Lunes, 27 de julio de 2009

Víctimas de tortura ahora denuncian asedio militar

Organización de derechos humanos solicita medidas cautelares

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Cuernavaca, Mor., 26 de julio. Elementos del Ejército Mexicano asediaron el domicilio de Lucia Gómez Adame luego de allanarlo durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando los soldados torturaron y amenazaron a sus hijos Andrés y José Natividad Zamora Gómez, para exigirles que revelaran el paradero de la banda criminal llamada Los Pelones.

Entrevistada vía telefónica, Gómez Adame aseguró que el hostigamiento de los militares contra su familia continuó durante la tarde y la noche del sábado, cuando un camión con decenas de soldados encapuchados se estacionó frente a la casa y la mantuvo iluminada con un potente reflector desde las dos hasta las tres de la madrugada del domingo.

La jefa de familia aseguró que los militares han respondido con una intimidación sostenida a la denuncia que interpuso ante organismos humanitarios nacionales e internacionales, e insisten en que hay armas y drogas en el domicilio, aun cuando ya revisaron todo.

Dalia Zamora Gómez, hija de Lucía, afirmó que los militares agredieron salvajemente a sus hermanos enfrente de niños, y aunque ya se fueron, advirtieron que regresarían.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos afirmó que esta agresión es una muestra “del patrón de actuación del Ejército Mexicano, que comete toda clase de vejaciones y malos tratos contra los ciudadanos sin respetar la presunción de inocencia, y, sin orden judicial, allana domicilios contra lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución.

Solicitamos medidas cautelares para garantizar la seguridad de la familia Zamora Gómez, ante el temor fundado de que continúen las agresiones del Ejército, señaló José Martínez Cruz, activista del organismo humanitario.

Publican convocatoria para ocupar plazas magisteriales vacantes

El periodo de pre-registro inicia este lunes 27 de julio y concluirá el 2 de agosto, en tanto que el registro será del 29 de julio al 7 de agosto. El examen, el 16 de agosto.

Notimex
Publicado: 27/07/2009 09:05

México, DF. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el sindicato magisterial dieron a conocer las bases de la convocatoria del Concurso Nacional Público para ocupar las nuevas plazas y vacantes definitivas para el Ciclo Escolar 2009-2010.

En un comunicado, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informaron que el periodo de pre-registro inicia este lunes 27 de julio y concluirá el 2 de agosto, en tanto que el registro será del 29 de julio al 7 de agosto.

Detalló que los exámenes se aplicarán de manera simultánea en todo el país el 16 de agosto de 2009, a las 11:00 horas, tiempo del centro, y los resultados se publicarán siete días después en la página electrónica www.concursonacionalalianza.org

Con la convocatoria que está abierta a docentes en servicio y de nuevo ingreso, los aspirantes concursarán por plazas de jornada y de hora-semana-mes de nueva creación, así como por las vacantes definitivas al 15 de julio de 2009.

Dio a conocer que para docentes en servicio se concursarán seis mil 175 plazas de jornada y 48 mil 464 horas-semana-mes; mientras que para los profesores de nuevo ingreso se concursarán 10 mil 212 plazas de jornada y 56 mil 543 horas-semana-mes.

Incumplimiento de acuerdos, parte de los factores que causaron conflicto en Mitzitón

Diferencias ideológicas también han atizado disputas en esa zona ejidal de Chiapas

El gobierno dio poder a líderes chamulas al apoyarlos para que obtuvieran tierras

Hermann Bellinghausen

Enviado

San Cristóbal de las Casas, Chis, 26 de julio. Las presiones que ha padecido el ejido de Mitzitón en tiempos recientes obedecen, a decir de la propia autoridad ejidal, al proyecto gubernamental para construir una autopista a Palenque, que partiría en dos la zona y afectaría bosques, manantiales, solares y campos de cultivo.

La resistencia de los campesinos a esa obra ha dado pie a un nuevo conflicto con un grupo de ejidatarios y ex ejidatarios, algunos acusados de tráfico de indocumentados y, especialmente, de no cooperar en los trabajos comunitarios.

Las autoridades chiapanecas han sostenido que las agresiones en Mitzitón de hace una semana se deben a diferencias religiosas y a un viejo conflicto agrario. Cinco indígenas resultaron heridos y uno muerto durante el último de tres ataques que el grupo de no cooperantes, unos 60 seguidores del líder evangélico Carmen Díaz López, realizaron contra miembros de la asamblea ejidal entre el domingo y el martes pasados.

