Martes, 11 de agosto de 2009

Portazo de la Corte a la posibilidad de que tribunales ordinarios juzguen a militares.

En votación dividida de seis contra cinco rechaza entrar al estudio del fuero de guerra

Desecha en definitiva el amparo promovido por una ciudadana en contra de la justicia castrense

Alfredo Méndez

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró ayer la puerta a la posibilidad de que tribunales penales ordinarios pudieran juzgar a militares que participan en la lucha antinarco emprendida hace casi tres años por el gobierno de Felipe Calderón y que han sido acusados de cometer algún delito en perjuicio de civiles.

En votación de seis contra cinco, la Corte rechazó entrar al estudio sobre la supuesta inconstitucionalidad de un artículo del Código de Justicia Militar que, como parte del fuero de guerra, señala que los soldados que incurrieron en delitos contra civiles únicamente sean juzgados por jueces militares.

Con esa decisión fue sobreseído (desechado) en definitiva el amparo promovido por Reynalda Morales Rodríguez, quien denunció que el 26 de marzo de 2008 su marido, Zenón López Medina, fue asesinado por militares en un retén antinarco instalado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

La mujer cuestionaba la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, y su pretensión de fondo era que los cuatro solados acusados del homicidio de López Medina fueran procesados por un juez civil en materia penal, con los ordenamientos que marcan los códigos penales.

El argumento jurídico del que se valieron los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando González Salas, Mariano Azuela, Sergio Valls y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue que la viuda carece de legitimación para promover la demanda de garantías con la que buscaba impugnar la competencia de los jueces militares sobre el proceso contra los asesinos de su marido.

La legitimación es un concepto legal fijado por la Ley de Amparo que niega a las víctimas y ofendidos de un delito la posibilidad de impugnar temas de competencia dentro de un juicio penal, pues sólo el Ministerio Público Federal tiene esa facultad.

Al fijar su postura cada uno de los ministros, la mayoría coincidió en que ni la Constitución ni la legislación en materia de amparo le reconocen a la víctima y a los ofendidos de un delito el derecho de cuestionar por esta vía el auto por el que un juez militar acepta competencia sobre un proceso. La idea fue planteada originalmente por la ministra Luna Ramos.

Tras dos horas de discusión en la que el ministro ponente, José Ramón Cossio Díaz, defendió hasta el final su proyecto (avalado por Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza y, en parte, aunque no sustancial, por Jesús Gudiño Pelayo), en el que proponía declarar inconstitucional el artículo 57 (con el argumento de que rebasa indebidamente los alcances del artículo 13 de la Carta Magna, (el cual dice que el fuero de guerra se aplicará a los delitos y faltas contra la disciplina militar, mas no a los delitos en general), la mayoría de seis votos se impuso.

Desde el inicio de la sesión, Cossio aclaró a sus compañeros ministros que no estamos analizando la actuación concreta y particular de las fuerzas armadas ni de los tribunales militares, sino exclusivamente estamos haciendo un reproche al legislador por haber hecho un exceso en la manera en que está manteniendo las condiciones del fuero militar más allá de lo que señala el artículo 13 constitucional.

Luego, agregó: “La pregunta es si desde el artículo 20 constitucional la víctima u ofendido tiene un conjunto de derechos sustantivos que le permiten impugnar asuntos de índole penal y del fuero castrense (&hellipGui?o El tema de fondo es si tienen derecho a que se le revisen sus casos por la justicia civil y no sólo por la militar”

La respuesta al ministro Cossío

La respuesta a los planteamientos del ministro ponente la dio casi al final de la sesión el ministro presidente: Hasta hoy, ni la víctima ni el ofendido son parte en el proceso penal, destacó Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Ortiz explicó que no será hasta que se puedan aplicar las reformas del presidente Felipe Calderón en materia de justicia penal (lo que ocurrirá una vez que se redacten las leyes secundarias mediante un código federal de procedimientos penales) cuando se amplíen los derechos a las víctimas y ofendidos de un delito.

Asimismo, el ministro presidente precisó que el artículo 20 de la Constitución sí permite a las víctimas impugnar ante los tribunales algunas resoluciones, como la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal o de negarse a ordenar la reparación del daño causado a los ofendidos, pero no otro tipo de decisiones judiciales.

