Jueves, 23 de julio de 2009

La Sedena, líder de quejas ante la CNDH

De la Redacción. La Jornada.

 

De las 2 mil 956 quejas atendidas en el primer semestre de 2009 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las autoridades más señaladas por presunta violación a los derechos fundamentales fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 559 casos; la Procuraduría General de la República, con 216; el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 215, y la Secretaría de Seguridad Pública federal con 104.

Le siguen la Secretaría de Educación Pública con nueve quejas, la Policía Federal Preventiva con 90; el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con 81; e igual número para el órgano administrativo desconcentrado Prevención Adaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.

En un comunicado emitido por la comisión se asegura que las quejas recibidas del primero de enero al 30 de junio del presente año destacan los siguientes hechos violatorios: 318 casos por prestar indebidamente el servicio público; 250 por detención arbitraria; 210 por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones.

El fuero de guerra se convirtió en un factor de impunidad: Pro Juárez

El 3 de agosto la SCJN decide si militares pueden ser juzgados por civiles

Javier Valdez Cárdenas. La Jornada.

Corresponsal

Culiacán, Sin., 22 de julio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 3 de agosto si permite que autoridades civiles juzguen a militares en casos de violaciones de derechos humanos a ciudadanos, informó Santiago Aguirre Espinoza, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El caso fue puesto en manos del máximo tribunal por esa organización y el Frente Cívico Sinaloense, luego del asesinato de cuatro jóvenes por parte de efectivos del Ejército mexicano en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, en marzo de 2008.

Por este hecho fueron detenidos 16 militares y de ellos cinco fueron consignados ante el Ministerio Público Militar y se encuentran recluidos en cárceles del mando castrense por los delitos de violencia contra personas causando homicidio, violencia contra personas causando lesiones, así como homicidio y lesiones culposas.

Las víctimas fueron identificadas como Édgar Geovany Araujo Alarcón, Héctor Zenón Medina López, Manuel Medina Araujo e Irineo Medina Díaz; además de un joven que resultó lesionado y otro más ileso.

Aguirre Espinoza manifestó que si un militar se insubordina, deserta o abandona sus funciones, procede que sea juzgado por las autoridades castrenses, pero esto no debe ocurrir cuando las víctimas de lesiones, violaciones a los derechos humanos o asesinatos por parte de militares, son civiles, como ocurrió en Badiraguato, porque eso significaría alentar la impunidad.

Es la primera vez que la Corte analizará si es adecuado, respecto de la Constitución que esa práctica siga ocurriendo en México, es un caso muy importante, porque ya se va a analizar la cuestión, es la primera ocasión que la Suprema Corte discutirá cuál debe ser la extensión del fuero militar en México.

Agregó que la Constitución indica el fuero de guerra para los casos que atenten contra la disciplina militar, pero el Ejército contempla en dicho concepto la violación de una mujer, actos de tortura u homicidios de civiles por militares.

Las organizaciones de derechos humanos hemos visto que el fuero de guerra se volvió un factor de impunidad y ese tema se ha vuelto cada vez más importante, porque ahora el Ejército está en todas partes y está realiza tareas de seguridad pública en Sinaloa, como en otros estados, tiene una presencia en muchos ámbitos.

El abogado señaló que en ninguno de los casos en que militares han sido juzgados por este tipo de delitos se ha conocido el veredicto al que han llegado los jueces del fuero castrense.

 

 

Renuncia secretario de Salud de Chiapas; tiene influenza

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 22 de julio (apro).- Entubado y bajo vigilancia médica las 24 horas del día, luego de contraer influenza A/H1N1, Adrian Pérez Vargas renunció a su cargo de Secretario de Salud en Chiapas, un estado donde hasta el momento más de dos mil 700 personas se han contagiado del virus.

La cifra de contagios en Chiapas supera a Argentina (2,485 casos), China (2,101) y Tailandia (2,076), de acuerdo con información oficial.

         La renuncia se dará a conocer este jueves 23 al medio día en una conferencia de prensa, en la cual también se informará quién reemplazará a Pérez Vargas.

         El fin de semana pasado, Pérez Vargas empezó a sentirse mal con los primeros síntomas de la influenza AH1N1; el lunes se corrió el rumor de que estaba contagiado, pero ninguna la Secretaría de Salud se negó a confirmar el caso.

         Ayer martes, después de sostener un debate con el gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero, en una entrevista radiofónica el secretario José Ángel Córdova Villalobos reveló la enfermedad de Pérez Vargas: "Incluso el secretario de Salud del estado está afectado por el virus de la influenza A/H1N1."

         La Secretaría de Salud del estado informó hoy que Pérez Vargas está en cuarentena, por lo que debe de permanecer aislado sin contacto con nadie, salvo sus médicos.

