a condiciones de muy difícil acceso y con dificultad para el abastecimiento de energía eléctrica, agua y drenaje, en tanto que 35 por ciento, unos 44 mil planteles, se ubican en las zonas urbanas. Sin embargo, estos últimos atienden a 80 por ciento de la matrícula, mientras que a los inmuebles rurales asiste 20 por ciento.

Bravo Esqueda afirmó que el deterioro de las edificaciones obedece a la falta de un sistema permanente de mantenimiento, debido a que no hay dinero que alcance para tener escuelas a cabalidad, pero también apuntó que el recurso federal que se envía a los estados no llega al destino final con oportunidad o no es eficientemente aplicado, porque hay entidades que presentan rezagos hasta de dos a cuatro ejercicios, lo cual es una situación por la que los gobiernos locales tendrán que responder.

Con la descentralización de los servicios educativos, las funciones en el tema de la infraestructura siguieron el mismo curso, por lo que son los organismos descentralizados de las entidades los responsables de la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones escolares, subrayó.

Añadió que a raíz de dicha descentralización –pacto firmado en 1992 entre el gobierno federal y Elba Esther Gordillo– se perdió también un registro nacional agregado del estado de la infraestructura educativa; porque cuando operaba el Capfce (Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas) sí tenía identificado el estado de los inmuebles. Hoy, el Inifed está en la construcción de la arquitectura de este sistema, apuntó.

Aunque insistió en que es una obligación del Estado mexicano ofrecer a los estudiantes instalaciones seguras, funcionales y pertinentes, admitió que la participación de los padres, junto con maestros y autoridades del plantel, ha permitido que las escuelas no caigan en un deterioro acelerado.

Al cuestionarle que el Estado ha declinado de su responsabilidad y se la ha trasladado a los tutores, el funcionario consideró, como una doble virtud, la presencia de los padres, porque es la parte práctica y yo diría la parte cultural de la comunidad escolar, de que los padres de familia se involucren también en el cuidado de las instalaciones.

Por último, consideró que deben existir tribunales judiciales en materia de cumplimiento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa –promulgada hace un año–, pero mientras tanto esperemos en Dios que no se repitan casos como el de la guardería de Hermosillo y que todo mundo entre en conciencia, como en lo general sucede, al menos en la solvencia estructural del cumplimiento de la norma.

SEP encabeza quejas acumuladas por discriminación: Conapred.

El Universal.


El Seguro Social, las secretarías de Salud, Agricultura, Pemex y el ISSSTE siguen en la lista de denuncias

 

La Secretaría de Educación Pública es la dependencia con más quejas acumuladas por presuntos actos discriminatorios, al contar con 94, según registros del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) del año 2003 a mayo de 2009.

Entre las seis instituciones con más quejas presentadas están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 61, la Secretaría de Salud (Ssa) con 53, el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 38, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con 35 y Petróleos Mexicanos (PEMEX) con 22.

Mediante una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, el Conapred informó que desde la constitución del mismo hasta mediados mayo de 2009 se habían radicado 2 mil 700 expedientes; 11 mil 61 quejas (en contra de funcionarios públicos), de las cuales 457 fueron calificadas como presuntos actos de discriminación; y mil 539 reclamaciones (en contra de particulares), de las cuales 514 se reconvinieron como presuntos actos discriminatorios. De éstas, 94 acusaciones se hicieron en contra de la SEP.

La mayoría de las reclamaciones por discriminación, según el encargado del despacho de la dirección de Educación, Divulgación y Comunicación Social son puestas por padres de familia en las que en el caso particular se discriminó a uno de sus hijos, regularmente por discapacidad, condición de salud, apariencia física o por origen étnico-racial.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que en el sector educativo cuando se hace un trato diferenciado entre personas se presenta una situación muy lesiva ya que recae en individuos en formación.

Ricardo Hernández Forcada, director del Programa VIH Sida y Derechos Humanos de la CNDH, aseguró que “la institución educativa tiene la labor de formar a las personas no solamente en los contenidos formales del curriculum sino también lo que se llama el curriculum oculto que es cómo educas. Entonces si la manera de educar tu mensaje es discriminatorio estás educando mal”.

