Mi?rcoles, 01 de julio de 2009

Paramilitares agreden a comunidad nahua de Michoacán

LA REDACCIóN

MEXICO, D.F., 30 de junio (apro).- El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció hoy que la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, fue agredida por parte de paramilitares, a quienes acusaron de pretender despojarlos de sus tierras.

          En un comunicado, el CNI señaló que la noche del pasado lunes, a eso de las 19:00 horas, "un grupo de choque, contratado por un reducido grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, que portaba armas de alto poder, emboscó y disparó indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños pertenecientes a esa comunidad".

         Sobre el particular, la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula, dijo que los habitantes de esa población fueron agredidos cuando "protegían pacíficamente las tierras comunales en el paraje conocido como La Canaguancera, lugar que ha sido invadido por los supuestos pequeños propietarios durante años",

          Señaló que esa comunidad indígena "fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964. Sin embargo, al tramitar, dictar y ejecutar nuestra resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales, las autoridades agrarias incurrieron en serias irregularidades".

           Dijo que "la falta de certeza jurídica ha derivado en la invasión de las tierras por parte de los supuestos pequeños propietarios que, a través de los años, han ocupado en forma ilegal más de 700 hectáreas correspondientes a nuestra propiedad y posesión comunal".

           Añadió que, "aun existiendo diversos amparos y medidas cautelares favorables a los indígenas, personas contratadas por los supuestos pequeños propietarios empezaron a ocupar nuestras tierras comunales el pasado 10 de junio, por lo que la asamblea general de comuneros resolvió reforzar la vigilancia".

          Además, esa comisión afirmó: "En estos momentos, la situación de la comunidad es difícil, ya que un grupo superior a los 300 comuneros, incluidas mujeres, se encuentran incomunicados y cercados por los sicarios en el paraje de La Canaguancera, razón por la que no sabemos si hay heridos".

          Señaló que anoche, en los alrededores de esa comunidad y de La Placita, se establecieron dos destacamentos del Ejército mexicano y la Marina.

         Agregó que habitantes de esa comunidad "cerraron los accesos de los 21 poblados que la integran y unos dos mil comuneros vigilan el lugar, en tanto que las hermanas comunidades nahuas de El Coire y Pómaro realizan diversas acciones en defensa del pueblo nahua de Michoacán".

 

Trapacerías de todo color en el penúltimo día de campañas.

Se intensifican coacción y compra del voto en varias entidades

Denuncian manipulación de la papelería electoral en Cuernavaca

De los corresponsales

 

Fuego cruzado entre contendientes, desbandadas de militantes, compra y coacción del voto, un torrente de denuncias por presuntos delitos electorales y los rescoldos de la guerra sucia caracterizaron el penúltimo día de campaña en varias entidades.

En Guadalupe, Zacatecas, regidores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) sorprendieron a los dueños de una tienda de materiales de construcción cuando entregaban, lista en mano, cinco bultos de cemento a cada persona que presentara su credencial de elector.

Dijeron que la dádiva proviene del gobierno de Amalia García Medina para impulsar el voto en favor del alcalde perredista con licencia Samuel Herrera Chávez, candidato a diputado federal por el distrito 4, y acusaron a Edgar Godoy, hermano de Humberto Godoy –dueño del Grupo Constructor Plata, contratista de la administración estatal– de coordinar las entregas de material.

Priístas y petistas llegaron a la tienda Construrama del fraccionamiento La Condesa y confiscaron una lista de 650 beneficiarios de 150 toneladas de cemento. Hubo un altercado con los empleados, que se comunicaron con Godoy, quien se apersonó de inmediato. Mientras discutía con los inconformes, llegaban más solicitantes.

En la comunidad mexiquense de El Salitre, brigadistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encontraron tres camiones con más de 50 toneladas de cemento que –según dijeron– envió el gobierno del estado a los candidatos del PRI a las presidencias municipales de Ixtapan de la Sal, Tonatico y Lerma.

Cerca, en la cabecera municipal de Ixtapan, había dos camiones. Todas las unidades fueron retenidas por militantes, que acudieron al Ministerio Público a presentar denuncias.

