Martes, 04 de agosto de 2009

Aluvión de prestaciones llena los bolsillos de los siete magistrados del TEPJF

De acuerdo con documento interno, este año su aumento salarial fue de casi $240 mil

Jaime Avilés

 

Mientras la Secretaría de Hacienda anuncia aumentos a las tarifas de electricidad y otros servicios, para hacer frente al déficit fiscal causado por la crisis económica, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –María del Carmen Alanís Figueroa, Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza, José Alejandro Luna Ramos, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López– ganan en conjunto 28 millones 816 mil 723 pesos anuales.

De acuerdo con el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, cada uno de ellos recibe 4 millones 116 mil 646 pesos al año, o lo que es lo mismo, 343 mil 53 pesos al mes, sin mencionar que disponen de dos vehículos lujosos, dos choferes y dos celulares, o que entre todos comparten 45 niñeras y 17 cocineras.

En la página 33 del manual, sus emolumentos individuales se desglosan de la siguiente forma: sueldo base anual, 410 mil 486 pesos; compensaciones garantizadas o de apoyo, un millón 733 mil 182 pesos; prestaciones nominales, 837 mil 385 pesos; prima vacacional, 59 mil 546 pesos; aguinaldo, 330 mil 814 pesos, y asignaciones adicionales, 745 mil 233 pesos.

Estas cantidades resultan de dividir entre siete los montos de sus ingresos colectivos, tal como éstos aparecen en el citado documento, a saber: sueldo base anual, 2 millones 873 mil 405 pesos; compensaciones garantizadas o de apoyo, 12 millones 132 mil 279 pesos; prestaciones nominales, 5 millones 861 mil 695 pesos; prima vacacional, 416 mil 823 pesos; aguinaldo, 2 millones 315 mil 699 pesos, y asignaciones adicionales, 5 millones 216 mil 632 pesos.

Aunque, de acuerdo con el documento, el sueldo base de un magistrado es de 34 mil 207 pesos mensuales, en los hechos todos se embolsan una cantidad 10 veces mayor, gracias a los múltiples beneficios que les otorga su contrato, entre éstos, particularmente, las compensaciones garantizadas o de apoyo, mejor conocidas como bonos, que ellos mismos se asignan cada tres meses.

¡Ya llegó Bonifacio, ya llegó Bonifacio!, gritan como niños chiquitos, y se hablan por teléfono, cada vez que reciben un bono, relatan a La Jornada empleados del tribunal que pidieron la protección del anonimato para no perder su puesto de trabajo.

Los magistrados, añaden los informantes, ganan tanto que no saben qué hacer con su dinero. Por eso tienen cuatro o cinco coches del año, aparte de los dos que les corresponden por ley, y siempre que pueden se van de viaje. Uno de ellos [José Alejandro Luna Ramos] se fue a París, pero en su oficina dejó instrucciones de que si preguntaban por él dijéramos que andaba en Guadalajara.

Sus fantásticas ganancias –en un país de 80 millones de pobres– no desalientan, ni mucho menos, los casos de corrupción, como el del ex magistrado presidente Flavio Galván Rivera, a quien se investiga en la actualidad por haber entregado una factura de gastos por 500 mil litros de agua Electropura.

El Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios... fue aprobado el pasado 23 de febrero por Luis I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del TEPJF. Allí consta que los siete magistrados recibieron un incremento salarial de aproximadamente 240 mil pesos respecto de 2008, cuando en promedio cada uno de ellos cobraba 324 mil 860 pesos mensuales.

En el documento correspondiente a 2009 gozan de las siguientes prestaciones:

Seguro de vida equivalente a 40 meses de percepción ordinaria, seguro colectivo de retiro por 25 mil pesos, seguro de gastos médicos mayores por el equivalente a 740 salarios mínimos mensuales, seguro de gastos para el cuidado de los ojos, seguro de separación individualizado, que se forma de lo que aporte el magistrado más una cantidad igual que aporta el tribunal, más los intereses bancarios, prima quincenal, prima vacacional, aguinaldo, pago por defunción (cuatro meses del último sueldo tabular), gastos funerales, compensación por presidencia o decanato, estímulo por jubilación, estímulo por antigüedad, gastos de alimentación, y boletos de avión para hijos, cónyuges y acompañantes.

