Jueves, 30 de julio de 2009

La oligarquía por el PRI y Peña Nieto: AMLO

Enrique Méndez. La Jornada.

 

La oligarquía que impuso en la Presidencia a Felipe Calderón Hinojosa apostó por la restauración del PRI, ante la descomposición social y la falta de decisión para enfrentar los problemas, y permitió que crezca el proyecto para impulsar la candidatura del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

En un manifiesto a la nación, emitido anoche, dijo que ese proceso de cambio de apuesta, que se daba a finales de cada sexenio, ahora se dio cuando Calderón no tiene ni tres años en el poder, y surge del mismo grupo de potentados que intentarán imponer el IVA en alimentos y medicinas en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se discutirá en la Cámara de Diputados.

Ante ese escenario, llamó al movimiento de resistencia civil a detener, con la denuncia y la movilización ciudadana, como lo hicimos en el caso del petróleo, todo aquello que signifique nuevos retrocesos, no permitir el cobro del IVA en medicinas y alimentos ni la reducción del presupuesto a educación, salud y seguridad social; impedir la llamada reforma laboral, el aumento de precio a gasolinas, diesel, luz, entre otros bienes y servicios; y la violación de los derechos humanos.

Anunció que en esta fase del movimiento en defensa de la economía popular mantendrá estrecha coordinación con los diputados y senadores afines al proyecto de respaldo a la ciudadanía.

 

Omisiones de dueños y autoridades causaron la tragedia en Hermosillo

La CNDH presenta hoy a familiares de víctimas informe sobre el incendio en la guardería

El IMSS no hizo respetar normas oficiales

Incumplieron gobiernos de Sonora y Hermosillo leyes sobre uso del suelo y protección civil

Los propietarios no subsanaron irregularidades

Víctor Ballinas

 

En su primer informe sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, asegura que tienen responsabilidades el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su delegación en la entidad, así como los gobiernos estatal y municipal, y recalca que la tragedia, por la que han perdido la vida 49 niños, pudo evitarse si se hubiera contado con el personal requerido y con detectores de monóxido de carbono.

En el avance de la investigación que el ombudsman presentará hoy en Hermosillo ante los padres de los menores fallecidos y lesionados, dará cuenta de un cúmulo de violaciones a la ley por parte de autoridades y propietarios de la guardería.

Sostiene que desde el punto de vista médico forense, los fallecimientos pudieron evitarse de haberse percatado el personal de la guardería ABC de la presencia de humo y gases tóxicos, así como del aumento de la temperatura, pero eso no fue posible, indica, porque se carecía de detectores de monóxido de carbono.

Sostiene que no había el número de trabajadores y personal requerido de acuerdo con la normatividad vigente, que debió ser de 30 asistentes educativos, para apoyar en el desalojo de los infantes en el momento del incendio. Además de que, en contravención con la norma para prestación de servicio de asistencia social para menores y adultos mayores, en lo muros de la guardería se utilizaron materiales inflamables o que producían gases o humos tóxicos.

A esto se suma que el inmueble donde estaba la guardería ABC carecía de salida de emergencia y los responsables de la estancia no atendieron los requerimientos que en esa materia les hizo la delegación del IMSS.

En el informe, Soberanes apunta: el IMSS y los funcionarios responsables de la delegación estatal y de la jefatura delegacional de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales incurrieron en la inobservancia de las normas oficiales mexicanas NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, y NOM-002-STPS-2000, sobre condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en centros de trabajo.

También incumplieron la norma sobre disposiciones para la operación del servicio de guarderías, el reglamento de construcción del municipio de Hermosillo y las bases para la subrogación de guarderías del Sistema Vecinal Comunitario, así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“El otorgamiento de la licencia de uso de suelo se encontraba condicionado –argumenta Soberanes– a que se contara con un área de estacionamiento, lo que incumplió; el inmueble ocupado por la guardería no contaba con puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación; se omitió atender el oficio del jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Hermosillo, que comunicó al representante legal de la guardería que era necesario instalar una puerta de dos metros de ancho, abatible, de doble hoja.”

El ombudsman señala que en contravención a la NOM-167-SSA1-1997, en los muros de la estancia se utilizaron materiales inflamables o que producían gases tóxicos, y no se contaba con detectores de monóxido de carbono.

