Viernes, 24 de julio de 2009

Se ha ampliado de manera extraordinaria el fuero militar, señala Suárez del Real

Decreto de Calderón al respecto implica graves riesgos y viola la Carta Magna, señala

Roberto Garduño

 

En la edición del Diario Oficial de la Federación del miércoles pasado se publicó un decreto firmado por Felipe Calderón con la reforma y adición al reglamento interior de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), con lo cual se atribuirán amplias facultades al procurador general de Justicia Militar para representar al Ejecutivo en las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los juicios de amparo que provengan del Ejecutivo y de las autoridades superiores de la propia secretaría.

La publicación fue recibida con preocupación en la Cámara de Diputados, pues se otorga facultad extraordinaria al fuero militar, e implica el deslinde de la responsabilidad institucional que tiene el titular del Ejecutivo como jefe de las fuerzas armadas para asumir los costos de la actuación de las mismas, refirió el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Alfonso Suárez del Real.

A escasas dos semanas de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del gobierno federal, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, con objeto de abogar por el Ejército ante una denuncia de violación a los derechos humanos y la desaparición física del ex alcalde de Atoyac, Guerrero, Rosendo Radilla, hace 35 años, el titular del Ejecutivo determinó, mediante el decreto firmado hace tres días, que los militares, desde ahora, asumirán su propia defensa, lo cual implica prescindir de la participación de la autoridad civil.

Las reformas

El decreto suscrito fue reformado en su artículo 10, fracción novena, con objeto de otorgar nuevas facultades al procurador de Justicia Militar, a quien corresponderá representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Carta Magna, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto al artículo 81 del presente reglamento.

En el artículo 81, fracciones cuarta, quinta y sexta del mismo reglamento, se señala que el procurador militar va a “representar al presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo en aquellos asuntos que corresponda a la Secretaría de la Defensa Nacional representar al titular del Ejecutivo (&hellipGui?o intervenir en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad en las que el secretario de la Defensa Nacional represente al presidente de la República (&hellipGui?o representar al general secretario, al subsecretario de la Defensa Nacional, al oficial mayor y a cualquier otro servidor público de los órganos administrativos en los juicios de amparo en los que sean parte”.

La complejidad de la decisión presidencial fue analizada por el diputado perredista Suárez del Real, para quien el decreto implica graves riesgos, porque establece una extensión extraordinaria del fuero militar cuando se enmarca en los delitos de orden federal cometidos por soldados.

Esto constituye una violación flagrante al artículo 13 de la Carta Magna, convirtiendo el fuero militar en instrumento de coacción política. Debemos establecer que la Procuraduría General de Justicia Militar únicamente tiene personalidad para actuar en las instancias del sistema de justicia militar; atribuirle otras funciones resulta, como en el caso presente, extender el ámbito jurisdiccional del fuero militar, vulnerando con esta acción el estado de derecho.

El fuero militar sólo aplica para acciones disciplinarias, por lo que ahora el fiscal militar, con las facultades delegadas por Calderón, no sólo va intervenir en juicios civiles contra los integrantes de las fuerzas armadas, sino se involucrará directamente en actividades hasta ahora ajenas a su competencia, como la representación presidencial en las acciones mencionadas, abundó Suárez del Real.

Rebasaría el ámbito militar y se adentraría en el derecho civil. Eso, precisamente, lo va a analizar Naciones Unidas para que se ubique el fuero de los militares en acciones de su entorno, y no en aquellas en que se reserva la actuación a la autoridad civil. Se está generando un halo de impunidad, porque no se aplicaría la legislación civil a los integrantes de las fuerzas armadas, quienes sólo serían objeto de la acción militar, aun cuando hubiesen trasgredido la norma civil, reiteró.

De tal forma, el decreto implica el deslinde de la responsabilidad institucional de Calderón en su carácter de jefe supremo de las fuerzas armadas, para asumir los costos de la actuación de éstas.

