Viernes, 07 de agosto de 2009

Parte médico refuta a la SEP; niños músicos tienen graves daños.

Indignación generalizada, piden destituir a Enrique Barrios y Sergio Ramírez Cárdenas. La idea de dar un concierto de improviso no fue de la dependencia, sino del titular de la orquesta, corroboran testigos. Violinista de 12 años tiene lesiones como las de un soldador sin protección

Ángel Vargas. La Jornada.

 

En contraste con lo que sostiene la Secretaría de Educación Pública (SEP), sí existe por lo menos un caso de daño grave a la salud entre los cerca de 60 integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIJM), quienes sufrieron lesiones en los ojos y quemaduras en la piel como consecuencia del concierto que la agrupación ofreció el sábado anterior, fuera de programa, en la sede de esa dependencia federal.

Se trata de un violinista de 12 años de edad quien, según datos recabados por La Jornada, es el más afectado tras esa presentación musical efectuada a pleno rayo de sol durante más de dos horas.

A raíz de esa afectación, el atrilista ni siquiera pudo ir al concierto que la orquesta efectuó en la tarde de ese mismo día en el Centro Nacional de las Artes (CNA) y debió ser trasladado de emergencia en ambulancia al hospital para Prevenir la Ceguera, en Coyoacán, donde más tarde fueron llevados y atendidos el resto de sus compañeros lesionados, según relata en entrevista la madre del músico, quien pidió reservar su identidad y la de su hijo, así como otros datos personales, para evitar cualquier represalia.

Apoyo de Fomento Musical

Madre e hijo regresaron el domingo a su lugar de origen, fuera de la ciudad de México, donde al día siguiente consultaron a un oftalmólogo particular, el cual, asevera la señora, nos dijo que nuestro hijo llegaba muy mal, con quemaduras a nivel de córneas, un tipo de quemaduras que, nos explicó, él sólo había visto en un soldador que trabajó sin protección entre ocho y 10 horas.

El ojo izquierdo del violinista es el más dañado, según el diagnóstico del especialista, quien tranquilizó a los padres del menor asegurándoles que la lesión es reversible. Inclusive la noche del miércoles, el médico le retiró el parche que cubría el ojo.

Sin embargo, refiere la madre del afectado, hasta este jueves la vista del niño era borrosa y, con base en la prescripción médica, los ojos de su hijo no estarán al ciento por ciento cuando menos en 15 días, lapso durante el cual deberá permanecer en tratamiento contra la quemadura ocular, alejado de la luz solar y en un cuarto oscuro.

Este parte médico contradice la versión del titular de la SEP, Alonso Lujambio, quien atribuyó las afecciones en los ojos y las quemaduras en la piel de los pequeños artistas a una situación que cotidianamente se presenta por estar expuestos al sol y la contaminación en la ciudad de México.

También contrasta con el comunicado emitido con posterioridad por la misma dependencia, en el que se aseguraba que los estragos sufridos por los menores eran mínimos y que su recuperación no tardaría más de 48 horas.

Para la madre del joven violinista, lo más importante en este momento es que los ojos de nuestro hijo se recuperen lo antes posible, de allí que todavía no ha considerado si entablará algún proceso legal, exigirá sanciones o la destitución de algún funcionario.

Al respecto, la señora aclara que desde el primer momento, cuando advirtió que su hijo no había acudido al concierto en el CNA y personal de la orquesta le informó que éste se encontraba en el hotel por las razones citadas, ha contado con el apoyo de las autoridades del Sistema Nacional de Fomento Musical, del cual depende la OSIJM.

Añade que el titular de ese sistema, el director de orquesta Enrique Barrios, le llamó el lunes para conocer el estado de salud de su hijo, además de que desde ese día recibe dos telefonemas al día de personal de esa instancia para ver si se le ofrece algo, a lo cual debe sumarse que la dependencia aseguró que se hará cargo de los gastos médicos del joven violinista.

Repercusiones a escala nacional

La madre del atrilista, quien por segundo año consecutivo fue seleccionado para formar parte de la OSIJM, califica como un error fatal de logística, de parte de la SEP, hacer dicho concierto, porque si pidieron la orquesta cuando menos debían haberle ofrecido las condiciones básicas para actuar con seguridad.

