Jueves, 02 de julio de 2009

Delitos no graves de los acusados por el incendio.

 

Gustavo Castillo y Alfredo Méndez

 

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó hace tres días al juzgado primero de distrito con sede en Sonora órdenes de aprehensión por delitos no graves en contra de nueve personas, entre ellas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala– y Arturo Leyva Lizárraga, quien se desempeñaba como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa entidad.

Expedientes judiciales a los que ayer tuvo acceso La Jornada refieren que a los nueve inculpados se les acusa de ser presuntos responsables del homicidio culposo de los 48 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio en Hermosillo. También se les imputa el delito de cohecho, mientras que a los ex funcionarios se les agregó el cargo de ejercicio indebido del servicio público.

Como esos ilícitos no son considerados graves, la legislación penal federal concede al juez primero de distrito de Sonora (Raúl Martínez) 10 días hábiles para determinar si libra o niega la orden de captura. En caso de que se conceda, los presuntos responsables pueden solicitar la libertad provisional bajo caución o tramitar un amparo para librar la cárcel.

La causa penal 134/2009, abierta por el juzgado primero, precisa que los particulares inculpados son: Sandra Téllez Nieves (socia de la guardería); Gildardo Urquídez Serrano (socio); Marcelo Meouchi (ex apoderado legal de la estancia); Fernanda Camou Guillot (socia); Norma Mendoza Bermúdez (arrendadora del predio y bodegas donde se instaló la guardería); José Matiella Urquídes (actual apoderado legal) y Marcia Altagracia Gómez del Campo. Mientras que los ex servidores públicos son: Antonio Salido (esposo de la prima de Margarita Zavala y ex subdirector administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora) y el ex delegado del IMSS, Arturo Leyva.

Cinco de los acusados solicitaron la semana pasada la protección de la justicia federal y consiguieron del juzgado segundo de distrito, también de esa entidad, suspensiones provisionales contra cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, según consta en el expediente de amparo 623/2009.

Sin embargo, un abogado penalista –quien pidió anonimato– que defiende a Marcia Gómez del Campo explicó a este diario que las suspensiones con que cuentan algunos de los inculpados sólo les sirvieron para confirmar que la PGR ya había consignado la averiguación previa correspondiente, pero no los ampara contra la inminente orden de aprehensión, porque ésta aún está en trámite. El juez de la causa en Sonora aún no obsequia la orden de aprehensión contra estos nueve indiciados. Hasta que se libre la orden podremos tramitar otro amparo y conseguir una suspensión contra ese acto reclamado, porque ese recurso no procede para hechos futuros o inciertos, explicó el penalista.

En ese contexto, la tarde de ayer el procurador Eduardo Medina Mora dio lectura a un informe en el que reveló que el Ministerio Público Federal solicitó nueve órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios y de los particulares que tienen relación con la guardería ABC, en términos patrimoniales y de representación. El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa en la sede de la PGR en la ciudad de México, pero no precisó quiénes eran los consignados.

Apenas el martes pasado, en una visita oficial a Panamá, el presidente Felipe Calderón declaró que los responsables del incendio serán llevados ante la justicia caiga quien caiga, tope donde tope, sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas.

El mandatario aseguró que en el caso de la PGR y del gobierno federal, no habrá impunidad para nadie. He dado instrucciones claras al procurador de que se procure y se haga justicia.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Medina Mora primero hizo un recuento del caso en el que 48 niños fallecieron. Luego recordó que el 19 de junio de 2009, el Ministerio Público del fuero común de Sonora ejercitó acción penal contra 14 probables responsables por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, y el juez otorgó 13 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y del ayuntamiento de Hermosillo; de ellas, han sido cumplimentadas siete.

En tanto, agregó, los días 19 y 22 de junio la PGR ejercitó acción penal en contra de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Sonora. Ellos son: las coordinadoras zonales Dalia Irene Botello Amante, Irma Crescencia Díaz Gómez y Yadira Barrera; Emigdio Martínez García, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, y Noemí López Sánchez, jefa del Departamento de Guarderías. A ellos se les atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público.