Se da en “un contexto en el que nuestro Ejército se encuentra sumamente cuestionado por los señalamientos de Naciones Unidas, de organizaciones defensoras de derechos humanos estadunidenses y nacionales, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dedicarse a funciones de seguridad pública y de la guerra abiertamente declarada contra el crimen organizado, por instrucciones de su jefe supremo, ejerciendo funciones evidentemente metaconstitucionales.

Esta situación coloca en grave riesgo la gobernabilidad de nuestro país, al exponer a las fuerzas armadas nacionales a un desgaste aún mayor, al obligarlas a asumir directamente la responsabilidad por las consecuencias del acatamiento de órdenes de su jefe supremo, señaló.

Juárez: el terrorismo del Ejército

SABINA BERMAN

Algo no funciona en la guerra contra el narco. Algo o muchas cosas. Algo está torcido y cruzado en el mecanismo de una ametralladora que dispara a donde no debe disparar y aun cuando sí da en el blanco previsto no merma al enemigo, lo fortalece.
Ahora lo dicen unos cuantos legisladores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y el Human Rights Watch de Washington, pero eso ya lo sabían los habitantes de Juárez, la ciudad más militarizada del país. Lo sabían desde hace un año: algo muy terrible no funciona en esta guerra.
Hace dos años y medio, asolados entonces por un crimen rampante en la ciudad (el robo, el secuestro, los levantones de personas, el asesinato de mujeres luego de ser violadas, el fuego cruzado de los cárteles y sus muertos premeditados y sus muertos accidentales), los juarenses recibieron al Ejército eufóricos. Ahora, quieren que se vayan los soldados. Cada semana hay marchas pacíficas que lo reclaman. Marchas pacíficas pero de gente desesperada.
¿Qué demonios pasó en Juárez? En una ciudad relativamente pequeña, de un millón de habitantes, hoy existen cerca de 10 mil soldados, más 2 mil efectivos de la PGR, y en lugar de que tanta fuerza pública imponga por fin la ley, han aumentado los robos y los secuestros y los asesinatos y el fuego cruzado de los cárteles y sí, también, han aumentado las mujeres levantadas.
Lo que pasó es que más allá de lo que en un principio los juarenses pudieron suponer, el hecho es que el Ejército no salió a las calles para defender a la población civil ni para combatir al narco.
Voluntad o no del presidente Calderón, la acción real del Ejército ha sido la represión de los ciudadanos de bien: los trabajadores, los universitarios, las amas de casa: la gente pacífica. A esos son a los que los soldados detienen en retenes, en cuyas casas se meten con las armas en ristre y donde de pasada cometen todos los abusos, abusos que se les permiten, desde robo hasta la desaparición de personas.
¿Y a la hora que cruza una caravana de automóviles con los cristales polarizados (que están prohibidos en Juárez y son la señal de que se trata de vehículos del narco)?; ¿y a la hora de que sucede un crimen en vía pública, a plena luz del sol?; ¿en ese momento, qué hacen los soldados?
Se lo pregunto a X, que no quiere que publique su nombre. Ya ha tenido enfrentamientos con la PGR por andar organizando marchas pacíficas. Ya “la andan buscando” por dar voz en otros eventos públicos, plantones, desplegados, pronunciamientos, a la desesperación de la gente. Ya 15 soldados se apersonaron en su casa para saludarla.
–¿Qué pasa entonces? –le pregunto.
–A la hora de los asaltos, secuestros o ejecuciones, brillan por su ausencia, y si la casualidad los puso, como nos pone a todos, en el momento de un acontecimiento (criminal), se dan la vuelta para no entorpecer los “trabajitos” de los sicarios.
–¿Pero por qué se dan vuelta? ¿No quieren o no pueden enfrentarlos?
–Ambas cosas. Se dan la vuelta por falta de capacidad y de voluntad.
–Una pregunta corta: ¿Cuánto han aumentado los levantones de mujeres jóvenes?
–El Diario de Juárez hizo recientemente un recuento: van 50 desaparecidas desde finales del año pasado hasta hoy.
Es decir, si se compara con números de hace tres años, cuando no estaba el Ejército, su número se ha triplicado.
Pero vuelvo a las preguntas sobre el Ejército:
–¿Qué ha pasado entonces dentro de las filas del Ejército? Creíamos hasta ahora que el Ejército es la única fuerza armada disciplinada y honorable.  
–Pues se han corrompido al existir en un estado de impunidad, una impunidad inimaginable aún para ellos antes (de su estancia en Juárez). Este gobierno abrió la caja de Pandora, a ver después quién regresa al Ejército a su papel original, luego de que están probando las mieles de los botines que arrebatan a los ciudadanos, luego de que gozan de un permiso irrestricto para matar y luego de haber sido convidados a la mesa del poder. Premeditadamente o no, acá en Juárez se ensaya un terrorismo de Estado. Nos han metido el miedo hasta los huesos.
Me explica con más detalle: “Un terrorismo de Estado: el Ejército se conforma con mantener el control de la población civil de una zona cada vez más vulnerada en sus instituciones y en su estado de derecho. Cada vez con mayores problemas de convivencia social, con graves rezagos y sin una salida económica ni política en el panorama”.
Es decir, la “estrategia” (por llamar de alguna forma a este quehacer sin porvenir positivo) es suplir la anarquía (la ausencia de Estado) con el control del terror, pero de la población desarmada.
¿Hasta cuándo se le permitirá al Ejército esto en Juárez? ¿Y de Juárez hasta dónde más puede expandirse esta “estrategia”?

