Mi?rcoles, 01 de julio de 2009


OEA le da 72 horas a Honduras para que restituya a Manuel Zelaya.

El tiempo. Colombia.

 

Por su parte, el depuesto mandatario postergó por ese mismo lapso de tiempo (72 horas) su retorno a Honduras para corresponder al plazo dado por la OEA al nuevo gobierno del país centroamericano.

El plazo fue dado por la Organización de Estados Americanos tras una maratónica jornada que se extendió por casi 12 horas y en la que se adoptó una resolución con el ultimátum a Honduras: O se restituye de inmediato al presidente Manuel Zelaya o el país quedará excluido de todo el sistema interamericano, como sucedió con Cuba en 1962.

Se trata, precisamente, de la acción más decidida tomada por el ente hemisférico desde la crisis con La Habana de hace casi 5 décadas.

En la resolución se instruye al Secretario General, José Miguel Insulza, para que realice gestiones diplomáticas tendientes a la restitución de Zelaya y el orden constitucional en este país.

La resolución de la OEA, aprobada durante una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres en Washington, ordena "instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los resultados de las iniciativas".

De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras", dice el texto de la Resolución que fue aprobado durante una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres en Washington.

De los 34 ministros de Exteriores de la región, solo 11 entre ellos el colombiano Jaime Bermúdez, acudieron a la cita de urgencia. La resolución también reafirma que Zelaya sigue siendo el presidente del país y que "no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional".

La resolución estuvo bloqueada durante horas por la insistencia de algunos países en que suspendiera de inmediato a Honduras sin dar un plazo para gestiones diplomáticas.


Condena de la Asamblea General de ONU

Afp, Dpa y Reuters

 

Nueva York, 30 de junio. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó hoy el golpe militar del domingo en Honduras, e instó a los 192 países miembros a no reconocer otro gobierno que no sea el del presidente constitucional Manuel Zelaya,

En el texto, el organismo repudió el golpe de Estado en la república de Honduras, que ha interrumpido el orden democrático y constitucional, y pidió la inmediata e incondicional restauración del gobierno legítimo de Zelaya y de la autoridad legalmente establecida en Honduras.

La resolución, adoptada por aclamación, fue presentada por el bloque latinoamericano representado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Antigua y Barbuda, Guatemala y República Dominicana.

No obstante, fue un texto moderado con respecto a un borrador previo, lo que permitió que luego se sumaran Estados Unidos, Canadá y Colombia.

El proyecto final aprobado incluyó una enmienda en que expresa un decidido respaldo a los esfuerzos regionales de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver la crisis.

El presidente Zelaya, quien se encontraba en el recinto, denunció las condiciones en que fue expulsado de su país y agradeció el apoyo internacional.

Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son legalmente vinculantes, como sí sucede con las resoluciones del Consejo de Seguridad.

No obstante, el mandatario hondureño dijo que la resolución de la Asamblea General es un reconocimiento a la gente de Honduras y de todo el mundo que continúa luchando por los principios que defiende la Carta de la ONU, como la justicia y la libertad.

Por otra parte, Zelaya insistió en que este jueves regresará a Honduras en compañía del secretario general de la OEA y los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Ecuador, Rafael Correa.

Aunque la justicia en Honduras acaba de expedir una orden de detención en su contra, Zelaya confió en que los militares golpistas acatarán su mando cuando regrese, y les pidió no reprimir a la gente. Pero a los medios de comunicación colombianos, Zelaya declaró que el narcotráfico participó en el golpe en su contra.

 

Zelayistas afirman que se requieren nuevas estrategias de protesta popular

El ejército recluta jóvenes en zonas rurales mediante la intimidación de las armas, denuncian

 

Arturo Cano

Enviado

Tegucigalpa, 30 de junio. En el local de comida chatarra sin ventanas no cabe un alma. Afuera se cae el cielo. Adentro, unas 200 personas miran a Carmen Aristegui entrevistar a un experto, reaparecida la señal de CNN. Sólo los pegados a la esquina del televisor alcanzan a escuchar, pero toda la concurrencia se desgañita en gritos de ¡culero! y ¡desgraciado!, cuando el presidente Roberto Micheletti aparece en la pantalla.

Una muchacha punketa brinca el mostrador y quiere robar unos panes para hamburguesa. Los gritos son más fuertes: ¡No, eso no! ¡Ellos están trabajando! La muchacha vuelve a brincar el mostrador con las manos vacías.

Los vidrios del local, claro, sucumbieron en las primeras protestas tras el golpe de Estado. Pero ahora los dirigentes y buena parte de las bases del Frente de Resistencia tratan de mantener a raya a los grupos proclives a destrozar comercios. Esta vez lo consiguen.

A muchos de los zelayistas les preocupa cómo los presentan: El nuevo canciller nos llamó chusma, ¿cómo se atreve? Yo soy maestra, egresada de la Universidad Nacional, dice Irma Flores, quien esta tarde de lluvia se va temprano porque quiere estar fresca para la concentración del primer día de julio: a las ocho de la mañana en todas las ciudades de Honduras, repiten desde el sonido los empapados líderes.

Los zelayistas saben que las próximas horas serán cruciales. Se requieren, dice Juan Almendares, ex rector de la Universidad Nacional y defensor de los derechos humanos, nuevas estrategias de protesta popular.