Sólo en dos casos han sido dictados autos de formal prisión y permanecen presos; ellos son Dalia Irene Botello Amante e Irma Crescencia Díaz Gómez. Esta última ya tiene concedido el beneficio de la libertad bajo fianza, sin que lo haya ejercido.

El procurador refirió también que la reconstrucción de los hechos, criminalística de campo, análisis de las evidencias de laboratorio, determinación del sitio donde se inició la conflagración y su trayectoria, además de diversos peritajes, permitieron establecer indubitablemente que el incendio se inició y propagó desde la bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora y que las medidas de seguridad no se cumplieron y tampoco se supervisaron.

Mencionó luego “el dictamen pericial en materia de seguridad industrial y protección civil, que señala que el diseño arquitectónico para el desalojo del inmueble en que se ubicaba la guardería, en caso de siniestro, no era el adecuado; la puerta de entrada principal no contaba con las dimensiones necesarias ni los dispositivos de fácil operación hacia afuera, como lo marca la normatividad.

“El inmueble carecía de extintores suficientes para atender una emergencia como la ocurrida y como lo requieren las normas jurídicas aplicables. El detector de humo no cumplía con las especificaciones. Las puertas de emergencia no tenían las dimensiones requeridas ni se abatían hacia afuera.

El dictamen pericial de referencia concluye que las instalaciones de la guardería ABC, así como de las instalaciones en las que se ubicaban las dos bodegas contiguas pertenecientes a la Secretaría de Finanzas estatal, no cumplían con las condiciones de seguridad industrial de la normatividad de la materia, tanto federal como local y municipal, así como en materia de protección civil, conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil y su Reglamento para el estado de Sonora y la normatividad municipal aplicable.

Medina Mora anunció: La representación social de la Federación ha ejercitado acción penal por tercera ocasión en contra de nueve indiciados, servidores públicos del IMSS en la delegación de Sonora, así como particulares relacionados con la guardería ABC. De la consignación referida conoce el juzgado primero de distrito de Sonora, quien radicó la causa penal 134/2009.

(Con información de Enrique Méndez, enviado, y Ulises Gutiérrez, corresponsal)

Prepara la CIDH primer juicio contra México por la guerra sucia de hace 30 años

GLORIA LETICIA DíAZ

MÉXICO, D.F., 1 de julio (apro).- El próximo 7 de julio el Estado mexicano que encabeza Felipe Calderón enfrentará el primer juicio internacional por delitos de lesa humanidad cometidos durante la "guerra sucia", entre las décadas de los sesenta y principios de los ochenta.

         Se trata del caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino de Atoyac, Guerrero, detenido y desaparecido en agosto de 1974 por miembros del Ejército Mexicano.

El caso será analizado en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede de San José, Costa Rica.

         Abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Mario Solórzano Betancourt y María Sirvent, así como el secretario técnico de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), Julio Mata Montiel, informaron que en un plazo de tres meses después de la audiencia se espera la sentencia al Estado mexicano, la cual tiene carácter vinculatorio.

         En conferencia de prensa, resaltaron la relevancia del caso Radilla Pacheco, como "emblemático" de las desapariciones forzadas durante la "guerra sucia", y que en todo el país suman mil 200, de los cuales 640 corresponden al estado de Guerrero y 473 al municipio de Atoyac, asuntos que reflejan una política sistemática de violaciones a derechos humanos durante ese periodo.

         Julio Mata Montiel resaltó que debido a que en el sistema de justicia interamericano "las denuncias se llevan caso por caso, escogieron el de Rosendo, que contaba con todos los patrones internacionales para que prosperara, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después para llevarlo a la Corte. Sin embargo, tienen en su haber 300 casos que cumplen con los mismos patrones.

         María Sirvent, resaltó que después de casi 35 años de la desaparición de Radilla Pacheco sus familiares "ven en la Corte Interamericana la única vía para encontrar verdad y justicia, luego de que durante más de tres décadas estos derechos les fueron negados por el Estado mexicano".

         Añadió que hasta ahora "ningún caso de la 'guerra sucia' ha sido resuelto; el 100% sigue en la impunidad, a pesar de que se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales Políticos del Pasado (Femospp) para esclarecerlos".

