Jueves, 20 de agosto de 2009

Indagar presunta campaña mediática de Peña Nieto, pide la Permanente

Es realizada a través de instancias gubernamentales a su cargo y por otras de carácter externo. Feroz oposición de PRI y PVEM, que votaron en contra; el instituto ya desechó el tema, dicen.

Georgina Saldierna y Ciro Pérez / La Jornada

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió ayer al Instituto Federal Electoral (IFE) que investigue de manera exhaustiva y con diligencia "el presunto desarrollo" de una campaña mediática encabezada por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, realizada a través de instancias gubernamentales a su cargo y por otras de carácter externo, con el fin de determinar su legalidad o ilegalidad.

De igual manera, le solicitó realizar las pesquisas del caso para fijar las responsabilidades correspondientes por violaciones a la Constitución y a la legislación electoral.

La decisión se aprobó por mayoría, con el voto en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM). El tricolor se opuso primero a la presentación del dictamen y después consideró innecesario el exhorto al Consejo General del IFE pues, puntualizó, el instituto ya ha investigado el tema y decidió desechar cualquier procedimiento sancionador contra el mandatario mexiquense.

Con ello aludió a las denuncias presentadas ante el órgano electoral en contra del gobernador, por su presunta injerencia en el proceso electoral de julio pasado y por la promoción de su imagen personal a partir de la aparición en programas noticiosos y de entretenimiento, como el "especial para papá".

Cabe destacar que el IFE ya ha desechado las quejas con el argumento de que no se trata de propaganda gubernamental y por lo tanto no le es aplicable la legislación del caso.

En un debate de más de dos horas y media, los panistas Juan José Rodríguez Prats y Ricardo García Cervantes defendieron la aprobación del exhorto. El panista tabasqueño dijo que el mandatario estatal violenta el artículo 134 constitucional, referido a que cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, deberán tener carácter institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Rodríguez Prats reprochó a los priístas la defensa a cualquier precio que hacen del mexiquense, "cuando es evidente su actitud desbordada y su ambición, demostrada en todos los actos políticos". En su participación identificó a Peña Nieto con la ultraderecha, pues como ésta, no tiene principios sino intereses, subrayó.

El priísta Francisco Arroyo Vieyra atribuyó la posición de Rodríguez Prats a que está por terminar sus actividades como diputado y está tratando de "encontrar una luz que le permita brillar, de tal suerte que lo tomen en cuenta para futuras encomiendas". Señaló además que el IFE desechó un proceso sancionador contra el gobernador.

Rodríguez Prats subió a tribuna para preguntar a los priístas por qué no quieren la investigación, si se trata de algo sobre lo que todo el pueblo de México está consciente. Manifestó además que al descalificarlo, Arroyo Vieyra recurre a la vieja fórmula de atacar al contrario cuando la causa está perdida.

El senador por el Partido del Trabajo Ricardo Monreal terció en la discusión, al destacar que el origen del exhorto se encuentra en la existencia de un Consejo General del IFE que es "débil y mediocre" y no está a la altura de las exigencias ciudadanas.

Agregó que el consejo no fue capaz de sancionar y detener conductas anómalas que rayaban presumiblemente en la ilegalidad. El instituto, continuó, evadió olímpicamente su responsabilidad y haciendo uso de la política del avestruz dijo "no tengo que ver nada y por tanto no hay sanción". Consideró luego que los exhortos no son más que llamados a misa, por lo que mejor propuso que se legisle en la materia.

El diputado perredista Javier González Garza calificó de light el exhorto, pues la desmesura de Enrique Peña Nieto es mucho más grave. Incluso, refirió que él le quitaría lo de "presunta campaña", ya que se han exhibido contratos por más de 450 millones de pesos con una televisora. Pero como "no me toca a mí determinar si es ilegal o no la actitud" del gobernador del estado de México, exhortó a que el Instituto Federal Electoral diga si puede o no entrar al tema y en todo caso si ya investigó al mandatario y lo absolvió.

 

 

Existen en México 54.8 millones de pobres, 51% de la población

Este año aumentarán en 8.3 millones en América Latina, la mitad de los cuales se encuentran en territorio nacional. Sólo entre 2006 y 2009 surgieron 10 millones más en el país, según estudio del BM. La crisis será inusualmente dura con la clase media, advierte el banco

Roberto González Amador

 

La recesión en que cayó la economía mexicana este año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, reveló un reporte del Banco Mundial (BM). Si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 54.8 millones de mexicanos en esta condición, o sea, 51.02 por ciento de la población del país, del conjunto de 107.4 millones a junio de 2009.

El organismo indicó que la crisis de este año, que interrumpió un lustro de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe, provocó un aumento de 8.3 millones de pobres en la región, de los cuales la mitad vive en México.