         En un acto de emergencia, el gobierno de Chiapas alquiló el hospital privado Muñoa para atender más casos de influenza, además de que se suspendieron las consultas externas a los pacientes que llegan al hospital regional para evitar que se contagien con los pacientes que ya se encuentran en el interior del nosocomio.

         Hasta ayer martes, según el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, en la entidad se tenían contabilizados 2 mil 635 casos de influenza; por el contrario, la Secretaría de Salud federal informó que hasta hoy son 2 mil 518. En promedio 100 personas se contagian de influenza a diario.

El gobierno del estado sólo reconoce 17 muertes por influenza A/H1N1, sin embargo, las autoridades de salud federales aseguran que la cifra es de 24 fallecimientos por la epidemia.

 

Viudas de Pasta de Conchos se solidarizan con deudos de guardería ABC

SILVIA NúñEZ ESQUER

HERMOSILLO, Son., 22 de julio (apro-cimac).- Tomasita Hernández y Claudia Escobar, en representación de las viudas de Pasta de Conchos, se solidarizaron con las madres y padres afectados por el incendio en la guardería ABC de esta ciudad.

Nadie mejor que ellas saben lo que es enfrentar el dolor por la muerte de los seres queridos y, sobre todo, de lidiar contra la negligencia oficial y la injusticia.

En su mensaje, las viudas de los mineros aseguraron que la tragedia del pasado 5 de junio que enlutó al pueblo y a 48 familias tiene nombre: "Impunidad, desprecio, negligencia y explotación".

Claudia Escobar recordó que ellas pensaban que sus esposos y seres queridos estaban seguros en la mina Pasta de Conchos, que por trabajar en una empresa del consorcio minero más grande de México ellas y sus hijos tenían asegurado el futuro, pero ahora sabemos, dijo, que la mina "era una bomba de tiempo".

Comentó que el salario que devengaban sus maridos era de explotación y que el futuro presagiaba luto y orfandad. Recordó que el 19 de febrero de 2006 estalló la bomba de tiempo y fue así que iniciaron su lucha de recuperar los cuerpos de sus hombres que lleva tres años y medio.

Al igual que ocurre con los afectados de la guardería ABC por parte del gobierno, las viudas de Pasta de Conchos acusaron a la empresa de querer comprar su silencio por medio de ayuda humanitaria en dinero. También las presionaba para que abandonaran la lucha del rescate de cuerpos.

Cuando la empresa les notificó que abandonaba la búsqueda de cuerpos, recorrieron todas las instancias del gobierno para exigir que continuara, sin obtener respuesta. Fue así que se inició la lucha frontal hasta que decidieron entrar a la mina para constatar que era posible el rescate.

Las propias mujeres realizaron la expedición hacia el interior de la mina, llegando hasta la diagonal 15, en donde tomaron evidencias fotográficas para comprobar que el rescate era posible.

Denunciaron que en su recorrido pudieron constatar que la mina estaba inundada intencionalmente a partir de la diagonal 14. Con las evidencias recorrieron de nuevo instancias de gobierno para solicitar que se obligara a la empresa a iniciar el rescate de cuerpos de los mineros fallecidos dentro.

No obstante, ni de la Secretaría del Trabajo ni del propio Felipe Calderón, quien  no las quiso recibir, como se lo solicitaron, obtuvieron respuesta.

Las mujeres tomaron en resguardo la mina desde el 20 de noviembre de 2008. De esa forma tomaron la decisión de iniciar la recuperación por sí mismas, con el apoyo del sindicato nacional minero y otros obreros.

En relación con la tragedia de la guardería ABC, expresaron que les duele profundamente. Aseguraron que les llena de coraje que tengan que suceder estos hechos para que las autoridades se den cuenta del peligro constante que corre la gente.

Pero más les duele, dijeron, la protección que la autoridad les brinda a los culpables, y la impunidad de la que gozan los que explotan al pueblo.

Afirmaron que su lucha ha rebasado la cerca de la mina número ocho de Pasta de Conchos, por lo que están dispuestas a "luchar contra la política de muerte y explotación en todo México", y por eso están con las madres y padres de la guardería ABC, concluyeron.

Por su parte, el Movimiento en Solidaridad con las Luchas Sociales (MSLS) manifestó su respaldo a la luchas de las familias afectadas por el incendio. Consideró que al igual que en la tragedia de Pasta de Conchos, la de la guardería ABC fue producto de la "irresponsable e ilegal política del gobierno y de particulares", al desatender el compromiso constitucional de garantizar la seguridad social a las y los mexicanos.

"La subrogación de los servicios de guardería y atención médica, son una privatización disfrazada de la seguridad social, y el abandono del Estado mexicano para garantizar el cumplimiento del interés público de estos servicios", subrayó.

