Viernes, 26 de junio de 2009

Clientelismo, impunidad, compadrazgo y corrupción aún coaccionan el voto: IFE

Esas prácticas están vinculadas a acciones de todos los niveles de gobierno y de los partidos

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

 

Políticas antidemocráticas como clientelismo, corrupción, compadrazgo, impunidad y represión a la disidencia persisten en México, advirtió el Instituto Federal Electoral (IFE).

Al respecto, el consejero electoral Alfredo Figueroa precisó que tales prácticas no son exclusivas de un sector, sino que están vinculadas a acciones de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos.

No podemos cantar victoria ni mucho menos; (la coacción del voto) es desde luego una preocupación. Elección tras elección se siguen documentando estos intentos por comprar el sufragio de las personas, principalmente en esto que se llama campañas de tierra, señaló.

Sin embargo –dijo–, se reciben pocas denuncias penales, aun cuando siguen existiendo estas prácticas propiciadas por la situación de desigualdad que prevalece en el país, fuente inevitable para que estos delitos florezcan.

En tanto, Jesús Cantú, investigador universitario y ex consejero electoral, señaló que aunque este tipo de presiones o de ofertas a los ciudadanos persisten, tras la reforma electoral de 2007 han surgido otras formas para inducir el sentido del sufragio, como vía para eludir la prohibición legal de contratar espacios en radio y televisión.

Existen cuatro nuevos patrones o grandes distorsiones en ese sentido: la multiplicación de los llamados infomerciales, por ejemplo, los mensajes evidentemente proselitistas disfrazados de informes de gobierno o entrevistas a modo a legisladores y gobernantes.

Ello puede ser más negativo (que la coacción tradicional) porque el ciudadano puede ser engañado. Esto se debe a que estamos ante una reforma electoral inacabada que adolece de cambios en las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, dijo Cantú.

Puntualizó que otra de las grandes distorsiones es el propio vacío que a propósito hacen estaciones de radio y canales de televisión respecto de las plataformas de campaña; además, la precaución para debatir por las propias limitaciones impuestas por la enmienda y, en especial, la perversión de partidos, como el Verde Ecologista de México, de presentar propaganda disfrazada de informes de legisladores.

Es muy lamentable lo que estamos viviendo. El ciudadano tiene poca información sobre sus candidatos y las propuestas, advirtió Cantú.

A su vez, Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, dijo que los partidos políticos han envilecido el voto, desde el momento que usan programas sociales para inducir el sufragio, o cuando ofrecen becas y aparecen en portadas de revistas. En tanto, aseguró, la autoridad electoral no hace nada.

En la Guía para la promoción del voto libre y razonado, el IFE pide a los promotores del sufragio tomar en cuenta las condiciones de cada localidad: historia de participación de la comunidad, el nivel de abstencionismo, las características del voto razonado, así como las de compra y coacción.

En esa guía se incluye un estudio acerca del monitoreo de programas sociales en contextos electorales, elaborado por diversas instituciones académicas y de análisis de la opinión pública.

Ahí se alerta acerca del limitado ámbito de acción del IFE ante el uso político de los planes de apoyo para los adultos mayores, principalmente, pero sobre todo advierte que ese fenómeno está estrechamente relacionado con la situación de pobreza de la población, campo fértil para recibir las ofertas clientelares de bienes y servicios.

En otro informe –anexado a la guía en referencia–, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se destaca que aunque ha crecido la confianza en el voto secreto, subsisten temores respecto de su efectividad y la transparencia de las elecciones. Además, precisa, la manipulación es cada vez más sutil.

De las formas de manipulación del voto relacionadas con los programas sociales, la práctica clientelar es la más extendida en México, pero las formas más sutiles con las que se llevan a cabo tornan más difícil su prevención, detección y penalización que en el pasado, señala el PNUD en el Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales, puesto a disposición también de los promotores del voto a los que hizo llegar su mensaje el IFE.