 

Con uno de su tamaño

Francisco Rodríguez

La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz

Thomas Mann

DE NO SER TAN
serio el asunto, movería a carcajadas. El ocupante en turno del palacete de Los Covián, sale a los medios cual mozalbete provocador a retar al grupo delincuencial La Familia, que tiene bien sentados sus reales en el Valle de México y, claro, también en Michoacán. Veo y escucho a un permanentemente desfajado y jadeante, Fernando Gómez Mont, y recuerdo al grandulón de cualquier grupo escolar de primaria, dándoselas de salvador o protector de los agredidos por el bullying, ahora tan de moda.

“Señores, los estamos esperando: métanse con la autoridad y no con los ciudadanos”, dijo estentóreo el secretario del señor Felipe Calderón, supuestamente encargado de la negociación política.

Uno tras otro, a Gómez Mont le siguen los yerros.

Primero, la semana anterior, al dar respuesta a uno de los supuestos capos de La Familia que, a través de la televisión de Morelia, dio su apoyo a su “amigo” Felipe Calderón, al tiempo que evidenciaba la corrupción y selectividad en la pretendida guerra contra el narcotráfico del señor Genaro García Luna. En su exabrupto, Gómez Mont se colocó en el mismo plano que el personaje apodado La Tuta, sin siquiera esperar a que los servicios de “inteligencia” (jejeje) de la fallida Administración federal le confirmaran la identidad de quien llamara a la televisora a reivindicar y justificar la tortura y asesinato de casi una veintena de empleados de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

No ha sido sino hasta hace apenas unas pocas horas que la PGR ha dado a conocer que, con casi 95 por ciento de certeza, la voz de quien irrumpiera en las ondas hertzianas identificándose como Servando Gómez, sí corresponde a La Tuta. El cómo hayan tenido grabada la voz de La Tuta previo a su irrupción mediática para establecer dicha casi “certeza” no fue explicado, por supuesto.

El segundo yerro de Gómez Mont es asaz descomunal.
El “pónganse con uno de su tamaño” que retador lanzara el ex abogado de todos aquellos a quienes se persiguiera por delitos financieros en el zedillato, provoca asumir que La Familia y el Estado mexicano tienen la misma dimensión.

Muchos ya lo sospechábamos, pero desde hace dos días lo tenemos confirmado en palabras de Gómez Mont.
¿De qué se trata? Acaso, de que ¿en adelante, los objetivos paramilitares de los diversos grupos delincuenciales sean “autoridades”?

¿En tal consiste el reto del secretario de Gobernación de esta fallida Administración? ¿Imaginará siquiera el riesgo en el que se pondría a la República?

Pareciera que en su desesperación ante el fracaso en esta –so called-- guerra, Calderón y sus muchachos dimensionan el problema cual tan crítico que los cimientos del Estado como órgano destinado a mantener el orden público, se encuentran tan deteriorados como desprestigiados.

