Mi?rcoles, 05 de agosto de 2009

“No hay razón para indagar guardería”

EL UNIVERSAL.

Ministro Aguirre avala a autoridades: “no se alteró la paz social”, afirma, por lo que no procede ejercer la facultad que tiene la Corte para investigar violaciones graves de garantías

El proyecto de sentencia para definir si la Suprema Corte de Justicia atrae la investigación sobre la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC concluye que la petición de los padres de familia no es procedente.

El documento, presentado al pleno por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, considera que las autoridades federales y locales han actuado de manera “diligente” para esclarecer los hechos.

También argumenta que el siniestro —hoy se cumplen dos meses de ocurrido— no alteró la vida de la ciudad de Hermosillo, el orden público o la paz social, por lo que no procede ejercer la facultad que tiene la Corte para investigar violaciones graves de garantías.

En este caso, agrega, no hay un acontecimiento que impacte en la vida de una comunidad, por lo que “no hay razones para crear una comisión investigadora”.

En su página personal en la red social Facebook, el ministro Genaro Góngora confirmó el sentido del proyecto.

Se tiene previsto que este jueves el proyecto sea votado en el pleno.

De acuerdo con fuentes de la Corte, al menos una mayoría de seis ministros, de 11, desechará los argumentos de Aguirre y apoyará la creación de una comisión investigadora.

Entre los motivos que esgrimirán para rechazar el documento está la necesidad de indagar no sólo el caso en cuestión, sino todo el sistema de operación de guarderías subrogadas.

Además, destacan, los papás de los niños fallecidos exigen investigar a la PGR, a la Procuraduría estatal, al gobierno de Sonora, a la Secretaría de Gobernación y al IMSS porque sospechan que se dieron actos de negligencia y encubrimiento entre las mismas.

ABC: a dos meses del crimen

Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública

Hoy se cumplen dos meses del crimen que privó de la vida a 49 niños en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio. Treinta y ocho de ellos murieron ese mismo día, quemados y por asfixia a causa del incendio iniciado en una bodega gubernamental que compartía espacio con la estancia subrogada por el IMSS. Desde entonces, la muerte ha ganado la carrera a la justicia: murieron 11 pequeños más, hasta el 28 de julio, mientras que sólo una persona ha sido detenida por ese terrible suceso (y quizá a esta hora está ya libre pues un tribunal federal le concedió antier la libertad bajo fianza).

Apenas salieron del pasmo que les produjo la irrefutable muestra de su indolencia, influyentismo y corrupción, el gobierno de Sonora y el gobierno federal cruzaron acusaciones, reproches e invectivas. No se apresuraron, sin embargo, las averiguaciones penales, que inicialmente fueron emprendidas por el Ministerio Público local y atraídas el 24 de junio por la Procuraduría General de la República. La local solicitó el día 19 anterior 18 órdenes de aprehensión, principalmente contra funcionarios del gobierno estatal y del IMSS. Obtuvo 13 mandamientos de detención y sólo pudo cumplir siete. Cinco de los afectados quedaron libres bajo fianza, pagada por el sindicato de burócratas estatales, al que pertenecen: son los empleados de la bodega de la secretaría local de Finanzas donde se originó el incendio que se propagó al espacio vecino, indebidamente ocupado por una guardería que en realidad era una bodega de niños. Otra persona más fue dejada en libertad de inmediato, de modo que sólo una funcionaria del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías en Sonora, ha permanecido en prisión, porque se le negó fianza para quedar libre. Anteayer lunes obtuvo una resolución favorable, que si a esta hora no ha sido cumplida puede dejarla en libertad en cuanto pueda reunir el monto de la garantía, superior a 2 millones de pesos.

Ya bajo la competencia federal, la PGR solicitó el 1o. de julio nueve órdenes de aprehensión a un juez de distrito, que las obsequió el 4 de julio y se refieren a los cinco dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a cuatro funcionarios de ese instituto. Pero el haber iniciado la persecución 30 días después del crimen permitió a los inculpados desaparecer. Sonó por eso ridículo -los resultados lo son en mayor medida- que se solicitara a Interpol la emisión de la ficha roja, la orden internacional de aprehensión que hoy, cuando se cumplen dos meses del siniestro siniestro, no han sido ejecutadas.