De esta manera, México se convirtió en el país más afectado por la crisis económica en la región, y también en el que un mayor número de sus habitantes cayó en la pobreza durante este año, de acuerdo con el documento del Banco Mundial, que constituye la primera evaluación sobre las consecuencias de la actual crisis económica en los indicadores de pobreza en América Latina, la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Entre 2006 y 2008, los dos primeros años de la actual administración federal, el número de pobres en México aumentó en 5.9 millones de personas, hasta alcanzar 50.6 millones, 47.4 por ciento de la población total del país, según publicó el 18 de julio pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo oficial encargado de la medición de la pobreza en el país.

El periodo evaluado por el Coneval cubre básicamente los dos años en que el alza en el precio internacional de los alimentos se expresó en México en mayores costos al consumidor final de bienes básicos como la tortilla, en general los granos y carnes, de las que el país depende del exterior.

En el mundo, según estimaciones del Banco Mundial, la crisis alimentaria provocó un aumento de 100 millones en el número de pobres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que 10 millones de ellos correspondían a personas que viven en esta región.

La nueva evaluación del Banco Mundial calculó por primera vez el efecto de la actual crisis económica, que se comenzó a resentir desde mediados del año pasado, sobre la pobreza en América Latina y el Caribe.

El Banco Mundial estima que la crisis económica empujará a 8.3 millones de latinoamericanos a la pobreza. Para poner ese número en perspectiva, 60 millones de habitantes de la región habían salido de la pobreza en el periodo de 2002 a 2008, gracias al crecimiento más rápido, a las mejores políticas sociales y a las mayores remesas, indica el informe Latinoamérica más allá de la crisis; impactos, políticas y oportunidades.

Abunda: Se espera que la crisis sea inusualmente dura con la clase media, por la caída en la demanda por exportaciones no tradicionales que tienden a emplear a trabajadores formales, urbanos y tecnológicamente más avanzados.

El informe, concluido en julio y publicado este mes, indica que la crisis económica provocará que la tasa de pobreza en la región aumente este año en 8.3 millones de personas respecto de 2008. Alrededor de la mitad de esas personas que caerán en pobreza este año están en México (4.15 millones), una quinta parte (1.66 millones) en Brasil y el resto están distribuidos en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela.

De los 8.3 millones de nuevos pobres en América Latina, 3.6 millones serán personas que caerán en extrema pobreza, una manera de decir que no dispondrán de ingreso suficiente para comprar la comida mínima necesaria.

Hasta el año pasado, según el Banco Mundial, 181.3 millones de personas eran pobres en América Latina y el Caribe y de ese universo, 73.3 millones vivían en pobreza extrema. .

Durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado, el número de pobres en la región se elevó, al pasar de 160.5 millones en 1981 a 240.6 millones en 2002. El universo de personas en extrema pobreza, en ese periodo, creció de 90 millones a 114 millones. Desde 2002 el número de pobres disminuyó a una velocidad sin precedente, de tal forma que en 2008 bajó a 181.3 millones.

Durante el periodo de fuerte crecimiento, de 2002 a 2008, alrededor de 60 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y 41 millones de ellos dejaron la pobreza extrema. Ello se expresó en que hacia 2007 y 2008 se registró una reducción en las tasas de pobreza. Desafortunadamente, la reciente recesión mundial ha puesto fin a ese progreso, indicó el reporte.

 

Cae puente en Veracruz; es el segundo en un mes

LA REDACCIóN

Xalapa, Ver., 20 de agosto (apro).- El puente "Rafael Murillo Vidal", que une a Xalapa con Veracruz, se derrumbó la madrugada de este jueves, provocando el deceso de una persona.

La víctima tripulaba un tráiler que se precipitó veinte metros, junto con el puente. Sólo quedó un pedazo de concreto de la vía de comunicación, obra que costó 36.5 millones de pesos al gobierno de Veracruz.

Este es el segundo puente que se cae en las últimas cuatro semanas. El 17 de julio pasado tres personas murieron y cinco sufrieron heridas como consecuencia del derrumbamiento del puente Tonalá, que conecta Veracruz con Tabasco. El gobierno de este último estado argumentó que el desplome se debió a la temporada de lluvias.

El puente "Rafael Murillo Vidal" cayó a las 04:30 horas. Fue inaugurado hace dos años. El trailer que transitaba por esta vía de comunicación se consumió en llamas.

 

Más preguntas que respuestas

Octavio Rodríguez Araujo.