Desde el punto de vista médico-forense, los fallecimientos eran previsibles, de haberse percatado el personal a cargo de la guardería de la presencia de humo y de gases tóxicos perceptibles por el olfato humano, así como el aumento de la temperatura de la guardería, de haber contado con  detectores de monóxido de carbono.

En el momento del siniestro, apunta el titular de la CNDH, la guardería “no contaba con el personal suficiente ni requerido por la tabla de número de plazas del personal educativo de acuerdo a la cantidad de niños por sala de atención. Con base en el número de niños inscritos debían  estar presentes, a la hora del siniestro, 30 asistentes educativos en todas las salas que conforman la guardería.

De las evidencias obtenidas por la CNDH, en ese momento se encontraba un número insuficiente de trabajadores para atender a los menores, así como para apoyar la evacuación.

Soberanes afirma que se omitió considerar que en términos de lo dispuesto por la norma sobre las disposiciones para la operación del servicio de guarderías,  durante su estancia en ellas los infantes deberán ser constantemente vigilados y atendidos por el personal, y por ningún motivo permanecerán solos, cuidando con especial énfasis a los menores de 12 meses.

La guardería no contaba con dimensión suficiente y ventilada; el Seguro Social no verificó que la construcción propuesta para operar como guardería en inmueble ex profeso o adaptado, estuviera alejada de vías rápidas o carreteras, gasolineras o cualquier otro riesgo.

También se incumplió con el reglamento de protección civil municipal, al no contar con instalaciones para la prevención de incendios, mismos que no fueron exigidos por funcionarios del IMSS; se omitió considerar que el inmueble carecía de alumbrado automático de emergencia.

La CNDH sostiene que a pesar de que los responsables de la guardería conocían sobre esas deficiencias, en ningún momentos subsanaron las irregularidades, y el IMSS no exigió la licencia de construcción por la remodelación.

En tanto, las autoridades del ayuntamiento de Hermosillo omitieron observar el reglamento municipal y la Ley de Protección Civil, mientras las autoridades de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado violaron la norma NOM-002-STPS-2000, sobre condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

Partidos e IFE exigen conocer el plan para elaborar la cédula de identidad

Legisladores de PRI y PRD califican el proyecto de inútil, oneroso y poco confiable

No se modificará la ruta crítica para la depuración del padrón electoral, advierten consejeros

Fabiola Martínez y Enrique Méndez

 

Los partidos políticos representados en la Comisión del Registro Federal de Electores exigieron conocer de inmediato la propuesta del gobierno federal para la elaboración de la cédula de identidad ciudadana, en especial sobre los millonarios recursos que pretende incluir en el presupuesto para ese proceso.

El tema no es menor. Existe la posibilidad de que el gobierno solicite la base de datos (del padrón) para esa transferencia, señaló el representante del Panal, José Antonio González Roldán, quien pidió no obviar el tema y empezar un estudio de inmediato.

Durante la sesión de esa comisión, los representantes partidistas advirtieron sobre los riesgos de que ante el proyecto gubernamental se pierdan los esfuerzos que durante 18 años ha realizado el Instituto Federal Electoral (IFE) para elaborar el padrón más completo de datos ciudadanos.

Señalaron que la credencial de elector ha servido, por orden del Congreso de la Unión, como medio para la identificación oficial de los ciudadanos mexicanos; 19 años después, el gobierno pretende cumplir con las responsabilidades que le impone la Ley General de Población en esa materia. El año pasado, la actualización del Registro Federal de Electores requirió casi de la mitad del presupuesto del IFE.

Una mica sin sustituto

Sí hay inquietud en todos los partidos políticos de que los logros del padrón electoral y de la credencial para votar con fotografía no se pierdan, y que no se genere duplicidad de funciones, señaló el consejero Francisco Guerrero, presidente de la comisión.

No vamos a modificar nuestra ruta crítica, agregó; la credencial de elector no tiene sustituto; fue diseñada para votar y ese propósito sigue, porque el año próximo tendremos 14 procesos comiciales y en 2012 la elección presidencial. Debemos continuar.

La elaboración de la base de datos para la cédula, con la inclusión de algunos elementos que controla el IFE, requeriría de una enmienda legal, porque la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones en esta materia de acuerdo con la Ley General de Población, pero el IFE también tiene responsabilidades para la expedición de credenciales, según el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.