A su vez, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer el tercer monitoreo de medios alternos, según el cual hasta el 20 de junio había en las principales avenidas de la entidad mil 48 anuncios: 546 del gobierno mexiquense, 472 de administraciones municipales y 30 del gobierno federal, en violación de las disposiciones legales.

En la misma entidad, el senador Ulises Ramírez Núñez, delegado del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó el envío de fuerzas federales para redoblar la vigilancia en los comicios, pues los ánimos están muy caldeados, principalmente en zonas donde gobierna su partido.

Además, candidatos de la alianza Unidos para Ganar (PRI, Panal, Verde Ecologista, Social Demócrata y Futuro Democrático) denunciaron en Naucalpan que brigadistas del PAN retuvieron 12 horas a seis panistas que repartían propaganda contra su propio partido, entre ellos Héctor López Gómez.

Teresa Garduño, coordinadora de campaña de Miguel Ángel Olvera (aspirante panista a la alcaldía de Tlalnepantla), demandó a Jorge Chávez Enríquez, coordinador de campaña de su mismo partido, por publicar un desplegado que acusa al PAN de usar la violencia, a raíz de una gresca con priístas que dejó varios heridos, uno de los cuales perdió un ojo.

En Querétaro siguió discutiéndose la prohibición de introducir teléfonos celulares y cámaras a las mamparas de votación. En Hidalgo, el PRD acusó al alcalde panista de Huejutla, Alejandro Nava Soto, de operar –junto con su antecesor José Alfredo San Román Duval– en favor de Omar Fayad Meneses, candidato del PRI a diputado federal.

En Yucatán, burócratas estatales y del municipio de Mérida aseguraron que el oficial mayor del gobierno priísta, Luis Hevia Jiménez, ordenó comprar votos para el PRI y amenazar con represalias laborales a quienes se resistan; mientras, el director de comisarías del ayuntamiento, Felipe Ramírez Burgos, amenaza con despedir a quienes no hacen proselitismo por el PAN.

En el municipio de Cárdenas, Tabasco –principal bastión perredista del estado–, 17 delegados renunciaron al sol azteca y se fueron al PRI. En Salamanca, Guanajuato, empleados del ayuntamiento panista fueron detenidos por quitar propaganda de la oposición.

En Cuernavaca, Morelos, José Vicente Loredo, representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral, denunció que el secretario ejecutivo del organismo, José Enrique Pérez Rodríguez, así como representantes de los partidos –incluido el suyo– metieron mano a la paquetería electoral.

El candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Elizondo, cerró campaña en el estadio Acero del Parque Fundidora, acompañado por el dirigente nacional panista, Germán Martínez, ante unos 20 mil simpatizantes congregados con ayuda de la banda El Recodo, así como de los grupos Intocable, La Leyenda y Salomón Robles.

Por último, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, llamó a los católicos a votar, pues de lo contrario imperará una dictadura.

Pactan anulistas impulsar candidaturas independientes y acortar gastos a partidos.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 30 de junio (apro).- En medio de la precariedad y la improvisación, contrarrestadas con creatividad y entusiasmo, organizaciones y personajes de la diversidad social, política y regional de México se encontraron hoy en esta ciudad para celebrar la Primera Asamblea Nacional del Voto Nulo y tratar de dar cauce a un movimiento cuyo principal reto es sobrevivir a las elecciones del 5 de julio.

         En un intento de establecer una agenda común, que se les exigirá a los partidos políticos por ellos repudiados con el voto nulo, las 43 organizaciones participantes y personajes --desde marxistas "revolucionarios" hasta un primo hermano de Felipe Calderón, o Marco Rascón, aún perredista, del brazo de Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes--, pactaron impulsar tres puntos.

         El primero de ellos es la democracia participativa a través de las figuras de plebiscito, referéndum, revocación de mandato e iniciativa popular; el segundo es la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos y que rindan cuentas, y el tercero es impulsar las candidaturas independientes.

         La reelección legislativa era la principal demanda impulsada, por ejemplo, por la analista Denise Dresser, pero no logró la mayoría requerida y será discutida, otra vez, en la Segunda Asamblea Nacional del Voto Nulo, que se celebrará el sábado 11 de julio, cuando ya se sepa cuánto impactó en las elecciones este movimiento.