 

¿Por qué tanto brinco si el suelo estaba muy parejo? Ernesto Zedillo, primero, y luego Jorge Madrazo, dijeron claramente el 23 de diciembre de 1997 que en la matanza de Acteal hubo quienes la planearon y otros que la ejecutaron, lo que significa que no fue un pleito de comunidades (aunque así lo propusiera Madrazo), sino, en el menor de los casos, una venganza urdida por grupos armados en contra de otros que no sólo estaban desarmados, sino que eran principalmente mujeres y niños. Una de las razones por las que Madrazo justificó el arraigo del caso a la Procuraduría General de la República (PGR) fue que se trataba de un delito federal, puesto que los asesinos habían usado armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. También se dijo que intervenía el gobierno federal porque el estatal no tenía los recursos para atender adecuadamente el asunto, pese a que el secretario de gobierno de la entidad había dicho que serían protegidos los pobladores expulsados de sus tierras.

El procurador federal envió a Chenalhó al subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno, a ocho agentes del Ministerio Público de la Federación, a siete peritos de balística, medicina forense y criminalística, y a 40 agentes de la Policía Judicial Federal (La Jornada, 24/12/97). El resultado de las investigaciones de la PGR fue la detención de varias decenas de presuntos culpables. No tengo muy claro si entre los detenidos estaban los que planearon la matanza o sólo los que presumiblemente la ejecutaron. Pero, para mí, esto tenía que ser relevante.

¿Se hizo bien la investigación? ¿Se apegó al Código Federal de Procedimientos Penales? No lo sé, pero sí sé que tuvieron que pasar casi 12 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara el procedimiento y dejara libres a varios de los detenidos.

La SCJN descubrió, 11 años y meses después, que hubo pruebas obtenidas de manera ilegal durante la averiguación previa, algo así como la orden de un juez, en un juicio, de que se desestimen ciertas pruebas porque su obtención no fue de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, como en La Ley y el Orden que vemos en la televisión: aunque todo indique que el indiciado es culpable de asesinato y nosotros los espectadores lo hayamos visto cometer el crimen. La diferencia del caso con la serie televisiva es que en ésta el fiscal (Ministerio Público) tiene la oportunidad de presentar otras pruebas y en México no, según parece, salvo para aquellos a los que se les haga un nuevo juicio y que ahora están amparados o en proceso de amparo.

¿Y el hecho de que los asesinos hayan em-pleado armas de uso exclusivo del Ejército, que fue uno de los motivos por el que el crimen fue arraigado por la PGR? Por lo visto a nadie le importa y, a mi manera de ver, no es un asunto secundario, puesto que la primera pregunta que surge es: ¿quiénes les dieron tales armas y quiénes los enseñaron a usarlas? ¿Los que planearon la matanza? ¿Y éstos estaban entre los detenidos y ahora excarcelados por obra y gracia de la SCJN? Lo que he leído en los periódicos no me da luz al respecto.

Hubo 45 muertos, asesinados para el caso. ¿No debería retomar el proceso de investigación la PGR, con su nuevo titular? Los asesinatos, hasta donde entiendo, no prescriben. Una nueva investigación es obligada, entre otras razones para corregir los posibles errores que a juicio de la SCJN se cometieron hace más de una década. Y esta nueva investigación tendrá como desventaja que ha transcurrido mucho tiempo desde los hechos, pero como ventaja que el actual procurador no obedece, supongo, a Zedillo, sino a Calderón, quien es incluso de otro partido político en el poder y que, también supongo, no le debe nada a quienes gobernaban entonces.

Un lío jurídico, propio para abogados muy hábiles, que no es mi caso. Sin embargo, hay un hecho: los asesinos, los que planearon y los que ejecutaron la matanza, no han sido castigados como ordenan las leyes y un mínimo de sentido de justicia, y las víctimas quedarán en un humillado recuerdo gracias a una investigación que puso ciertos procedimientos por encima de la justicia. Una mancha más para los millonarios ministros de nuestra SCJN.

Una pregunta adicional: ¿quedarán impunes quienes, a juicio de la Corte, hicieron mal la investigación y desdeñaron los debidos procedimientos legales para (en mi opinión y en la de otros) salvar al gobierno de Zedillo y a su secretario de Gobernación de su responsabilidad en ese crimen, al querer convertirlo en un pleito entre comunidades? Para mí que el desaseo y las prisas en las investigaciones y en las órdenes de aprehensión fueron para darle carpetazo al asunto y sacar de foco a Zedillo y a quienes dotaron a los asesinos con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, para exculparlos.

No sé por qué esto me recuerda el incidente Colosio: la atracción del caso por la PGR, cuando, en estricto sentido, era un asunto del fuero común y del Ministerio Público local, ya que un candidato es un ciudadano común. ¿La SCJN también lo revisará y le concederá amparo al supuesto Mario Aburto (aún preso) para que se rehaga el proceso? ¿No será que la PGR y la misma SCJN sirven, en algunos casos, de tapadera para proteger al presidente en turno de México y a sus más cercanos colaboradores?

Acteal.