Culpa el IMSS del incendio a la secretaría de Finanzas sonorense.

La Jornada.

El instituto presentará una demanda de responsabilidad civil y cesa a cinco funcionarios. El siniestro del pasado 5 de junio, que provocó la muerte de 46 niños, fue causado por la negligencia de los responsables de la bodega utilizada por el gobierno estatal, dice Daniel Karma.

Angélica Enciso L.

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentará demandas por responsabilidad civil en contra de la secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora y los propietarios y administradores de la guardería ABC de Hermosillo. El incendio ocurrido hace 17 días, que provocó la muerte a 46 niños, fue causado por la negligencia de los responsables de la bodega utilizada por el gobierno estatal, señaló el director del instituto, Daniel Karam.

Ayer, el funcionario dio un mensaje en el que reconoció que el siniestro y sus consecuencias se agravaron por el incumplimiento de medidas de seguridad por parte de los operadores de la guardería ABC, quienes omitieron cumplir acciones que les fueron ordenadas. También anunció el cese de cinco funcionarios del IMSS vinculados con las guarderías en Sonora, con el fin de que enfrenten las responsabilidades legales que se determinen.

Karam instó a la Procuraduría General de la República (PGR), a la de Justicia del estado y al Poder Judicial a acelerar la resolución de las responsabilidades penales y administrativas que correspondan. Dijo que el instituto apoyará las tareas de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Este anuncio se hace luego de que el viernes pasado, a dos semanas del accidente, la procuraduría estatal solicitó la emisión de 13 órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables del incendio que provocó la muerte de los 46 niños. La demanda por responsabilidad civil implica la reparación del daño económico y moral, en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social, que será el demandante.

Las primeras declaraciones que Karam dio en Hermosillo, un día después del incendio, fueron que, de acuerdo con la evaluación de mayo, la estancia contaba con salidas de emergencia y extintores, la guardería aparentemente estaba dentro de la normatividad. Después, en conferencia de prensa el 10 de junio, sostuvo que el instituto no será tapadera de nadie y que existían distancias abismales entre la realidad y el documento que autorizaba el programa de protección civil de la estancia.

Ayer, en un texto de dos páginas, hizo una enumeración de hechos, aunque omitió dar los nombres de los dueños de la estancia infantil y de los funcionarios cesados. Recordó que el 6 de agosto de 2001, la guardería ABC se instaló en la calle Mecánicos esquina con Ferrocarrileros, colonia Y Griega, en Hermosillo, y posteriormente la Secretaría de Finanzas abrió una bodega en el módulo contiguo a la estancia.

Agregó que el peritaje realizado por la PGR reveló que la bodega arrendada por el gobierno estatal operaba sin las medidas de seguridad apropiadas, como son alarmas, extintores, hidrantes y detectores de humo. Además, dijo, no había un vigilante que detectara a tiempo el incendio y alertara al personal.

De manera negligente, la bodega se mantuvo cerrada sin supervisión y con el aire acondicionado encendido. Aseguró que la existencia de medidas mínimas de seguridad hubiese permitido evacuar a tiempo la guardería y evitar esta tragedia.

Enseguida se refirió a que, de acuerdo con investigaciones que ha realizado el instituto, en las cuales se analizaron diversos documentos y actuaciones, hay elementos que apuntan a posibles responsabilidades de los dueños y operadores de la guardería.

Se sabe que los dueños de la estancia subrogada del IMSS son Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella –familiar de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón–, su esposo Antonio Salido, ex director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno de Sonora; Alfonso Escalante Hoeffer, ex subsecretario de Ganadería; Gildardo Francisco Urquídez Serrano y Sandra Lucía Téllez Nieves.

Karam detalló que entre las observaciones que fueron ignoradas por los propietarios están la construcción de una salida de emergencia por el área de patio de juegos, la ampliación de la entrada principal, la instalación de puertas de seguridad con barra de empuje abatible hacia el exterior, y la sustitución de los plafones existentes en las salas de usos múltiples con material no combustible, debido a que tenían instalado un plafón a base de lona plástica, que resulta ser un material altamente inflamable.