         Y para ello están en vías de contratar, si es que logran reunir los 150 mil pesos de su costo, a la empresa Parametría para que, en la jornada electoral del 5 de julio, incluya en su encuesta de salida y conteo rápido preguntas para conocer las razones de la ciudadanía para anular su voto.

         En el curso de la asamblea, celebrada en el cine-auditorio Villa Olímpica --que se consiguió por las gestiones de Adolfo Llubere, después de que el Instituto Federal Electoral (IFE) se negó a facilitarles sus instalaciones--, se recibieron donativos para pagarle a Parametría los 150 mil pesos de la encuesta de salida "sindicada" que, en conjunto, cuesta 575 mil pesos con IVA incluido.

         Cuando concluyeron los trabajos, casi a las 19 horas --y después de ocho horas de deliberaciones--, los donativos comprometidos rondaban ya los 100 mil pesos y se perfilaba la segura contratación de un servicio para "medir" el impacto del voto nulo entre los electores que asistan a las urnas y que ha concitado el repudio de los partidos políticos.

         Justamente el rechazo al régimen de partidos y al sistema político en general reunió, desde poco antes de las 11 horas, a 43 organizaciones, representadas por poco más de 170 personas, que desfilaron con sus respectivas propuestas después de que, 15 minutos antes de las 12 horas, se inauguró el encuentro con la lectura que Dresser hizo del "documento conceptual" que sustenta el movimiento.

         Nacido en un contexto de desazón por el funcionamiento de la democracia mexicana, Dresser aclaró:

"La anulación no busca acabar con la democracia, sino aumentar su calidad y su representatividad. La anulación no intenta dinamitar el sistema de partidos, sino mejorar su funcionamiento. Es usar el único instrumento con el cual contamos. El único mecanismo --imperfecto, difuso, chato-- que nuestra democracia trunca ofrece hoy en día."

El movimiento anulacionista, añadió la politóloga, no busca destruir el andamiaje institucional, sino centrar su atención en sus imperfecciones: "El llamado a la anulación es tratar de componer lo que está descompuesto, tal y como lo hizo el movimiento sufragista o el de los derechos civiles, iniciado por personas que lograron cambiar las reglas de la representación."

En aparente respuesta a Calderón, quien el jueves planteó a los anulacionistas crear un nuevo partido político, Dresser respondió: "La crisis de representación no se puede combatir con lo que algunos proponen como solución. No basta con formar otro partido, si acaba corrompiéndose para sobrevivir."

Aclaró:

"El movimiento que ha surgido de manera espontánea entre tantos mexicanos no desprecia a la política ni a los partidos como organizaciones, pero sí cuestiona la manera en la cual se comportan en nuestro país, porque el andamiaje institucional está mal armado. El problema no son las personas o los partidos en sí, es un sistema político que no asume la representación  como punto de partida, como cimiento fundacional."

Y, con contundencia, clamó: "No podemos seguir fingiendo. Ha llegado el momento de reconocer lo que no funciona y componerlo."

 

"Somos los huérfanos"

 

Dresser fue aclamada por la asistencia, que no llenó los 200 lugares del cine, donde se reunieron organizaciones y personajes variopintos. "Somos los huérfanos", definió a los anulacionistas Carlos Berumen, miembro del Movimiento Mexicano Social de la Izquierda.

Y tiene razón: Él mismo fue presidente del Consejo Federado del partido que se llamó Alternativa Socialdemócrata y Campesina y fue depuesto por impulsar la candidatura presidencial de Víctor González Torres, alias Doctor Simi, para las elecciones de 2006.

En la asamblea también participó Marco Rascón, frustrado aspirante a ser delegado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsor de una iniciativa de crear mulares, de la que es adherente Purificación Carpinteyro, exdirectora del Servicio Postal Mexicano y exsubsecretaria de
la SCT.

Gabriel Hinojosa, el exalcalde panista de Puebla y primo de Calderón, fue uno de los iniciadores del movimiento anulacionista con su iniciativa "Tache a todos", quien participó junto con el "Mexicanos al grito de guerra", una organización  que se definió como marxista y revolucionaria, y otro denominado "Movimiento ciudadano dejemos de hacernos pendejos".