No ha habido otro tipo de sanciones. Se conjetura que el PRI perdió por el caso de la guardería la gubernatura sonorense, en lo que constituyó la única victoria panista, pero no hay base firme para asegurarlo, pues el castigo pudo haber sido asestado por igual a los partidos contendientes, a que pertenecen los funcionarios involucrados. Hubiera podido registrarse como puniciones a su irresponsabilidad la salida de dos altos funcionarios del IMSS, los que directamente manejaban las guarderías y el régimen de subrogación, pero los puntillosos voceros de la institución se cuidaron de hacer saber que se habían marchado por voluntad propia y sin relación alguna con la muerte de medio centenar de niños puestos a su cuidado. El gobernador Eduardo Bours y el director del IMSS, Daniel Karam, han pasado momentos difíciles ante los padres de las víctimas, ante la opinión pública -y el funcionario federal ante el Senado- pero sus tragos amargos, apurados con una buena dosis de cinismo por el gobernador, distan de ser una sanción social que guarde proporción con la magnitud del daño causado.

Sólo un efecto positivo ha surgido, no de la tragedia -que sólo produjo dolor y ningún género de bien- sino de su abordamiento público. Consiste en que se ha puesto en cuestión el modelo por el cual cumple el IMSS su deber legal de otorgar a sus derechohabientes el servicio de guarderías. Lo hace a través de la subrogación, es decir pagando a particulares el otorgamiento de dicho servicio, que se ofrece sobre la base del menor costo -en perjuicio de los destinatarios- y la mayor utilidad. Por esta última circunstancia el negocio de guardar niños se ha convertido en dedicación favorita no de profesionales de la puericultura y la educación sino de validos de políticos con eminencia regional. Parientes de Bours aparecieron desde el primer día como beneficiarios de estas empresas propiciadas por un Estado blandengue, que quizá es inferior y peor que el fallido, porque éste no puede cumplir sus funciones mientras que aquél finge hacerlo.

Los padres de las víctimas, al comprobar día con día que las demoras ministerial y judicial eran formas de complicidad, acudieron a otras instancias para acuciar a las autoridades formalmente encargadas del caso. Solicitaron a principios de julio a la Suprema Corte de Justicia una investigación constitucional sobre violaciones graves a las garantías individuales. El pedido resultó doblemente impertinente para los ministros: estaban a punto de comenzar sus vacaciones y crece su renuencia a aplicar el artículo 97, que los faculta para ese tipo de indagación. El ministro Sergio Valls hizo suyo el pedido de las familias y mañana el pleno resolverá si acepta o no, conforme a un proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Por su parte, la CNDH emitió anteayer una recomendación que hemos de examinar.

 

Integrantes del TEPJF se acercan a los ingresos de Barack Obama

Las percepciones exorbitantes son ilegales: constitucionalistas

Alfredo Méndez

 

Un magistrado electoral en México percibe al año más de 4 millones de pesos (entre sueldo y prestaciones), casi la misma cantidad que tiene como salario el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (quien gana 400 mil dólares anuales, 5.2 millones de pesos), y 46 por ciento más de lo que recibe en 12 meses el presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel país (217 mil 400 dólares, cerca de 3 millones de pesos).

Estas cifras acerca de lo que perciben al año funcionarios de alto nivel de los poderes Ejecutivo y Judicial de Estados Unidos son oficiales, y fueron consultadas ayer por La Jornada en la página electrónica del Senado estadunidense.

El portal de Internet ejemplifica la enorme diferencia de salarios entre los juzgadores mexicanos y los estadunidenses, ya que mientras el presidente de la Corte Suprema de Colorado gana 142 mil 708 dólares al año (un millón 855 mil 204 pesos), un magistrado mexicano del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) recibe en 12 meses 4 millones 116 mil 646 pesos (343 mil al mes).

En su edición de ayer, este diario hizo del conocimiento público el contenido del Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el ejercicio fiscal 2009, que establece que los siete magistrados del TEPJF ganan en conjunto 28 millones 816 mil 723 pesos anuales.