Con base en la idea central que el ejercicio del voto es una condición necesaria para que un régimen pueda llamarse democrático, el IFE instruye a los promotores –quienes deben sujetarse a un reglamento– para que los ciudadanos acudan a las urnas y el sufragio sea libre y razonado.

Desoye Peña Nieto al Congreso; advierte que seguirá su activismo político

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 25 de junio (apro).- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, desestimó el exhorto que le hizo el Congreso de la Unión y advirtió que no suspenderá su activismo político ni se paralizará su administración por un simple llamado.

         Entrevistado después de su participación en el foro nacional "Seguridad con Justicia", Peña Nieto recordó a los legisladores federales que lo único que prohíbe la ley es la difusión de las acciones de gobierno.

         Advirtió que ningún exhorto paralizará su administración en este periodo electoral. Así mismo, recordó que tiene todo el derecho de apoyar a sus compañeros priistas en su tiempo libre, tal como la ley lo establece.

        Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobernador mexiquense a respetar la ley electoral y hacer cumplir el marco legal frente a los comicios del próximo 5 de julio.

 

Peña Nieto apuntala al PRI con dinero, acusa el PRD

PEDRO ZAMORA BRISEñO

COLIMA, Col., 25 de junio (apro).- El gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto busca ganar la candidatura a la Presidencia con la inyección de dinero a las campañas del PRI en todos los estados del país, denunció el diputado federal Javier González Garza, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados.

El legislador perredista consideró que en la visita de Peña Nieto a Colima, el próximo sábado, el gobernador mexiquense "no viene solo, sino con recursos, como lo hizo en Guerrero y en Hidalgo, como lo ha hecho en todas partes".

A esta estrategia, dijo Javier González, se suman los contratos de publicidad por más de 3 mil millones de pesos firmados por Peña Nieto con los grandes consorcios de la televisión de México.

En una visita de trabajo en la que vino a apoyar la campaña de Alberto Carlos Ochoa Manzur, candidato de los partidos de la Revolución Democrática y Socialdemócrata, González Garza manifestó que las campañas en el país se encuentran polarizadas entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, pues el primero quiere recuperar lo perdido y el segundo busca conservar lo ganado.

En este contexto, calificó al presidente Felipe Calderón de ser el "principal jefe de campaña" del PAN, luego que "ha hecho uso faccioso de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública contra sus adversarios políticos".

Cuestionó el hecho de que la PGR hasta ahora no ha hecho nada en el caso del candidato panista a diputado federal, Virgilio Mendoza Amezcua, quien según unas grabaciones aceptó haber recibido recursos del narcotráfico.

González Garza expuso: "El sistema político mexicano está podrido por este tipo de cosas, pues resulta que el procurador está haciendo este tipo de cosas en función de la gente que lo nombró, Calderón, que es a la vez el jefe de campaña del PAN, él nombró el procurador, ¿ustedes creen que el procurador va a investigar algo que tenga que ver con el PAN?".

Por otra parte, calificó de un acierto la decisión del PRD en Colima, en el sentido de postular candidatos ciudadanos, empresarios y profesores universitarios, pues "tanto el estado como el país requieren de mayor participación de la sociedad civil para que se hagan cargo de las responsabilidades gubernamentales en este momento de crisis económica en la cual está sumida la nación".

Refirió que si bien en estos momentos ninguna encuesta concede a su partido posibilidades reales de triunfar en la elección de gobernador, el PRD de Colima le apuesta a generar una fuerza que permita cambiar el estado de las cosas en procesos electorales venideros.

Denuncia de indígena violada por militares llega a la Corte Interamericana

LA REDACCIóN

MÉXICO, DF, 25 de junio (apro).- La CIDH informó hoy desde Washington que demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al gobierno mexicano por el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena guerrerense que en 2002 fue violada y torturada por militares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), interpuso la demanda contra México por la violación y tortura de la indígena me'phaa a manos de militares, pues hasta el momento no se ha investigado ni sancionado a los responsables, y tampoco ha habido la reparación de la víctima.