Asimismo, espera que tan lamentable situación, que desafortunadamente les tocó a 60 pequeños, ¡ojalá sirva como experiencia para que no vuelva a ocurrir!

Lo acontecido el sábado primero de agosto con la orquesta infantil tiene ya repercusiones en el ámbito musical del país, en el que un creciente segmento de esa comunidad se dice indignado y desde el pasado martes, mediante un documento en el portal de Internet de Facebook, exige a la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Consuelo Sáizar, la destitución del director de orquesta Enrique Barrios, en su condición de titular del Sistema Nacional de Fomento Musical y, como tal, responsable de la OSIJM.

Al respecto, son varias las voces que culpan de modo directo a Barrios de lo ocurrido, sea porque afirman que fue a iniciativa suya que se efectuó el concierto fuera de programa en la sede de la SEP, con el ánimo de mostrar ante el secretario el nivel de la orquesta y así obtener más presupuesto el año próximo, o sea porque consideran que sometió a los niños a trabajo extra en condiciones que no son apropiadas para ninguna persona.

De igual manera, se demanda el cese del también director de orquesta y pedagogo Sergio Ramírez Cárdenas, hasta hace unos días titular del Sistema de Fomento Musical, cargo en el cual fue relevado por Barrios debido a su reciente designación como subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes y a quien le tocó suspender el concierto el sábado en el CNA, en el que actuaba como director huésped de la OSIJM, al percatarse de las molestias en los ojos de los atrilistas.

Imposición de Alonso Lujambio

Fuentes fidedignas, que pidieron el anonimato, comentaron a La Jornada que el nombramiento del director Enrique Barrios al frente del Sistema de Fomento Musical fue una imposición de Alonso Lujambio.

De allí que, señalaron, el titular de la SEP haya salido inmediatamente al quite del músico y que la titular del CNCA se mantenga al margen, hasta el momento, en relación con esa problemática.

Para aclarar estas versiones, La Jornada trató de hablar con Enrique Barrios, aunque sin éxito, debido a que, mediante su oficina de difusión y prensa en Fomento Musical, indicó que no estaba autorizado a dar entrevistas y que toda información sobre el caso de la OSIJM debería tratarse directamente en Comunicación Social de la SEP.

PGR dice que acatará fallo que libera a presos de Acteal.
La PGR aseguró que en el caso Acteal presentó en su momento pruebas “sólidas y suficientes” que los jueces avalaron y en consecuencia emitieron una sentencia

María de la Luz González
El Universal
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en el caso Acteal presentó en su momento pruebas “sólidas y suficientes” que los jueces avalaron y en consecuencia emitieron una sentencia.

Sin embargo, aseguró que respetará cualquier postura en el sentido contrario que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este diario publicó ayer que la Corte terminó de analizar los expedientes de la matanza ocurrida en diciembre de 2007 en la comunidad chiapaneca y concluyó que al menos 40 indígenas condenados son inocentes y deben ser liberados.

Luego de que el año pasado atrajo el caso, el máximo tribunal determinó que la PGR fabricó pruebas y testigos e incurrió en una serie de irregularidades.

La Primera Sala de la Corte votará el próximo miércoles el proyecto de sentencia, y de acuerdo con información recabada, la mayoría de los ministros prevén avalarla.

Entre las anomalías documentadas por la defensa de los indígenas que cumplen sentencias de 20 y 40 años, se menciona la desaparición de evidencia relevante para el caso, la alteración de la escena del crimen, la sustracción de inculpados que realizó de manera ilícita el Ministerio Público y la fabricación de testimonios.

En la investigación, la PGR presentó declaraciones en español de testigos que ni siquiera escribían en su propia lengua.

En la Cámara de Diputados, las fracciones de PAN, PRD y PRI condenaron la manipulación de pruebas en el proceso y plantearon que la Corte asegure resarcir el daño del que fueron víctimas, al menos 40 de los sentenciados.

Para los diputados Alfonso Suárez del Real (PRD) y Alfredo Ríos Camarena (PRI) es una prueba de la corrupción que el país ha padecido de manera histórica y del “manejo faccioso de la justicia”.