Esas revelaciones provocaron críticas al PJF y al Congreso de la Unión de parte de los constitucionalistas Elisur Arteaga Nava, profesor de la Escuela Libre de Derecho, y Raúl Carrancá y Rivas, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Arteaga manifestó ayer, en entrevista con este diario, que en las excesivas asignaciones presupuestales que cada año le autoriza la Cámara de Diputados al PJF, está el meollo de las escandalosas prestaciones que permiten a los siete magistrados electorales y a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia percibir más de 4 millones de pesos al año, en un país que cuenta con 70 millones de pobres.

Lo preocupante es que esta ligereza legislativa contribuye a que México cuente con un sistema de justicia caro, lento y que privilegia exclusivamente a los ricos y a los poderosos, expresó.

Arteaga añadió que lo más grave es que estos salarios exorbitantes representan una flagrante violación al artículo 127 constitucional, que establece que el Presidente de la República, los ministros, los senadores y demás servidores públicos recibirán una percepción adecuada por sus funciones, empleo, cargo o comisión, la cual será determinada anualmente en los presupuestos, por lo que cualquier ingreso aparte de su sueldo mensual es violatorio de la Carta Magna.

En el mismo sentido se expresó Raúl Carrancá y Rivas, quien sostuvo: “ahora que leo esta información de La Jornada veo con enojo cómo es que los magistrados electorales son verdaderos mandarines chinos… ¡Con razón se dan de puñaladas para llegar a estos cargos! ¡Pobre México: tan pobre su gente y tan descarados sus magistrados!”, soltó el jurista.

Elisur Arteaga destacó que este tipo de prestaciones avaladas por la Cámara de Diputados encarecen nuestra justicia y el proceso electoral en forma innecesaria, porque son magistrados que finalmente trabajan cuando mucho cinco meses al año. Estamos manteniendo a juzgadores con salarios que superan a las percepciones de aquellos magistrados de países del primer mundo, pero la justicia que imparten no está en ese nivel.

Finalmente, Arteaga puntualizó: “estas prestaciones demuestran cómo funciona el aparato de Estado: ‘se te paga bien magistrado, se te atiende como rey. El legislador te autoriza tu presupuesto… y después, yo, titular del Ejecutivo, te cobro el favor para que tu me resuelvas en tal o cual sentido’”.

Se han presentado más de mil quejas por los operativos en Juárez y Chihuahua

El Ejército y la Policía Federal sólo han recibido cuatro recomendaciones de la CNDH

Rubén Villalpando y Sergio Ocampo

Corresponsales

Debido a las constantes violaciones a las garantías básicas y derechos constitucionales en el contexto de los operativos conjuntos en las ciudades de Chihuahua y Juárez, se han presentado mil ocho quejas contra militares y elementos de la Policía Federal, dio a conocer José Luis Armendáriz, presidente de la comisión chihuahuense de los derechos humanos.

El funcionario señaló que tan sólo en la capital del estado se han recibido 291 denuncias, de las cuales no se ha emitido ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aunque de las quejas que corresponden a Ciudad Juárez, dicho organismo ha girado cuatro.

Recordó que en 2008 se presentaron quejas de asuntos graves graves, pero en este año, gracias a la insistencia de la CNDH, con el apoyo de la comisión estatal y la participación de la sociedad, se logró disminuir el número de denuncias en algunos rubros, como la tortura.

Por su parte, Javier González Mocken, coordinador del Programa para la Atención de Quejas y Denuncias del Operativo Conjunto Juárez, informó que hasta el día de hoy se han documentado 717 quejas en contra de militares, elementos federales y municipales, desde que fue instalado el módulo de atención ciudadana hace cuatro meses; de las que 598 han sido resueltas.

Las quejas en contra de elementos del Ejército en el resto del estado, detalló el funcionario, suman 328, mientras que 190 corresponden a arbitrariedades cometidas por agentes de la Policía Federal. Agregó que quedan 119 casos pendientes para su resolución, de los cuales 75 están relacionados con militares y 44 con elementos federales.

