Mi?rcoles, 15 de julio de 2009

 

Convoca Emeterio a marcha por la justicia

Tomado de “Todo el poder al Pueblo”.

 

El activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Emeterio Merino Cruz refredó la realizaciòn de la marcha “por la justicia y la libertad” para el próximo jueves en punto de las 16:00 horas del IEEPO al Zócalo capitalino.

Ante los medios de información, el obrero invitó a los maestros democráticos, organizaciones sociales y colonos a sumarse a la protesta pacífica en apoyo a los presos políticos, los desaparecidos y 26 appistas ejecutados durante el movimiento magisterial-popular.

Merino Cruz, quien fue objeto de tortura durante la marcha calenda de la APPO en el año 2007, exhortó a todos los oaxaqueños concientes a continuar con las movilizaciones y no permitir que los excesos del gobierno de Ulises Ruiz queden en la impunidad.

Con las huellas físicas y psicológicas de aquella brutal golpiza que le propinaron los escoltas de Aristeo López Martìnez (ejecutado), Alejandro Barrita (ejecutado), Daniel Camarena Flores y Sergio Segreste Ríos, el activistas recordó que todavía hay presos polìticos “por lo que hay que seguir luchando”.

También manifestó que el único camino para hacer justicia a los 29 activistas asesinados por sicarios y funcionarios públicos del Gobierno del Estado, se debe impulsar una reorganización de la APPO y no claudicar en la lucha.

Ademàs mencionò que existen varios luchadores sociales desaparecidos y otros màs asesinados que sus familias siguen exigiendo justicia, como es el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, presuntos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Finalmente, Emeterio enviò un fraternal saludo para los activistas Pedro Castillo Aragón, Juan Manuel Martìnez Moreno, Abraham Ramírez Vásquez, Juventino Garcìa Cruz, asì como a los presos Loxicha, Xanica, Guevea de Humbold y de San Blas Atempa. “Porque es gente inocente y son rehenes de un dictador”.

 

Culpa FPR a gobierno estatal por desaparición de militante
Sayra Cruz

El Frente Popular Revolucionario responsabilizó ayer al gobierno del estado de la desaparición de uno de sus militantes, Javier Valencia López, de aproximadamente entre 20 y 22 años de edad, así como la agresión en contra de los taxistas de esta organización en Huajuapan de León.
Florentino López Martínez, presidente del FPR, sostuvo que ayer alrededor de las 8 de la mañana, “fue secuestrado y desaparecido Valencia López, sobre el paraje denominado Xanase, quien se trasladaba en una camioneta de su propiedad”.
Este suceso lo originó un grupo de sujetos que lo interceptaron, junto con Rosa Pacheco Martínez, a quien luego liberaron, llevándose con rumbo desconocido a Javier Valencia, por eso pidió a las autoridades competentes proceder en el caso.
Abundó que la persona desaparecida es originaria de la comunidad de Santa Catalina Quierí, así como militante del FPR, cuya participación se ha dado en diferentes escenarios principalmente relacionados por conflictos agrarios.
“Al momento desconocemos el paradero del compañero, y existe temor fundado de que sea desaparecido por lo que hemos presentado la denuncia legal correspondiente”, dijo.
En otra situación, informó que ayer se realizó un operativo de la Policía Estatal en Huajuapan de León, mismo que culminó en una agresión en contra de diversos sitios miembros de la alianza, denominada “AOSTA”.
En dicha agresión fueron detenidos 8 vehículos de militantes del Frente Popular Revolucionario, de un total de 20 vehículos de distintos sitios que fueron agredidos, según lo que reportó Florentino Martínez.
“Momentos más tarde, el gobierno municipal, en contubernio con los grupos de choque del priísmo de la ciudad montaron una provocación en la base del Sitio de Taxis Ñuu Savi, por lo que fue detenido y conducido a la cárcel municipal, David López Francisco, quien ante la movilización de los compañeros fue liberado momentos más tarde”.
Ante estos hechos, consideró que no son aislados, sino que corresponden a una nueva ofensiva del gobernador en contra de esta organización.
Dijo que junto con el Frente de Organizaciones Sociales, Democráticas de Izquierda iniciarán el 18 de este mes con una serie de protestas en la entidad.

 

Comunicado de la Comisión de Mediación.

 

Al PDPR-EPR
Al Gobierno Federal
A la opinión Pública
A los familiares de desaparecidos
A las organizaciones de defensa de los derechos humanos
A la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Quienes fuimos parte de la Comisión de Mediación entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (en lo sucesivo EPR) y el Gobierno Federal, hemos sostenido varias reuniones de trabajo con el propósito de valorar los llamados de las partes a reintegrarnos a nuestras tareas, cuyo objetivo es la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario detenidos y desaparecidos en Oaxaca por agentes estatales de los tres niveles de gobierno, incluyendo miembros de las fuerzas armadas, entre el 24 y el 25 de mayo de 2007.

