Martes, 11 de agosto de 2009

ASESINOS EN TOTAL IMPUNIDAD.

Han pasado tres años del artero asesinato de JOSE JIMENEZ COLMENARES que participaba ese día en una marcha rumbo a las instalaciones del canal televisivo oficial, en la ciudad de Oaxaca. Acompañaba a su esposa, profesora y militante de la Sección XXII del SNTE. José Colmenares fue asesinado por los esbirros de Ulises Ruiz, el sátrapa de Oaxaca.

A la fecha, sus asesinos gozan de total impunidad amparados por otros criminales en el poder. A este estado de cosas, la dictadura priísta, servidumbre y los “bien nacidos” le llaman “estado de derecho”. ¡FARSANTES!

¡NI PERDON NI OLVIDO!



Rechazados de la UABJO inician huelga de hambre y mantienen un plantón permanente en CU  

 

Escrito por Manuel León   

Manuel León 10/08/09.Integrantes de la Coordinadora Estudiantil de Jóvenes Rechazados de la UABJO y del Frente Universitario en Defensa de la Educación Pública (FUDEP), encabezados por Adán Mejía López mantienen un plantón de manera indefinida en la entrada de rectoría de la UABJO, en ciudad universitaria, así como también una huelga de hambre realizada por 11 rechazados, esto en demanda de la ampliación de la matrícula.

 Alrededor de 100 estudiantes rechazados adheridos a los grupos protagónicos mantienen un plantón de denuncia con la finalidad de conseguir espacios en las escuelas y facultades de la máxima casa de estudios, los rechazados permanecen en una manifestación pacifica pero permanente, en espera de ser atendidos por las autoridades universitarias y amenazan con radicalizar sus protestas si rectoría no brinda más espacios para los aspirantes.

 En entrevista para este medio Adán Mejía López declaró que la huelga de hambre la realizan los 11 rechazados no solo es como medida de protesta sino como un acto de inconformidad hacia las autoridades universitarias que no atienden las peticiones de la comunidad universitaria con lo cual aseguró queda completamente violentado el artículo 3 constitucional.

 En otro sentido el grupo de rechazados encabezados Yolanda López Martínez, líder del Frente Universitario en Defensa de la Educación Pública (FUDEP), llevarán a cabo una marcha que tienen programada realizar de las instalaciones del IEEPO hacia Ciudad Administrativa, para exigir al gobierno del estado su intervención ante la negativa de la UABJO, de extenderles matrícula a sus agremiados.

 Cabe señalar que los inconformes amenazan con radicalizar sus protestas si las autoridades no atienden sus demandas, también se tiene programada una marcha para el día de mañana donde participaran integrantes del FUDEP y de la Coordinadora Estudiantil.

Integrantes de la COCEI se manifestaron en la CFE
*Exigen se retiren las denuncias en contra de líderes que han luchado en contra de las altas tarifas  

Dunia GORDÓN. El Imparcial.

JUCHITÁN, OAX.- Integrantes de la COCEI se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para exigir se retire la denuncia en contra de Heriberto Zárate Palomec, Maribel González y Javier Balderas.

Alrededor de las 12: 20 horas, un grupo de aproximadamente 30 personas encabezados por Heriberto Zárate Palomec, dirigente de la organización Coceísta en este municipio cumplió con movilizaciones que desde hace algunas semanas estaban anunciando.

La movilización dijo Zárate Palomec, es para pedir al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Eduardo Olivares, que revise cada uno de los medidores sobre todos de los habitantes de la población de Xadani, donde las altas tarifas se valúan de 2 mil a 3 mil pesos.

Agregó que son varios los puntos los que están exigiendo para que se cumplan las demandas que los usuarios exigen.

Lamentablemente, dijo, “hasta el momento no hay respuesta alguna en cuanto a la peticiones que han estado realizando, por lo que las movilizaciones comenzarán en todo el estado”.