Dijo que para el IMSS lo importante es que se consigne a los responsables y que se tomen las medidas que eviten que esta tragedia se repita.

Los funcionarios de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora que fueron cesados hace unos días son: Emigdio Martínez García, jefe delegacional de prestaciones económicas y sociales; Noemí López Sánchez, coordinadora delegacional de guarderías, y Delia Irene Botello Amante, coordinadora zonal de esas estancias en Hermosillo.

Aunque el lunes pasado Daniel Karam, durante una gira por Puebla con el presidente Felipe Calderón, dijo que durante la semana que acaba de concluir presentaría las listas de los propietarios de las guarderías subrogadas del IMSS, esto no ocurrió; hasta ayer se desconocía cuándo se harán publicas.

Se destinaron 20 mil mdp al PRI, acusa PRD-Edomex.

El Universal.


Los perredistas han detectado y asegurado en prácticamente todo el territorio estatal camiones cargados con materiales de construcción que serían entregados a los electores a cambio de que voten a favor de sus aspirantes

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de México estimó que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado más de 20 mil millones de pesos en las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se han invertido para el reparto de tinacos, bicicletas, cemento, varilla, además de otros recursos en efectivo, de los cuales se desconoce su procedencia, pero "cuya finalidad es la compra de votos el 5 de julio".

Los perredistas han detectado y asegurado en prácticamente todo el territorio estatal camiones cargados con materiales de construcción, que serían entregados a los electores a cambio de que voten a favor de los aspirantes a cargos de elección popular del tricolor.

Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Chimalhuacán son algunos de los municipios donde se han decomisado unidades con cemento, varilla, bicicletas y otros productos.

El presidente del PRD mexiquense, Luis Sánchez Jiménez, aseguró que han detectado la compra de funcionarios de casilla por parte del PRI, a quienes les ofrecen dinero para que no asistan el día de la elección, formando a su gente desde temprano, pues al no estar presentes los funcionarios de casilla, pueden ser sustituidos con los primeros ciudadanos que estén en fila.

El PRD, dijo, realizará una serie de acciones para tratar de evitar que los priistas cometan irregularidades el día de la jornada electoral.

Una de esas propuestas, precisó, es reiterar el llamado a la ciudadanía para que no se fomente el abstencionismo y emitan el voto libre, para evitar el llamado voto en blanco.

"El día de la contienda electoral tendremos dispositivos en las casillas que vigilen que no haya la compra de votos, la entrega de dádivas o la sustitución de funcionarios, con el compromiso del PRD en esta elección, a que todas sus acciones estén dentro de los fundamentos legales, sin violentar nada", señaló.

El ex alcalde de Nezahualcóyotl reconoció que durante el proceso electoral, han crecido los "focos rojos de violencia" en prácticamente todos los municipios del estado, debido a la destrucción de propaganda y a las amenazas en contra de militantes del PRD, lo que pone en riesgo la buena realización de los comicios.

La obligación de votar.

 

Bernardo Bátiz V.

La Constitución se refiere al voto ciudadano al que califica de popular en dos artículos sucesivos del capítulo IV del título primero de la Carta Magna, que tiene como encabezado éste: De los ciudadanos mexicanos.

El primero de los artículos que menciono, el 35 de la Constitución, establece en una pequeña lista cuáles son las prerrogativas del ciudadano mexicano; el primer inciso señala que esa prerrogativa inicial, fundacional, es votar en las elecciones populares.

El texto de la norma constitucional no usa el término derechos, sino precisamente el de prerrogativas; votar en la intención del constituyente es algo más que un derecho: se trata de un privilegio exclusivo de los ciudadanos mexicanos. La acción de votar no puede ser ejercida por cualquiera, sólo por nosotros, los ciudadanos. El Diccionario de la lengua española de la Real Academia da, entre otras acepciones, a la palabra prerrogativa la de facultad importante de un poder del Estado; en una república votar es la facultad esencial del más alto poder del Estado, que es el pueblo, titular de la soberanía en un ente como el nuestro, que se define a sí mismo como una república representativa, democrática, federal, en la que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión.