Peor, aún, pareciera que en México la razón de ser del Estado ha caducado. A riesgo de ser simplista, el Estado como ente amortiguador de los conflictos sociales y humanos o como fruto de un contrato entre gobernantes y gobernados para garantizar la convivencia social, ya no existe o, mínimo, está en crisis porque ni los gobernantes garantizan exitosamente la convivencia ni los gobernados respetan las normas del orden social.

El peor de todos los ejemplos lo brinda el mismo Gómez Mont.
Necesario, sí, que se ponga un alto a la violencia que asuela a la sociedad, pero ¿tiene que ser el por ley encargado de que la convivencia reine, quien salga de la cantina, con pistolas al cinto, a retar a los delincuentes?
¿Sienten estar los funcionarios de la fallida Administración calderoniana al mismo nivel, en el mismo plano, que los delincuentes?

¿Y el Estado mexicano es ya de la misma ralea que La Familia?´

Si el asunto no fuese –como lo es-- tan serio, movería a carcajadas el sólo ver y oír a Gómez Mont decir a los delincuentes que se pongan con uno de su tamaño, ¿o no?

Índice Flamígero: Primera víctima de la exitosa y muy movida (sic) campaña electoral del PRI, su dirigente nacional Beatriz Paredes ya se repone de una intervención quirúrgica al corazón en la habitación 343 del ABC de la calzada Observatorio. En su oficina desmintieron lo que inició como rumor el lunes, al día siguiente de que fuera internada de emergencia, y hasta deslizaron la posibilidad de que estuviese de vacaciones en Suiza, pero…

 

 

Coneval: hay programas sociales mal enfocados o dirigidos a ricos

Ante la escasez de recursos fiscales en 2010, es preciso analizar cuáles deben fortalecerse

La mejor política social es crecimiento económico que genere empleos y mejore los ingresos

Angélica Enciso L.

 

La mejor política social es el crecimiento económico que genere empleos y mejore los ingresos de la población, porque cuando la economía está mal el número de pobres crece, lo cual ya afecta a 50.6 millones de personas, sostuvo Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Manifestó que la crisis es mundial, pero internamente debe hacerse algo, y señaló que existen programas de política pública que no siempre están dirigidos a los más pobres.

En entrevista con La Jornada, Hernández Licona señaló que se desconoce cuánto tiempo se llevará revertir la tendencia creciente hacia el empobrecimiento de la población. Advirtió que ante la escasez de recursos fisclaes, en el presupuesto de 2010 deberá pensarse bien cuáles programas sociales se apoyarán, porque algunos no están bien enfocados.

Por ejemplo, agregó, el Coneval ha detectado que uno de los que tienen bajo impacto en la población rural es Procampo.

Después de que el Coneval divulgó las cifras sobre pobreza por ingresos 2008, en las cuales se reflejó un incremento de 6 millones de personas en pobreza patrimonial y de 5.1 millones de pobres alimentarios, el funcionario recordó que el año pasado se observaron fuertes incrementos en los precios de productos básicos que provocaron una inflación de aproximadamente 10 por ciento, en promedio, en dos años, mientras la canasta básica, con la cual se mide la pobreza alimentaria, tuvo un incremento de casi 20 por ciento durante el mismo periodo.

Comentó que a finales de 2008 se advirtió que con la crisis económica aumentarían el desempleo y la pobreza, además de que habría reducción de remesas; al mismo tiempo, el gobierno elevó el monto de Oportunidades, principal programa de política social, pero no se sabía cuál iba a ser el impacto. Ahora se conoce que pesó más lo primero que los apoyos gubernamentales, indicó.

Señaló que entre 2006 y 2008 el gasto social fue mucho mayor, aunque esto no quiere decir que todos los programas estén perfectamente, y si aumentó la pobreza existe una explicación alternativa: el inicio de la crisis económica internacional parecería ser lo más probable.