         Hace unas semanas la organizaciones de derechos humanos Tlachinollan y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dieron a conocer que la CIDH determinó, desde el 7 de mayo, remitir el caso de Inés a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indígena tlapaneca violada y torturada por militares el 22 de marzo de 2002 en su domicilio, ubicado en la región de La Montaña de Guerrero.

Ese día un grupo de soldados entró en su casa para interrogarla en relación con un presunto robo de carne y la aparición de un grupo armado. Al no responder a sus preguntas, la violaron.

Semanas atrás se había registrado otro caso parecido.

Valentina Rosendo Cantú, que entonces tenía 17 años, fue abordada el 16 de febrero de ese mismo años en su domicilio por soldados, que le hicieron preguntas sobre las actividades de algunos "hombres encapuchados", en referencia a la guerrilla guerrerense.

Al responder que no conocía a ninguno, la amenazaron y dos soldados la violaron.

Del caso de Valentina también se espera una resolución, pues la CIDH ya emitió su informe de fondo, mismo que no se ha hecho público en virtud que el procedimiento considera un plazo para que el gobierno mexicano atienda a los requerimientos de la CIDH y la queja pueda ser resuelta por la vía de la conciliación.

Los dos casos estuvieron radicados desde 2002 hasta 2008 ante la justicia militar, misma que al final concluyó que en los hechos no habían participado efectivos castrenses, por lo que remitió la denuncia a la Procuraduría de Guerrero.

En estos años, la tensión en la zona se ha ido incrementando contra los grupos civiles y de derechos humanos en acciones que incluyen el asesinato del hermano de Inés poco antes que se cumplieran seis años de la agresión.

Además, integrantes de la organización de derechos humanos Tlachinollan han denunciado diversas amenazas.

Informe diplomático de EU implica a Beltrones con el narco

LA REDACCIóN

México, D. F., 25 de junio (apro).- En un archivo desclasificado por el gobierno de Estados Unidos, un representante diplomático reportó que el senador priista Manlio Fabio Beltrones está involucrado en negocios con el narcotráfico e incluso consumió cocaína durante su periodo como gobernador de Sonora (1991-1997).
El documento, titulado "El gobernador Beltrones hace declaraciones sorprendentes" y firmado por el cónsul (William) Francisco, menciona que el senador, junto con sus hermanos Roberto Alcides --funcionario durante el gobierno de Jorge Hank en Tijuana-- y Gilberto Orestes Beltrones Rivera, "están fuertemente implicados en el comercio de la droga".
En otra parte del reporte, de cinco cuartillas, se revela que "una fuente muy confiable informó haber visto a Beltrones usar cocaína", según reporta este jueves el portal de "El Semanario" en una nota firmada por la periodista Dolia Estévez.
El documento fue obtenido por medio de la Ley para la Libertad de Información de Estados Unidos. En él también se le atribuye a Beltrones haber declarado en una charla con el cónsul que Mario Ruiz Massieu "estaba directamente implicado en proteger al capo Amado Carrillo Fuentes y que por esa razón desviaba la atención hacia el cártel del Golfo".
Beltrones envió una carta aclaratoria a "El Semanario" en la que defiende que: "Ya investigadores reconocidos han puesto en tela de juicio ese tipo de reportes como material de información sólida, debido a que en un elevado porcentaje contienen 'información basura' o poco digna de crédito.
"Un especialista, el doctor Samuel González Ruiz, documentó que un 85% de la información generada por las agencias del gobierno de Estados Unidos dedicadas al combate del narcotráfico, está en esas circunstancias, mientras el 15% restante requiere de un arduo procesamiento para servir como material efectivo de análisis.
"Si lo anterior es cierto, la información ahora desclasificada por ley mantiene esa proporción de veracidad y confirmaría la tesis de los expertos; y el periodismo de investigación debiera tener esto muy presente".