Entre los asistentes, procedentes de Jalisco, Morelos, Querétaro, Puebla, Coahuila y el Distrito Federal, también estaba Sergio Aguayo, dirigente de Propuesta Cívica, que intervino como la principal organizadora del encuentro que reunió al fundador de Greenpeace en México, Alejandro Calvillo, y a Daniel Gershenson, presidente de la asociación "Al Consumidor".

La Primera Asamblea Nacional por el Voto Nulo fue también arena de añejas disputas y recriminaciones, como las que trajo a cuento Guillermo Reyes García, un personaje que acusó a Aguayo de ser "agente de la CIA y del Pentágono estadounidenses", según el volante que repartió entre los asistentes.

Aguayo, seleccionado por votación como moderador, advirtió que se trata de la reproducción de un infundio por el que inició un juicio que ganó, y advirtió que procedería otra vez jurídicamente. Aunque no lo dijo, se refería a la demanda que ganó a Primitivo Rodríguez Oceguera, quien justamente estaba en una de las butacas.

Reyes García, quien se identificó como trabajador de la UNAM, miembro de una cooperativa y exmilitante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, rechazó conocer a Rodríguez Oceguera y que éste haya instigado la imputación a Aguayo, quien con su llamado a anular el voto a alguien va a beneficiar.

--¿A quién?

--Al PRI y al PAN, a la ultraderecha.


Indagar muertes de niños en Sonora, piden a la Corte.

Desconfianza de padres en las procuradurías federal y del estado

No se ha actuado conforme a derecho para castigar a los culpables del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, acusan

Jesús Aranda

 

Ante la falta de confianza y la decepción generada por las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del estado de Sonora, porque ninguna de las dos ha actuado conforme a derecho para castigar a los responsables de la muerte de 48 menores en la guardería ABC de Hermosillo, padres de las víctimas solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción e investigue el asunto.

Sin embargo, fuentes judiciales reconocieron que es muy difícil que la Corte conozca del caso y señalaron que la posición más optimista sería que algún ministro hiciera suya la petición, pero una vez que ya haya resoluciones judiciales al respecto.

Ninguno de los ministros hará lo anterior, al menos en este momento, confiaron los informantes, quienes agregaron que técnicamente la tragedia de Hermosillo pudiera equipararse actualmente a una violación grave de garantías individuales.

El asunto aún se encuentra en etapa de integración de la averiguación y es sumamente complicado atraer una indagatoria en estas condiciones, apuntaron las fuentes consultadas.

En representación de 30 familiares de víctimas que signaron le petición, la abogada Giovanna Valenzuela Contreras y los señores José Francisco García y Patricia Duarte Franco, se entrevistaron por separado con el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y con Genaro David Góngora Pimentel, a quienes manifestaron su indignación por la forma de actuar de las autoridades federales y estatales.

En entrevista, la abogada confíó en que la Corte, que no ve otras cosas más que la justicia y el sentido humano, decida conocer del asunto, aunque reconoció que se requiere que un ministro haga suya la petición con base en el artículo 97 constitucional, y la plantee ante el pleno para que éste determine si ejerce su facultad o no.

En los encuentros privados que sostuvieron con los ministros, trascendió, los quejosos les manifestaron su indignación por la propuesta que les hizo el gobierno que encabeza Eduardo Bours de que ya no se metan en este asunto y que el estado sea el que haga suya la demanda y que éste demande a nombre de los papás por una suma de alrededor de un millón 400 mil pesos.

–¿Qué les dio valor para venir a la Corte? –se le preguntó a Francisco García, uno de los padres afectados.

–Nuestro hijo nos dio valor, nosotros le enseñamos que deberíamos esforzarnos y seguir adelante y que había muchas cosas difíciles con las que había que luchar.

–¿No hay respuesta de las autoridades federales y estatales?

–No, definitivamente no tenemos confianza, ni localmente ni en lo federal; no confiamos ni en la PGR ni en la procuraduría del estado. No hay arraigados, no hay seguimiento realmente, nos quieren ver la cara de tontos, y no lo somos. No tengo confianza en las autoridades, estoy decepcionado de lo que ha pasado.

