Lunes, 17 de agosto de 2009

SHCP: gastaron estados bonanza.
Acusa a las entidades de disponer de ingresos extras sin prever la crisis

José Manuel Arteaga
El Universal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) culpó a los estados de la mala situación financiera que enfrentan, ya que en 2008 recibieron ingresos extraordinarios que no utilizaron correctamente.

En entrevista, el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo que las participaciones federales de este año serán casi 40 mil millones de pesos superiores a las de 2007, por lo que “habrá que preguntarles por qué tenemos tanto problema”.

En 2008, recordó, los gobiernos locales tuvieron 90 mil millones de pesos adicionales en participaciones, respecto de 2007, una cifra “extraordinaria, con precios del petróleo por arriba de 100 dólares”, expuso.

El funcionario destacó que los ingresos temporales no deben convertirse en gasto permanente, “si se utilizaron para gasto permanente, pudo haber un problema”, expresó.

Sin embargo, para 2010 la situación será distinta. De acuerdo con el reporte que Hacienda envió al Congreso el viernes, el país iniciará 2010 con escasos recursos en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.

Del saldo de 89 mil 311 millones de pesos reportado al final del primer semestre, dicho fondo iniciará el año próximo con apenas 12 mil millones, luego de que el gobierno federal disponga de la mayoría de los recursos para aliviar la caída de ingresos que enfrenta el país en este año.

Como consecuencia, una situación similar enfrentará el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas que se destina para apoyar a los gobiernos locales.

EL UNIVERSAL publicó el lunes pasado que 95% de los municipios están en quiebra, sin recursos para pagar nómina, combustible o para servicios públicos; además de que han tenido que cerrar temporalmente oficinas, según la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm).

 La resolución sobre Acteal puede reactivar la violencia en Chiapas

Advierte la Comisión de Asuntos Indígenas de San Lázaro sobre retorno de paramilitares

Critica la intervención del CIDE, pues no conoce la realidad en la que viven las comunidades

Enrique Méndez y Elio Henríquez

Reportero y corresponsal

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que la liberación de indígenas acusados de perpetrar la matanza en Acteal, y el eventual regreso a sus comunidades, podría reavivar la violencia en esa zona de Chiapas, así como el retorno a la vía armada y a la proliferación de los grupos paramilitares.

La comisión cuestionó la intervención del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la defensa de los sentenciados por el asesinato de indígenas, y resaltó que los especialistas no conocen la realidad en la que viven las comunidades.

El presidente de la comisión, Marcos Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la resolución de los ministros de la Corte, que ordenaron la liberación de tzotziles acusados de la muerte de indígenas en Acteal en 1997, abre la puerta a la violencia y de no tomar medidas pertinentes se podría repetir un enfrentamiento.

Hasta ahora, dijo, se había superado el caos que se vivió en la zona con el surgimiento de grupos paramilitares, por lo que el fallo no sólo es controvertido, sino que no ayuda a nadie y complicará la situación ya de por sí difícil en el estado de Chiapas.

Enviarán carta a Sabines

El legislador por Guerrero sostuvo que en esa entidad persiste una situación de alarma por las implicaciones de la decision de la Suprema Corte, y anunció que enviará una carta a Los Pinos y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, para que se tomen las medidas preventivas mínimas, tanto para la gente que está en Acteal como para la que está saliendo de la cárcel, para que no volvamos a vivir otro episodio lamentable.

La situación, expuso, es tensa, porque los indígenas liberados no están muy seguros de regresar a su comunidad, mientras quienes aún viven en la región tienen pavor porque creen que van a vengarse y los que salen piensan que los van a recibir a balazos.

Por ello, evaluó, la decisión de la Corte no contribuye a construir un clima de paz, y lo que se anticipa es el resurgimiento de un brote armado ante esta sicosis comunitaria en toda la región del sureste de Chiapas, porque hay angustia debido a que las personas que fueron liberadas tampoco están tranquilas y además ha proliferado la delincuencia organizada y ahora se abre la puerta a los paramilitares.

Matías Alonso consideró que, ante ese panorama, se configura un escenario en el que la Corte no abona a las buenas relaciones sociales y políticas del país, por lo que propuso revisar los alcances jurídicos de sus decisiones que, acusó, son tomadas con gran arrogancia, pero la historia ha demostrado que esas resoluciones no siempre ayudarán a la gobernabilidad en el país.