Los inconformes adheridos a la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), después de haber tomado las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, pintarrajearon las bardas de las instalaciones con leyendas que exigen la desaparición de las denuncias en contra de sus líderes, así como también sobre la calzada al Tecnológico se observan leyendas tales como “12 de agosto, día del taxista no es de fiesta, es de lucha, alianza de la COCEI”.

Además mostraron mantas con leyendas, tales como “No a la opresión del pueblo”, “abajo órdenes de aprehensión”, “abajo las tarifas”, por mencionar algunas de los carteles que llevaban durante su manifestación.

De acuerdo al reporte de los elementos de la Preventiva del Estado, los habitantes que se manifestaron a temprana hora advirtieron que seguirán establecidos en las afueras de las instalaciones.

Asimismo, arremetieron también contra el gobierno, mismo que aseguran no los ha apoyado en esta lucha, donde exigen derechos justos, que es no pagar tarifas consideradas, incluso, exageradas para la gente de bajos recursos.

 

 

Oaxaca y asilo político en Estados Unidos

Lynn Stephen*

En el tercer aniversario de su detención, tortura y encarcelamiento bajo acusaciones falsas, el biólogo Ramiro Aragón Pérez puede respirar libremente como la primera persona del conflicto de Oaxaca en 2006 que ha recibido asilo político en Estados Unidos. El caso de asilo político de Aragón Pérez fue soportado por la cuidadosa documentación proporcionada por organizaciones y delegaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales.

Aragón Pérez es biólogo con una especialización en ornitología. Ha trabajado en México y en Estados Unidos con una variedad de organizaciones que incluyen ONG, de observación de aves y de conservación. El 10 de agosto de 2006, alrededor de la una de la madrugada, fue abruptamente detenido junto con su cuñado Elionai Santiago Sánchez y con Juan Gabriel Ríos, ambos maestros. El rostro de Ramiro fue quemado con un cigarrillo, fue continuamente golpeado y pateado, su cabello le fue arrancado, y recibió amenazas de violación y muerte. A Elionai Santiago Sánchez casi le cortan por completo una oreja.

El 12 de agosto de 2006, cuando Ramiro fue procesado por la Procuraduría General de la República en San Bartolo Coyotepec, se le avisó que era acusado de un delito federal, la posesión de un mosquetón de 1924, cuyo uso es exclusivo de las fuerzas armadas de México. Los cargos fueron federales, impidiéndole salir bajo fianza. Igualmente, los dos maestros detenidos con Ramiro fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego. Pagaron fianza y fueron liberados el 12 de agosto de 2006, y posteriormente fueron hallados culpables. Aragón Pérez fue mantenido en la cárcel de Zimatlán por casi tres meses. Fue liberado misteriosamente el 30 de octubre de ese año, después de haber sido presentado públicamente en una conferencia de prensa en un edificio del gobierno. El caso contra el biólogo quedó en un limbo jurídico y fue puesto en libertad mientras sigue acusado de un delito federal.

Aragón Pérez, su esposa y sus dos pequeños hijos, quienes son ciudadanos estadunidenses, tuvieron que abandonar México y buscar refugio en el vecino país. En enero de 2008 presentaron una petición de asilo político. El 28 de julio de 2009 ambos recibieron la notificación de parte del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que su solicitud había sido aceptada. Este caso es sumamente significativo, debido a que los gobiernos estatal de Oaxaca y federal insisten en negar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Oaxaca durante 2006 y 2007. Durante sólo seis meses en 2006 (junio-noviembre), por lo menos 23 personas fueron asesinadas, cientos fueron detenidas y encarceladas, y más de mil 200 denuncias fueron presentadas ante comisiones de derechos humanos.