Denuncias por arbitrariedades del Ejército en Guerrero

Hipólito Lugo Cortés, visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero, confirmó que existen 11 nuevas denuncias en contra del Ejército mexicano por violaciones a las garantías básicas cometidas a finales de julio en contra de ciudadanos de los municipios de Tlacoachistlahuaca y Tlapa, mismas que serán turnadas esta semana a la CNDH.

En entrevista, Lugo Cortés detalló que luego del operativo efectuado el pasado 30 de julio en la comunidad de Guadalupe Mano de León, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, se recibió un total de 10 quejas en contra de miembros del Ejército, la primera la presentaron el 31 de julio pasado 35 indígenas amuzgos, acompañados por funcionarios de ese ayuntamiento, así como del comisario de la comunidad afectada, quienes denunciaron allanamientos a sus domicilios, aunque no hubo detenidos durante los cateos.

En el caso de Tlapa, se presentó una queja en contra del 93 Batallón de Infantería, que entre la noche del jueves 30 de julio y la madrugada del viernes 31 llevaron a cabo cateos y detuvieron a 12 civiles, entre ellos tres mujeres; sobre estos hechos, el pasado 3 de agosto se presentó una queja por la detención de una de las 12 personas que fueron trasladadas a instalaciones de la Procuraduría General de la República, por lo que es probable, dijo, que se reciban más en el transcurso de la semana.

La denuncia es por allanamiento de morada o introducción al domicilio sin permiso ni presentación de una orden de cateo, y fue presentada por Concepción Gálvez Guerrero en contra de los elementos castrenses que de manera arbitraria agredieron a dos de sus familiares cuando llegaron a su domicilio. También trascendió que entre las mujeres detenidas se encuentra Sedna Aurora Parra Villavicencio, quien es sobrina del ex alcalde de Tlapa, y ex diputado local Celso Villavicencio. Hasta el momento se desconoce el paradero de las 12 personas detenidas.

Finalmente, Lugo Cortés recordó que hasta el momento existen 141 expedientes con denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos castrenses en diferentes comunidades y ciudades en Guerrero.

Terroristas, las defensoras de violada en León

Carlos García, corresponsal

 

Guanajuato, Gto., 4 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez incurrió en un acto de terrorismo al denunciar la violación inexistente de una mujer, presuntamente cometida por un policía ministerial, afirmó la directora del Instituto de la Mujer de Guanajuato (Imug), Luz María Ramírez Villalpando.

En cambio –sostuvo–, la Procuraduría General de Justicia del Estado actuó con profesionalismo y seriedad al demostrar que María no fue violada en las instalaciones de la dependencia por el policía Humberto Puga.

La funcionaria dijo conocer la forma en que el procurador Carlos Zamarripa maneja estos casos e insistió en que se demostró científicamente, por lo que no hubo agresión sexual y la organización no gubernamental incurrió en difamación al presentar la denuncia penal.

La directora del Centro Victoria Diez manipula y chantajea, pues hay maneras de ayudar a las mujeres, pero no por medio del terrorismo, la imposición y casi secuestrarlas para que hagan lo que no quieren, acusó Ramírez Villalpando.

La directora del Imug llamó a las mujeres a no buscar la ayuda de agrupaciones como los centros Victoria Diez y Las Libres, y les recomendó acudir a la institución a su cargo, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al programa de prevención de la violencia, al DIF y a otras instancias oficiales.

También arremetió contra la periodista Carmen Aristegui, quien durante el Festival de Cine Expresión en Corto condenó la llamada ley antiaborto recientemente aprobada por el Congreso de Guanajuato.

A su vez, Ángeles López García, titular del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, afirmó que el presunto violador no quiso practicarse las pruebas de ADN, a diferencia del compañero de María; por ello, no hay elementos que lo exculpen.

El lunes, el procurador de Justicia estatal, Carlos Zamarripa, dijo que María nunca fue violada y anunció que la averiguación previa sería archivada. Al respeto, López García comentó que falta resolver el no ejercicio de la acción penal.

 



Publicado por solaripa69 @ 10:27
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