Que no vuelvan: Arizmendi

Por otra parte, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, apoyó totalmente la propuesta del gobernador Juan Sabines Guerrero de que no vuelvan a Chenalhó los 20 indígenas liberados el pasado jueves, tras el fallo de la Suprema Corte que los exoneró de estar implicados en la matanza de 45 tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

Algunos pudieran ser inocentes, pero su regreso puede incentivar nuevas reacciones violentas de unos contra otros, y aunque los sentimientos son de no más violencia, las circunstancias en cualquier momento podrían generar venganzas, ya que en la vida ordinaria y al calor de algunas copas fácilmente se exacerban los ánimos, argumentó el prelado en conferencia de prensa, tras oficiar la misa dominical en esta cabecera municipal.

Arizmendi Esquivel llamó a todos los involucrados a evitar la violencia, pues aunque no estemos de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, una injusticia no se remedia con más injusticia. Consideró, empero, que deben buscarse mecanismos para “comprobar nuevamente si algunos de los 20 indígenas liberados son culpables, y en tal caso reiniciar el proceso.

Si las pruebas presentadas no fueron suficientes, hay que hacer trabajo jurídico más que mediático, instó el religioso, aun cuando los familiares de las víctimas dicen que han insistido, pero las autoridades no les hacen mucho caso y sí los cansan de ir y venir.

Reabrir la investigación sobre Acteal, exige la OMCT

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de agosto (apro).- La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) demandó hoy reabrir la investigación de la masacre en Acteal y castigar a los verdaderos responsables de la muerte de 45 indígenas tzotziles.

         En un comunicado difundido desde Ginebra, Suiza, el organismo sostuvo que "la liberación de paramilitares comprometidos como autores materiales de la masacre de Acteal favorece la impunidad y pone en peligro la seguridad y la integridad personal de las víctimas".

Por tal razón, solicitó a las "más altas autoridades del país" que tomen las medidas más urgentes y apropiadas para garantizar la seguridad de dichas personas.

Además, pidió a la SCJN que adopte todas las medidas necesarias "para que un crimen de las dimensiones del que se cometió en Acteal no quede en la impunidad y para que las personas que aún se encuentran detenidas, que han sido claramente identificadas y señaladas por las víctimas como los asesinos materiales de esta masacre no sean puestos en libertad, ya que ese hecho estaría poniendo en un alto riesgo la paz pública y social de varios municipios del Estado de Chiapas de donde son originarios los acusados y/o las víctimas".

La OMCT es la segunda organización internacional que se pronuncia sobre el caso. La primera fue Amnistía Internacional que demandó a las autoridades mexicanas que abran una nueva investigación independiente sobre la masacre de Acteal a fin de que los responsables de la masacre rindan cuentas frente a la justicia.

 Sabines hay tranquilidad en Chenalhó

Por la mañana, el gobernador Juan Sabines afirmó que si bien "no hay tensión social" en Chenalhó ordenó que ninguno de los 20 liberados ayer por el caso Acteal regresaran a sus comunidades de origen para evitar algún roce o enfrentamiento con amigos y familiares del grupo civil Las Abejas, al cual pertenecían las 45 víctimas masacradas el 22 de diciembre de 1997.

         En entrevista concedida a radiodifusora oficial, Sabines no quiso comentar nada sobre la resolución de la Corte: "No voy a calificar la determinación de la SCJN, la respeto, aquí no interesa sí coincidimos o no coincidimos, aquí lo que importa es que el gobierno del estado acata una disposición, es una orden de la SCJN y bueno lo que tenemos que hacer es tomar las medidas precautorias".

Añadió:

"La Corte tomó una decisión, el gobierno acata y refrenda su compromiso con las comunidades de Chenalhó y, por supuesto, a Las Abejas, pero lo que tenía que hacer el gobierno era un acto de prevención, porque, obviamente, no queremos que regresen a donde vivían, si regresan a donde vivían puede haber algún problema, entonces no tendría ningún sentido".

Sabines recordó que su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, recibió a los indígenas 20 liberados, con quienes llegó a "un acuerdo  inédito": no regresar a Chenalhó.

"No van a regresar a Chenalhó a vivir ni a visitar a Chenalhó", detalló.

"Nadie puede asegurar que son inocentes o culpables, yo menos", dijo Sabines, quien insistió en que tuvo que tomar esta medida preventiva y que su gobierno les va a buscar un lugar donde vivir, construir una vivienda y empezar una nueva vida con sus esposas es hijos.

Dijo que eso no quiere decir que haya "tensión social" en Chenalhó pero lo que pasó hace casi 12 años y lo que se podría vivir seguramente podría ser "un impacto fuerte".