Al analizar este aluvión de privilegios, los empleados del TEPJF consultados al respecto destacaron que, entre otras prestaciones, los magistrados cobran una prima especial por trabajar en exceso. Sin embargo, casi nunca vienen al tribunal, siempre andan quién sabe dónde y sólo se presentan cuando hay sesión plenaria.

En efecto, en la página 16 del Manual de percepciones... se especifica que los servidores públicos del TEPJF, entre ellos por supuesto los magistrados, recibirán una compensación extraordinaria en retribución al desahogo de cargas de trabajo en exceso o adicionales a sus jornadas y horarios ordinarios durante los procesos electorales federales y locales, (lo) que incluye jornadas nocturnas y guardias en sábados, domingos y días festivos.

Un magistrado, en realidad, es el coordinador de un equipo integrado por 34 personas: un asesor, un secretario particular, 11 secretarios de estudio y cuenta, cinco secretarios auxiliares, dos secretarias de oficina, 10 secretarias de ponencia, dos choferes y dos oficiales de servicio.

Los secretarios de estudio y cuenta, los que de veras redactan los proyectos de sentencia que luego discutirá el pleno del tribunal, ganan anualmente un millón 356 mil 816 pesos, en tanto una secretaria de oficina cobra 374 mil 705 pesos y una niñera 151 mil 441 pesos, salario casi idéntico al de las cocineras del Poder Judicial de la Federación.

Pese a que dentro del tribunal no hay una guardería para los hijos de los trabajadores, el presupuesto contempla el pago de 45 niñeras, que los magistrados comparten con los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los empleados del TEPJF consultados acerca de este misterioso tema, respondieron que las nanas prestan sus servicios a domicilio, aun cuando los magistrados en general son personas mayores o, como en el caso de la presidenta, María del Carmen Alanís, no tienen hijos.

Las cocineras, aseguran los informantes, “se aburren. Como los magistrados casi nunca van al tribunal, allí están nomás, encerradas en la cocina, esperando. La que más las usa es doña Maca [sobrenombre de María del Carmen Alanís] que a cada rato trae a comer a sus invitados”.

Intentan soldados boicotear protesta en Guerrero

Cortan cables al equipo de sonido de activistas que exigían liberar a un indígena en Ayutla

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Chilpancingo, Gro., 3 de agosto. Dos integrantes del 50 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano intentaron boicotear la protesta que realizaban unos 200 integrantes de Amnistía Internacional (AI), de las Brigadas Internacionales de Paz, y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), en las puertas del palacio de gobierno, para exigir la liberación del indígena Raúl Hernández Abundio, recluido en la cárcel de Ayutla de los Libres.

Los elementos castrenses –quienes iban vestidos de civil–, cortaron los cables del equipo de sonido instalado por los miembros de AI afuera del edificio gubernamental, pero fueron detenidos por agentes de la policía estatal y más tarde dejados en libertad. Además, en los alrededores del palacio de gobierno había varios sujetos que tomaron fotografías y grabaron un video.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, cuando una comisión de AI, encabezada por Alberto Herrera, y Kathy Price, director ejecutivo de AI en México, y la representante de ese organismo en Canadá, respectivamente, así como por los representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y del Centro José Ma. Morelos y Pavón, se reunía con el secretario General de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos.

En ese momento Alberto Herrera, de AI, informó lo sucedido a ese funcionario estatal, quien se mostró descontrolado y minimizó el hecho, al decir: nosotros no tenemos nada que ver.

Minutos después se confirmó que dos efectivos del Ejército, uno de ellos identificado como Yovani Ramírez López, llegaron hasta donde se encontraba el equipo de sonido instalado por integrantes de AI, y sin mediar palabra cortaron los cables, por lo que de inmediato fueron detenidos por policías estatales, quienes los subieron a una patrulla estacionada a cien metros del palacio de gobierno.

Cuando se preguntó a los agentes sobre el paradero de los dos soldados, respondieron que ellos no los habían detenido y que quienes los arrestaron pertenecían a la policía preventiva municipal de Chilpancingo.