“Si por el hecho de la relevancia del asunto forzamos las cosas y decimos ‘aquí sí procede el amparo’, me preocupa sustentar una tesis que abre la puerta a gran número de amparos que van a cuestionar la competencia de los jueces”, puntualizó Ortiz, lo que provocó muecas de desaprobación de José Ramón Cossío.

Hay muchas pruebas, precisa el director para América del organismo de derechos humanos

Los abusos del Ejército rutinariamente quedan impunes, aclara HRW a Calderón

Víctor Ballinas

 

El director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, desmintió al presidente Felipe Calderón, quien dijo ayer que los casos de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares son procesados en México. Hay muchas pruebas y evidencias que muestran que los abusos del Ejército rutinariamente quedan impunes, aseveró.

La afirmación presidencial, subrayó Vivanco, se desvanece ante todas las pruebas disponibles.

Calderón recalcó al término de la cumbre de mandatarios de América del Norte que su gobierno tiene un compromiso absoluto y categórico con los derechos humanos, y añadió que sus críticos tendrían que demostrar cualquier caso, aunque sea uno solo, donde las autoridades no han actuado de modo correcto, o que las autoridades competentes no han castigado a nadie que ha abusado de su autoridad, sean policías, soldados o alguien más.

Ante ello, Vivanco precisó: hay muchas pruebas y evidencias que muestran que los abusos del Ejército rutinariamente quedan impunes.

El director de HRW para América subrayó que, más que exigir, la administración de Calderón debería atender el problema y dejar de defender el sistema fracasado de justicia militar, que perpetúa la impunidad.

En entrevista, cuestionado también sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no entrar a fondo en el caso del fuero militar, Vivanco comentó que no debe quedar la impresión de que el fuero militar sirve para que se cometan violaciones a derechos humanos; lo que ocurre es que se trataron cuestiones procesales y no fueron al fondo y hubo una mayoría de seis magistrados contra cinco que rechazó que le concediera el amparo (a la quejosa), pero lo que no queda claro es con qué recurso cuenta una futura víctima para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos.

Vivanco añadió: si la mayoría de los jueces entienden que el amparo no es el vehículo idóneo para discutir el fuero militar, entonces ¿qué le queda a una víctima, recurrir a una instancia internacional?

Indicó que vino a México exclusivamente para presenciar estas audiencias donde la Corte iba a tratar el caso del amparo contra el fuero militar. Me voy con preocupación y desilusión porque los ministros no entraron al fondo del tema.

El director de HRW para América resaltó que le habría gustado que la mayoría de los ministros de la SCJN hubiera avalado la tesis del ministro Cossío, pero no fue así. Yo estuve en la Corte y seguí el caso, y lo que puedo decir es que hay que seguir batallando para que el máximo tribunal se pronuncie sobre el fondo; es legítimo que cualquier tribunal examine primero lo procesal y luego vaya al fondo. Hay que respetar los procedimientos. Yo vi que había discrepancias, diferencias, y al final la mayoría se impuso por rechazar el caso.

Abundó que ahora el Congreso tiene la tarea que cumplir sobre la constitucionalidad del fuero militar, y lo que se requiere es adecuar algunos artículos del Código de Justicia Militar con lo que dispone el artículo 13 constitucional, porque no se trata de eliminar el fuero, sino de circunscribirlo a lo que la Carta Magna ordena, a la disciplina militar.

Vivanco recordó que desde que Calderón desplegó más de 40 mil elementos del Ejército para combatir al crimen organizado, repetidamente hay denuncias de abusos militares contra civiles, entre ellos violación sexual, tortura, ejecuciones, detenciones ilegales, cateos y desapariciones.

Incluso, destacó, el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 230 quejas de abusos militares, que representan un aumento de 600 por ciento en los pasados tres años.

Vivanco señala que los militares mexicanos habitualmente asumen que su jurisdicción investigue los abusos, pero no hay avances.

Zar fronterizo exige a México respeto a derechos humanos en guerra antinarco

LA REDACCIóN

MEXICO, D.F., 10 de agosto (apro).- Tras destacar la lucha del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, autoridades de Estados Unidos exigieron resultados en las investigaciones a violaciones de derechos humanos en México.