El problema, en parte, es que la dirección del Bloque de Resistencia ha tenido serias dificultades para funcionar, debido a que muchos de sus integrantes han pasado a la clandestinidad y otros se cuidan mucho de dejarse ver en lugares públicos. Pero en eso andan, a pesar de que saben que en cualquier momento pueden comenzar las detenciones selectivas.

El temor, o las precauciones si se quiere, no tienen nada de extraño en un país que vivió bajo la bota militar hasta mediados de los 80.

Muchos de los dirigentes experimentados de la resistencia no hablan de oídas cuando se refieren a la persecución y la tortura. Es el caso de Almendares, torturado en la época de la dictadura militar y ahora duro orador bajo la lluvia: Sí, hubo dos marchas, ¡una blanqueada y perfumada y otra curtida de dolor!

A unos pasos de la Casa Presidencial, custodiada por más de un centenar de soldados, Armendares –médico de pobres, se define– machaca : El ejército se ha equivocado otra vez, porque el pueblo organizado y movilizado es más grande que cualquier ejército.

Se reservan los zelayistas para las próximas batallas, esperanzados en que, efectivamente, Mel pueda volver el jueves. Y mientras tanto desgranan denuncias.

Marvin Ponce, diputado del Partido Unificación Democrática (PUD) –cuya bancada fue la única ausente en el nombramiento de Micheletti– reitera la denuncia de que miles de seguidores de Zelaya han sido detenidos en los caminos que conducen a la capital. Es el caso de los zelayistas de Santa Bárbara, Danlí, Juticalpa, Catacamas y Choluteca.

El dirigente sindical Juan Barahona habla del éxito del paro nacional.

El PUD denuncia que la esposa de su presidente, César Ham, está hospitalizada en la ciudad de Progreso luego de ser agredida por policías y soldados. El mismo partido informa que en zonas rurales el ejército está reclutando jóvenes mediante la intimidación de las armas.

Cuando se esperan los días más crudos del conflicto, las partes presentan sus saldos. Del lado del gobierno, 15 soldados y tres oficiales heridos, según el teniente coronel Ramiro Archaga, vocero de las fuerzas armadas. Según el diputado Ponce, entre los seguidores del presidente reconocido por la comunidad internacional, van 276 heridos, 11 de ellos de bala, además de 180 detenidos.

Con esas cuentas anochece. Los zelayistas reunidos, en su mayoría jóvenes, gritan contra el golpe militar, liberal y cachureco (sinvergüenza). Almendares, metido en sus huaraches de médico de pobres, termina su discurso: Si es necesario arriesgar la vida, ¡hay que arriesgar la vida!

 

 

Regreso a la caverna.

Sergio Ramírez

 

El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regimenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.

Las imágenes de las calles de Tegucigalpa que vimos en la televisión, con los tanques de guerra y los carros blindados en agresivo despliegue, y las patrullas de soldados en atuendo de combate, volvieron a poner el reloj en la hora más negra de un pasado que parecía sepultado para siempre. Y un presidente levantado a la fuerza de su cama en la madrugada por un pelotón de militares encapuchados que invade su casa, subido en pijama a un avión y llevado a otro país, son también las imágenes de una vieja película que creíamos no volveríamos a ver jamás. Pero están allí, ante nuestros ojos, y corresponden a las realidades del siglo XXI.

Las justificaciones legales de toda la trama son torpes. He oído al diputado Roberto Micheletti, nombrado presidente de la república por el Congreso Nacional después del golpe para suceder a Zelaya, que la acción se debió a la orden de un juez, impartida a los mandos militares. Imaginen el tamaño de la artimaña. Un magistrado que da un mandamiento a quien no debe, porque el ejército no tiene funciones de policía más que bajo un régimen ocupación, y menos puede ordenar a los militares que saquen de su cama a un presidente debidamente electo, que goza de inmunidad, y que lo extrañen del país, desde luego que el destierro no existe ni como medida preventiva, ni como pena, bajo la ley. Sólo utilizar esta coartada es ya una vergüenza.

La magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral y de la Fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios y de la jerarquía de la Iglesia católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello.

El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.

Siguió actuando con atolondramiento cuando ordenó al ejército desembarcar el material electoral de la consulta, llegado desde Venezuela, y repartirlo en los centros de votación; y cuando el jefe del ejército se negó, hizo destituirlo, para que de inmediato sus adversarios en los otros poderes del Estado respaldaran al destituido, previa renuncia de todo el estado mayor en solidaridad con su jefe. Para provocar una crisis de este tamaño, el presidente debió sentir que tenía alguna clase de respaldo sustancial. ¿Pero dónde estaba ese respaldo? ¿En qué instituciones? ¿En qué organizaciones populares, en qué sindicatos, en qué partidos, en qué corporaciones? ¿Contaba acaso con la mayoría de la opinión pública?

Siento que el presidente Zelaya se vio en otro país que no era Honduras, y subestimó el poder de los estamentos conservadores, que miraron con antipatía y desconfianza su alineamiento con la izquierda populista que representan Chávez y Ortega, y su amistad con Fidel Castro, una legítima escogencia personal suya, de todas maneras. Es, al menos, uno de los argumentos que de manera solapada utiliza Micheletti para justificar el golpe: ha dicho que Zelaya, su correligionario liberal, cambió de ideología en el camino, y se volvió de izquierda, lo que al fin y al cabo le cobraron con el golpe militar.

Los errores de apreciación política del presidente Manuel Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la relección, como es ahora el impulso de los líderes en el gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta.

La prueba de fuego es ahora para la OEA, que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad.

Santo Domingo, junio 2009.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:49
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