Lunes, 03 de agosto de 2009

Marchas de la resistencia hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula

La nueva jornada contra golpistas arranca el miércoles; maestros radicalizan su postura

Zelaya prepara viaje a México; “los gringos lo querían fuera de Nicaragua”: líder social

Empresarios hondureños se quejan por pérdidas; el gobierno de facto ofrece poner orden

Arturo Cano

Enviado

Tegucigalpa, 2 de agosto. El líder campesino Rafael Alegría toma la palabra para decir la arenga más corta que se le ha oído en estos días: ¿Se aprueba la Marcha Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado? Con los puños en alto y de pie, los asistentes aprueban por aclamación la nueva jornada que arranca el miércoles: el desplazamiento de manifestantes desde varios puntos del país durante una semana, con destino a las dos principales ciudades: la capital y la norteña San Pedro Sula.

La lucha no la vamos a ganar en las montañas, la vamos a ganar en las calles y las carreteras, dice al micrófono el periodista Carlos López, en referencia obvia a las milicias pacíficas que el presidente José Manuel Zelaya dejó haciendo ejercicios físicos en la frontera.

La resistencia no suelta su demanda central, la restitución del presidente, pero cada vez más sus dirigentes hablan de que su lucha por un nuevo Honduras no se agota ahí. Resume un líder estudiantil de la Universidad Pedagógica: Primero hay que tirar a los golpistas, luego traer al presidente Zelaya e inmediatamente después instalar la Asamblea Nacional Constituyente.

La decisión ocurre cuando se multiplican las quejas de los empresarios por las pérdidas ocasionadas por 34 días de movilizaciones contra el golpe de Estado y el gobierno de facto, en voz del interino Roberto Micheletti, ofrece poner orden.

Asambleas magisteriales

También, cuando los asesinatos de dos profesores provocan la radicalización de los sindicatos magisteriales, uno de los pilares del movimiento antigolpista. Los maestros habían acordado dar clases de lunes a miércoles, pero este lunes celebrarán asambleas donde discutirán si van o no a un paro indefinido, o al menos por 15 días.

Del otro lado, el gobierno de facto mantiene su doble juego: reitera su interés en el diálogo, hacia el exterior, y aprieta tuercas represivas dentro de Honduras.

La Policía Nacional publica un desplegado en los diarios en el que recuerda que el Código Penal establece que se sancionará con reclusión de dos a cuatro años y multa de 30 a 60 mil lempiras (de 22 mil a 44 mil pesos mexicanos) a quienes convoquen o dirijan de manera ilícita cualquier reunión o manifestación. La policía también dice que quienes porten armas u objetos de cualquier modo peligrosos en las manifestaciones serán castigados con la mismas penas. Los meros asistentes serán sancionados con la mitad de las penas anteriores, dice también el comunicado.

Eso sí, la policía también anuncia la integración de dos equipos negociadores con los manifestantes, uno para Tegucigalpa y otro para San Pedro Sula.

La resistencia estima que las marchas llegarán a su destino entre el 10 y el 11 de agosto. Cada día, avanzarán unos 15 kilómetros por las orillas de las carreteras y se buscará que los manifestantes pernocten en lugares poblados.

La danza de la diplomacia

Los líderes de la resistencia suelen quedarse callados cuando se les pregunta sobre los movimientos del presidente José Manuel Zelaya. Atribuyen el silencio a que es difícil tratar las cosas por teléfono con el presidente.

Si no hay libreta de por medio, sin embargo, reconocen que algunas jugadas del presidente no son del gusto de sus seguidores dentro de Honduras. El frente de resistencia, por ejemplo, presionó a Zelaya para que no acudiera a Washington, al llamado del Departamento de Estado.

En lugar de ese viaje, Zelaya se reunió con una delegación de funcionarios estadunidenses encabezados por el embajador Hugo Llorens el pasado jueves 30 de julio. “Hablé con él esa misma noche y me dijo que los gringos le aseguraron estar presionando. También me aseguró que estaba esperanzado”, dice uno de los dirigentes del Frente.

El silencio de los líderes se extiende al viaje que Manuel Zelaya hará a México este martes. “Lo único que sé es que los gringos lo querían fuera de Nicaragua a como diera lugar”, completa el dirigente.

Y mientras Zelaya prepara su viaje a México, en Costa Rica continúa la danza de la diplomacia.

Este día llega, para reunirse con el presidente y mediador Óscar Arias, la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, quien viaja con la representación de la Unión Europea y con la crisis hondureña como principal punto en su agenda.

La visita de Fernández es precedida por declaraciones del canciller español, Miguel Angel Moratinos, quien ha dicho que su país no reconocerá al gobierno surgido de las elecciones hondureñas de noviembre.