 

Adolfo Sánchez Rebolledo

 

Históricas o recientes, las matanzas colectivas de seres humanos, con su trágica intermitencia, marcan nuestra memoria, deambulan en el recuerdo, se adormecen pero no se extinguen, así se contradigan las conquistas civilizatorias de quienes se resisten a la más leve gratificación moral a la violencia. Y, sin embargo, no avanzamos porque de algún modo no interesa en este punto conocer la verdad. A la cita con la sangre (enaltecida en los abrevaderos germinales del autoritarismo) concurre la impunidad, el olvido, la losa de hipocresía que ha creado el abismo entre derecho y justicia. ¿Cuántos cadáveres hay que alzar de las plazas para aplicar la ley o sencillamente distinguir entre las víctimas y sus asesinos? ¿Dónde está el umbral de la indignación de un país que deja sin castigo a los autores del 2 de octubre? ¿Y Aguas Blancas? ¿Y Ac-teal? ¿Cómo dormir tranquilos si ante la ficción del debido proceso se admite la no responsabilidad de los verdugos o se pospone hasta el final de los tiempos la reparación de lo irrecuperable?

De la resolución de la Corte existen valoraciones divergentes, pero de la situación de los implicados se puede adelantar, como escribe Miguel Angel Granados Chapa en Proceso, que “no se sabe si son inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir, no entró al fondo del asunto, sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo. Y lo concedió porque las pruebas que fundaron su enjuiciamiento fueron obtenidas de forma ilícita. Ya habían pasado 11 años y ocho meses presos, y sólo ahora se demostró que el Ministerio Público que los acusó y la justicia que los condenó actuaron en forma ilegal. Salvo porque los ministros no dieron vista a la PGR sobre la probable comisión de delitos por quienes actuaron de esa manera, y porque dejaron viva la cuestión de quiénes asesinaron a los mártires de Acteal, puesto que dejaron libres a los acusados de hacerlo, la resolución sería perfecta” (subrayado ASR). Lamentablemente, en el contexto concreto y general de los hechos y sus causas, el mensaje de los magistrados no es neutral, pues si bien resulta imperativo rectificar las prácticas de los juzgadores, que en México son de suyo aborrecibles, es inadmisible que la cuestión de la inocencia o la culpabilidad (excúsenme los abogados) deje de ser fundamentalmente un problema de justicia para convertirse en un tema técnico de corrección política, de intereses o influencias.

El espejo de Acteal replicado en las formalidades de la Suprema Corte nos muestra como lo que somos: una sociedad quebrada por la multiplicación de las desigualdades (las antiguas y las recientes), pero felizmente arrodillada ante el clasismo, la discriminación racial que la vida erosiona, aunque un cierto pero abstracto igualitarismo liberal por desgracia renueva, justifica sin fomentar la cohesión social. No es el México bronco bajo la hora criminal el que asoma en el sacrificio seudo ritual de la sangre, sino una forma invisible de la dominación montada sobre la necesidad, la indefensión de pueblos sin historia , explotables, desprovistos de registro ciudadano; la matanza puntual como castigo y señal de caminos intransitables y excluyentes. México necesita como nunca hablar con la verdad. La instrumentalización de la ley para evitarse la contemplación desnuda de los hechos, cocinada en los nichos del poder, es un retroceso. Y aun así, poco a poco, a querer o no, la historia, con su lentitud no deja a nadie indiferente. Los asesinos tal vez morirán tranquilos en su cama, pero no sus nombres, pues éstos nadie los olvidará. Ése es el precio de jugar con la vida de los otros.

En enero de 1998 escribí en estas páginas: Los asesinos de Chenalhó han tenido que recibir de fuera instrucción, ideas, organización, armas, eso es seguro; no estamos ante la reacción espontáneamente violenta de un grupo aislado en defensa de sus intereses, sino frente a una forma de violencia que requiere, para expresarse, de ciertos autores intelectuales, apoyos, planes que se difunden con celeridad bajo el clima moral de guerra civil que hace depender la sobrevivencia de unos del exterminio de los otros. Así están las cosas al cumplirse un nuevo aniversario del alzamiento zapatista.

Y algo más: La principal responsabilidad política por estos hechos corresponde, en primer lugar y sin lugar a dudas, al gobierno de la República, que, por lo visto, sigue sin entender la naturaleza de la cuestión y sus alcances nacionales. El gobierno no quiere o no puede resolver el conflicto... La verdadera tragedia de México es la desigualdad. Pero la pobreza cotidiana, la injusticia social denunciada y documentada mil veces, la convierte en violencia ciega, irracional, en muerte. ¿Podía ser de otro modo? La palabra de los vencidos sin la sangre derramada no se escucha. ¿Será ésa la terrible lección que nos deja la matanza de Chenalhó? ¿Puede la democracia sobrevivir a ese destino fatal?

 


Publicado por solaripa69 @ 10:16
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