Martes, 21 de julio de 2009

Son 80 millones los pobres que hay en el país, afirma especialista

El incremento en el precio de los alimentos elevó las cifras sobre desigualdad: Boltvinik

Lamentable, que resultados de encuesta sobre ingresos se dieran a conocer después de comicios

Juan Antonio Zúñiga e Israel Rodríguez

 

El incremento en el precio de los alimentos fue el factor central del aumento de la pobreza en México en los dos primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, afirmó Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, quien estimó en 80 millones el número de habitantes en pobreza, de acuerdo con su método de medición de este fenómeno.

El especialista en temas de desigualdad precisó que la expansión de la pobreza entre 2006 y 2008 no abarcó la recesión económica de México, la cual comenzó a finales del año pasado, mientras que la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares se levantó entre el 21 de agosto y el 17 de noviembre, por lo que difícilmente pudo captar cabalmente el impacto de la crisis en las diferentes variables económicas y sociales del país.

El informe bianual sobre la distribución de los ingresos y los gastos de la población reveló que, en términos de dólares, en el país los hogares más pobres vieron reducir su ingreso real en casi 14 por ciento en los dos primeros dos años de esta administración. La percepción corriente de 10 por ciento de la población más pobre disminuyó en promedio de 6.75 a 5.83 dólares por día.

La mayor pérdida del ingreso se debió a la caída en las remesas y las transferencias gubernamentales de las cuales vive prácticamente la mitad de los hogares en México, explicó Guillermina Rodríguez, especialista de la división de Estudios Económicos y Sociopolíticos del Grupo Financiero Banamex-Citigroup, al analizar las causas por las cuales 50.6 millones de personas en el país, 47.4 por ciento de la población, se encuentran actualmente en condiciones de pobreza de patrimonio.

En 2008 la mitad de los hogares en México recibió algún tipo de transferencia, cifra que se eleva a 67 por ciento en el decil más pobre. Sin el rubro de transferencias los ingresos promedio de los hogares hubieran sido 10 por ciento menores a los observados (23 por ciento en el decil más pobre).

Guillermina Rodríguez afirmó que aun con la caída de los apoyos gubernamentales y las remesas, sin esas transferencias, apuntó, estos ingresos contribuyeron a que la situación no haya empeorado todavía más.

La disminución en los ingresos de los hogares y los recientes incrementos en precios de los commodities o materias primas afectaron los patrones de consumo, coincidió en esto con Boltvinik Guillermina Rodríguez.

En 2008, puntualizó, el gasto monetario promedio de los hogares mostró una disminución de 12.7 por ciento con respecto a 2006. Los rubros más castigados fueron los de salud y educación y esparcimiento, mientras los gastos con menores retrocesos se localizaron en alimentos (-0.1por ciento) y vivienda y combustibles (-1.7 por ciento). Los gastos en estos dos últimos rubros, además, incrementaron su participación en el total: en el caso de alimentos, la proporción pasa de 29.4 por ciento en 2006 a 33.6 por ciento en 2008, mientras que el de vivienda y combustibles lo hace de 8.9 a 10.0 por ciento, respectivamente.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza patrimonial se define como la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Esto quiere decir que a casi la mitad de la población mexicana no le alcanzan los ingresos para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda y educación. En este sentido, el incremento en la emisión de tarjetas de crédito por parte de la banca en los pasados dos años puede haberse convertido en un instrumento para completar el ingreso y el gasto.

Según los reportes del Banco de México, entre julio y septiembre de 2006 y el tercer trimestre de 2008, la emisión de tarjetas bancarias de crédito aumentó en 6 millones 117 mil 719, lo cual representó un incremento de 30.55 por ciento en esos instrumentos de uso generalizado para el consumo.

Sin embargo, de esas tarjetas nuevas sólo se utilizaron 3 millones 153 mil 283 para realizar compras de mercancías y pagos de servicios. La encuesta sobre ingresos 2008 indicó que el gasto de los hogares en alimentos fue de 33.6 por ciento en promedio para todos. Pero esa proporción se elevó a 46.1 por ciento en el 20 por ciento de los hogares más pobres.

Por su parte, Julio Boltvinik señaló en entrevista que los resultados de la encuesta corroboraron las previsiones de que con el alza de los alimentos básicos se iba a ir al cielo la pobreza, como calculaba el comité técnico del Coneval.

Boltvinik, colaborador de este diario, reconoció el mérito del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al informar del agravamiento de las condiciones de pobreza de la población en los dos años recientes. Añadió: en principio es correcto y sólo hay que saludar positivamente el hecho de que tanto el Inegi como el Coneval reconozcan esta verdad y la den a conocer, porque en el pasado, cuando eran desfavorables las cifras, las ocultaban, y ahora son desfavorables para el gobierno y sin embargo las publicaron.