En el Senado, el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, dijo que la Procuraduría ha acusado falsamente por años a inocentes y ahora se enfrenta a una “vergüenza” por el caso Acteal.

Aprueba la Corte investigar la tragedia en guardería ABC

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 6 de agosto (apro).- Por ocho votos contra tres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad para investigar las responsabilidades por el incendio de la guardería subrogada del Seguro Social "ABC", de Hermosillo, Sonora, que a la fecha ha causado la muerte de 49 niños y secuelas físicas y psicológicas en al menos 25 más.

La investigación estará a cargo de los magistrados Rosario Mota Cienfuegos, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, y Carlos Monzón Sevilla, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal.

Después de un debate de casi cuatro horas, la mayoría calificada del pleno de ministros rechazó el proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien había propuesto la abstención de la SCJN, debido a que el incendio "no fue producto de una acción directa de la autoridad".

En su proyecto consideró que al no existir esa participación, no existieron violaciones graves a las garantías individuales, previstas en la Constitución como límite al poder público.

Además, según Aguirre, la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya realizan investigaciones sobre las probables responsabilidades penales y administrativas.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, paralelamente no debe iniciar investigaciones cuando aún no finalizan las que legalmente están en marcha", expuso el ministro, considerado uno de los más conservadores del máximo tribunal.

Aguirre Anguiano reiteró su rechazo para que la Corte ejerza la facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución, pues dijo que sólo ha servido para crear falsas expectativas, restándole credibilidad a la SCJN, y "para resbalar el peso de las presiones que deben ser a cargo de otros".

La propuesta sólo fue apoyada por dos ministros: Mariano Azuela –a quien se menciona como candidato a la CNDH– y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Los ministros que impusieron la mayoría fueron José Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González-Salas, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

Esa mayoría consideró que hubo omisiones de las autoridades municipales, estatales y federales, que deben ser establecidas no sólo para el establecimiento de responsabilidades, sino para que se sepa la verdad de lo ocurrido.

 

Fuero de guerra: violación impune de derechos humanos.

Gilberto López y Rivas.

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Fundar (Centro de investigación y análisis) han reiterado la trascendencia de que el 8 de julio pasado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió a su pleno el amparo en revisión 989/2009, mediante el cual familiares de víctimas civiles de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas cuestionan que los militares se juzguen a sí mismos.

La SCJN tiene la oportunidad histórica de fijar el alcance del fuero militar en nuestro país y poner un límite a la impunidad castrense, especialmente en un contexto de militarización creciente, control del Ejército de regiones del país que sufren una virtual suspensión de garantías, aumento de casos documentados de abusos, asesinatos, violaciones sexuales, ingreso a domicilios sin orden de cateo, sembrado de evidencias falsas, retenes inconstitucionales, incursiones a poblados, sometimiento de autoridades civiles, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por militares contra civiles desarmados y no involucrados en actividades delictuosas.

Las quejas por violaciones de militares a derechos humanos se han sextuplicado en este sexenio: tan sólo en 2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce haber recibido mil 230 quejas contra el Ejército. Según el Prodh, “entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008. En el mismo periodo, la Procuraduría General de Justicia Militar aceptó que sus agentes del Ministerio Público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles –110 en 2008—, de las cuales únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada 10. La información recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia militar tiende a perpetuar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos de civiles”.

Estos esfuerzos del Prodh y Fundar coinciden con intentos fracasados de larga data encaminados a lograr una reforma profunda de las fuerzas armadas, el control civil y el escrutinio de la sociedad y del Congreso sobre sus misiones, desempeño, presupuesto y funcionamiento. Recuerdo los intentos vanos durante la 57 Legislatura para que compareciera el secretario de la Defensa en la Cámara de Diputados, o para investigar el destino del gasto aprobado para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la transparencia de sus licitaciones, inversiones y bienes, temas que no tenían ninguna relación con la seguridad nacional, argumento socorrido para negar información, incluso a legisladores.