No votar es lo mismo que votar en blanco o anular el voto de alguna manera; significa renunciar a un privilegio, a una prerrogativa de la que somos titulares e implica dejar en manos de otros lo que estaríamos obligados a hacer por nosotros mismos.

Pero en otro artículo, en el 36 la Constitución, se enumera cuáles son las obligaciones del ciudadano de la República, y dice en su inciso III: votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley. Lo anterior significa que votar, como definía don Eduardo García Maynes, es un derecho de ejercicio obligatorio. Tenemos el derecho de votar y nadie nos lo puede disputar; nuestra ley suprema lo eleva, dándole la calidad de prerrogativa, pero también tenemos la obligación de acudir a las urnas y emitir nuestro sufragio. El precepto citado en último término así lo dispone; votar es un derecho, pero es simultáneamente una obligación.

Campañas como la que estamos sufriendo en estos días, que en forma incomprensible invitan a anular el voto, son orquestadas, ejecutadas y planeadas por personas que, o no conocen nuestra ley fundamental, o no les interesa en lo más mínimo; junto con las obligaciones de inscribirse en el catastro de la municipalidad, alistarse en la guardia nacional, desempeñar los cargos de elección popular y los cargos concejiles del municipio, está la de votar en los comicios.

La democracia formal, que convoca a votar cada tres años, ciertamente no es suficiente, ni plenamente satisfactoria para quienes se interesan en la comunidad nacional de la que formamos parte, pero es ahora lo único que tenemos: es el instrumento o herramienta para poder influir en la política del país y, si bien es cierto que en algunos casos pudiera ser que todos los candidatos seamos tan malos que no es posible escoger al que lo sea menos, la regla general es que hay candidatos de numerosos partidos, entre los cuales tenemos que optar, y si no nos convencen las personas postuladas, debemos pensar que nuestro voto también significa elegir entre concepciones distintas del país, entre proyectos diferentes de nación.

No es lo mismo un voto por un partido que asume el neoliberalismo como doctrina que otro que se define como de izquierda y busca la justicia social y defiende la economía popular; no es lo mismo votar por partidos que han demostrado en gobiernos concretos su ineficacia, que por otros que han gobernado bien y mejorado la entidad que les fue encargada por una votación anterior.

Lo cierto es que sí hay mucho de donde escoger y que, a pesar de ello, en forma extraña y nada razonable, se convoca a no votar; hay algo de vanidad en algunos de los que invitan a esta violación constitucional; si yo no estoy en las listas es que no hay por quién votar, parece que pensarán. Me he encontrado también a viejos periodistas y conductores que por años y años sirvieron sin escrúpulos al viejo sistema antidemocrático, fueron empleados dóciles y sumisos de los soldados del presidente y nunca hicieron o dijeron algo en contra de la falta de democracia en la que vivía el país y hoy se rasgan las vestiduras porque, según su opinión, no encuentran por quién emitir un sufragio; se presentan como sesudos filósofos sociales e invitan a no votar. Sin duda podrían hacerlo al menos por el partido al que antes sirvieron en forma obsecuente, pero no, prefieren poner en el mismo saco a todos, sólo porque algunos tienen conflictos internos, sin considerar que, independientemente de la coyuntura transitoria, los partidos representan una concepción política, sostienen una doctrina política y presentan propuestas o líneas ideológicas.

No deja de ser sospechosa esta actitud. Las dictaduras surgen del de-sengaño de la democracia y es muy peligroso jugar con el fuego de la de-sesperanza y del nihilismo político; espero que muchos ciudadanos no se dejen envolver por esta hábil propaganda en favor del abstencionismo, superen la tentación de imitar a los que se creen muy listos por anular su propio voto y ejerzan su derecho constitucional a votar y cumplan con su obligación de hacerlo.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:12
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