El ex diputado perredista criticó que esos resultados se dieran a conocer después de las elecciones del 5 de julio pasado. En este sentido, expresó: una cosa que quisiera comentar es que se esperaron a que pasaran las elecciones. Eso no fue lo que hicieron en 2003; ese año la encuesta de 2002, que resultó favorable y que bajaba la pobreza de 2000 a 2002, hicieron un gran escándalo por ahí de mayo de 2003 para favorecer, obviamente, al PAN en las elecciones intermedias de aquel año.

–¿De qué número de pobres estamos hablando en México?

–El número de pobres abarca algo así como 75 por ciento de la población nacional, es decir, 80 millones de habitantes.

PVEM: Una franquicia rentable

JENARO VILLAMIL

La dirigencia del PVEM asegura que el partido es verde, pero cambia de color cada sexenio: lo mismo teje alianzas con los azules del PAN que con los tricolores del PRI. Y aun cuando pregona que la organización es defensora del medio ambiente, es partida-ria de la pena de muerte, lo que incluso la enemistó con sus pares de Europa. Impulsado también por el duopolio de la televisión privada, el partido de la familia González Torres en realidad funciona, dicen sus críticos, como una “franquicia”, tan rentable que ahora ya es la cuarta fuerza política del país.


En febrero pasado, al tiempo que las revistas TV y Novelas y Vértigo, filiales de Televisa y TV Azteca, respectivamente, iniciaron la intensa difusión de publirreportajes del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), voceros del Partido Verde Europeo y de otras federaciones ecologistas internacionales criticaron a la organización mexicana por su propuesta en favor de la pena de muerte.
En su deslinde, el vocero del European Green Party (EGP), Phillippe Lambert, explicó: “El PVEM se ha colocado a sí mismo afuera de la amplia y diversa familia de los Verdes Globales actuando en violación a un valor básico que todos compartimos. El rechazo de la pena de muerte es compartido por todos los Partidos Verdes, incluso en países donde todavía está en vigor. El PVEM ha hecho una excepción inaceptable, y de acuerdo a eso nosotros no lo aceptamos más como parte de la familia política de los verdes”.
Sin embargo, la expulsión de facto del PVEM de los organismos proambientalistas fue ignorada por los medios nacionales, a pesar de que ese partido ya se perfilaba como la cuarta fuerza política en las elecciones del domingo 5 de julio. A su vez, los dirigentes del Verde enviaron una carta al EGP en la que arguyeron que la posición de las confederaciones europeas era “antidemocrática” y “colonial”.
Desde su origen, en 1986, el PVEM ha sido criticado por su desnaturalización y las incongruencias en el discurso de sus representantes; incluso algunos exmilitantes, analistas y organizaciones no gubernamentales comparan a ese partido con una franquicia que, administrada por la familia González Torres, se “alquila” al mejor postor en defensa de las posiciones que le reditúan popularidad y votos, aunque no coincidan con sus postulados ambientalistas.
Y ahora, con la ayuda del PRI y del duopolio televisivo, el PVEM será la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados, donde contará con 22 curules en la próxima legislatura, cuatro de mayoría relativa y 18 de representación proporcional.
De las 18 diputaciones de representación proporcional, una será para Ninfa Salinas Sada, hija del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y cinco para personas vinculadas al director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, o a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Son los casos, entre otros, de Miguel Orozco Gómez, suplente de Lorena Corona Valdez, asistente de Tejado Dondé que ocupa el segundo lugar de la primera circunscripción, y de Rodrigo Perezalonso González, quien encabeza la segunda circunscripción, y desde hace dos años ha trabajado con Tejado Dondé; además, ha sido representante de Televisa en el Consejo de Autorregulación de la CIRT.
Así mismo, están los hermanos Carlos Ezeta Salcedo, suplente de su hermana Mariana Ivette Ezeta Salcedo. Ambos están vinculados con el director jurídico de Televisa; lo mismo sucede con Verónica Rocío Tomás Ruiz, asistente desde hace ocho años del mismo directivo del consorcio de avenida Chapultepec y suplente de Juan Gerardo Flores Ramírez en la primera posición de la tercera circunscripción.
La “bancada verde” en realidad estará al servicio de las dos grandes empresas televisivas en lo relativo a cualquier reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión que afecte sus intereses.