         Mario Solórzano confió en obtener una sentencia favorable para la familia de Rosendo Radilla. "Hay pruebas documentales y evidencias de la desaparición; además, el Rosendo, como el de cientos de personas, son casos que ocurrieron dentro de un patrón sistemático en el que todo el aparato de gobierno y los poderes del Estado se articularon para ordenar el uso de la fuerza para cometer violaciones graves, crímenes de lesa humanidad, en el combate a los grupos guerrilleros de los años sesenta, setenta y principios de los ochenta".

         Para el abogado, que junto con Sirvent acudirá a la audiencia como representantes de la familia Radilla, los obstáculos que podrían surgir en contra "son las continuas y persistentes posiciones del Estado mexicano para garantizar un manto para que no se toquen a las fuerzas armadas, para que no se transforme la jurisdicción militar que, hoy por hoy, contra las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y contra el derecho internacional, sigue juzgando casos de violaciones a derechos humanos cometidos por sus tropas".

         Entre las peticiones que hacen los representantes y la familia de Radilla Pacheco como garantías de que no se repetirán este tipo de crímenes de lesa humanidad, están las propuestas de modificaciones legislativas y estructurales, además de reparación del daño moral ocasionado a la familia Radilla Martínez, a la comunidad de Atoyac, así como la "construcción de la memoria histórica".

         Sirvent detalló que se exige continuar con las investigaciones para la localización de Radilla Pacheco, así como de los cientos de desaparecidos, la creación de una unidad especializada y exclusiva para ello, "con recursos propios y autonomía de actuación"; modificación del artículo 13 constitucional y del 57 del Código de Justicia Militar; así como la recuperación de la memoria histórica a través de la inclusión de ese periodo de la historia de México en los libros de texto.

         Informaron que el 7 de julio la audiencia iniciará a las 9:00 horas tiempo de Costa Rica, en la que comparecerán dos hijos de Rosendo Radilla, Tita y Rosendo Radilla Martínez; los abogados de la CMDPDH, Sirvent, Solórzano y Juan Carlos Gutiérrez Contreras; como testigo Maximiliano Nava, y como perito el abogado Miguel Sarre.

         La delegación del Estado mexicano estará conformada por la embajadora María del Carmen Oñate Muñoz; el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Daniel Cabeza de Vaca; el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo; subprocurador jurídico y Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria; el titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, José Antonio Guevara Bermudez; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo Gil; el procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez García, y el ministro Alejandro Negrín.

         Mario Solórzano concluyó que la sentencia que emita la Corte Interamericana "tiene carácter jurídico vinculatorio, no está sujeta a la buena fe del gobierno de Felipe Calderón; su obligación jurídica será cumplir la sentencia y de no hacerlo, el costo será ubicar a México en la ilegalidad y la irresponsabilidad, porque será una sentencia de carácter internacional".

 

Vende el SNTE hasta en 40 mil pesos las plazas para docentes, afirma disidencia

En este año electoral se cuadruplicó el número de puestos laborales de nueva creación, dice. La Coordinadora asegura que el gremio negocia esas fuentes en beneficio del Panal

 

Carolina Gómez Mena

 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señaló que el reciente anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) respecto a que ofrecerá al gremio 8 mil plazas para maestros y 200 mil horas clases confirma que el SNTE lucra económicamente con las plazas, al vender cerca de 60 por ciento de las que se concursan cada año, además de que las negocia para lograr beneficios en favor el Partido Nueva Alianza (Panal).

En entrevista, Pedro Hernández Morales, secretario de organización de la sección 9, indicó que la asignación de plazas es un proceso que está inmerso en una red de corrupción, pues pese a que se dice que estos exámenes están resguardados, se venden y alcanzan precios hasta de 40 mil pesos, lo cual demuestra que los tentáculos de la maestra Elba Esther Gordillo llegan a todas las esferas.

Apuntó que la tendencia es a ofrecer cada vez menos plazas, por lo cual refirió que lo que va a ocurrir para el ciclo 2009-2010 sólo puede entenderse en el contexto de la contienda electoral. El año pasado hubo más de 80 mil solicitantes en el país y el número de plazas que se asignaron no fue superior a 2 mil, en el caso del Distrito Federal no hubo espacios para primaria, por ejemplo.