           Durante la VI Conferencia de Seguridad fronteriza, que se realiza en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), el "zar" fronterizo, Alan Bersin afirmó: "En la historia de México, y desde el `Grito` de Hidalgo, Felipe Calderón es el primer presidente mexicano en poner un límite a la infiltración de la mafia en los diferentes niveles de gobierno y en reconocer la corrupción en las fuerzas policiacas mexicanas".

           Bersin, subsecretario de Relaciones Internacionales y representante especial para asuntos fronterizos de Estados Unidos, señaló que Estados Unidos está comprometido a continuar su apoyo para reforzar la Iniciativa Mérida, aunque aclaró que al menos 60 millones de dólares destinados a la misma podrían ser retenidos si las autoridades mexicanas no ofrecen resultados en investigaciones de casos de violaciones a derechos humanos.

         Añadió que "investigamos actualmente denuncias de abusos cometidos contra estadunidenses en cárceles de Chihuahua", y reconoció que Estados Unidos no tiene medios para saber si algunos de los recursos entregados a México como parte de la Iniciativa Mérida son utilizados por elementos corruptos que puedan beneficiar a las organizaciones del narcotráfico.

           Sin embargo, Bersin dijo que Estados Unidos podría implementar una serie de medidas, como el uso de polígrafo, cuando existan dudas.

          Y advirtió: "El proceso para debilitar a los carteles de la droga va a ser largo, pero esperamos triunfar".

           Afirmó que Estados Unidos ha aprobado millones de dólares en fondos destinados a detener el paso de armas y dinero a México en un intento por debilitar a los cárteles de las drogas.

          Agregó que adicionalmente se incrementarán las revisiones vehiculares en los carriles con dirección a México.

          Expresó: "Estamos trabajando con un nuevo discurso en el que cada país reconoce el problema que enfrenta y que en la frontera se traduce al paso de drogas de México a Estados Unidos, y de armas y efectivo de Estados Unidos a México, así como el consumo en el país y la corrupción que ha existido en las administraciones en México. Trabajamos juntos para lograr dar fin a estas violentas organizaciones".

           En el acto, Howard Cambell, profesor de Ciencias Políticas de UTEP, afirmó que la Iniciativa Mérida --un plan de combate de 450 millones de dólares contra el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica--, beneficia sólo a los militares mexicanos.

          Afirmó que es poner recursos en manos de una fuerza que ha sido acusada de abusos y torturas contra la ciudadanía.

        Dijo: "En Ciudad Juárez no hemos visto resultados en la disminución de la violencia producto del narcotráfico. Esto nos dice que los militares o son muy inocentes o corruptos".

          Cambell afirmó que el presidente Calderón ha fallado en su estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Dijo que, en lo va del año, se calcula que hay más de cuatro mil muertos atribuidos al crimen organizado.

          Por su parte, el director de la Oficina para la Política Antinarcóticos Nacional de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, afirmó que la violencia ha alcanzado territorio estadunidense, y puso como ejemplo el asesinato a balazos del agente de la Patrulla Fronteriza Robert Rosas, en Campo, California, mientras cumplía su trabajo.

           Señaló: "Por primera vez, podemos decir abiertamente que estamos haciendo investigaciones juntos, y que en nuestros equipos de trabajo a nivel federal hay representantes mexicanos así como hay" representación de la DEA (Departamento Estadunidense Antidrogas), FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) en territorio mexicano", manifestó Morton.

 

 

Impunidad con uniforme

Miguel Ángel Granados Chapa

Por leve mayoría, de seis votos contra cinco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de sentencia cuya aprobación hubiera abierto la posibilidad de que los militares que cometan delitos contra la población sean juzgados en tribunales civiles y no en los del fuero de guerra. Aunque se llegó a ella por razones técnico-procesales, sin entrar al fondo del asunto, el resultado de esa decisión es preocupante por dos razones, a cuál más grave: el que se haya generado por presiones del Ejecutivo, lo que implicaría una importante lesión a la autonomía judicial; y el que prevalezca la práctica contraria a la definición constitucional del fuero de guerra, que limita la jurisdicción castrense a los delitos cometidos contra la disciplina militar.

La viuda de un hombre asesinado por miembros del Ejército en un retén en Sinaloa, en marzo del año pasado, pidió amparo porque el homicidio fue juzgado por un tribunal militar, con base en el inciso a), fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar. La Corte se ocupó de la revisión de ese juicio de garantías de manera excepcional, y el proyecto del ministro José Ramón Cossío daba parcialmente la razón a la quejosa, sobre todo en declarar la inconstitucionalidad de ese pasaje del código castrense y en disponer que la justicia civil se ocupara del proceso penal correspondiente al homicidio.