"Les pedimos que no haya ningún acto de provocación y que se queden en otro lugar distinto a Chenalhó, a respetar la vida en Acteal, cuya comunidad, Las Abejas, pues es obviamente mayoritaria y a quien el refrenda el gobierno del estado de Chiapas todo su respaldo a ese grupo, a esa sociedad civil, que obviamente están indignados por esa decisión, pero bueno, esto ya no nos toca a nosotros juzgarlo, sino respetar tanto una posición de Las Abejas, como desde luego, acatar la disposición de la SCJN y reiteró, prevenir, es voto preventivo", recalcó.

 

Acteal: Entretelas de un amparo

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Definido en términos formales, el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre los presos por homicidio de 45 personas en Acteal es una resolución ejemplar, porque reivindica los principios del debido proceso (la imposibilidad de que una prueba ilícita genere consecuencias lícitas), incluida la presunción de inocencia. Gracias a esa decisión, 20 personas acusadas de homicidio y lesiones quedaron en libertad en las primeras horas del jueves 13. No se sabe si son inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir no entró al fondo del asunto,  sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo. Y lo concedió porque las pruebas que fundaron su enjuiciamiento fueron obtenidas de forma ilícita. Ya habían pasado 11 años y ocho meses presos, y sólo ahora se demostró que el Ministerio Público que los acusó y la justicia que los condenó actuaron en forma ilegal. Salvo porque los ministros no dieron vista a la PGR sobre la probable comisión de delitos por quienes actuaron de esa manera, y porque dejaron viva la cuestión de quiénes asesinaron a los mártires de Acteal, puesto que dejaron libres a los acusados de hacerlo, la resolución sería perfecta.

Dado que la Suprema Corte aceptó atraer la revisión del respectivo juicio de amparo impulsada por instancias pertenecientes a la sociedad civil, puede proclamarse que además del beneficio de dejar libres a personas cuya culpabilidad no fue adecuadamente probada, la actuación del máximo tribunal responde a su sensibilidad ante un reclamo de la sociedad, encarnada para estos efectos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE);  la agrupación Alternativa Ciudadana 21, encabezada por el académico y periodista Ricardo Rápale, y por el doctor en historia Héctor Aguilar Camín, en cuya revista Nexos, con textos propios y de otros autores se formuló inicialmente la exigencia del debido proceso para los injustamente encarcelados en El Amate, la cárcel estatal chiapaneca en Cintalapa.

La División de Estudios Jurídicos del CIDE explicó haber escogido este caso para ejemplificar el pésimo estado de la procuración e impartición de justicia. No les hubiera faltado materia prima, por la abundancia de yerros judiciales que mantienen en prisión por largo tiempo a personas sujetas a procesos en extremo irregulares. Para no ir más lejos, en estos días se han cumplido ocho años de la detención de los hermanos Cerezo, cuyo proceso estuvo plagado de irregularidades, lo que no obstó para que se les retuviera en penales de alta seguridad, junto con narcotraficantes y secuestradores, acusados de colocar petardos en instalaciones bancarias y con ello pretender aterrorizar a la sociedad.

La adopción de este caso por una institución tan respetable como el CIDE presenta particularidades que llevan a pensar si una extensión del principio jurídico invocado por los ministros de la primera sala de la Corte –la ilicitud no puede generar licitud– es aplicable a la vida social en general. Porque no parece haber motivaciones meramente académicas en el involucramiento de aquella institución, cuya buena fe pudo quizá ser sorprendida por un profesor-investigador asociado, Hugo Eric Flores Cervantes y su jefe, el director de la División de Ciencias Jurídicas, doctor Alejandro Posadas Urtusuástegui.

Ambos suscribieron un texto titulado Acteal, la otra injusticia, aparecido en el número de Nexos de junio de 2007. Pero ya antes el CIDE había anunciado su propósito de salir en defensa de los procesados que ahora están en libertad. En la publicación mensual actualmente dirigida de nuevo por Aguilar Camín –que en números posteriores entregaría su propia versión de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, preparado explícitamente con base en lo escrito por Posadas y Flores Cervantes–  no quedó claro que por lo menos el segundo de ellos tenía un interés en el caso más allá de lo académico.