Hasta la tarde de ayer, el gobierno federal no había informado a la comisión del IFE acerca del proyecto. Cuando esto ocurra, dijo Guerrero, deberá realizarse un estudio jurídico.

Los integrantes de la comisión afirmaron que de forma independiente al anuncio que hizo la víspera el presidente Felipe Calderón, el IFE continuará los trabajos de actualización del padrón, proceso que requiere de importante partida presupuestal.

El consejero Marco Baños aclaró que no es intención del instituto enfrentarse con el gobierno, pero es necesario elaborar un análisis amplio y un mecanismo de coordinación respecto del proyecto que presente el Ejecutivo.

Ya existe coordinación entre el IFE y Gobernación para intercambiar información y agregar la cédula única de registro de población (CURP) a las micas para votar; no obstante, consejeros y partidos políticos exigen dialogar para estudiar tiempos, formas y presupuesto para la expedición de la cédula de identidad.

Rechazo de legisladores

Diputados de PRI y PRD expresaron su rechazo al programa anunciado por Felipe Calderón de expedir la cédula de identidad ciudadana, no sólo por el gasto económico que implicará, en momentos en que el gobierno ha anunciado recortes presupuestales y existe un contexto de pobreza, sino porque no hay ninguna garantía de la confiabilidad en el manejo y la confidencialidad de los datos personales de los mexicanos.

El presidente del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Alfredo Ríos Camarena, calilficó de esfuerzo inútil el proyecto de Calderón cuando existe la credencial de elector, porque un sistema de identificación personal implicará la transferencia de recursos y un gasto innecesario en momentos en que la Secretaría de Hacienda ha hecho dos recortes al gasto público.

Ríos Camarena, diputado por el PRI, resaltó que el país ha hecho un esfuerzo económico importante en la elaboración de la credencial para votar con fotografía, que expide el IFE a los mayores de edad, y sirve para la identificación de los titulares. Podría perfeccionarse la credencial de elector y otra cosa más implicaría un doble trabajo.

Cuestionó la declaración del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que la cédula de identidad no implicará un gasto importante para el gobierno federal. En este momento me parece un gasto innecesario, inoportuno, y si ya tenemos la credencial para votar, ¿para qué gastamos más?, resaltó.

El diputado por el PRD Humberto Zazueta evaluó que un sistema de registro de las personas, en el que el gobierno tenga acceso a características físicas, detalle de nombres y direcciones particulares, no otorga certidumbre sobre el uso político que podría darse a esos datos.

Hasta el momento, señaló, el padrón electoral se ha mantenido fuera del control del gobierno federal, con la autonomía del IFE, y aun así no ha estado exento de uso comercial. Además, hemos visto cómo los gobiernos del PAN han utilizado electoralmente los padrones de los programas sociales, y así no hay ninguna certidumbre de que no lo hagan con otro tipo de datos, expuso.

Planteó que se da por hecho que la instancia que manejaría el programa, integraría las listas y expediría las credenciales sería la Secretaría de Gobernación, que a su vez maneja el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que está inmerso en un escándalo de espionaje político, y nada asegura que la dependencia utilice la base de datos para la persecución de adversarios.

 

Garantes de la impunidad

ERNESTO VILLANUEVA

El diseño institucional del Estado mexicano está confeccionado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo.

 

Este principio hace que las campañas para el combate a la corrupción, incluida la retórica figura de los testigos sociales de las licitaciones y compras de los distintos órdenes y niveles de gobierno, cumplan sólo un cometido testimonial para dejar las cosas como están. De la cúspide a la base puede documentarse cómo el sistema legal genera incentivos perversos para que México sea “un país sin consecuencias”.


Primero. Las leyes de transparencia han sido un logro para ejercer mayores espacios de escrutinio público que en el pasado inmediato. También, sin embargo, han dado vida al cinismo de la autoridad que, frente a las pruebas de que varias cosas andan mal, no hace absolutamente nada. Muchas denuncias públicas debidamente documentadas que en un país medianamente democrático generarían estupor, indignación y la aplicación de la ley, en México sólo generan simulación, apostando a la falta de memoria de la comunidad. Peor todavía,  los órganos internos de control y las contralorías internas funcionan más para intentar dejar sin rastros el uso indebido de recursos públicos que para ser efectivamente garantes del combate a la corrupción. El único pecado que no se perdona es la falta de complicidad, dice el adagio de la política mexicana que se aplica –ese sí– con puntualidad.