La última de estas sesiones se llevó a cabo precisamente el 7 de julio del 2009, fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en San José, Costa Rica, juzgaba al gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dirigente regional del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde fungió como presidente municipal. Fue detenido en un reten militar el 25 de agosto de 1974 en presencia de su hijo del mismo nombre, en el contexto de la llamada “guerra sucia” que llevó a cabo el Estado mexicano durante varias décadas, como parte de su estrategia de contrainsurgencia contra las guerrillas de encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Tan sólo en ese municipio se registran 470 casos comprobados de desaparición forzada, de los centenares de casos registrado a nivel nacional.

Este caso es trascendente pues es la primera vez que el Estado mexicano es sometido a juicio en un tribunal internacional por este delito de lesa humanidad. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a la audiencia en representación del Gobierno Mexicano y argumentó que el tiempo transcurrido exime al Estado Mexicano de la responsabilidad de la desaparición del luchador de Atoyac. Olvidó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo cual significa que son sancionables sin importar el tiempo que transcurra entre su comisión y el castigo a los culpables y sin importar la fecha en que México haya suscrito el tratado que reconoce la competencia de la CIDH. En consecuencia, la argucia del Secretario de Gobernación de que no se puede juzgar al Ejército mexicano por un crimen cometido hace 35 años, cae por su propio peso. Valoramos ese proceso como un acontecimiento importante, que influye directamente en la materia de trabajo de la ex COMED.

Carlos Montemayor, quien fue vocero de la COMED, realizó para la CIDH un peritaje historiográfico en el que se aclaran los procedimientos usuales de las aprehensiones colectivas que tanto el ejército como las corporaciones policiacas han efectuado en México en zonas urbanas y rurales. Precisa que el 2 de octubre de 1968 hubo un despliegue militar inmenso para asegurar la aprehensión de cientos de estudiantes, incluyendo a sus dirigentes, mediante la acción de una brigada creada ex profeso con elementos del ejército y de varios cuerpos policiacos: el “Batallón Olimpia”. El mando único de ese despliegue, llamado “Operación Galeana”, recayó, por instrucciones presidenciales, en el Secretario de la Defensa. La orden de que francotiradores del Estado Mayor Presidencial atacaran al ejército y a la población civil provino del Presidente de la República: fueron disposiciones directas al Jefe del Estado Mayor Presidencial.

En los años setenta, se aplicó un mecanismo igualmente ilegal y violento: los retenes militares que se colocaron en carreteras y poblados, sobre todo en las zonas rurales, para detener y revisar vehículos, particularmente camiones de pasajeros y de carga. Sin órdenes giradas por jueces ni autoridad legal para ejercer funciones policiales de vigilancia en caminos federales y estatales, el ejército actuó como poder único y de excepción durante muchos años en poblados y carreteras. Uno de los sitios donde hubo más acciones de este tipo fue el estado de Guerrero, tanto en las sierras como en ciudades y costas. Autoridades civiles federales, estatales y municipales se plegaron a esas órdenes, que implicaron violaciones, detenciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo la responsabilidad de los mandos militares. Los retenes operaban como extensas redes de captura selectiva.

En uno de esos retenes, cerca de Atoyac, entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, fue detenido Rosendo Radilla Pacheco, cuando viajaba hacia la ciudad de Chilpancingo en un autobús de pasajeros y en compañía de su hijo menor que fue testigo del secuestro.
También en esos años operó un grupo irregular denominado “La Brigada Blanca”, compuesto por soldados y policías de diversas corporaciones, el cual llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y todo tipio de ilícitos relacionados con la guerra sucia.

La violencia de Estado manifestada a través del delito de lesa humanidad denominado “desaparición forzada de persona” fue el sello de los años setenta del siglo XX y tiene signos de renuevo en los primeros años del XXI. La impunidad ha permanecido a lo largo de cuarenta años. El caso de Rosendo Radilla Pacheco podría convertirse en un dique a esta violencia continua que viene desde la época de la guerrilla de los años setenta, y persiste hasta los veintiocho trabajadores petroleros secuestrados y desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2007; la desaparición temporal y posterior asesinato, en el mes de febrero de 2009, de los líderes mixtecos guerrerenses Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, y la desaparición, en Nuevo Laredo, el 17 de marzo de este año, de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente.