Flores Cervantes es "líder moral" de Encuentro Social, una agrupación política nacional que publicó su libro El otro Acteal. Dos son las características principales de esa APN. La primera es que su dirección por lo menos, o su membresía, está compuesta por feligreses de credos cristianos no católicos. Y la segunda es la versatilidad de sus posiciones, expresada en alianzas políticas con quien se deje. Además de los títulos académicos que le permiten ser invitado a una institución exigente como el CIDE,  Flores Cervantes es un "predicador  evangélico" y un dirigente político, ducho en maniobrar en sendas sinuosas.

Ha contado para ello con el financiamiento provisto por el Instituto Federal Electoral, algunos cientos de miles de pesos cada año. Entre 2002 y 2006 obtuvo un millón 253 mil pesos por esa vía. En 2003 se alió con el partido Convergencia, y por la misma vía, el acuerdo de participación electoral, tres años más tarde caminó al lado de Acción Nacional. Ambas partes suscribieron el pacto respectivo el 28 de febrero de 2006, y en el convenio correspondiente se estipuló que uno de los compromisos panistas era "revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal".

El acuerdo fue ventajoso para Encuentro Social, acaso porque sus dirigentes habrán ofrecido una votación importante en un sector ajeno al, y hasta temeroso del PAN, como son los cristianos no católicos. El sinaloense Humberto Rice, "protestante" como se llamaba a los "hermanos separados" antes del Concilio que prefirió la segunda frase para denominarlos, fue militante singular en el PAN hasta que al comienzo de su gobierno Vicente Fox enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Por eso el PAN pagó un precio alto por vincularse a Encuentro Social. Su presidente formal, Rodolfo Hernández Bojórquez, es suplente de Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado jalisciense por la primera circunscripción.

Mejor destino le estaba acordado al líder "moral" de la agrupación. Para empezar es el suplente de la senadora María Teresa Ortuño, y al comenzar el gobierno de Calderón fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No duró mucho en el cargo. Antes de cumplir un año fue despedido e inhabilitado hasta por 22 años. No se conoce formalmente la causa de su remoción (pues a una solicitud alusiva la Secretaría de la Función Pública contestó que el caso está en reserva durante tres años). Pero la sanción permite conjeturar que Flores Cervantes se ofendió gravemente, pues dio en criticar al gobierno, en relación con el plan Proárbol a cuyo dispendio probablemente está vinculada su separación. Tampoco le pareció bien el año pasado el proyecto de reforma energética que presentó su antiguo aliado. Y para confirmar su nueva afinidad, el 19 de febrero suscribió un acuerdo de participación electoral, ahora con el PRI.

No sé si el líder evangélico tuvo que ver en su nombramiento o simplemente coincidieron allí; el hecho es que mientras Flores Cervantes era oficial mayor de la Semarnat, Alejandro Posadas Urtusuástegui era el representante de esa secretaría en Washington, a través de la embajada mexicana. Por esa liga fue posible que al ser nombrado director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE,  Posadas, doctor en derecho por la Universidad de Duke, invitara a Flores Cervantes. Éste ha de ejercer una considerable influencia sobre aquél, pues recientemente ha escrito sobre derecho penal, un tema que no estaba incluido en sus líneas de investigación según su ficha formal. Proveyó el sustento teórico al asunto que interesa a Flores Cervantes: "Responsabilidad del Estado en México por la violación al derecho humano a un proceso justo. Análisis del estándar y de evidencia de su ejercicio", con razonamientos que luego se entrelazaron con la información de un caso concreto, el de los presos por Acteal, para dar lugar a sus publicaciones en Nexos.

Aunque no se tenga noticia de su pericia jurídica ni de su experiencia como litigante, el fallo de la Corte es un logro de Flores Cervantes. Lo hicieron posible abogados del CIDE como Javier Cruz Angulo, responsable del proceso en Chiapas mismo, entregado a conseguir que sus defensos tuvieran el proceso debido. No lo tuvieron ni lo tendrán. Están en plena libertad.  

 

 

El fuero de guerra

Bernardo Bátiz V.

La Suprema Corte, con tendencia mayoritariamente conservadora, ha vuelto a dejar pasar oportunidades valiosas para actuar realmente como uno de los tres poderes mediante los cuales el pueblo mexicano ejerce su soberanía; fue incapaz de acotar al Poder Ejecutivo ejerciendo a plenitud su facultad de constatar la constitucionalidad de los actos de éste, con motivo de la revisión de asuntos que se ponen a su consideración. En dos casos muy recientes –Acteal y el fuero de guerra– se contentó con atender las cuestiones de forma y procedimientos, y no se atrevió a entrar al fondo de ambas cuestiones.