En el documento que le hicieron llegar a cada uno de los 11 ministros, señalan que a 25 días de la tragedia sólo hemos presenciado los esfuerzos que han hecho una y otra procuraduría, y unos y otros niveles de gobierno, por culparse mutuamente y proteger sus respectivos intereses, funcionarios y allegados.

Precisaron que no se trata sólo de los 48 menores muertos, 75 tienen lesiones con diversos niveles de gravedad, muchos más tienen secuelas de daño sicológico, esto sin contar la situación de los padres.

Exigieron a la PGR separar de su cargo y arraigar a todos los probables responsables para que no evadan la justicia: propietarios de la guardería, funcionarios del IMSS (desde su director, Daniel Karam, hasta su antecesor, Juan Molinar Horcasitas), al secretario estatal de Finanzas y los responsables de protección civil, estatal y municipal.

Finalmente, reiteraron su convocatoria para la marcha nacional del próximo 4 de julio para exigir que se haga justicia.

 

Jalisco: otro punto en la ruta de la intolerancia

Carlos Martínez García.

 

En la medida que el gobernador de Jalisco ejercita su piedad católica, en esa proporción deja de proteger los derechos de los sectarios. Emilio González Márquez, como buen panista conservador, mira con recelo a los diferentes. Para él la normalidad está asociada a la moral católica, y quienes se desapegan de ella en el pecado llevan la penitencia.

Unas pocas familias huicholes (o wixaritari, en su propio idioma) en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, anexo de San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic, padecen fuertes hostigamientos de la mayoría tradicionalista. La causa: haberse convertido hace cinco años al credo protestante/evangélico. El grupo religioso disidente lo conforman 30 adultos y entre 15 y 20 infantes. El líder y pastor es uno de ellos: José de Jesús de la Cruz González.

El liderazgo tradicionalista presiona al grupo huichol evangélico para que obligatoriamente acepte cargos, por supuesto vinculados con una religiosidad no compartida por los protestantes, y coopere para la realización de las fiestas que se derivan del santoral católico. En un escrito cuyo objetivo es dar a conocer la problemática que viven, los amenazados sintetizan las causas del hostigamiento que padecen: La comunidad huichol de esta región celebra sus asambleas cada tres meses, y siempre sale el tema de la cultura y tradición, por tanto siempre se nos tacha de que ya no somos huicholes porque no cumplimos con la ritualidad huichol, motivo por el cual quieren desconocernos como comuneros. En septiembre de 2008, en la localidad de Mesa del Tirador comparecimos ante el pleno de la asamblea, en la cual nos pedían que renunciáramos a nuestra creencia, a lo cual nos negamos; después, en diciembre del mismo año, una vez más ante el pleno y la negativa nuestra, acordaron darnos 15 días para que desalojáramos nuestras casas y tierras. Ahora el 7 de junio pasado la asamblea acordó que dada nuestra negativa de volver al ritual huichol, nos expulsarían de manera inmediata. Ante esta situación nos vemos obligados a recurrir a las instituciones gubernamentales para hacer valer nuestros derechos como mexicanos que somos.

Frente a lo anterior, me surgen algunos interrogantes: ¿Quién y cómo determina la huicholidad de quienes considera deficitarios de identidad indígena huichol? ¿La cultura y la tradición huicholas son inmutables, y además de cumplimiento obligatorio? ¿Tienen derecho, o no, los huicholes protestantes a cambiar de creencias religiosas y a construir una ética cotidiana acorde con esas nuevas creencias? ¿Los derechos reconocidos para todos los mexicanos en la Constitución valen también para los huicholes o no? ¿Acaso no existen suficientes evidencias de que entre los pueblos originarios de México, y debido al cambio religioso hacia otras confesiones, se están construyendo otras formas de ser indios? ¿Por qué desde las fuerzas de izquierda no defienden los derechos de quienes deciden optar por otra identidad religiosa, diferente de la hegemónica y tradicional? Y en este caso atroz de violación de derechos humanos, ¿dónde están los gobiernos estatal y federal? ¿Acaso tratando de convencer a los indígenas protestantes de su perversidad por convertirse a una fe que debe prohibirse a los indios e indias?