Segundo. Los órganos de control operan inadecuadamente porque han sido creados precisamente para que cumplan sus funciones de manera acotada. Los ejemplos saltan a la vista. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación carece de autonomía legal. Se trata de una entidad que forma parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y una de las causales de revocación del titular que nombra la Cámara de Diputados es “obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión (de Vigilancia de la Auditoría de la propia Cámara), durante dos ejercicios consecutivos”, según el artículo 92, fracción VII de la “vanguardista” Ley  de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.


En las entidades federativas las cosas están igual y en muchas de ellas peor. En el Distrito Federal, por ejemplo, la Asamblea Legislativa del DF se autoasignó atribuciones que ofenden la inteligencia de las personas. Y es que tiene facultades para ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda dónde puede realizar visitas o auditorías. Ello se presta, por supuesto, a negociaciones políticas para castigar o premiar a los regulados, según los vaivenes de la política.


Tercero. Los órganos internos de control de los distintos niveles y órdenes de gobierno están todavía peor. Se trata de entidades donde los responsables son nombrados y removidos libremente por superiores a los que debe vigilar. ¿Se imagina alguien que el titular del órgano interno de control o auditor interno va a sancionar a quien le debe el cargo y lo puede despedir en cualquier momento?
En el gobierno federal, el titular de la Secretaría de la Función Pública es designado de forma discrecional por el presidente para que el Poder Ejecutivo se vigile a sí mismo. Ese absurdo sólo lo aceptamos porque siempre han prevalecido este tipo de fórmulas y creemos que así deben continuar. El sistema está diseñado para realizar la tomadura de pelo perfecta. El órgano interno de control prepara, arregla y sistematiza la información susceptible de ser auditada para que el órgano superior de fiscalización dé su visto bueno o advierta errores menores para guardar un poco las formas.


Cuarto. Para evitar comparaciones con los países más desarrollados, lo hago con aquellos que están en el lado opuesto. En términos generales se puede señalar que en esta materia se han dado muchos pasos adelante en relación con México. Baste mencionar algunos ejemplos para acreditar mis palabras.
En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas es un órgano autónomo constitucional, y en la designación de su titular intervienen, por mandato de la Constitución, universidades y colegios académicos. En El Salvador, la Corte de Cuentas de la República tiene participación de la Corte Suprema de Justicia, pero deja fuera al Legislativo y al Ejecutivo. En Nicaragua, la Contraloría General de la República es “un organismo independiente sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes”, según el artículo 156 de su Constitución. En Nigeria, el auditor general de la Federación es un órgano autónomo constitucional nombrado por el presidente de una terna enviada por el Consejo Ciudadano del Servicio Civil de Carrera y aprobado por el Senado. Y en Haití, la Corte Superior de Auditoría es también un órgano autónomo constitucional. 


En México el camino para una efectiva rendición de cuentas pasa necesariamente por un nuevo entramado legal que genere incentivos para que la transparencia, el combate a la corrupción y el fin de la impunidad puedan nacer. Lo demás es pura demagogia.

 

 

Fuero militar

Tomado de “Revoluciones mx”.

Es muy difícil comentar “en pocas palabras” todos los detalles de cada uno de los golpes de Estado que se dieron en el Siglo 19 en América Latina . . . aunque pareciera que todos se podrían clasificar de luchas entre Liberales y Conservadores. Los Conservadores no estaban contra el desarrollo económico, sino que procuraban mantener el sistema político y cultural heredado de España; el Liberalismo estaba mas influenciado por las teorías capitalistas, la separacion entre la Iglesia y el Estado, aceptando la influencia extranjera, y tolerando el comercio con el exterior como un costo de hacer negocios. Al final, en gran medida, ganó el Liberalismo.