Fue Jorge Santibáñez, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), quien dio a conocer que se ofrecerá al sindicato magisterial encabezado por Gordillo Morales 200 mil horas-clase y unas 8 mil plazas docentes para el ciclo escolar 2009-2010, lo que significa cuatro veces más de las otorgadas para este periodo que está por concluir.

Al asegurar que el ciclo 2008-2009 fue atípico, pues se otorgaron menos espacios laborales de los que se debieron haber asignado, el funcionario señaló que la inversión para el periodo que comienza el 24 de agosto es de 800 millones de pesos, mientras que para el actual ciclo escolar resaltó que sólo se contó con 195 millones de pesos, lo que alcanzó para generar 2 mil plazas y cerca de 60 mil horas-clase.

Derivado de lo anterior, subrayó que el año educativo que comenzará el próximo mes es uno de los buenos para los maestros en este rubro, y achacó a la falta de presupuesto aprobado por el Congreso la escasez en la creación de plazas, lo cual reconoció que afecta a muchas entidades del país.

El año pasado (ciclo 2008-2009) fue atípico en la cantidad que el Congreso aprobó para la creación de plazas docentes. En términos históricos fue el año en que menos lugares se asignaron en 10 años. Este año regresamos a la normalidad (2009-2010) con 800 millones de pesos.

Santibáñez comentó que el hecho de que ahora se asignarán más plazas y horas no se relaciona con el proceso electoral. Ni en tiempos ni en montos aplicaría esa asociación.

Redes de Televisa y Peña Nieto

JENARO VILLAMIL

MEXICO, D.F., 30 de junio (apro).- En un acto insólito y, al mismo tiempo, desmesurado, el pasado miércoles 24 de junio Televisa pagó desplegados en todos los medios impresos de la Ciudad de México para desmentir afirmaciones realizadas por este reportero un par de días antes en el programa de MVSRadio, conducido por la periodista Carmen Aristegui.

          Ese día, se profundizaron varios aspectos relacionados con el libro Si yo Fuera Presidente, el Reality Show de Peña Nieto. En especial, la relación establecida con las "empresas pantalla" de Televisa que sirven para encubrir el millonario gasto en difusión y promoción de su figura.

          Identificados como intermediarios o brokers en la venta de spots y de asesoría en materia política y de comunicación, Televisa cuenta con una red de empresas vinculadas a sus negocios, en las cuales no figuran los accionistas principales de Televisa, pero sí figuras prominentes del Consejo de Administración, como es el caso de Alejandro Quintero Iñiguez, vicepresidente corporativo de Comercialización y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Televisa.
          La propia página del Consejo de Administración de Televisa identifica a Quintero Iñiguez como "accionista de Grupo TV Promo" y el informe F20 que Televisa rindió ante la Securities Exchange Comisión (SEC), en enero de 2007, admite que TV Promo realiza una intermediación con diversos clientes.

          En la página 96 del libro Si yo Fuera Presidente,  se reproduce una parte sustancial de este informe F20 relacionado con estos brokers:

          "Grupo TV Promo o TVPromo trabajan en conjunto con otras compañías de las cuales el señor Alejandro Quintero tiene directa o indirectamente participación, como es el caso de Producción y Creatividad Musical S.A. y TV Promo International Inc., han adquirido y continuarán adquiriendo servicios publicitarios de nosotros, como aquellos servicios referidos a campañas promocionales. Estas compañías definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, los cuales son más bajos que las tarifas que regularmente se pagan. Alejandro Quintero no recibe actualmente ninguna compensación de TV Promo o dividendos de otras entidades en donde él es accionista. Durante 2006, TV Promo adquirió publicidad de Televisa por un total de 160.7 millones de pesos".

          En este documento se especifica que Quintero también está relacionado con las compañías Maximedios Alternativos o Maximedios. TV Promo y Producción y Creatividad Musical tienen acciones mayoritarias en Maximedios, otro broker de Televisa. Las oficinas de Producción y Creatividad Musical se encuentran en la calle de Sonora 123, de la Colonia Roma, en el Distrito Federal.