El 31 de julio de 2007, en una conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, descartó un informe que le fue presentado por Amnistía Internacional, titulado Oaxaca: clamor por la justicia, el cual documentaba graves violaciones a los derechos humanos ocurridos entre junio de 2006 y abril de 2007. Aparentemente, a diferencia de Ruiz Ortiz, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de Estados Unidos encontraron creíble éste y otros informes de Amnistía Internacional que documentaron las violaciones de derechos humanos en Oaxaca. Ramiro Aragón Pérez recibió asilo político en parte con base en esos documentos.

Esto no fue poca hazaña. Con base en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un reportaje reciente de la revista mexicana Milenio señala que de los 75 mil mexicanos que han solicitado asilo político en el vecino país durante los últimos 10 años, sólo 548 casos han sido aceptados. La tasa de aceptación es de menos del uno por ciento. Por tanto, si este caso pudo sostenerse y recibir una decisión favorable por parte de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ciertamente debería recibir un trato similar en el sistema de justicia mexicano.

Lamentablemente éste no parece ser el caso. Hasta el momento no ha existido ninguna investigación sobre las personas que secuestraron y torturaron a Aragón Pérez y a sus dos compañeros, no ha habido alguna indemnización por daño moral, sicológico y físico que sufrieron o por el tiempo pasado en la cárcel por falsa acusación. Aunque libre en Estados Unidos, Ramiro Aragón Pérez –como muchos otros en Oaxaca– sigue esperando justicia en México.

*Lynn Stephen es profesora distinguida de antropología y estudios étnicos, y directora del Centro de Latinos/as y Estudios Latinoamericano de la Universidad de Oregon

Jornada por la justicia y el castigo a los asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes a tres años de su muerte.

 

Escrito por OaxacaLibre.

 

A tres años  de la masacre  perpetrada en contra del pueblo  Oaxaqueño,  por los gobiernos federal y estatal, en donde  se pisotearon los mas  elementales derechos humanos y las garantías individuales plasmadas en nuestra  carta magna, como lo son el derecho a la libre manifestación de las ideas,  a la  organización, a la integridad física y la movilización como instrumentos legales para aspirar y alcanzar la libertad y la justicia social en nuestro país.

 

En tal sentido y ante los últimos acontecimientos, condenamos  y repudiamos el descaro y el cinismo con el que  los magistrados de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  elaboraron y emitieron un informe mediante el cual pretenden exonerar a los gobiernos federal, estatal  y municipales del genocidio y demás actos represivos ejercidos contra el movimiento social oaxaqueño durante la jornada de lucha del año 2006 y 2007 hasta la fecha. Cabe señalar que durante el conflicto social, el plan de contrainsurgencia implementado por el psicópata Ulises Ruiz Ortiz y la banda de delincuentes que hoy gobiernan la entidad, dejo una estela de represión, terrorismo, destrucción, muerte y desolación,  al  instrumentar y auspiciar la operación del llamado “Convoy de la Muerte”, la cual estuvo integrada por elementos de las corporaciones policiacas, paramilitares,  porros, y sicarios y que a pesar de la existencia de evidencias fotográficas, videos y testimonios documentados en la prensa local, nacional e internacional  como pruebas contundentes  de la forma en que actuaron y se materializaron los crímenes en contra del pueblo de Oaxaca aglutinada en torno a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), estos crímenes de Estado, permanecen en la total impunidad, puesto que en las   investigaciones y averiguaciones previas que se instrumentaron por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) tendientes a la identificación y castigo de los responsables materiales e intelectuales, sin embargo dichos procesos  se encuentran archivados en la Procuraduría General de Justicia el Estado en clara complicidad y por consigna de Ulises Ruiz Ortiz.