El caso que da lugar al debate de la SCJN es paradigmático en su dramatismo y recurrencia: el 28 de marzo de este año, cuatro jóvenes fueron asesinados y otros dos heridos por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Los soldados abrieron fuego en contra del vehículo en el que viajaban sin razón ni motivo que lo justificase. El Prodh y el Frente Cívico Sinaloense dieron cuenta de que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita, sino que se trató de una privación arbitraria de la vida perpetrada por militares en contra de un grupo de civiles, violación grave a los derechos humanos y delito sancionado por la ley penal como homicidio.

Estas organizaciones denunciaron que la Sedena “ha desplegado una estrategia de comunicación social que, de manera aparentemente deliberada, ha propiciado la confusión y la opacidad en el esclarecimiento de lo ocurrido, minimizando el hecho al calificarlo como un incidente, concluyendo que es grave que las autoridades del fuero militar investiguen los hechos aun cuando éstos de ningún modo constituyen faltas contra la disciplina militar, sino delitos cometidos en perjuicio de civiles que deben ser conocidos por las instancias ordinarias. Éste es el patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones militares.

Veintiséis organizaciones de derechos humanos de 13 países y universitarias, así como la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas entregaron por separado tres memoriales a través de la figura amicus curiae (amigos de la corte o expertos que presentan una opinión calificada) a la SCJN para el caso 989/2009 de Sinaloa, afirmando que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos. La Corte debe definir si el fuero de guerra es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. Señalan, por ejemplo, que se violan los artículos 8 (derecho al debido proceso) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La SCJN es la última instancia mediante la cual los familiares de las víctimas y la sociedad esperan justicia, aunque las esperanzas se desvanecen ante la proclividad de los ministros para someterse a los intereses creados y a los designios de un Ejecutivo federal que ha proclamado la defensa incondicional del fuero y el estamento castrenses. Finalmente, fueron los militares quienes dieron a Felipe Calderón la protección y el apoyo para asumir ilegal e ilegítimamente la Presidencia de la República. No obstante, será difícil para la Corte no delimitar la extensión del fuero militar como establece la Constitución, dada la solidez de los argumentos jurídicos en los ámbitos nacional e internacional en favor de hacerlo.

NOTICIAS DEL IMPERIO DEL ESTADO DE DERECHO

Las puertas del secreto

Un ciudadano solicitó al IFAI que le proporcione la identidad de los bancos comerciales, particulares, a los que el Banco de México vendió mil 60 millones de dólares de forma directa. Además, pidió el dato del tipo de cambio al que fueron vendidos. El caso quedó en el escritorio de la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard. Puede anticiparse que la información será reservada por varias décadas, ya que si prosperara otros ciudadanos solicitarían que se revelara la identidad de los que han adquirido alrededor de 30 mil millones de dólares en subastas y asignaciones directas, lo que destaparía una caja de Pandora. Es un mito la autonomía del IFAI. [Enrique Galván Ochoa, DINERO, La Jornada, Agosto 05 / 2009]

Protege el IFAI a banqueros especuladores

Ayer la recientemente designada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, decidió acabar con su propia confiabilidad. Le tocó un expediente pesado, resolver la pregunta de un ciudadano que quería saber –¡todos queremos!– el nombre de los bancos que compraron mil 60 millones de dólares de las maltrechas reservas del Banco de México, los días en que la especulación disparó a la cotización por encima de los 15 pesos. Jacqueline Peschard propuso que se mantuviera en reserva la identidad de los bancos, con el argumento de que revelarla implicaría un daño patrimonial para las entidades financieras. ¿Cómo la ven? El saqueo de más de 30 mil millones de dólares de octubre del año pasado a la fecha ha causado un gravísimo daño patrimonial a la nación, pero a la señora Peschard lo que le interesa es el que pudieran sufrir los banqueros. Fue apoyada por los comisionados María Marván y Ángel Trinidad Zaldívar, y hubo un solo voto en contra, el de Alonso Gómez-Robledo. Cuestionó: Se otorgan los millones, ah, pero quién los recibió, no se puede decir, y la pregunta obvia es, ¿dónde quedó la Ley Federal de Transparencia y la rendición de cuentas?” Vale recordar que desde octubre del año pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió la encomienda del secretario de Hacienda de investigar, y dar a conocer, el nombre de los especuladores. En eso anda todavía, no da pie con bola. Seguramente Guillermo Babatz piensa lo mismo que la presidenta del IFAI, o comparte los mismos intereses. [Enrique Galván Ochoa, DINERO, La Jornada, Agosto 06 / 2009]