A sabiendas de que el asunto era de inminente resolución, y acaso conociendo el sentido de la ponencia, el procurador de Justicia Militar, general Gabriel Sagrero, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, así como el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca visitaron a cada uno de los integrantes del pleno para disuadirlos de limitar el alcance del fuero de guerra conforme a su definición en el artículo 13 constitucional. No es insólito que los litigantes de una causa procuren hacerse oír por los juzgadores en refuerzo a lo expuesto en sus escritos. Pero es menos frecuente que lo hagan funcionarios de alto nivel en un asunto en que formalmente no representan a la autoridad responsable. Por lo demás, es de sentido común distinguir entre el efecto que puede generar el alegato de un particular con interés claramente delimitado que el derivado de la exposición del miembro del Ejecutivo que tiene a su cargo la relación con los otros poderes.

Gómez Mont se ha mostrado explícitamente contrario a que se toque al Ejército ni con el pétalo de una rosa. Hace apenas un mes, para no ir más lejos, aprovechó su comparencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no para contestar los cargos al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, una de las incontables víctimas de la Guerra Sucia de los años setenta, sino para elogiar el comportamiento de las Fuerzas Armadas en México como preámbulo a su defensa del fuero militar. Al volver de su presentación en San José el 7 de julio, intervino espontáneamente en una mesa redonda transmitida por la radio sobre el mismo tema, hablando de la insensatez de quienes promueven una modificación del régimen judicial aplicable al Ejército. Se podrían citar otras circunstancias en que ha manifestado su inquietud sobre el tema, como si de sólo debatir el asunto se desprendieran ofensas para los militares que el secretario estuviera obligado a impedir a toda costa.

En sentido contrario a la postura del secretario de Gobernación, en abril pasado la organización civil internacional Human Rights Watch presentó un informe sobre la justicia militar titulado Impunidad Uniformada, que examina casos de enjuiciamiento a soldados y oficiales en los años recientes en México, señaladamente en los correspondientes a la actual administración. El examen histórico no deja lugar a dudas: el que los juzgados castrenses procesen a militares por delitos cometidos contra civiles es garantía de impunidad.

Ello es así por la deficiente estructura del aparato de justicia militar, que carece de los atributos propios de un sistema de enjuiciamiento. No es autónomo ni pertenece al Poder Judicial, sino al Ejecutivo, y está regido por los principios de jerarquía y disciplina que son propios de la estructura militar pero por entero impertinentes en la administración judicial. Los procedimientos en los tribunales castrenses están afectados por una opacidad que no ha disminuido no obstante los progresos que en esa materia se observan en la administración federal de justicia.

Téngase como ejemplo de esa falta de transparencia lo ocurrido en torno a la desaparición y posterior homicidio de tres muchachos, capturados sin motivo aparente, y no en la comisión de un delito, por una patrulla militar en Nuevo Laredo, en marzo pasado. Después de negar ante los parientes que andaban en su busca que el Ejército los hubiera detenido, la Secretaría de la Defensa Nacional avisó que había abierto una averiguación previa por privación ilegal de la libertad y luego dio a conocer la consignación de nueve soldados y oficiales por ese delito. Salvo esas dos informaciones no se ha sabido más del caso, no obstante que se agravó notablemente cuando fueron hallados los cadáveres de los tres jóvenes cuya libertad fue afectada por miembros de las Fuerzas Armadas según reconocimiento explícito del alto mando de las mismas. La opinión pública ignora si se amplió la acusación del Ministerio Público Militar para averiguar si los captores de los muchachos fueron también sus homicidas y en qué circunstancia murieron.

Cajón de Sastre

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, no puede quejarse. A pesar de sus impertinencias y su desenfado personal, es tan poderosa la causa que encarna, la restitución del orden constitucional en su patria, que el reclamo correspondiente quedó incluido en el resultado de la Cumbre de Líderes de América del Norte y él mismo fue recibido con honores en Quito, durante la III reunión de mandatarios de la Unión de Naciones Sudamericanas, que reiteraron su posición a favor de su regreso a Tegucigalpa como Presidente. La nota discordante la dio el ex presidente Fox, que ahora habla mal de Zelaya cuando que en enero de 2006 sus coincidencias (aun las físicas) eran tan notables que el mexicano contrastó su presencia en la toma de posesión del hondureño, con su ausencia en la de Evo Morales.