La asamblea ejidal, adherente a la otra campaña, está compuesta principalmente por católicos y es mayoritaria. El grupo hostil, asentado en el vecino municipio de Teopisca, es de religión evangélica, en la iglesia Alas de Águila. Es verdad que las llamadas diferencias religiosas han marcado profundamente la historia moderna del pueblo chamula, mas no pueden separarse del más terrenal contexto cultural, político y agrario. En la zona de Mitzitón confluyen viejos pueblos chamulas tradicionalistas y evangélicos llegados entre 1980 y 1990.

La violencia expulsora de protestantes alcanzó su clímax en los años 80, pero databa de la primera expulsión en 1974 y la ley municipal que en 1976 prohibió cambiar de partido político (el PRI) y de religión (católica tradicionalista); ese mismo año, San Juan Chamula rompió con la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

En 2006, Alas de Águila formó el Ejército de Dios, que hereda la organización de autodefensa Guardián de mi Hermano, compuesta por chamulas expulsados, cuyos dirigentes, Abdías Tovilla Jaime y el abogado Esdras Alonso González, argumentaban que su cometido no era embestir, sino sólo salir en defensa de sus hermanos cuando sean atacados por las autoridades chamulas y mantenerse organizados y comunicados por radio. (El conflicto Chamula, documento de Arturo Lomelí y Dolores Camacho, en proceso).

Debe subrayarse que después del éxodo a los municipios de San Cristóbal y Teopisca, los chamulas recibieron significativo respaldo gubernamental para obtener espacios urbanos y tierras de labranza. Así, el poder alcanzado por ciertos líderes, como Domingo López Ángel, Manuel Collazo Gómez, Andrés Gómez López y Mateo Pérez Díaz, sólo es explicable por el apoyo del gobierno, como se aprecia en el desarrollo de sus actividades económicas: con los terrenos entregados a los dirigentes, éstos pudieron manejarlos a su conveniencia, otorgándolos a incondicionales que no siempre eran expulsados.

Después de las expulsiones originarias, las diferencias con los pueblos católicos no han sido realmente por sus creencias, sino por el abandono de los acuerdos y la solidaridad comunitarios. Al describir el conflicto ideológico chamula, Lomelí y Camacho apuntan: Mientras los católicos que siguen a la diócesis de San Cristóbal piensan que la religión de los tradicionalistas es una de la múltiples maneras en que se adora a Dios, los evangélicos creen que todo lo que no sea la palabra bíblica es producto del demonio.

De ahí su agresividad contra otras manifestaciones religiosas. Dejaron de ser víctimas. Basan sus argumentos para negarse a cooperar con dinero para las fiestas y a participar en los cargos religiosos en la particular interpretación que hacen de la religión evangélica. Ésta fue también una de las causas del conflicto entre los tradicionalistas y evangélicos chamulas.

Cabe mencionar que el pastor de la Iglesia Ministerial de los Altos y fundador del Ejército de Dios, Esdras Alonso, fue el primer defensor de los paramilitares de Chenalhó acusados de la masacre de Acteal en 1997.

En fechas recientes el Ejército de Dios se ha hecho muy visible en las calles de San Cristóbal con su desfile anual y al movilizarse contra la ilegalización de sus radiodifusoras que operan en colonias como El Santuario, Nueva Esperanza y San Juan de Dios. Más que marchas políticas o religiosas, parecen exhibiciones de fuerza.

Ningún pez gordo ha caído en 20 años de guerra al lavado de dinero

Jueces responsabilizan del fracaso a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda

En 6 años la lucha se concentró en burros y no en capos, indican datos de la Judicatura Federal

Alfredo Méndez

 

En México se persigue el lavado de dinero desde 1989, cuando se tipificó en el Código Penal Federal el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a quienes se encargan de ingresar en el mercado legal las jugosas ganancias que obtienen los grupos delictivos, entre ellos los principales cárteles de la droga.

Sin embargo, en los hechos, las autoridades ministeriales han fracasado en su intento por erradicar estas operaciones que cometen todas las organizaciones criminales, pues permite a los mafiosos seguir traficando con alto grado de impunidad, al comprar protección oficial, pagar mano de obra, adquirir insumos en el extranjero y armas en Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recabadas en los seis años recientes, como parte de los informes anuales del Poder Judicial Federal (PJF) –a las que tuvo acceso La Jornada–, en ese periodo la fiscalía antilavado de la Procuraduría General de la República (PGR) inició 496 averiguaciones previas.