Datos como los que contiene el informe del Coneval que se divulgó en días recientes los deben conocer los tomadores de decisiones para hacer las mejoras que tienen sentido, ver las cosas que se están haciendo bien y qué cosas no, para mejorarlas. Sería un error decir que todo está mal, los gobiernos de todos los estados han realizado cosas importantes, pero se puede hacer más.

Costos y beneficios

Hernández Licona aseguró que la crisis derivada del error de diciembre de 1994 surgió de un gasto muy grande en política social. El programa Solidaridad derramó muchos recursos entre la población de 1989 a 1994, pero después de 1995 hubo un incremento de 16 millones de personas en pobreza alimentaria. Ahí se ve que el efecto en el ingreso fue brutal y está empezando a serlo en este periodo.

Precisó que el Coneval –organismo descentralizado encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales– ha estimado que “cuando le va mal al mercado laboral –que incluye empleos, salarios y precios– la pobreza aumenta. Esto ha sucedido en esos periodos. El gran reto de los poderes Ejecutivo y Legislativo es hacer que el país pueda crecer y tratar de resolver este problema mucho más rápido pues, aunque es mundial, en lo interno hay muchas cosas que debemos hacer”.

Respecto de la política social, explicó que si se observan las coberturas básicas entre 1992 y 2008, se han obtenido buenos resultados. Más niños van a la escuela, hay menos analfabetas, más adultos con pensión y más casas con piso firme, son pasos que apuntarían a que los esfuerzos de cobertura básica de los tres niveles de gobierno han tenido un efecto importante. Creemos que ese efecto puede ser mayor si se puede mejorar la calidad de los servicios.

Hernández Licona aseveró que hay programas de política pública que no siempre están dirigidos a los más pobres, hay acciones más regresivas y debería hacerse un esfuerzo en la legislatura para privilegiar los programas para los pobres.

Como los recursos no alcanzan para todo, debe privilegiarse a los más pobres con programas focalizados, como piso firme y Oportunidades, y no descuidar el acceso universal a educación y salud, que bien focalizados también son progresivos.

Asentó que la política social debe reforzar la red de protección social, algo que es primordial en cualquier parte del mundo para que la gente pueda salir por sí misma de la pobreza, con sus capacidades básicas, y con la finalidad de que eventos como éste no la afecten mucho.

En este contexto, Oportunidades está pensado para mejorar las capacidades básicas de los niños en pobreza extrema, con el propósito de que cuando sean jóvenes tengan más viabilidad para engancharse en la economía; pero si aquí encuentran problemas, entonces no podrán emplearse, por lo que es ahí donde debe darse la solución.

Explicó que habrá que reforzar los programas de política social, pero el presupuesto de egresos 2010 no será fácil.

La dinámica económica y la caída en la recaudación nos conducirá a que tengamos que pensar dos o tres veces dónde asignar los escasos recursos para la política social. Es un reto. Puede seguirse con los programas que han funcionado y hay otros en cuyo enfoque no es muy bueno: hay programas dirigidos a población más rica.

Pobreza, otra guerra perdida

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 22 de julio (apro).- Desde que andaba en campaña, Felipe Calderón abanderó el tema del empleo y el combate a la inseguridad como sus dos metas principales, y, al llegar a Los Pinos, trató de legitimarse declarándole la guerra al crimen organizado, olvidando su primera prioridad.

No ha pasado ni la mitad de su sexenio, y ha incumplido en ambas tareas, pues no sólo ha perdido la guerra contra las bandas criminales, sino también contra la pobreza y el desempleo, que se han incrementado de manera preocupante en un país permanentemente en crisis.

         En el combate al crimen organizado, Calderón no sólo ha perdido la batalla contra las bandas dedicadas al narcotráfico; también lo ha hecho contra las que extorsionan, secuestran, trafican con humanos y las que lavan el dinero que produce esta industria.

Además de eso, la adicción entre los mexicanos se ha elevado en 78% en los últimos ocho años, con el agravante de que no se ha cuidado el aspecto de la atención, dado que no existe una estructura que trate a 361 mil adictos que en su último reporte registró el Consejo Nacional contra las Adicciones.