Además de su afán en otorgar millonarios apoyos para fomentar el turismo religioso (católico, por supuesto), el gobernador jalisciense podría sugerir a los diseñadores de la ruta un alto de los tours en Tuxpan de Bolaños. Allí los turistas que recorrerán la Ruta de la intolerancia podrán solazarse al comprobar lo que sucede con los indígenas huicholes herejes. Otro punto del periplo bien podría ser Ahualulco, donde el 7 de abril de 1874 una turba arengada por el párroco Reynoso asesinó al misionero protestante John L. Stephens y su acompañante Jesús Islas. Componente esencial del recorrido sería la heroica gesta, así la consideran los conservadores clericales, de los Cristeros en la zona de los Altos de Jalisco, donde atacaron y descarrilaron trenes, desorejaron y empalaron maestros al grito de ¡Viva Cristo Rey!

Los huicholes bajo amenaza de expulsión saben que los tradicionalistas hablan en serio. En el pasado reciente fueron violentamente desarraigados de la zona varios indígenas evangélicos, esto se encuentra en la historia y archivos de dependencias gubernamentales y no gubernamentales; asientan en el escrito ya citado. Su situación es precaria, ya que por años han debido resistir los crecientes actos de intolerancia, al mismo tiempo que comprueban el desamparo producto de la inacción de las autoridades en garantizarles el respeto a sus derechos.

Como su antecesor en la gubernatura de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, también panista, Emilio González ha recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso de los huicholes evangélicos, y ha hecho caso omiso de las observaciones del organismo. La actuación de ambos ha sido coincidente en fallar al garantizar la libertad de creencias y culto a los indios que se obstinan en creer que tienen derechos y los defienden.

SAN LUIS POTOSÍ, SONORA.

 

Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública

Mientras que es probable la retención del gobierno potosino por el Partido Acción Nacional, acaso no sea posible para el PRI seguir gobernando a los sonorenses, sobre todo después del crimen del 5 de junio

Además de gobernador, los potosinos elegirán el próximo domingo 58 ayuntamientos e integrarán un nuevo Congreso, compuesto por 15 diputaciones de mayoría y 12 de representación proporcional. San Luis Potosí es una más de las entidades en que la historia y la tendencia apuntan a una contienda bipartidista en que las posiciones de poder se dividen entre el PAN y el PRI.

En pos de la gubernatura contienden el candidato panista Alejandro Zapata Perogordo y el doctor Fernando Toranzo Fernández, un singular médico que fue dos veces secretario de Salud, con un gobierno priista la primera vez, y con el actual que pertenece al PAN la segunda. De allí saltó inesperadamente a la disputa interna por la candidatura, en que batió a dos poderosos precandidatos que durante meses habían desplegado esfuerzos por alcanzar la postulación priista. Uno de ellos, Jesús Ramírez Stabros, con el apoyo del líder priista en San Lázaro, consiguió el apoyo de casi todos los alcaldes y dirigentes municipales de su partido. Pero no le sirvió de mucho porque, acaso por un acuerdo entre el gobernador Marcelo de los Santos y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, se acordó seleccionar candidato a través de una votación interna en que el doctor Toranzo salió avante sorpresivamente, con una ventaja numéricamente irrecusable. Ramírez Stabros impugnó sin éxito la elección mientras que el senador Carlos Jiménez Macías se limitó a descalificarla. Ninguno de ellos se sumó a la candidatura de quien los venció.

Zapata Perogordo, a su vez, derrotó a su compañero de banca en el Senado Eugenio Govea, quien se inconformó con el resultado del certamen interno sin impugnarlo legalmente. Jorge Lozano Armengol, presidente municipal de la capital, avenido en apariencia a la postulación de Zapata Perogordo -que había ocupado su misma silla de 1997 a 2000- se retiró de su partido, se declaró alcalde independiente y denunció el mal estado del PAN en esa entidad. No es posible calcular en qué medida su inconformidad afectará el resultado final, que probablemente se caracterizará por el estrecho margen que separe al candidato priista del panista (apoyado también por el Panal, cuyos malabarismos lo llevan a ser aliado del PAN en este caso y del PRI en otros varios).