De esas indagatorias, 92 por ciento están relacionadas con personas que trasladaron dinero de manera ilícita, pero no en grandes operaciones de lavado de activos mediante instituciones financieras internacionales (situación que sólo representó 8 por ciento), sino por medio de sujetos que fueron detenidos en algún aeropuerto internacional en posesión de grandes cantidades de dinero en efectivo, básicamente dólares.

De las 496 averiguaciones previas abiertas en la PGR, la fiscalía consignó 233 ante jueces federales, quienes en seis años han emitido 47 sentencias condenatorias por lavado de activos, pero sólo contra individuos que fueron arrestados en aeropuertos en posesión de grandes cantidades de efectivo (a estas personas se les conoce como burros.

No obstante, en las estadísticas no hay una sola condena contra algún ejecutivo bancario o financiero de empresas nacionales o internacionales en las que comúnmente se invierten los capitales ilegales, o contra algún importante operador financiero que labore para uno de los cárteles de la droga mexicanos.

(En mayo pasado, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión de la Cámara de Diputados publicó el informe El lavado de dinero en México, escenarios y propuestas legislativas, en el que evaluó que el blanqueo de activos no es combatido con eficacia. El documento refirió que las aprehensiones y sentencias contra narcotraficantes por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tienen relación con el volumen de dinero que entra en el país por venta de drogas, calculado en 17 mil 200 millones de dólares anuales, provenientes de Estados Unidos.)

Inversiones disfrazadas

Jueces de distrito en materia penal –únicos facultados para juzgar estos delitos consignados por la PGR– responsabilizaron del fracaso en el combate al lavado de dinero fundamentalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Incluso, uno expuso que en más de dos décadas de trabajo como juez, la PGR nunca le ha consignado un caso donde se pida actuar judicialmente contra las grandes operaciones financieras de los capos de la droga, quienes disfrazan sus inversiones en importantes empresas trasnacionales con capital internacional.   

Los impartidores de justicia accedieron a hablar con La Jornada sobre este tema a cambio de reservar sus nombres.

Los juzgadores dijeron que el trabajo de la fiscalía antilavado de dinero de la PGR no combate a los que mueven millones de dólares que las organizaciones criminales lavan en México.

Uno de estos jueces dijo: “Hasta hoy, con más de 20 años de experiencia, sólo me han tocado casos de lavadores que no son el fiel reflejo de las operaciones millonarias que llevan a cabo diariamente los grupos del narcotráfico. Únicamente hemos tenido casos de los llamados burros, quienes trasladan el dinero vía México-Costa Rica-Panamá-Colombia, o bien, de Estados Unidos a México, y que son detenidos en algún aeropuerto internacional. Pero así pueden pasar 10 sujetos con dinero de procedencia ilícita, y de ellos sólo uno es detectado”.

Otro tipo de casos comunes de lavado de dinero que termina en los juzgados es el relacionado con los bienes, muebles e inmuebles, y con el numerario que se decomisa a los criminales cuando son detenidos.

Pero… ¿cuál es problema? ¿Por qué están fracasando las autoridades en el combate al lavado de activos?

Otro juez federal afirmó: Está fallando la UIF. Allí, con toda la información que les manda el Fondo Monetario Internacional y con los datos fiscales de cada persona física y moral, deberían detectar las grandes movilizaciones nacionales e internacionales de dinero, para ubicar a los empresarios que están haciendo operaciones financieras en su nombre.

El 13 de agosto de 2008, este diario publicó una entrevista con Agustín Acosta, ex titular de la UIF, quien sostuvo que el problema de ese órgano es que para actuar depende de la información que aporten las instituciones financieras.

Muchas veces, lo que envían bancos y casas de cambio (a la UIF) es información basura. Los obligados a dar reportes no son las autoridades gubernamentales, sino los operadores del sistema financiero: bancos, casas de cambio, etcétera. Son las instituciones bancarias las que siempre reportan a la UIF información de operaciones financieras por encima de los 10 mil dólares. ¿Imagínate cuántas de ese tipo se realizan en los bancos? ¡Muchas!, puntualizó Acosta.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:44
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