 

Denuncian padres de víctimas de la ABC espionaje telefónico

Llaman a ser cuidadosos y no caer en actos violentos ni políticos

Ulises Gutiérrez Ruelas

Corresponsal

Hermosillo, Son., 25 de junio. Integrantes del movimiento de padres de las víctimas de la tragedia en la guardería ABC, que organizan la cuarta marcha por la justicia para el próximo sábado, dijeron que los teléfonos de algunos de ellos están intervenidos.

En mensaje de su página de la red social electrónica facebook (www.facebook.com/event.php?eid=110295427592), con la cual se coordinan con la ciudadanía para realizar las protestas por la muerte de los 47 niños de la guardería subrogada, los integrantes del movimiento llamaron a tener cuidado, por las implicaciones políticas de sus protestas y el aparente espionaje de que son víctimas.

Por favor, es muy importante recalcar el ser cuidadosos en las consignas. No queremos caer en actos violentos ni políticos. Tenemos que cuidar el movimiento, porque ya hay intentos por parte de algunas autoridades de detenerlo. Algunos padres ya tienen el teléfono intervenido; asimismo, el Internet. Queremos mantener el movimiento sólido, así como pacífico, señala un mensaje enviado entre los organizadores de la marcha a los ciudadanos agregados al espacio en facebook.

Por su parte, la vocera de los padres de familia e integrante del Comité Ciudadano de Apoyo a las Víctimas, Catalina Soto Cota, indicó que aunque ella no tiene elementos para sospechar que es víctima de espionaje telefónico, no le sorprendería que alguna entidad de gobierno realice dichas intervenciones.

Expuso que la marcha que se realizará el próximo sábado, en punto de las 6 de la tarde, hora local, iniciará en la plaza Emiliana de Zubeldía.

Reclaman por reaprehensión

Familiares de Delia Irene Botello Amante, quien obtuvo un amparo para librar su consignación por autoridades federales, al estar implicada en el incendio de la guardería, aseguraron que la ex coordinadora zonal de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora fue detenida este día en el municipio de Benjamín Hill, al norte del estado.

Familiares de Botello y de otras trabajadoras del IMSS se manifestaron ante las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Hermosillo, para exigir la libertad de Delia Irene y de la ex supervisora de zona del Seguro Social, Irma Crescencio Díaz Gómez, a quienes se atribuyó incurrir en homicidio culposo, lesiones y mal ejercicio de funciones.

Delia Irene e Irma fueron las únicas dos personas consignadas, luego de que el lunes anterior se libraron 18 órdenes de aprehensión para funcionarios municipales, estatales y federales relacionados con la tragedia ocurrida el pasado viernes 5 de junio.

Familiares de Delia Irene Botello dijeron ignorar por qué se le reaprehendió, no obstante que contaba con un amparo concedido por la justicia federal.

Desaparición forzada: herida abierta de la guerra sucia.

 

Gilberto López y Rivas

El crimen de Estado y lesa humanidad de la desaparición forzada, que no prescribe y es de carácter continuado a los familiares de las víctimas, ha sido parte de la guerra sucia del gobierno mexicano contra la oposición de izquierdas durante décadas y hasta el día de hoy, como lo prueba –entre muchos otros– el actual sumario paradigmático de Edmundo Reyes Maya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos y desaparecidos en Oaxaca por agentes estatales de los tres niveles de gobierno, incluyendo miembros de las fuerzas armadas, el 25 de mayo de 2007.