La alianza con el PRI

Pero no sólo las televisoras permitieron que el PVEM obtuviera poco más de 6.5% de la votación nacional y alcanzara 2 millones 328 mil votos, desplazando incluso al PRD como tercera fuerza electoral en 10 entidades, de acuerdo al cómputo del Instituto Federal Electoral (IFE).
La alianza con los distintos grupos de poder dentro del PRI permitió al PVEM obtener una holgada votación. De acuerdo con un análisis del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, el PVEM incluyó en las primeras posiciones de representación proporcional “a personajes singulares, ya sea por su falta de experiencia política o por sus claros vínculos con grupos políticos y empresariales”.
En su análisis, que forma parte del proyecto Por un Congreso con rostro, el comité cita a Pablo Escudero Morales, el segundo en la lista de la cuarta circunscripción, y a Carlos Samuel Moreno Terán, quien encabeza la lista de la primera circunscripción. Ambos, arguye, están vinculados con el senador priista Manlio Fabio Beltrones; “el primero es su yerno”, mientras que el segundo fue su secretario técnico cuando el sonorense fue gobernador de su estado, anota el análisis.
Así mismo, menciona a Carolina García Cañón y a su suplente, Alejandro del Mazo Maza, quienes ocupan el segundo lugar de la quinta circunscripción que están “relacionados con el gobernador del Estado de México”, Enrique Peña Nieto. Otro caso es el de Soraya Pérez Murguía, exfuncionaria de Peña Nieto, suplente de Gustavo Juárez García, en la posición tres de la tercera circunscripción.
En las elecciones locales del Estado de México, el PRI local firmó un convenio de coalición con el PVEM que permitirá al segundo partido compartir prácticamente el control del Congreso estatal, en el que tendrá una cómoda mayoría de 59 de los 75 legisladores.
De hecho, los tres diputados locales plurinominales del Verde son exfuncionarios de los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto; Miguel Sámano fue secretario particular de Montiel; Francisco Funtanet fungió como secretario de Desarrollo Económico en las dos administraciones, y Adrián Fuentes es del grupo de Peña Nieto.
A nivel federal, de los 39 distritos ganados por el PRI, 30 fueron en coalición con el PVEM, incluidos los del exmandatario mexiquense Emilio Chuayffet; del exsecretario de Gobierno en esa entidad, Manuel Cadena Morales, y del exprocurador Alfonso Navarrete Prida.
Otros priistas a los que apoyó el Verde son el jalisciense Jorge Arana Arana y Pedro Joaquín González, hijo del exgobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, actual presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.
El apoyo del PRI fue importante para el repunte del Partido Verde en cuatro entidades donde rebasó 10% de la votación: Aguascalientes (12.77%), Guanajuato (11.79%), Baja California Sur (11.34%) y Chihuahua (11.16%).
El Comité Conciudadano también destaca que el PVEM “fue el único que negó rotundamente” la información curricular y los datos de contacto de sus candidatos a diputados federales. El argumento fue “que ni el Cofipe ni su normatividad obliga a los precandidatos y candidatos a presentar su currículo”, explica el informe del comité, elaborado el pasado 10 de junio.

Un historial polémico

Desde su origen, el PVEM ha sido criticado por su condición de “negocio familiar”: sólo ha tenido dos presidentes: Jorge González Torres, político de orígenes priistas, y su hijo Jorge Emilio González Martínez, quien tomó el mando del partido en 2001.
Al principio, el Verde recibió el apoyo del sacerdote Emilio González Torres, quien fue rector de la Universidad Iberoamericana y hombre cercano al exarzobispo de la Ciudad de México, Ernesto Corripio Ahumada; también fue presidente de la Fundación de Acción Comunitaria (FAC), organismo creado en 1985 a raíz de los sismos en la Ciudad de México para canalizar la ayuda internacional  dirigida a los damnificados.
En los comicios de 1991, las primeras elecciones federales en las que participó como Partido Ecologista Mexicano (PEM), 40% de los candidatos provinieron del FAC. El secretario de Acción Electoral del PEM fue Heriberto Quintana, hombre de las confianzas del sacerdote González Torres, quien desplazó a Gabriel Sánchez Díaz, dirigente de los verdes en la Ciudad de México e incómodo para los González Torres.
El desplazamiento de Sánchez Díaz provocó el primer cisma en el partido. Los disidentes a la línea de González Torres, agrupados en Juventud Verde, denunciaron que, desde finales de abril de 1991, 10 “delegados especiales” enviados por la Secretaría de Gobernación del salinismo intervinieron en el partido con el objetivo de afianzar el control de Jorge González Torres.
En la edición de Nexos de abril de 1992 Jorge Fernández Menéndez escribió sobre este asunto y citó los testimonios de varios  dirigentes de Juventud Verde: Alejandra Viveros Lomelí y Gabriel Malvido, así como los de José Arias Chávez, del Pacto de Grupos Ecologistas, y de Regina Barba, de la Asociación Ecológica de Coyoacán.
A su vez, Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna Plaza Pública del 27 de enero de 1992, advirtió que los 10 “delegados especiales” enviados por Gobernación “procedieron a organizar la documentación para los registros de candidaturas, y hasta incluir candidatos en los lugares faltantes… De no ser por esos enviados, el partido no hubiera podido satisfacer los requisitos que la ley demanda para aquel propósito”.
Desde entonces, la vida interna del Verde ha sido dominada por la familia González Torres y sus allegados. Sus finanzas internas son el secreto mejor guardado, a pesar de que en 2009 contaron con un financiamiento público de 304 millones de pesos. Para 2012 la cifra puede rebasar los 400 millones de pesos.
Los devaneos políticos del PVEM han sido ampliamente documentados. En las elecciones presidenciales de 1994, por ejemplo, Jorge González Torres contendió con las siglas del partido y obtuvo el registro; en 2000 buscó una alianza con Vicente Fox, que rompió luego de que el panista no lo incluyó en su gabinete; en 2006 dio la voltereta y se alió con el PRI y su candidato presidencial, Roberto Madrazo.
Ahora, los conocedores de los entretelones del PVEM advierten que ese partido se prepara para apoyar desde la Cámara de Diputados al duopolio televisivo; para 2012, según los pronósticos, puede ser “bisagra” para garantizar la candidatura de Enrique Peña Nieto, su principal apoyo político y financiero.