Los golpistas han cifrado su estrategia en ganar tiempo para que, una vez realizados los comicios, la comunidad internacional reconozca poco a poco a las nuevas autoridades.

La funcionaria española llega acompañada del secretario general para Iberoamérica, Enrique Iglesias, alguien que merece la confianza de los golpistas, según Arias. Su presencia en Honduras fue solicitada por Micheletti el pasado miércoles, con la finalidad de que escuche a los distintos poderes del Estado.

El cuadro lo completa la llegada, esperada para este lunes, de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Matan a otro profesor

Los asambleístas marchan de la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares al lugar donde desde ayer son velados los restos del profesor Roger Vallejo, a quien le disparó un policía en la marcha del jueves pasado, según testigos.

En la sede del Colegio de Profesores de Educación Media (COPEMH) se conoce muy temprano la noticia del asesinato de otro maestro, Martín Florencio Rivera, quien recibió 27 puñaladas luego de asistir al velorio de Vallejo.

De inmediato, líderes de la resistencia atribuyen el crimen a los golpistas, aunque familiares de la víctima dicen que se trató de un asalto y la policía informa por la tarde de la captura de un menor de 15 años como presunto asesino.

De la misma forma mataron al compañero Pedro Muñoz en El Paraíso, dice Eulogio Chávez, presidente del COPEMH. Muñoz apareció muerto, con 45 heridas de arma blanca, el 25 de julio cerca de un retén del ejército, luego de haber sido aprehendido y, según las autoridades, liberado.

Hay un patrón, completa Bertha Oliva, cabeza del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh). El escenario que tenían ya se les cayó. Micheletti y Ramón Custodio (comisionado Nacional de Derechos Humanos) decían que aquí podía venir cualquier misión internacional y que no iba a encontrar presos ni heridos ni muertos. Oliva, quien habla a unos pasos del féretro de Roger Vallejo en un salón repleto, fue esposa de Tomás Nativí, dirigente comunista asesinado en los años 80 por los escuadrones de la muerte del ejército hondureño: Hicieron lo mismo en aquellos años. Comenzaron con asesinatos de cuadros de base a cuchilladas, para hacerlos pasar como obra de la delincuencia común.

Oliva narra su visita, el pasado jueves, a la estación policiaca de Comayagüela donde, dice, tenían hacinados a 35 detenidos en una celda diminuta, y para torturarlos les echaban residuos de una bomba lacrimógena en una bolsita.

El Cofadeh ha reunido innumerables testimonios de los desalojos y detenciones desde que comenzaron las protestas por el golpe de Estado. Una denuncia reiterada llama la atención de Oliva: “Tenemos muchos testimonios de que al detenerlos, los amenazan con armas de fuego mientras les dicen: ‘No te voy a matar, nada más te voy a pegar en la columna para que quedes paralítico’”.

Afuera del edificio sindical, un par de muchachos inician una huelga de hambre para demandar el regreso de Zelaya, el cese de la represión y castigo para los asesinos de sus compañeros. Son Gabriel García y Gabriel Villalba, y tienen 17 y 21 años. Quieren dos cosas: Que el movimiento recuerde que hay muchas formas de lucha y demostrar a la gente que avala el golpe por ignorancia que el pueblo ya no puede estar ahorcándose a sí mismo.

Adentro, una anciana diminuta llora su pérdida. Estamos esperando a sus dos hermanos que viven en Suiza, dice María Soriano, la madre de Roger y abuela de un huérfano de 18 meses. Era graduado en Lengua y Literatura Inglesas, el más pequeño de mis diez hijos y el primero que se me muere.

 

AI: preocupantes agresiones contra activistas en Guerrero

Visitan representantes de ONG a miembro de la OPIM acusado de la muerte de un militar

Anuncian manifestación frente al palacio de gobierno de Guerrero y solicitarán la intervención de la embajada de Canadá en México

Raúl Hernández Abundio es preso de conciencia, dice

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Ayutla de los Libres, Gro., 2 de agosto. “México es un país prioritario y de mucha preocupación para Amnistía Internacional (AI) por las violaciones a los derechos humanos. Por eso estamos aquí, porque somos conscientes de la agresión en contra de los miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phá (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Es un acto de solidaridad y acompañamiento a estos organismos”, afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, acompañado de Kathy Price, representante de la misma organización en Canadá.

Ambos encabezaron una delegación de 50 integrantes de AI y de las Brigadas Internacionales de Paz que visitó a Raúl Hernández, declarado preso de conciencia y recluido desde el 17 de abril del año pasado en la cárcel municipal de Ayutla de los Libres, acusado de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, informante del Ejército Mexicano, perpetrado el 31 de diciembre de 2007 en la comunidad El Camalote. En entrevista, ambos coincidieron en que les preocupa lo que sucede en Guerrero, sobre todo la agresión constante en contra de los defensores de los derechos humanos.