Precisamente sobre este tema, el día de ayer se presentó en la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, el estremecedor documental Caso Rosendo Radilla, herida abierta de la guerra sucia en México, dirigido por Gabriel Hernández Tinajero y Berenisse Vásquez Sansores, y producido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Witness, en 2008. El video relata la historia de Tita, la hija de Radilla, y la de muchas otras familias de desaparecidos en su búsqueda por conocer la verdad sobre lo ocurrido a sus padres, hijos, hermanos o esposos, en su exigencia de que el Estado mexicano reconozca su culpabilidad en la comisión de estas transgresiones graves y en la demanda de castigo a los responsables de las mismas.

Rosendo Radilla Pacheco, destacado dirigente comunitario que luchó por mejorar la salud y la educación en su estado natal, Guerrero, compositor y cantante de corridos que simpatizaba con los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vásquez, que se desarrollaron en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, fue detenido y desaparecido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, municipio de Atoyac de Álvarez, cuando contaba con 60 años de edad. Por una entrevista realizada por Blanche Petrich en septiembre de 2000 se conoce que cartas y relatos de sobrevivientes del Campo Militar No. 1 de la ciudad de México refieren haberlo visto vivo en el famoso sótano de los desaparecidos. En 1976 cesan las referencias (La Jornada, 13 de septiembre de 2000). Éste es uno de 470 casos documentados de desaparición forzada tan sólo en Atoyac de Álvarez, de los mil 200 en todo el país durante esas décadas. El video refleja cabalmente las secuelas de sufrimientos sin fin de las familias de los desaparecidos guerrerenses, sus movilizaciones y rituales por la memoria y en contra del perdón y el olvido.

El caso Radilla cobra trascendencia singular debido a que 34 años más tarde de ocurrida la detención-desaparición forzada llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno de México enfrenta cargos actualmente por crímenes de lesa humanidad. A pesar del fiasco que representó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femossp), que desapareció sin pena ni gloria en 2007, su informe mutilado y ocultado es, no obstante, muy significativo en cuanto a esta acusación de la Corte Interamericana: Las instituciones militares, las de procuración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros. Al Ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como conflicto interno, protegido por los Convenios de Ginebra y que México ha suscrito, donde se cometieron terribles crímenes de guerra que transgreden el orden constitucional, que no se pueden amparar en el fuero militar, y que son considerados como de lesa humanidad e imprescriptibles. Los crímenes que se imputan a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad tienen que ver: a) con el derecho de guerra; b) con las garantías judiciales que todo Estado está obligado a salvaguardar aún en estado de emergencia; y c) con los derechos humanos fundamentales e imprescriptibles establecidos en la Constitución, en el derecho internacional y en la legislación vigente del país. Los crímenes que se documentan con testimonios y evidencias en este informe permiten concluir que el Estado mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

El documental sobre Rosendo Radilla muestra la impunidad garantizada por las más altas autoridades del Estado para los responsables de estos crímenes, particularmente cuando son militares. Se presenta la liberación, e incluso el ascenso y la condecoración del general Arturo Acosta Chaparro, señalado por organizaciones sociales y por testigos que sufrieron en carne propia su sevicia sin límites, como uno de los militares responsables de la detención ilegal, tortura y desaparición extrajudicial de disidentes en los años setenta y ochenta en diversas partes del país, particularmente en Guerrero. Acosta Chaparro fue notificado a finales de 2002 de un proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado (en lugar de detención-desaparición forzada) en contra de 143 presuntos guerrilleros, quienes habrían sido ejecutados y arrojados al mar desde aviones Arava IAI-201, de fabricación israelí, en los años de la guerra sucia, acusación de la cual quedó en libertad por desvanecimiento de datos, el 29 de junio de 2007, y por decisión de un juez de justicia militar en lugar de civil, como establece la Constitución.

¿A qué militares protegen las actuales autoridades del Estado mexicano que se niegan a reconocer que el caso de los militantes del EPR constituye un crimen de desaparición forzada? ¿Por qué la CNDH no tocó ni con el pétalo de una recomendación a la Sedena? ¿Cuál es la razón del mutismo de la Procuraduría General de la República?

 


Publicado por solaripa69 @ 10:02
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