Dentro de  este escenario de terror, a solo unos días de conmemorarse uno de los asesinatos cometidos por este régimen, es la que se materializó en la persona del Arquitecto Lorenzo Sampablo Cervantes, quien de manera pacifica se encontraba resguardando las instalaciones de la Radiodifusora “La Ley” en poder del movimiento esa noche del 22 de Agosto, siendo además uno de los crímenes mas conocidos por la forma tan atroz y brutal  con que se ejecutó y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, dejando clara evidencia de la participación de policías y  paramilitares, quienes  desde patrullas oficiales disparaban a diestra y siniestra  en contra de la población indefensa así como contra simpatizantes y miembros de la APPO que se encontraban en esos momentos en las inmediaciones de  dicha radiodifusora, ubicada en la Colonia Reforma, esto con motivo del operativo “limpieza de vialidades”  ordenado por Ulises Ruiz Ortiz y que implican de manera directa a Lizbeth Caña Cadeza, Ex Procuradora de Justicia del Estado, Lino Celaya Luria Ex Secretario de Protección Ciudadana y los altos  mandos de las corporaciones policiacas como Manuel Moreno Rivas y Aristeo López Martínez, donde además hubieron numerosos heridos, incluso reporteros de algunos medios de comunicación nacional.  

Todos estos asesinatos han sido denunciados y tipificados en su conjunto como crímenes de lesa humanidad ante la Procuraduría General de la República a nivel federal,  donde  en todo momento se pretende  proteger y deslindar de toda  responsabilidad al gobierno de Estado como autores intelectuales y materiales de todos estos crímenes, pues con su actuar se ha estado denegando la Procuración de  Justicia a favor de pueblo agraviado

Hoy nuevamente se pretende instrumentar un nuevo atentado al Pueblo de Oaxaca a través de la SCJN, cuyos ministros dejan entrever la emisión de un fallo que favorezca una vez más al asesino URO, después de una supuesta investigación realizada por una comisión de la misma Corte quienes sin la mas mínima ética y con todo desparpajo argumentan que la intervención de las fuerzas policiacas federales y estatales fueron legales para restablecer el orden social vulnerado por el pueblo movilizado. Hay que preguntarse donde queda la impartición de justicia cuando todos los asesinados, presos, desaparecidos y torturados estuvieron del lado del lado pueblo indefenso, sin atreverse siquiera a cuestionar el proceder de un Gobierno soberbio, corrupto, ineficiente y criminal como el de Ulises Ruiz y mucho menos ejecutar acción penal alguna por su clara responsabilidad en la escalada del conflicto social. Pero hoy una vez más la SCJN da a conocer su verdadera vocación de dictaminar fallos en contra del pueblo y en favor de los poderosos en la misma tendencia que ha resuelto otros agravios cometidos por los Poderes Federales y Estatales en contra de las luchas populares como es el caso de San Salvador Atenco, las denuncias de pederastia por la periodista Lidia Cacho y en este caso el Movimiento Social Oaxaqueño, por eso no nos sorprende este nuevo atropello a la dignidad y la conciencia popular.

Rechazamos enérgicamente la forma de cómo la SCJN pretende dar resolución al caso Oaxaca y ante esta situación, hacemos un llamado al pueblo de Oaxaca  a estar alerta, a no permitir que prevalezca más la impunidad y también a participar en las siguientes actividades que los familiares  de caídos y organizaciones de la APPO estamos organizando:

Jornada por la justicia y el castigo a los asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes a tres años de su muerte..

   

 

Provocaciones    

 

Escrito por Gustavo Esteva   

 

Justicia, respondió una madre de la infausta guardería cuando le preguntaron para qué quería que la Suprema Corte atrajera el asunto. Al recordarlo, el ministro Aguirre subrayó que esa actitud era fruto de un engaño. Consideró ilusorio pensar que la Corte puede y debe impartir justicia. Nada más falso, insistió, e ilustró su argumento con el caso de las comisiones creadas por la Corte para casos de violaciones graves a las garantías individuales, que no han tenido efecto alguno.