Sin embargo, cuando miembros de AI caminaron hasta donde estaba la patrulla, para preguntar a los ocupantes de la misma sobre el paradero de los militares vestidos de civil, contestaron que recibieron órdenes de su jefe, el comandante Benito Galarza, de que no intervinieran y dejarlos realizar su trabajo de inteligencia, por lo que los dejaron en libertad.

Durante la reunión con el secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, la comitiva expuso diversos casos relacionados con la represión que el gobierno de Guerrero ejerce contra los defensores de los derechos humanos, principalmente en el municipio de Ayutla de los Libres, contra los pueblos mixtecos y tlapanecos.

El funcionario, a nombre del mandatario estatal Zeferino Torreblanca, se comprometió a iniciar un proceso de diálogo el próximo 11 de agosto, con el propósito de analizar el caso del indígena Raúl Hernández, preso desde abril del año pasado, junto con otros cuatro indígenas miembros de la OPIM, acusados de asesinar al informante del Ejército Alejandro Feliciano García.

 

León: 8 hospitalizados por golpiza de policías

Decenas de uniformados allanan dos viviendas y causan destrozos

Los jóvenes, incomunicados y vigilados, dice la madre de uno de ellos

Ombudsman y el secretario del ayuntamiento anuncian investigaciones

Carlos García

Corresponsal

León, Gto., 3 de agosto. Más de 30 policías municipales irrumpieron en dos viviendas de la colonia León I, donde golpearon a ocho jóvenes que debieron ser hospitalizados, informó Sanjuana Valdivia, madre de uno de los afectados.

Señaló que la casa ubicada en el número 125 de la calle Andador Martínez fue apedreada por los uniformados, quienes usaron una patrulla para abrir el portón.

Valdivia relató que a las 15 horas del domingo pasado, su hijo, Carlos Alberto González, platicaba con tres amigos fuera de la casa, y entraron cuando vieron pasar una patrulla porque cada vez que vienen los policías los agarran, los golpean y los arrestan, aunque no estén haciendo nada.

Sostuvo que los agentes se detuvieron y “con las culatas de sus armas comenzaron a romper los vidrios (del portón); metieron las pistolas y apuntaban para dentro. Yo les gritaba: ‘¡No tiren!’, y decían: ¡Nos vale madre! ¡Los sacamos porque los sacamos!”’

Los jóvenes accedieron a salir con la condición de que no los golpearan, pero los oficiales comenzaron a lanzar piedras que traían en una patrulla e hicieron disparos al aire, contó Valdivia.

Los policías derribaron el portón con una patrulla y entraron a la casa. Comenzaron a golpearlos. Les abrieron la cabeza con unos tubos. A uno le quebraron el brazo. A mi hija la golpearon porque estaba grabando con un celular, recordó.

“Les pedí a los policías que tuvieran consideración, pero me escupieron. Me dijeron que me iban a meter unos cuetazos (balazos) por el culo. Les pedía que no echaran gas porque había niños chiquitos”, comentó.

Minutos después llegaron 11 patrullas con al menos 30 policías, quienes ingresaron a la casa de la señora Valdivia y a un inmueble contiguo, donde golpearon a ocho jóvenes. A unos los desmayaron y se los llevaron arrastrando como si fueran perros, recordó.

Los detenidos fueron trasladados a la central de policía de León, acusados de dañar una patrulla, pero debido a la gravedad de sus lesiones, una ambulancia los llevó al hospital general regional, donde están custodiados.

Están muy golpeados. No nos dejan verlos ni llevarles comida, aseguró la mujer en su casa, donde aún se observan sangre, vidrios rotos, y muebles volcados.

Además, acusó a los agentes de robar mil pesos, tres celulares y dos mofles de motocicleta.

De acuerdo con el parte policíaco, los uniformados fueron a atender un reporte de riña a la colonia León I, donde detuvieron a 11 personas y decomisaron armas punzocortantes y objetos contundentes, entre ellos tubos de cobre.

Al cierre de esta edición, la dirección de policía no había ofrecido una versión oficial sobre la golpiza.

Interrogado al respecto, el secretario del ayuntamiento, Francisco García León, respondió: Giré instrucciones a la dirección de asuntos internos para que revise y se integre el expediente. De comprobarse los hechos tendremos que sancionarlos ejemplarmente. Lo más importante es determinar las causas y los responsables de esos destrozos.

El procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que inició la queja 151/09.