El gobernador De los Santos intentó serlo dos veces. La primera vez fue derrotado por Fernando Silva Nieto pero en su segunda oportunidad, con apenas 7 mil votos más que los obtenidos en 1997, doblegó a Luis García Julián, con cuya controvertida candidatura perdió el PRI ese gobierno que es difícil, si bien no imposible, que recupere ahora. El predominio panista comprende no sólo una holgada mayoría en la legislatura local sino también la representación en el Congreso de los siete distritos federales.

En Sonora buscan la gubernatura miembros de una misma familia, primos como sus nombres lo indican: Guillermo Padrés Elías y Alfonso Elías Serrano. El primero ya derrotó al segundo en la contienda por la senaduría, hace tres años y, según las encuestas recientes lo hará de nuevo: ayer el sondeo practicado por El Universal le daba cuatro puntos de ventaja sobre su pariente. No es una diferencia muy ancha y que se confirme dependerá de cómo se traduzca en votos la grosera reyerta entre el gobierno estatal, volcado en apoyo de Elías Serrano, y el gobierno federal y su partido, que convirtió a Sonora en la principal pieza a disputar el próximo domingo.

Bours ganó la gubernatura hace seis años por muy estrecho margen, apenas el 1 por ciento de la votación, en contienda cerrada resuelta en último término por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante la protesta de Ramón Corral, el panista derrotado, Bours mantuvo estrecha relación con Vicente Fox y con Felipe Calderón. A éste le fue especialmente útil la alianza antimadracista del sonorense con Elba Esther Gordillo, y el apoyo que expresamente le ofreció cuando la coalición Por el Bien de Todos cuestionó rudamente el resultado de la elección presidencial.

Sin embargo, el uso político que Bours y Calderón -a través de sus colaboradores- han dado al infanticidio múltiple del 5 de junio afectó la tersa relación hasta entonces mantenida. La misma se trocó en áspero intercambio de invectivas e imputaciones en que Bours resulta especialmente dañado. Se hizo evidente su soledad en el entorno político nacional. No han acudido en su apoyo los dirigentes nacionales del PRI, al que formalmente pertenece, entre otros factores por su abierta enemistad con Manlio Fabio Beltrones. Es tan grave el crimen colectivo de la guardería ABC, y tan centralmente está involucrado Bours en la suma de corrupción y abulia que condujo al atroz desenlace, que ni siquiera su aliada Gordillo se ha manifestado, presa como está entre esa liga y sus intereses en el gobierno federal.

Además de la gubernatura este domingo se disputan 72 ayuntamientos y las 33 curules del Congreso local, así como las siete correspondientes a San Lázaro. Actualmente, el PAN posee cinco y sólo dos el PRI. La contienda por esas posiciones se vio gravemente afectada por el atentado contra el candidato panista Ernesto Cornejo Valenzuela, cuya camioneta fue tiroteada en una agresión en que murieron dos de sus acompañantes. El propio destinatario del ataque y el líder de su partido, Germán Martínez, acusaron a Bours por ese atentado y con ello crisparon aún más la situación en el estado. Por eso mismo Martínez estará en Sonora el próximo domingo.

Cajón de Sastre

La unanimidad de los países centroamericanos y del resto del continente en torno del presidente Manuel Zelaya, depuesto de su cargo mediante un mecanismo sólo en apariencia legal (como el que empleó en México en 1913 Victoriano Huerta, que hizo actuar en su favor al Congreso para sacralizar el golpe militar que había asestado al presidente Madero al que además mandó asesinar), debe hallar su traducción a los mecanismos prácticos para hacer sentir al gobierno espurio de Honduras las consecuencias del rechazo internacional. Si como se anuncia ya el presidente constitucional será arrestado tan pronto vuelva a su patria -lo que se ha calculado para mañana jueves-, la comunidad internacional no podrá limitarse a la condena al cuartelazo disfrazado de congresazo y, por supuesto sin acudir al uso de la fuerza, impedir ese desafuero.


Publicado por solaripa69 @ 10:46
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