En el caso Acteal se preocupó exclusivamente por revisar cuestiones de procedimiento, y al encontrar fallas determinó, atropellando la justicia, que quedarán libres los autores de la muerte de casi 50 personas, y ni por equivocación mencionó a los responsables intelectuales, a quienes armaron a los asesinos y los instigaron a cometer el delito o a quienes por lenidad, autoridades federales y locales, permitieron que autores intelectuales e instigadores quedaran impunes.

En el otro caso, llamado con cierto eufemismo y hasta disimulo fuero militar, también se salió por peteneras y evitó entrar al fondo de la cuestión, vital en todo momento para que prevalezca el imperio del derecho en nuestro país; para ello hubiera sido altamente positivo que la Corte entrara al fondo de lo que significa y el alcance que tiene el concepto que el artículo 13 constitucional designa con todas sus letras como fuero de guerra.

Podía haber dejado claro que se trata de una excepción al principio de igualdad que consagra el artículo citado, precisamente para el caso extremo de un estado de conflicto armado, que requiere como algo indispensable en las fuerzas armadas una disciplina extrema y una justicia expedita y certera.

Dejaron pasar los ministros por enésima vez la oportunidad de sentar las bases de una firme división de poderes y de confirmar que son algo más que un tribunal de alzada o de casación y que no sólo están para preservar las formalidades legales, sino que su misión se ubica más allá de los recovecos formales y procesales, y radica en definir con claridad los conceptos jurídicos contenidos en la Constitución para resolver en justicia.

Conviene ver con detenimiento qué es lo que dice el artículo 13 y atender a sus antecedentes históricos para comprender que el precepto se refiere a un principio básico de los estados modernos de derecho: este principio es el de la igualdad de todos ante la ley; nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero.

Ésta es la regla general: todos somos iguales ante la ley, por lo que quedan proscritos leyes y tribunales privativos o especiales.

Don Manuel Herrera y Lazo, ilustre constitucionalista mexicano, decía que la razón de fondo del artículo decimotercero de nuestra Constitución radica en la voluntad del legislador constitucional de arrancar al Poder Ejecutivo la función judicial, no permitir en ella intromisión alguna de las autoridades ejecutivas.

Y qué, ¿acaso los tribunales militares pertenecen al Poder Judicial? No, dependen directamente del Ejecutivo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que rompe el principio de la igualdad de todos los mexicanos, que debemos estar sujetos a las mismas leyes y a los mismos tribunales, estos últimos integrantes del Poder Judicial.

La persistencia en nuestro sistema constitucional de la excepción del fuero de guerra se justifica porque los militares tienen una encomienda de carácter superior que reconoce nuestra carta constitucional: son los encargados de la defensa de la soberanía nacional con las armas en la mano, y solamente para el caso de una guerra en la que la disciplina es cuestión de vida o muerte, o en la que está en juego la subsistencia de nuestra nación como Estado soberano se justifica como una excepción que para los delitos y faltas contra la disciplina militar subsista el fuero de guerra.

No es un fuero militar, es de guerra, y sólo puede aplicarse cuando las faltas de los militares sean sustancialmente de carácter disciplinario, como por ejemplo insubordinación, deserción, robo de haberes militares, entre algunos otros que se tipifican en los códigos especiales que protegen el valor de la disciplina dentro de las fuerzas armadas.

No es razonable que un tribunal militar juzgue a civiles, pero lo es mucho menos que un tribunal militar, aplicando leyes militares, juzgue a un integrante de las fuerzas armadas por la comisión de delitos del fuero común. Homicidios, violaciones, hurtos, aunque sean cometidos por integrantes de algún instituto armado, deben ser juzgados y sancionados por tribunales del fuero común, porque no se trata de faltas en contra de la disciplina militar: se trata de faltas en contra de la integridad de las personas, de su patrimonio o de sus bienes, y estos valores están protegidos por las leyes comunes, aplicables a todos.

Tenía razón en solicitar un juicio por tribunales distintos a los militares la mujer que fue víctima y ofendida con motivo de los disparos de unos soldados en contra del vehículo en que viajaba con su familia; es víctima porque fue lesionada y es ofendida porque su esposo falleció en el atentado y, por tanto, con base en el principio de igualdad, tiene derecho a exigir que sus victimarios y ofensores sean juzgados por tribunales comunes y no por tribunales militares, que no forman parte del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia no se atrevió, prefirió eludir y soslayar, y lo que piden las circunstancias y exige el pueblo de nuestra patria son definiciones claras y verdadero equilibrio de poderes.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:23
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