La inseguridad en México ha crecido tanto, que varios grupos de empresarios, inversionistas y grandes comerciantes de distintos estados del país han optado por contratar sus propios guardias de seguridad –los comandos blancos–, milicias privadas que pueden generar graves peligros para el resto de la ciudadanía.

Y, por si fuera poco, otra de las guerras perdidas del gobierno de Felipe Calderón ha sido el combate a la pobreza.

En días pasados, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Cordero, reconoció que en los dos primeros años de gobierno calderonista había aumentado la pobreza de patrimonio, así como de capacidades y alimentaria entre las familias mexicanas.

Casi inmediatamente después de que pasaron las elecciones, Cordero (a quien se menciona como uno de los favoritos de Calderón para la candidatura presidencial de 2012) dijo que de 2006 a 2008 aumentó en cinco puntos porcentuales la pobreza de patrimonio y alimentaria.

Ello quiere decir que más de 6 millones de mexicanos se sumaron a los 50 millones que ya se tenían contabilizados como pobres, de acuerdo con la medición que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).

         Según el organismo descentralizado, en esos dos años el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria subió de 13.8 a 18.2%, y la de patrimonio de 42.6 a 47.4%.

         Al precisar esos datos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que el número de hogares mexicanos que hace dos años sobrevivían con apenas 6 mil pesos al mes, disminuyó en 1.6%, mientras que aquellos que ganan 2 mil pesos mensuales bajaron sus ingresos en 8%. Y los pobres se hicieron más pobres, pues el mismo INEGI señala que no hubo variaciones de ingreso en las otras capas económicas.

         El fracaso de la política social, de combate a la pobreza, del gobierno calderonista se ve más claro si tomamos en cuenta un dato que resulta paradójico, pues los recursos para la Secretaría de Desarrollo Social se duplicaron en el mismo periodo de 24 mil a 50 mil millones de pesos; en tanto que el gasto social programado en estos dos años también aumentó de 80 mil millones a 208 mil millones de pesos.

         Según especialistas en la materia, estos datos demuestran que el gobierno de Calderón no ha sabido gastar el dinero en los programas sociales, debido a que no están bien enfocados, y en lugar de abatir la pobreza la ha multiplicado.

Sin embargo, en un eufemismo ridículo, el titular de la Sedesol calificó de  "baches" los índices de pobreza, pues aseguró que la tendencia histórica en este rubro es a la baja. Además, defendió la aplicación de los programas sociales y adelantó que harán un análisis para determinar cuáles de los 19 programas continuarán o se les harán los ajustes necesarios para focalizar y mejorar su atención, decisión que, por cierto, ya fue criticada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ajeno al sentir social, sobre todo de zonas rurales y urbanas del país donde ya hay desesperación, Cordero justificó los bajos índices alimentarios  por la misma crisis mundial que encareció los precios de los alimentos, como el arroz, huevo y aceite, en más de 25%, 12% y 40%, respectivamente.

En cuanto a salud, las cosas no pintan mejor. México cuenta con 4 mil 203 hospitales, de los cuales mi 121 son públicos y 3 mil 082 privados. En promedio, el sector público tiene 0.74 camas por cada mil habitantes, cifra inferior a la sugerida por la Organización Mundial de la Salud, que es de una cama por cada mil habitantes.

Y más: El acceso a servicios de salud aún no alcanza a toda la población, y pagar por servicios privados resulta imposible para la mayoría. En cuanto a la cantidad de personal capacitado disponible en ese sector, México tiene 1.85 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio internacional deseable, que es de tres médicos.

En educación, como ya se sabe, somos un país de reprobados, de acuerdo con los estándares de la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico (OCDE). Y en el colmo de este rubro, Calderón signó una alianza con Elba Esther Gordillo, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los últimos 20 años, quien para muchos es la imagen de la corrupción política nacional.

Y existen otros indicadores que nos reflejan el enorme atraso del país, pero son batallas perdidas porque al respecto Felipe Calderón ha hecho poco o nada, ya que su principal preocupación sigue siendo legitimarse en el poder, usando al Ejército en su lucha contra el narcotráfico. 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:04
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