Herrera adelantó que miembros de AI se manifestarán este lunes ante el palacio de gobierno del estado, en Chilpancingo. Sabemos que la situación de Raúl no es la única, y que en la entidad hay un clima generalizado de agresiones, amenazas, intimidaciones, e incluso asesinatos en contra de defensores a los derechos humanos, que es motivo de preocupación internacional.

Añadió que esta semana se pondrán en contacto con la embajada de Canadá en México. Vamos a externarle nuestras preocupaciones para que pueda realizar las gestiones desde el ámbito diplomático, para que el Estado mexicano sea consciente de que este tipo de arbitrariedades no son bien vistas; tanto la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como AI nos hemos venido pronunciando desde hace meses sobre la gravedad de esta situación, dijo.

Sobre la visita que AI realizó a Raúl Hernández Abundio en el penal de Ayutla de Los Libres la tarde de domingo, Herrera señaló que participaron activistas de México y Canadá para expresar, en primer lugar, solidaridad con Raúl Hernández, quien ha sido declarado prisionero de conciencia. Es uno de los pronunciamientos más trascendentes que AI tiene en sus 48 años de historia.

Explicó que AI está convencida de que la única razón por la que (Raúl Hernández) permanece en prisión desde hace casi 18 meses es su labor en defensa de la dignidad humana. Estamos analizando otros casos emblemáticos.

Recordó que AI ha luchado para liberar a otros prisioneros de conciencia como Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en Guerrero, así como Magdalena García Durán, en el estado de México.

Por su parte, Kathy Price, represnetantes de AI en Canadá, consideró que el caso de Raúl Hernández refleja una gran injusticia en contra de los miembros de la OPIM y los defensores de los derechos de los indígenas, por eso nos estamos movilizando y pidiendo su liberación inmediata e incondicional,

Raúl Hernández, vestido con su uniforme de presidiario, recibió en la cárcel a la representación de AI, que le entregó un paquete con mensajes de solidaridad provenientes de 50 países. Rechazó haber participado en el asesinato del informante del Ejército. En ese tiempo yo era segundo comandante de la policía en El Camalote, y no es posible que después de tres días hayan dicho que fue asesinado. Por eso exijo al gobierno estatal una investigación a fondo de mi caso.

El coordinador de Tlalchinollan, Abel Barrera Hernández, aseguró que existe un contubernio entre autoridades federales y estatales para mantener en la cárcel a Hernández Abundio por ser miembro de la OPIM. “La visita de AI hará evidente a escala internacional que las autoridades guerrerenses y mexicanas no han permitido un juicio justo para el indígena defensor de los derechos del pueblo me’pha”.

Raúl Hernández fue detenido junto con los indígenas Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago por el homicidio de Alejandro Feliciano. Los acusados solicitaron un amparo y un juez federal lo concedió en octubre de 2008 a cuatro de los mencionados, pero no a Hernández.

La Procuraduría General de la República solicitó una revisión del dictamen, y por eso Cruz, Maldonado, Ortega y Santiago permanecieron en prisión hasta el 17 de marzo de 2009, pues un segundo tribunal federal confirmó que la evidencia sobre la cual se les inculpaba no tenía bases.

A Raúl Hernández se le negó el amparo, señaló AI, porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima; sin embargo, no se han querido tomar en cuenta que testigos presenciales aseguran que Hernández no estaba en el momento del asesinato.

AI destacó que los cargos contra los cinco indígenas son una represalia por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.

Califican a CNDH de “cara e inútil”
La estructura de defensoría de los derechos humanos en México es la mayor y más costosa de AL. Pero grupos no oficialistas ven decepcionante su labor, y exigen que el organismo retome la función para la que fue creada

Thelma Gómez y Liliana Alcántara
El Universal
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue puesta bajo la lupa de organizaciones nacionales e internacionales y salió mal librada; desde su perspectiva, la CNDH realiza un trabajo inútil, ineficiente y “decepcionante”; además de que su funcionamiento es oneroso.

En una revisión de sus 19 años de existencia —los últimos 10 bajo el mando de José Luis Soberanes, cuya presidencia termina este año— los grupos consultados coinciden en que la comisión “no está ejerciendo al máximo su mandato”.

Destacan que en menos de 10 años el organismo incrementó su presupuesto en más de 300%, para colocarse como la oficina en su tipo más costosa de América Latina, por arriba de los recursos asignados a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Para activistas, el dinero que maneja la CNDH no está en correspondencia con sus resultados. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 71.5% del dinero que recibe la comisión se destina al pago de sueldos.