El organismo, integrado por 62 sindicatos, redes,  frentes ciudadanos y activistas en general, exigió castigo a los verdaderos responsables de las tragedias que costaron la vida a 48 niñas y niños en la guardería ABC y a decenas de mineros en Pasta de Conchos.

También exigió la renuncia inmediata de Daniel Karam, director general del IMSS; recuperación de los cuerpos de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos; atención especializada permanente a las y los niños, familiares y personas afectadas por la tragedia en la guardería ABC, justicia para todos.

Ineficientes, las políticas de Calderón en rubros prioritarios

Reprueban el desempeño del Ejecutivo federal en materia de seguridad pública, estado de derecho, economía, desarrollo social, política internacional, medio ambiente y democracia

Emir Olivares Alonso

 

El gobierno de Felipe Calderón fue reprobado por casi 50 académicos e investigadores de diversas instituciones educativas, quienes le otorgaron una calificación de 5.18, debido a los ineficientes resultados en políticas prioritarias para el país.

Al realizar un análisis acerca de la efectividad de los programas gubernamentales y la eficacia de los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, estado de derecho, economía, desarrollo social, política internacional, medio ambiente y desarrollo de la democracia, especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideraron que el Ejecutivo federal no aprobó en su desempeño durante los dos años y medio que lleva de gestión.

La Evaluación del desempeño del Poder Ejecutivo –en la que se calificaron los resultados obtenidos en relación con las promesas de campaña y el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012– refiere que en el tema de seguridad pública el gobierno federal ha mostrado un matiz policializado, pues considera que la solución está en la policía y hacia ese rubro se canalizan las mayores inversiones, razón por la que se ha descuidado al Ministerio Público.

En conferencia de prensa, Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM –quien participó en la evaluación–, resaltó que en el tema de seguridad se ha dado prioridad a la atención policiaca y, en paralelo, existe descuido en materia de derechos humanos.

El gobierno de Felipe Calderón “tiene una visión unidimensional sobre la seguridad pública. Entiende el problema desde una perspectiva netamente policiaca y, en consecuencia, las políticas públicas al respecto responden a esa lógica.

Pero en realidad el tema tiene una dimensión múltiple: existen factores sociales y económicos que inevitablemente inciden e influyen en el fenómeno de la delincuencia organizada, pero han sido descuidados y olvidados desde el punto de vista de la política pública, afirmó.

Débil combate a la pobreza

En lo concerniente a desarrollo social, los expertos consideraron que en dos años y medio la gestión calderonista obtuvo resultados débiles en el combate a la pobreza, debido a la ausencia de criterios de evaluación, operación ineficiente de los programas sociales y falta de una estrategia que los armonice y haga converger.

Particularmente en educación, señalaron, alcanza apenas 4.9 de calificación. El Ejecutivo federal centró su estrategia e interés en la evaluación con el propósito de elevar la calidad; sin embargo, esos procesos no han tenido buenos resultados, han sido incompletos y no coinciden con los de organismos internacionales.

Asimismo, destacaron que existe un vacío en la política educativa, ya que no se logra retener a muchos jóvenes de entre 15 y 16 años de edad que desertan de las aulas para incorporarse a las áreas laborales.

Acerca de la economía, los especialistas consideraron que la productividad y la competitividad fueron las áreas con más rezagos, sobre todo porque en la promoción del empleo y la paz laboral las propuestas han sido demasiado simplistas y vagas. Las medidas impulsadas por el Ejecutivo para promover el empleo han sido insuficientes y hacen falta políticas públicas focalizadas.

Manifestaron que, lejos de fortalecer la prevención en salud, que es eje medular, la administración federal ha desmantelado el sector. Y si bien existe un incremento en la cobertura de salud, la planeación no es suficiente, lo que ha generado deficiencia en la calidad de la atención.

Por otra parte, debido al escaso fortalecimiento de la democracia y a la falta de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal obtuvo calificación reprobatoria en política y desarrollo de la democracia.

Los expertos advirtieron que el equipo gubernamental responsable de dialogar con las diferentes fuerzas políticas no es el más adecuado, existe una enorme discrecionalidad en la rendición de cuentas, y la aprobación de las leyes antiaborto en estados gobernados por el PAN pone de manifiesto el predominio de los lineamientos conservadores de un partido político.

Peña y el Verde

Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública

A través del dúctil o maleable (eso lo determinará la tecnología de materiales) Jorge Emilio González Martínez, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, se dio a sí mismo, anteayer, un útil regalo de cumpleaños: tiene ya colocada en la Cámara de Diputados una de las varias piezas de la maquinaria que espera le sirva para promover su candidatura presidencial hacia fines de 2011, cuando concluya su periodo de gobierno en Toluca.