 

Narcos y delincuentes cogobiernan municipios, estados y federación.

Álvaro Cepeda Neri / Conjeturas

En los discursos calderonistas hay reclamos y quejas que hizo uso de su facultad, establecida en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (una ley fundamental cada vez menos acatada dentro del relajamiento político que vive la nación y sus gobernantes), el presidente Felipe Calderón y que en la fracción VI dice: que el titular del Poder Ejecutivo Federal, para preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, puede y debe disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior de la Federación. Empero y dicho sea de paso, la facultad está coja si simultáneamente, no hace uso de lo establecido en el artículo 29 de la misma Constitución.

Y es hora de ejercer la pinza de los artículos 29 y 89, para legalizar al máximo que los militares estén, cada vez más, haciéndola de policías ya que éstas, por lo general, se han coludido con las delincuencias (hay policías que en su turno de descanso son delincuentes) lo mismo que los presidentes municipales y no se diga los gobernadores con sus pandillas. Calderón, como lo acaba de hacer ante la comunidad mexicana-israelita, hace reclamos y se queja de que “los gobiernos” no cooperan en el combate a los narcotraficantes y del resto de las delincuencias. No se atreve a ponerle nombre a sus imputaciones, porque entonces tendría que darlos “con pelos y señales”.

Además de que la facultad de perseguir los delitos del narcotráfico y de la demás delincuencia organizada, es de competencia exclusiva del gobierno federal y su ya desbordada estructura desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus brazos armados, como la Agencia Federal de Investigación (AFI); la Policía Federal Ministerial (de la PGR), y la Policía Federal Preventiva (al mando del tenebroso Luis Cárdenas Palomino) y de toda la organización bajo el mando de Genaro García Luna y Medina-Mora. Estos tres funcionarios manejando un multimillonario presupuesto para gastos, como lo acaba de detallar en su nota el reportero José Reveles (El Financiero: 12/VI/09).

Calderón hubo de tomar la medida de sacar a los militares de sus cuarteles ante le hecho amenazante de que narcos y demás delincuentes ya estaban y siguen cogobernando, a través de los sobornos a presidentes municipales, gobernadores y funcionarios federales que incluye a militares. Pero los funcionarios de la Federación, que incluye a toda la estructura de la descentralización política-administrativa, son parte de problema con sus excepciones. Un problema que dejaron crecer desde 1982 al 2000, desde De la Madrid a Fox. “Nosotros el pueblo” o sea los ciudadanos comunes y corrientes muy poco podemos hacer para colaborar, con todo y las recompensas ofrecidas. Así que es al presidencialismo al que le toca, por obligación, hacer frente al terrible fenómeno y al Congreso General para que de una vez por todas descentralicen las facultades para combatir al narcotráfico y demás delincuentes, antes de que estos se apoderen totalmente de los gobiernos y sustituyan de facto a los gobernantes de jure y a estos últimos la propuesta de no votar más para elegirlos, conlleva apoyar a que los delincuentes sea los presidentes municipales, los gobernantes, los policías y hasta el presidente de la República.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:07
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