El 13 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió a tres niveles de gobierno la Recomendación 7/2009 relativa al caso de la desaparición forzada de los militantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ese organismo aseveró:

…resulta procedente señalar…que en los archivos de esta Institución, se tiene registrado como caso análogo o similar…la investigación que se realizó en 532 expedientes de queja, derivados de las denuncias que formularon los familiares y distintas organizaciones no gubernamentales sobre igual número de agraviados; sobre el tema de “Las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, Ocurridas en México Durante la Década de los Setenta y Principios de los Ochenta del Siglo XX”, también conocida como “Guerra Sucia”, en la que se acreditó que agentes del Estado Mexicano, representado por los tres órdenes de gobierno, incurrieron en violaciones a derechos humanos, sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa, a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, al respeto a la dignidad inherente al ser humano, y al debido proceso de esas personas; por lo que ante esa situación, el 27 de noviembre de 2001, esta Institución emitió la Recomendación 26/2001 que le dirigió al titular del poder Ejecutivo Federal.

Lo anterior ha propiciado…que ante la comunidad internacional, México se encuentre dentro de los países que registra un mayor número de casos de desaparición forzada de personas pendientes por aclarar; tan es así, que de los 532 casos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, respecto de los cuales esta Comisión Nacional se pronunció en su Recomendación 26/2001, 179 de ellos se encuentran incluidos en los 208 casos que en total reclama el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno mexicano.

Quienes fuimos parte de la Comisión de Mediación no somos insensibles a las peticiones de las partes (Ejército Popular Revolucionario y Gobiernos Federal), ni mucho menos a las de los familiares de las víctimas directas del ilícito. En lo individual, seguimos comprometidos en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Sólo que los hechos de la parte gubernamental no dejan ver un solo indicio de que haya cambiado la actitud que dio lugar a la disolución de la COMED. Somos conscientes de la importancia de la Mediación, pero no queremos contribuir a generar falsas expectativas ni a avalar actitudes displicentes, por decir lo menos, de quienes tienen el deber de respetar los Derechos Humanos en nuestro país.
Con base en estos razonamientos, declaramos y resolvemos:

1.- Quienes fuimos parte de la COMED consideramos de la mayor importancia los llamados de las partes a reiniciar la mediación, ya que se privilegia la vía política para la solución de conflictos. En esta dirección, la extensión de la tregua por parte del EPR es particularmente significativa.

2.- No obstante, los motivos y condiciones que llevaron a la disolución de la COMED no sólo subsisten, sino incluso se han agravado ante la manifiesta carencia de voluntad política del gobierno mexicano para aceptar su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas armadas, en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el pasado de la “guerra sucia” de los setenta y en presente en el que continúa la práctica de las desapariciones forzadas por parte del Ejército y otros cuerpos policiacos. Esta falta de voluntad política quedó manifiesta en la postura tomada por el gobierno de México en su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de julio pasado, donde el secretario de Gobernación defendió además una versión distorsionada del fuero militar.

3. Próximamente, con base en los derechos que reconoce como ciudadanos mexicanos la Ley Federal de Trasparencia, solicitaremos por medio del IFAI la información que la SEDENA, el CISEN y la PGR tengan sobre la desaparición forzada de los militantes del EPR y que sea relevante y de urgente conocimiento para familiares de las víctimas y sociedad toda. Conforme a la Ley citada, esas instituciones del Estado, sólo podrían dejar de responder a nuestros cuestionamientos si declaran que la información solicitada está en reserva por afectar la seguridad nacional. En ese caso, la sola admisión de que lo que solicitamos tiene esa categoría, significaría admitir que la detención de los militantes del EPR es asunto de seguridad nacional, lo que a su vez configuraría sin lugar a dudas que lo sucedido a las personas referidas es un caso de desaparición forzada, que supone la intervención de agentes de la autoridad.

4.- Asimismo, enviaremos copia de todo el expediente de la ex COMED a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como elemento a tomar en cuenta para sus deliberaciones sobre el caso Rosendo Radilla. Haremos lo propio con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de ONU.

5.- Exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la nación, ahora que está por resolver los alcances del fuero de guerra, lo limite estrictamente a lo preceptuado en el artículo 13 de la Constitución de la República, pues las leyes militares lo han ampliado anticonstitucionalmente, para facultar a los tribunales militares a conocer de violaciones de derechos de civiles (“paisanos” nos llama el texto constitucional). Ese fuero se explica única y exclusivamente para delitos del orden castrense y para personal militar; para nadie más ni para nada más.

México, D.F. a 13 de julio de 2009.


Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor,
Samuel Ruiz García.

 

Y Cuando Despertó, El Prinosaurio Aún Se Encontraba Ahí

Víctor Raúl Martínez Vásquez (IISUABJO).