Acteal y la responsabilidad del Estado mexicano

Miguel Ángel de los Santos*

L

a eventual decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a los implicados en la masacre de Acteal revelaría el fracaso del Estado mexicano para investigar y castigar a quienes cometen crímenes de tal magnitud; negaría el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas y sus familiares, y abriría las puertas a la justicia internacional.

Una de las principales obligaciones que el Estado mexicano asumió al ratificar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto de San José o el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, es justamente respetar y garantizar los derechos previstos en tales instrumentos a los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Esta última obligación implica prevenir violaciones a los derechos humanos, investigar de modo serio y eficaz las mismas cuando ocurran y sancionar a los responsables.

La masacre de Acteal ocurrió porque no se tomaron las medidas de prevención necesarias para salvaguardar a las víctimas, pese a que las autoridades del gobierno del estado contaron con información sobre la eventualidad del ataque. Fue un crimen en que participaron, además de los autores materiales cuya situación se analiza por la Corte, autores intelectuales vinculados al Estado, que promovieron y financiaron a los grupos paramilitares, y que, después de la masacre modificaron la escena del crimen. Una investigación seria y eficaz habría arrojado una explicación razonable, amplia y convincente de los hechos ocurridos. Además, se habría conducido con extremo cuidado de los derechos procesales de las personas inculpadas y del soporte probatorio de la acusación.

Un recurso muy utilizado por los encargados de investigar los delitos es integrar averiguaciones previas flojas que permiten contener a la opinión pública, realizar una detención, iniciar un proceso e incluso conseguir una condena de primera instancia, pero que no soportan una revisión a la luz de los derechos humanos de que gozan las personas sujetas a un proceso penal. En una investigación así integrada es muy fácil anticipar que el resultado de una revisión será la libertad.

No obstante, la responsabilidad del Estado mexicano frente a los derechos de las víctimas, sus familiares y la sociedad subsiste, dado que no se habría satisfecho la obligación estatal de esclarecer los hechos y castigar a los responsables, es decir, no se habría hecho justicia ni revelado la verdad a las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Lo que sí habría quedado claro es el fracaso del procesamiento judicial como la vía para conseguir justicia, y la impunidad como beneficio para quienes cometen crímenes y violaciones a los derechos humanos. De modo que el caso Acteal no terminaría con la concesión del amparo a los implicados como autores materiales, más bien marcaría la pauta para un nuevo proceso que implique, ante la imposibilidad de castigar a los autores materiales, juzgar y castigar a los autores intelectuales, esclarecer cabalmente los hechos y revelar la verdad.

De igual modo, dado que el Estado habría incumplido con una obligación internacional en materia de derechos humanos, la intervención de los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedaría plenamente justificada. No olvidemos que estos organismos tienen una función subsidiaria y que actúan en cualquier caso en que los recursos legales internos se han agotado o han fracasado en la protección de los derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, pues, en sus manos, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por incumplir con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida de las víctimas. Puede ser que las violaciones al derecho al debido proceso justifiquen la libertad de los implicados como responsables, sin embargo, nada justifica que después de casi 12 años de la masacre el Estado mexicano confirme que la impunidad es la respuesta a quienes sufren crímenes horrendos y la violación de sus derechos.

* Abogado chiapaneco, defensor de los derechos humanos,

 

 