Para los Conservadores, que querían preservar la cultura, los guardianes de la cultura eran el Clero y el Ejército, ambas instituciones contaban con “fueros” que eran defendidos celosamente –especialmente los privilegios jurisdiccionales. Naturalmente, el Clero y el Ejército se alinearon con los Conservadores. Al redefinir al Ejército como guardián del “Estado”, pero no de la “cultura” heredada de los conquistadores, los Liberales ganaron la batalla a los Conservadores, dejando en vigor solamente los “fueros militares.”

El Ejército se mantiene como una institución conservadora en su mayoría. Aunque Porfirio Díaz, quien era militar de profesión (y, que tal vez hoy fuera considerado como reaccionario, en su época fue un Liberal Progresista), y todos los caudillos Liberales de México: Morelos, Villa, Zapata, Obregón --hasta hace poco han salido de las fuerzas castrences, aunque se educaron militarmente por si solos. Zapata fue el único que tuvo entrenamiento militar pero llego únicamente al grado de Sargento. Pero cabe señalar que en México – a diferencia de los demás países de América Latina—fue capaz de sacar a los militares de la política. La Revolución de 1910-1920 creo una nueva casta de militares controlada por el Partido Revolucionario, pero en la fundación del PRI en 1949, los militares fueron definitivamente separados de la vida política activa. Curiosamente, en ese tiempo, Costa Rica tomo la medida de abolir al ejercito y de esa manera removerlo de la vida política.

Y aunque los oficiales del ejercito continúan su influencia en el proceso de decisiones, lo hacen tras bambalinas. De que el Ejército y la Marina se utilicen para fines políticos no es secreto (basta acordarse de 1968 o de la rebelión Zapatista en la década de 1990); pero los militares han tenido una participación menor en el diseño de la vida política mexicana.

Hasta hace poco, la llamada “Guerra contra el Narco,” según se ha reportado en la prensa internacional, se ha identificado como la “Guerra de Felipe Calderón contra el Narco” … lo que nos parece correcto. Con serias dudas sobre la legitimidad de la elección de Calderón, y con el repudio a su gobierno en las elecciones intermedias de 2009, ya no solamente es la Izquierda Mexicana la que pone en entredicho el papel creciente que viene desempeñando el Ejército en la vida política del país.

En el blog “Bloggins of Boz,” considerado como una fuente confiable de las actitudes y puntos de vista de los “conocedores de la política de Washington” sobre América Latina (o al menos uno de los mejores análisis) se comentaba recientemente en un articulo: En relación con la Guerra contra el Narcotráfico del Presidente de México Felipe Calderón, el encabezado del Washington Post “New Strategy Urged in México” (Urge Nueva Estrategia en México), presenta un problema: Sugiere que había una estrategia previa o anterior.

Boz asume que la estrategia consistía en combatir a los carteles de la droga y no mantener la legitimidad del Gobierno de Calderón. Y, que el Gobierno de Calderón es “Conservador” –en el sentido tradicional que se usaba en el Siglo 19. No se trata de que los Conservadores están en favor del uso del Ejército, sino que los Conservadores ven al Clero y al Ejército como pilares de la Sociedad. El Clericalismo del PAN es generalmente conocido.

Hay que acordarse que tan pronto empezó la “Guerra contra el Narco”, Calderón fue fotografiado vistiendo uniforme militar. Me parece que el Gral. Lázaro Cárdenas fue el último presidente retratado con uniforme. No recuerdo haber visto al Gral. Manuel Ávila Camacho, que gobernó durante la Segunda Guerra Mundial, retratado en uniforme, o ningún otro presidente hasta Calderón (quien entiendo no hizo servicio militar.)

Olvidémonos por ahora de los derechos humanos y de que si la “Guerra contra el Narco” se puede ganar … si la estrategia es imponer una visión conservadora en México, entonces – sí– mantener al Ejército en las calles y sometido exclusivamente al fuero militar hace perfecto sentido.

Mientras que Argentina se ha esforzado últimamente en someter a sus militares al control civil y abolir el fuero militar para los abusos del Ejercito, y Ecuador ha decido no renovar el arrendamiento de la base militar en su base aérea Manta a los Estados-Unidos por preocuparles el “fuero militar” norteamericano, el Gobierno de Calderón está ampliando los privilegios (inmunidad civil) al Ejército. El presidente George W. Cheney y su vicepresidente Cheney estarán muy orgullosos del educando de Harvard University.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:07
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