El lunes pasado González Martínez, presidente del Partido Verde, nombró coordinador de su abultado grupo parlamentario a Juan José Guerra Abud, un priista. Además de que esa designación enseña que el estrecho nexo entre el PRI y el partido de la familia González Torres-Martínez es más un contubernio que una coalición electoral o una alianza parlamentaria, ratifica también el vínculo entre el gobernador mexiquense y el duopolio de la televisión, que contará con representación en la próxima legislatura, precisamente al mando de Guerra Abud, hombre de Peña Nieto en San Lázaro.

Ingeniero industrial con maestría en economía, Guerra Abud fue secretario de Desarrollo Económico en el prolongado interinato de César Camacho Quiroz, que reemplazó en julio de 1995 a Emilio Chuayffet, que dejó la gubernatura mexiquense para ser secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, quien posteriormente lo cesó a causa de la matanza de Acteal en Chiapas para poner a Francisco Labastida, que lo reemplazó en la antesala de la candidatura presidencial. Camacho Quiroz fue, pues, gobernador durante cuatro años, y en su gabinete sirvieron el ahora líder parlamentario verde y el jovencito Enrique Peña Nieto, que se iniciaba en la carrera administrativa como secretario particular. Camacho Quiroz fue activo artífice del designio de hacer de Arturo Montiel, impresentable desde entonces, el siguiente gobernador. Una de las estrategias usadas para lograr ese propósito (que incluyó amenazas a militantes que promovían otras precandidaturas) fue responsabilizar de tareas electorales directas a los miembros de su gobierno. Así, Guerra Abud fue "padrino de sección" en la campaña de Montiel mientras era parte del gabinete de Camacho Quiroz. Durante la contienda presidencial del 2000 aportó 50 mil pesos a la candidatura de Francisco Labastida (Reforma, 21 de julio).

Cuando el PRI perdió la presidencial Guerra Abud se trasladó al sector privado. En agosto de 2001 fue elegido presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, cargo que desempeñó hasta marzo pasado. Según la revista T21, muy conocida en el ámbito de los autotransportes, se explicó entonces que la salida de Guerra Abud era para sumarse al proyecto de hacer presidente de la República a Peña Nieto. Ahora vemos cuál ha sido la ruta escogida para ese propósito: fue colocado por el Partido Verde a la cabeza de la lista de candidatos de representación proporcional en la quinta circunscripción a que pertenece el estado de México.

En rigor estricto, el líder de los legisladores verdes ni siquiera es uno de ellos todavía. Debe esperar a que el Instituto Federal Electoral, una vez concluida la fase jurisdiccional de la elección -es decir, resueltos los litigios que planteen candidatos y partidos-, haga la asignación de diputados de representación proporcional. De seguro Guerra Abud estará en la lista correspondiente, pero eso se formalizará a fines del mes próximo. Por eso es llamativo el apresuramiento de González Martínez de hacer público su nombramiento. Debe mostrar que cumple sus pactos para poder seguir siendo un confiable negociante de las posibilidades de su partido.

Es del interés del gobernador mexiquense contar con delegados eficaces en la próxima legislatura, sobre todo ante la eventualidad (que permanece abierta) de que Beatriz Paredes asuma la dirección del grupo priista. Como inevitables rivales en el largo periodo preelectoral, la ahora lideresa nacional del PRI y Peña Nieto harán de San Lázaro un espacio de lucha política. (También lo hará el tercer participante priista en los lances internos del proceso presidencial, el senador Manlio Fabio Beltrones, que además de su propio equipo en la nueva legislatura, donde sobresaldrán María Esther Scherman y Felipe Solís Acero, contará con un subcoordinador en el Verde, su yerno Pablo Escudero Morales).

Peña Nieto contará, a través del Verde, con la telebancada, el grupo de diputados cedidos, a título gratuito u oneroso (y en este caso no se sabe si mediante pago en especie o en efectivo) por el partido fundado por el papá de Jorge Emilio, encargados de gestionar los intereses legislativos de las televisoras que, como hacían los radiodifusores en la época del antiguo corporatismo priista, tenían asientos reservados en el Congreso. Ahora son directamente las empresas más poderosas las que encargaron al para esos fines utilísimo partido dizque ecologista acomodar a sus diputados.

En la colección de benefactores que Peña Nieto logra cada día no hay que desestimar a miembros de los órganos electorales. Por lo pronto, en el IFE ayer estaba por desecharse la queja presentada por el PAN contra el gobernador mexiquense, que se mostró activísimo en diversas fases y espacios del proceso electoral. Pero donde muchos vimos promoción personal contraria al artículo 134 constitucional, uso de recursos públicos y ostensible presencia ante las cámaras más allá de lo noticioso, por un extraño estrabismo en el IFE no se vio nada.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:43
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