 

Lo dicho, si al PRI quieres ver ganar no vayas a votar. El 58 % de la población se abstuvo.

Con el 42 % de participación electoral,  que tampoco es poca cosa pues se esperaba una participación menor,  los resultados electorales favorecieron nuevamente al Partido Revolucionario Institucional que obtuvo en Oaxaca las 11 diputaciones federales.

Entre los diputados que Oaxaca tendrá se encuentran siete personajes que repiten en el cargo y que son figuras paradigmáticas de lo que el PRI representa: corrupción, abuso del poder, crimen, impunidad. El caso más emblemático es el de Elpidio Concha Arellano, coparticipe del asesinato a palos del profesor  Serafín García en la población de Huautla de Jiménez en el año 2006. ¿Para que la reelección inmediata, si cada tres años se  puede volver al cargo con la venia del “señor gobernador”?.

Con los resultados electorales recientes, ahora el PRI dice enfilarse nuevamente sin obstáculos a la gubernatura, al congreso del estado y a las presidencias municipales. La sonrisa de Jorge Franco Vargas, “el chucky”, quien se siente ya gobernador,  es elocuente en los periódicos. 

Contribuyeron a estos resultados, el voto duro del PRI, aquellos ciudadanos que son priistas de corazón, aquellos que siempre han votado por el PRI porque creen en él “partidazo”, porque sus padres lo hicieron y como en la religión, son priistas por herencia familiar. Votaron por éste partido los que viven del sistema y lo usufructúan,  los empleados a los que les pidieron 20 credenciales.

Votaron por el PRI, los pobres que en estas campañas reciben despensas, láminas de cartón, varilla, cemento, camisetas, puercos, gallinas  etc. Los que aprovechan estas contiendas para recibir lo que les den a cambio de su voto “cumplidor”.

El PRI mantuvo su techo electoral de 450 mil votos. Operó adecuadamente el aparato del gobierno del estado. Compró los votos que le hacían falta en cada distrito. Aprovecho las fallas de la estructura electoral de sus contendientes. Mostró su eficacia. Obtuvo el 43% de los votos emitidos.

Algunos priistas dirán que el pueblo les ratificó su confianza, que el desempeño gubernamental tiene una alta aprobación, que Ulises es un chingón, que se recuperó del 2006 como nadie. Algunos analistas, desde el  centro del país, y aun en Oaxaca, así lo ven.

Nadie puede dudar ciertamente de la eficacia del PRI, si por esto entendemos que logró con creces lo que se propuso. “Haiga sido como haiga sido”, diría Calderón.

Adicionalmente puede decirse que otros factores contribuyeron a ello, desde luego que el tamaño de otros  partidos tiene su peso. Si vemos las cifras, ciertamente, ninguno le llega a sus números. El PAN se colocó como segunda fuerza con 167 mil votos, el PRD con 163 mil, el verde con 55 mil, el PT con 48 mil, el Partido Convergencia con 44 mil, el hoy desaparecido PSD con 21 mil y Nueva Alianza con 15 mil.

No existe en el estado ningún partido que por sí solo se llegue a comparar con los resultados electorales y los números  que obtiene el PRI. Históricamente, solo las alianzas electorales, como las del 2004 o las del 2006 pueden ser competitivas con el PRI. En el 2004 los partidos de la Coalición “Todos somos Oaxaca” obtuvieron más de 450 mil votos; en el 2006, los partidos de la Coalición “Por el Bien de Todos”,  lograron más de 600 mil.

Por separado, como vemos, los partidos tienden a dispersar el voto, lo que favorece al PRI. Adicionalmente, la contienda se realiza en condiciones de total inequidad pues el PRI recibe un apoyo descomunal del gobierno estatal en manos del mismo partido: materiales de construcción;  becas; placas; dinero en efectivo; etc.

El distanciamiento entre quienes recibieron el voto ciudadano hace tres años y el alejamiento de los electores que confiaron en ellos es otro factor a considerar. El caso más cercano es el de Pepe Varela, diputado por el distrito 8, quien dijo que lucharía porque se le hicieran auditorías al régimen de José Murat y claudicó de ello.

La campaña del voto nulo,  la del candidato no registrado, el voto de castigo del magisterio, incidieron en el triunfo del PRI, aunque en menor medida. Estos ejercicios expresan vacios y pendientes, protestas y desánimos que deberán analizarse: democracia participativa, revocación de mandato, transparencia y rendición de cuentas, candidaturas ciudadanas, etc.

Las lecciones están por aprenderse, si hay espíritu autocrítico; por lo pronto, el prinosaurio, nos guste o no,  se levantó como el triunfador de esta contienda. ¿Será lo mismo en el 2010?.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:58
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