 Es tiempo ya de cambiar su nombre. No debe llamarse Suprema Corte de Justicia. Desertó hace tiempo de sus funciones y se suma cada vez más al empeño de desmantelar el estado de derecho y fomentar la impunidad, para profundizar la injusticia y el autoritarismo, cambiando la naturaleza del régimen jurídico mexicano y contrariando abiertamente el espíritu y la letra de la Constitución. Basta observar sus actos recientes para constatar esta actitud atroz.

La semana pasada se filtró a la prensa un supuesto informe de los magistrados que integraron la Comisión nombrada por la Corte para investigar lo ocurrido en Oaxaca a partir del primero de mayo de 2006. El documento, cuajado de aberraciones jurídicas, es técnicamente ridículo, éticamente insoportable y políticamente criminal.

Para los jueces investigadores, los únicos culpables serían los inconformes, los insumisos, los ciudadanos que usaron primero todas las vías legales e institucionales y pasaron a la acción directa sólo cuando éstas quedaron agotadas.

Hace poco más de dos años, al crear la Comisión Investigadora, la Corte no se propuso averiguar lo que había pasado: se dio por enterada de que las autoridades habían violado gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños y que las corporaciones policiacas afectaron físicamente a gran número de personas en forma cruel e inhumana, produciendo lesionados, torturados y muertos. Para la Corte, había ocurrido en Oaxaca una suspensión de hecho de las garantías constitucionales.

Los jueces investigadores convalidan todo esto. Extienden certificado de impunidad a los violadores. Les parece que el uso de la fuerza pública fue legítimo… aunque tardío: debieron hacer antes lo que hicieron. El movimiento social sería el único responsable de los desaguisados.

El 6 de agosto se recordó en la Corte que es la única instancia que constitucionalmente puede determinar si hubo violación grave de garantías individuales. No hay duda alguna de que las hubo en el caso oaxaqueño. Además de los testimonios ciudadanos, existe toda suerte de certificaciones oficiales al respecto, nacionales e internacionales. La Corte, contra su estatuto y sus propias palabras, estaría dictaminando que las autoridades pueden y deben violar las garantías constitucionales y así las suspenden, por tiempo indefinido, para que quede permanentemente impune.

El activismo de la Corte en el desmantelamiento del estado de derecho se está manifestando también en el caso de Acteal. Se ha filtrado a la prensa que el próximo 12 de agosto una decisión de la Corte pondrá en libertad a 41 de las personas condenadas por la matanza. Sus funcionarios aducen las irregularidades del proceso, que son bien conocidas y caracterizan el funcionamiento del sistema judicial y las procuradurías. Son equivalentes a las que la propia Corte rechazó en los casos de Bachajón o Atenco. El doble rasero está claro: la Corte usa las fallas formales en beneficio de quienes reprimen a los ciudadanos, trátese de autoridades, soldados, policías, paramilitares o civiles, y en perjuicio de los movimientos sociales.

Como señaló el parlamento europeo en 1998, por Acteal, la protección de los derechos humanos en México se debilita por el hecho de que tantos autores de graves violaciones queden impunes. ¿Cuál es la reacción que puede esperar la Corte al quedar en libertad, por defectos de forma, los condenados por la masacre? Es como si en nuestro país no existiera la ley, dicen Las Abejas –la organización a que pertenecían los asesinados en Acteal.

La decisión de la Corte no es un hecho aislado: forma parte de una política concertada. Quienes la promovieron son los mismos que están intensificando las agresiones a las comunidades zapatistas. Lo que hace la Corte es convalidar el uso de los paramilitares y el abuso de las fuerzas públicas contra los ciudadanos.

¿Será esto, acaso, lo que discutieron ayer the three amigos –como se llamó en Estados Unidos a la reunión que tuvo lugar en Guadalajara? ¿Se trata acaso que Canadá y Estados Unidos respalden ciegamente a los poderes constituidos de México, cuando imitan a su manera a los golpistas de Honduras, destruyendo el orden constitucional y democrático? ¿Es esa la nueva estrategia continental?

 


Publicado por solaripa69 @ 10:03
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