REFLEXIONES

¿Ese es el nivel de razonamiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Para el ministro de la Suprema Corte Sergio Aguirre Anguiano, las autoridades encargadas de investigar y sancionar la muerte de 49 niños por el incendio en la guardería ABC han actuado “de forma diligente” y “han llevado a cabo los actos necesarios para esclarecer” los hechos. Por tanto, no hay necesidad de que el máximo tribunal intervenga en el asunto. ¿Para qué averiguar, si en México se cuenta con autoridades administrativas ejemplares que sólo por azar, y no por bárbara negligencia, provocaron tan grande tragedia? […] Cabe interrogar a este ministro, también ejemplar: ¿es “diligente” haber dejado pasar un mes antes de capturar a los dueños de las guarderías, y por tanto darles tiempo suficiente para que se esfumaran? ¿Lo es haberse pasado la responsabilidad de una instancia a otra, del gobierno federal al gobierno local, de un funcionario al de junto, sin que nadie fuera capaz de asumir la carga que a cada quien le correspondía? […] Otra razón por la cual, según ese ministro ponente, no resulta necesario que la SCJN investigue es porque el asunto no tiene un “impacto trascendente en la forma de vida de la comunidad”. ¿Cuántos niños debieron morir entonces para que el asunto fuera trascendente? No hay manera de hacer esta afirmación hoy en México, a menos que se haya vivido en el Olimpo durante los últimos meses. […] Al resto de los integrantes de la Corte les toca plegarse a tan descabellados argumentos o dar al expediente de la guardería ABC la máxima atención por el dolor social que ha provocado, por la red de complicidades que esconde detrás suyo, y porque los funcionarios responsables de fincar responsabilidades han sido, ellos mismos, unos irresponsables. [Editorial de El Universal, Agosto 05 / 2009]

Las vergüenzas de la Corte

No sorprende la opinión del ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene por qué investigar la negligencia criminal que llevó a la muerte de 49 niñas y niños. La corriente ultraconservadora del tribunal supremo al que pertenecen Aguirre, Mariano Azuela y el presidente de la Corte ha manifestado una sistemática repulsa a los casos más simbólicos de violación a los derechos humanos. […] Hace dos años, en el caso de pederastia y pornografía infantil, el mismo ministro dijo que a la Corte no le concernía que miles de criaturas fueran explotadas sexualmente. Es claro que la vida y la muerte de la infancia mexicana no tiene cabida en la conciencia de algunos jueces. No debe sorprendernos, pero sí indignarnos. Cuestionar el trabajo de estos jueces e incluso su pertenencia a la Corte es un derecho de la sociedad, un derecho al que jamás debemos abdicar. […] La primera noche, mientras una pequeña ya ciega por el fuego yacía en coma, el gobernador Eduardo Bours dormía plácidamente en casa; argumentó luego que “el accidente” era un problema federal. Mientras tres pequeñitos lloraban de dolor antes de fenecer frente a la desesperación de sus madres y padres, los dueños de la guardería hablaban con sus abogados; la Procuraduría General de la República les dio un mes para huir y ampararse de una orden de arresto. Al tiempo que 22 bebés agonizaban, empleados estatales sacaban reportes falseados de revisión de la guardería. […] Se solicitó a la Corte aplicar la facultad del artículo 97 constitucional como medio de control para preservar el estado de derecho, en juego por la ineptitud y corrupción de las autoridades implicadas. […] Todo México deberá poner la mirada en la Suprema Corte; de lograr seis votos a favor se daría el mensaje al Estado: administrar los programas públicos implica responsabilizarse de sus consecuencias; las niñas y los niños mexicanos son sujetos de derecho, jamás objetos para ser embodegados.  [Lydia Cacho, Plan B, El Universal, Agosto 06 / 2009]

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:13
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