Dan carpetazo a denuncia contra un agente por violación

Carlos García, corresponsal

 

León, Gto., 3 de agosto. Tengo miedo. Quiero que pague por lo que hizo. Me destrozó la vida, afirmó María, quien denunció que un policía ministerial la violó el viernes pasado en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado durante un interrogatorio por el asalto a una joyería.

El procurador de Justicia del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, aseguró que se demostró con dictámenes sicológicos y ginecológicos que María no fue violada y que la única relación sexual (que ella tuvo) fue con su pareja y no con otra persona. Advirtió que en la Procuraduría estatal no se tolerarán ni solaparán acciones fuera de la ley, pero no se deben aceptar señalamientos infundados que denigren a un servidor público y a una institución.

El caso fue turnado al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y a los tres poderes de Guanajuato, dio a conocer la directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Ángeles López García. La activista consideró que las autoridades locales deben frenar la violencia sexual institucional en que incurre personal de la Procuraduría de Justicia.

El director de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, recibió este lunes la queja de María. Consideró lamentable la violación de una mujer a manos de un policía ministerial en instalaciones oficiales y dijo que estas acciones hacen que se pierda la confianza en la procuración de justicia.

María exigió en conferencia de prensa que el agente ministerial Humberto Puga Arredondo sea consignado ante un juez para que esto no le suceda a otra mujer, porque a mí me hizo mucho daño. Sostuvo que la violación le afectó a tal grado que intentó suicidarse.

Sin orden de presentación del Ministerio Público, Humberto Puga y otros agentes fueron por María hasta su casa para interrogarla en las oficinas de la Procuraduría de Justicia. La agraviada recordó que el viernes anterior, en un cuarto, Puga Arredondo la acusó de ser integrante de la banda que robó una joyería el miércoles pasado y la desnudó para revisar que no portara un micrófono oculto.

Sostuvo que le tocó los senos y los genitales. Según María, los compañeros de Humberto Puga subieron el volumen a un estéreo para que no se escuchara el ataque y posteriormente el agente ministerial la llevó a que identificará a uno de los hombres que asaltaron la joyería, que al parecer visitó el bar donde ella trabaja.

Denuncian feligreses tortura y robos de PF durante detención de “La Troca”

LA REDACCIóN

Apatzingán, Mich., 3 de agosto (apro).- El sacerdote Vicente Soto, responsable de la parroquia del Perpetuo Socorro, denunció que elementos de la Policía Federal robaron las limosnas del templo, además de encañonarlo y obligarlo a permanecer en el suelo durante la detención de miembros de "La Familia Michoacana", ocurrida en una misa de XV años.
Testigos denunciaron, además, que María de Jesús Aguirre, madre de la quinceañera, fue golpeada; en tanto, algunos hombres fueron obligados a permanecer sentados en el atrio, mientras los uniformados les obligaron a beber botellas de agua sacadas de la basura.
El sábado pasado, cerca de las 7 de la noche, la Policía Federal (PF) irrumpió las instalaciones de la capilla del Perpetuo Socorro, ubicada en Apatzingán, Michoacán, con el objetivo de detener a miembros del cártel "La Familia Michoacana". Entre los capturados destaca el nombre de Miguel Ángel Beraza Villa, "La Troca", presunto enlace del grupo delictivo con narcotraficantes de Estados Unidos.  
En rueda de prensa, Ramón Pequeño García, jefe de la División Antidrogas de la PF, presumió que el operativo había sido veloz y no hubo afectaciones a los feligreses. No obstante, versiones de los presentes desmienten al funcionario.
Testigos entrevistados por apro indicaron que el padre Soto fue sometido con violencia, lo que provocó una crisis de histeria entre niños y mujeres.
Una joven que fue víctima del atropello dijo que los federales pronunciaron mentadas de madre contra los creyentes, al tiempo que robaron dinero de los bolsos de las mujeres.
En esa crisis mantuvieron a más de cien personas desde las 19:00 horas del sábado hasta las 02:00 horas del domingo, para finalmente liberar a las mujeres y los niños, llevándose a 31 hombres, entre ellos al comerciante Arturo Torres Vega, hermano del excandidato a la diputación federal por el doceavo distrito electoral, Carlos Torres Vega.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:19
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