          El informe ante la SEC no desglosa cómo se obtuvieron los 160.7 millones de pesos ni aclara qué tipo de clientes son los de TV Promo. Sin embargo, la página online de ésta compañía sí incluye entre su red de clientes a "gobiernos", además de la industria de alimentos, bebidas, productos de belleza, aerolíneas e industrias de turismo.

         TV Promo presume como una de sus "ventajas competitivas" su cercanía con Televisa. En su misma página online aparece el logotipo de Televisa.

         El dinero destinado por los "gobiernos" a la compra de publicidad en Televisa son recursos públicos. Sin embargo, ni los informes del Gobierno del Estado de México ni de ninguna otra administración federal o estatal informan sobre los convenios con TV Promo para comprar spots e infomerciales en la pantalla de Televisa.

         No obstante, el "Plan de Trabajo 2005-2011" para el gobierno del Estado de México, ampliamente documentado por Proceso, desglosa un primer plan de comunicación política por 742 millones de pesos, de los cuales 691 millones se destinarían a publicidad televisiva, así como asesoría en materia de política y de comunicación. La empresa que aparece como "responsable del proyecto Estado de México" es Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, vinculado a TV Promo.

         En el folio 293222 del Registro Público de la Propiedad, con fecha 19 agosto de 2002, aparecen como accionistas de Radar, Pedro Enrique Reyes Castellanos y Roberto José García Castillo, quienes, a su vez, fungen como presidente y secretario de la empresa. El apoderado es Pedro Enrique Reyes Castellanos. Este mismo personaje aparece como apoderado de la empresa TV Promo, el 15 de junio de 1999 y el 9 de agosto de 2002, tal como se documenta en el libro Si yo Fuera Presidente (p. 90).

         Un esquema muy similar al firmado entre TV Promo y el Gobierno del Estado de México se negoció con el gobernador de Tabasco Manuel Andrade. El mandatario priista firmó un contrato de publicidad por 331 millones 890 mil 600 pesos para 2005 y 2006. De acuerdo con los documentos que obtuvo Proceso, el monto más importante de este convenio --79 millones 239 mil 600 pesos-- se destinará al financiamiento de dos cápsulas o infomerciales por mes en los noticiarios Primero Noticias, Lolita Ayala y Joaquín López Dóriga, los tres difundidos en Canal 2 (ver ProcesoNo.1518).

        Tanto en Tabasco como en el Estado de México estos millonarios recursos provienen del presupuesto público. Y en ninguno de los dos casos se han dado acceso a la información de estos contratos. Peña Nieto y Manuel Andrade han negado todo trato con los intermediarios de Televisa.

Accionistas de Televisa

En su desplegado titulado "Carmen Aristegui y Jenaro Villamil mienten" Televisa rechaza tajantemente que el exbanquero Roberto Hernández se haya convertido en el segundo accionista mayoritario de la empresa.

        Proceso publicó en su edición 1581, del 18 de febrero de 2007, que Roberto Hernández desplazó a Carlos Slim como el segundo accionista de Televisa a través de una inversión de 110 millones de dólares para adquirir un paquete accionario de 18 millones 100 mil CPO (Certificados de Participación Ordinaria), en el mercado internacional. La mayoría de estos CPO's los controlaban la madre y la hermana de María Asunción Aramburuzabala, accionista mayoritaria de la cervecería Grupo Modelo.

         La operación bursátil se realizó el 21 de diciembre de 2006 en Nueva York, por medio de la operadora Acciones y Valores de México (Accival), la casa de bolsa fundada en 1991 por el propio Roberto Hernández y otros inversionistas. Accival le permitió a Hernández adquirir Banamex durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

         Antes de la venta de 110 millones de dólares de acciones de sus familiares, Aramburuzabala, la mujer más acaudalada de México, vendió 60 millones de CPO por un total de 240 millones de dólares, en enero de 2006.

        Proceso buscó infructuosamente la versión de Aramburuzabala para confirmar estas transacciones. Fuentes bursátiles consultadas por este reportero informaron de estos movimientos.

         Televisa no aclaró ni desmintió esta información en su momento. Dos años y cuatro meses después, afirma que "Roberto Hernández no figura en la lista de los mayores tenedores de acciones, ya que posee menos del uno por ciento del total accionario de la empresa".

 


Publicado por solaripa69 @ 9:50
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