En su informe de labores 2008, la CNDH detalla que trabajó en 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947 no encontró violaciones a los derechos humanos; mientras que terminó 3 mil 112 con una “orientación al quejoso”.

Al respecto, diversos grupos consideran que es tiempo de una “reestructuración” en la CNDH con el fin de que retome la función para la que fue creada. Entre los organismos que evaluaron a la comisión destacan el estadounidense Human Rights Watch, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundar y la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

 Niños quemados: Cayeron al más hondo de los pozos

MARCELA TURATI

La víctima mortal número 49 del incendio de la guardería ABC, un niño de tres años siete meses de edad, se produjo el martes 28 de julio en el Hospital Shriners de Sacramento, California, después de batallar durante casi dos meses, junto a sus padres, para conservar la vida. De los 75 pequeños que sobrevivieron tras la conflagración, ya sólo quedan 14 hospitalizados, y varios de sus familiares, destrozados por el dolor y la rabia, refieren a Proceso las luchas que han debido enfrentar para darles buena atención y no dejarlos en manos de uno de los principales causantes de la tragedia: el Seguro Social.

SACRAMENTO, California.- Juan Carlos Rascón Holguín nunca más chocará la palma de su mano contra la de su papá, como lo hacían algunos días al despedirse antes de ser llevado a la guardería ABC. La última vez que lo intentó, en un cuarto de terapia intensiva del Shriners Hospital para niños quemados, Juan Carlos movió milimétricamente un músculo del brazo tratando de responder a la voz de papá que le decía "chócalas" con el fin de hacerlo reaccionar.

Todo el tiempo que estuvo inconsciente, su mamá y su papá le cantaban, le repetían cuánto lo amaban, le hablaban de su hermanita.

El pasado martes 28 no intentó más, con la ayuda del respirador, llenar sus pulmones congestionados de hollín. No se esforzó por jalar aire a través de la tráquea quemada. No pasará otra operación para estrenar una piel nueva que, quizás, otra vez rechazaría. Ni recibirá más fármacos contra el dolor del cuerpo quemado.

Juan Carlos se convirtió en la más reciente víctima mortal del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, la número 49. Falleció a pesar de su empeño por vivir, que dejó admirados a quienes lo atendieron hasta el final.

"El doctor nos dijo: 'Haga de cuenta que (los niños quemados) cayeron en un pozo muy profundo, y el más hondo de todos: por cada dos pasos que dan para salir, resbalan uno'. Ni un adulto lo hubiera aguantado, pero él va a salir", dijo Rosa Elia, su mamá, dos días antes de la muerte de su hijo. Ella y su esposo Juan José habían mentalizado que su niño podría seguir, hasta fin de año, en terapia intensiva y pasar otro lapso en rehabilitación.

Era sorprendente cómo el pequeño de tres años y siete meses había logrado escalar aquel "pozo profundo" en el que cayó junto con otros 75 compañeros sobrevivientes del incendio.

En la recepción del Hospital Shriners, antes de la muerte de Juan Carlos, sus padres contaron la historia de su pequeño que, pasadas las 2:30 de la tarde del 5 de junio, dormía una siesta en el salón C-1, pegado al almacén de papeles del gobierno de Sonora, donde empezó el fuego.

A él lo rescataron de la peste tóxica por uno de los boquetes que los vecinos abrieron ante la falta de salidas de emergencia. Su mamá lo vio pasar disfrazado de hollín, en brazos de un policía que le dio respiración. Iba con los ojos abiertos. Se lo llevaron en una patrulla. Y su madre, en shock, no pudo decir que era su hijo.

Siete horas tardó su vía dolorosa de hospital en hospital, buscándolo. A las 10 de la noche lo encontró. Era otro. La hinchazón por las quemaduras le había transformado los rasgos. Otras mamás aseguraban que Juan Carlos era su hijo, y Rosa Elia argumentaba que era el suyo porque "tenía los dedos chiquitos del pie dobladitos" y tres granitos en la panza que la noche anterior había untado de pomada.

Desde el principio los médicos le dijeron que se convulsionaría por el tóxico acumulado y tanta quemadura. Pero él aguantó esa y más noches, y hasta un vuelo a Estados Unidos que los papás consiguieron después de armar un escándalo ante la prensa, porque los funcionarios del IMSS obstaculizaban su traslado.

"Nos dijeron que lo iban a mandar a Guadalajara; pensamos que a un hospital especializado, pero cuando nos enteramos que era a una clínica del Seguro, dije: ¡claro que no, menos ahí!", comentó Juan José, el papá treintañero.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:09
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