La Iglesia paquidérmica

JAVIER SICILIA

 Hay, entre todas las frases fundamentales del Evangelio, una que a lo largo del tiempo ha sido una de las piedras de tropiezo de la Iglesia: “La verdad los hará libres”. El problema no radica en su condición de Iglesia –de asamblea, de pueblo de Dios, de cuerpo místico de Cristo, de depósito de la fe–, sino en su carácter de institución, es decir, de una enorme empresa administrativa no distinta a la General Motors, al Estado o a la estructura de un partido.
Una Iglesia así –cuyos inicios administrativos se remontan al siglo IV, cuando se volvió imperial, y cuya estructura ha sido modelo de las instituciones seculares– está, como toda institución que busca conservarse, condenada a la traición. Cuando se quiere mantener el poder es imposible no llegar a la mentira; cuando sólo se cultiva un discurso de bondades, se llega a la complacencia.
Por gracia, otra afirmación evangélica, lanzada contra los fariseos y que tiene que ver con esa misma verdad –“Nada hay encubierto que no se descubra, nada oculto que no se divulgue (...) lo que digan de noche se escuchará en pleno día; lo que digan al oído en las bodegas se proclamará desde las azoteas” (Lucas. 12, 2)– ha venido a sacudirla. Desde hace ya varios años, los actos pederastas de algunos de los miembros de la Iglesia, las redes de complicidades para encubrirlos, sus alianzas antievangélicas (nada, entre todas las corrupciones de las instituciones del mundo, hace más odiosa a la Iglesia que las traiciones a la grandeza que custodia), han comenzado a brotar como un agua estancada de una cisterna rota y la han obligado a una autocrítica y a un proceso de purificación tan paquidérmico como la dimensión de su estructura burocrática –la más grande del mundo.
Los visitadores que Benedicto XVI mandó a la congregación de los Legionarios de Cristo –una continuación de las acciones que inició en mayo de 2006 cuando, aceptando por fin las acusaciones que pesaban sobre su fundador, suspendió a divinis a Marcial Maciel y quitó a los miembros de su congregación los “votos privados”– hablan de ese proceso.
El proceso, pese a lo paquidérmico, es encomiable: un acto de estricta justicia  y caridad frente a una rama de la Iglesia cuyos escándalos han hecho más contra ella y el Evangelio que todos sus detractores juntos. Una pregunta, sin embargo, es pertinente: ¿Esa “visitación” llegará a lo que todas las instituciones llaman con una arrogante suficiencia “últimas consecuencias”, es decir, no sólo a destituir, como lo prevé Fernando M. González –el mejor biógrafo de Maciel–, a “la cúpula dirigente para que la nueva dirigencia se encargue de ir limpiando lentamente la institución” (Proceso 1708), sino a tocar las redes que desde el centro de los Legionarios llegan a obispos, cardenales, empresarios y altos prelados de la Santa Sede, incluyendo al Papa Juan Pablo II, y, a partir de allí, hacer, como lo guarda el corazón de la Iglesia, un acto de contrición pública y de petición de perdón?
Como hijo de la Iglesia, lo espero por nuestro bien, por el bien de los hombres de hoy que estamos necesitados más de gestos que muestren la verdad, que de discursos que hablen de ella. Pero también, como hijo de esa misma Iglesia, casta y meretrix, que conoce sus oscuridades y sus sótanos, sé, por desgracia, que no irá más allá de una recomposición maquillada. La razón no está en lo que su corazón resguarda, sino, como he dicho, en su condición institucional.
Desde que la Iglesia se volvió imperial puso un velo entre la radicalidad evangélica que –hay que decirlo en su descargo– ha custodiado durante 2 mil años y su accionar institucional. Ese velo la ha corrompido al grado de que ya no se diferencia, más que por el grado de esquizofrenia, de las instituciones modernas y seculares que salieron de sus entrañas. Con ello, la verdad evangélica, que ahora la hiere y le exige alcanzar su presencia, se ha ido oscureciendo. No podría ser de otra manera. Mientras la institución clerical pretenda que la Iglesia se hace por los hombres que la administran –seres, como todo hombre, imperfectos, pequeños, caídos, necesitados del acogimiento y el perdón de los otros–, será como todas las instituciones, el rostro de una prostituta, cuyos oscuros comercios tratará siempre de disfrazar bajo el maquillaje de la decencia. Sólo cuando aprenda que a ella la hace su Señor: un Dios que se hizo pobre, una pobreza de carne que siempre es rescatada por la confianza; cuando aprenda que ella no es el cuerpo del César ni de sus poderes a los que hay que servir devotamente, sino el del Jesús desnudo –ese que en sus mejores hombres está en las cabeceras de los agonizantes, en la lucha por la justicia, en las chabolas, entre los apestados, los despojados, los humillados, entre aquellos que no hacen alianzas con el poder y están dispuestos a hablar con la verdad que siempre duele, pero que después consuela–, el del Jesús vuelto miseria, en cuya debilidad habita otra medida: el amor, entonces habrá renunciado a ser una institución, pero habrá ganado la sencilla grandeza de los que no temen la libertad de los hijos de Dios.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:57
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