Viernes, 21 de agosto de 2009

Carlos Salinas y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU

Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa menciona la participación del Ejército. Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal. El Archivo Nacional de Seguridad presentó los documentos

David Brooks

Corresponsal

Nueva York, 20 de agosto. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad).

Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas.

Al describir el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de equipos de inteligencia humana (agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre simpatizantes zapatistas.

Fueron estos equipos, agrega, quienes promovieron grupos armados antizapatistas –esto es, paramilitares–, otorgando tanto capacitación como protección frente a las autoridades de seguridad pública y unidades castrenses en la región. El cable informa que estas actividades ya se realizaban desde diciembre de 1997, cuando ocurrió la matanza de Acteal.

Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive, en su presentación de los documentos que su organización obtuvo bajo las leyes de libertad de información y difundidos en su sitio de Internet. Doyle recuerda que el informe del procurador general de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la PGR había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista.

El cable de la DIA también ofrece detalles nunca antes conocidos sobre el funcionamiento de los equipos de inteligencia humana del Ejército Mexicano en otorgar este apoyo. El cable describe que estos equipos eran compuestos primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, así como por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región.

El informe enviado a la sede de la DIA agrega que los equipos de inteligencia humana estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba cubrir comunidades por un periodo de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses.

Para Doyle, estos documentos llevan a la conclusión de que la lógica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica –frecuentemente anunciados por la Secretaría de Defensa en declaraciones a la prensa– con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

Doyle critica la falta de acceso y disposición del gobierno mexicano a toda la documentación sobre Acteal. Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a Estados Unidos en busca de información sobre el Ejército Mexicano y Acteal.

Despliegue de tropas

En el segundo de los dos documentos desclasificados y presentados por el National Security Archive, se trasmite información sobre el despliegue de 5 mil elementos de tropa por parte del gobierno de Zedillo –para reforzar a los 30 mil desplegados permanentemente en Chiapas, o lo que es llamada zona de conflicto– inmediatamente después de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

Citando a fuentes abiertas, esto es, a medios de comunicación, como también secretas, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México informa a la DIA en el cable fechado 31 diciembre de 1997, que unas 2 mil tropas, más otras fuerzas, fueron desplegadas en la zona de Chenalhó para ofrecer ley y orden en la región, así como también tareas sociales a comunidades indígenas, en particular a las comunidades desplazadas por el grupo MIRA. Indica que integrantes de esa agrupación paramilitar han gobernado la zona por amenazas y violencia en la región de Chenalhó. A la vez, se informa que otras unidades fueron puestas en alerta para asistir en el evento de una sublevación.

Entre las fuentes abiertas citadas por el documento, incluidas algunas publicaciones, se menciona a La Jornada, a la cual se refiere como un periódico considerado como bien escrito, inclinado hacia la izquierda, con buena cobertura noticiosa.

Sedena entrenó paramilitares en Chiapas antes de matanza de Acteal

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO, DF, 20 de agosto (apro).- La organización no gubernamental estadunidense National Security Archive (NSA) reveló hoy que poco antes de la matanza de Acteal, en diciembre de 1997, el Ejército Mexicano entrenó y respaldó a grupos paramilitares que operaban en Chiapas.

         Durante años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó conocer de los preparativos entre los indígenas antizapatistas que culminaron con la muerte de 45 indígenas.

         Con base en informes desclasificados de inteligencia estadunidense, la NSA denunció que militares mexicanos infiltraron previamente a los grupos indígenas antizapatistas.

Uno de los dos informes desclasificados y dados a conocer por la NSA describe "una red clandestina de equipos de espionaje creados a mediados de 1994, con la aprobación del entonces presidente Carlos Salinas, trabajando dentro de las comunidades indígenas".

Los equipos "estaban compuestos básicamente de jóvenes capitanes de primer y segundo rango, así como sargentos que hablaban lenguas regionales", puntualiza el texto.

Esos equipos tenían como objetivos, entre otros, "entrenar y proteger de detenciones" a los indígenas antizapatistas armados.

Otro de los reportes destaca el "apoyo directo" a los grupos armados en la zona montañosa de Chiapas, donde ocurrió la masacre de los indígenas totziles simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se levantó en armas en 1994.

Los reportes fueron elaborados y enviados a la Agencia de Inteligencia Militar estadunidense (DIA) en Washington por el consejero militar de la embajada en 1999.

Por los hechos de Acteal fueron condenados unos 50 indígenas del municipio de Chenalhó; sin embargo, 20 de ellos fueron liberados la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al detectar inconsistencias en el proceso penal que se siguió en su contra.

 

 

 

Matan al presidente del Congreso de Guerrero; aspiraba a la gubernatura

Armando Chavarría anunció investigación a la contraloría estatal

Sergio Ocampo Arista

Chilpancingo, Gro., 20 de agosto. El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, fue asesinado a balazos este jueves alrededor de las 6:50 horas fuera de su domicilio, en el poniente de la ciudad. Al parecer dos sujetos lo atacaron cuando estaba a punto de abordar su auto.

El miércoles Chavarría Barrera anunció que a partir del próximo lunes el despacho Méndez Mancilla y Asociados practicará una revisión contable a la Auditoría General del Estado (AGE), presidida por Ignacio Rendón Romero, acusado de desvíos de recursos y de pedir favores a alcaldes a cambio de aprobar las cuentas de sus ayuntamientos.

En conferencia de prensa, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo condenó el homicidio del quien fue secretario general de Gobierno durante los primeros tres años de su administración, hasta el 6 de mayo de 2008. Asimismo, informó que el presidente Felipe Calderón Hinojosa instruyó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, enviar un grupo especial de investigadores para apoyar las pesquisas.

El gobernador narró que Chavarría salió de su casa para ir a hacer ejercicio, cuando dos sujetos armados lo asesinaron a fuego cruzado. El auto, dijo, tiene 14 impactos de bala, al parecer de calibre 9 milímetros, de los cuales 10 hicieron blanco.

Torreblanca sostuvo que el crimen pone de luto a la política en Guerrero y genera un clima de incertidumbre para todos los servidores públicos. El diputado Chavarría era un referente de la política en Guerrero, no sólo por el papel relevante que desempeñaba en el Congreso local, sino también porque encabezaba la lista de precandidatos del PRD a la gubernatura (que se renovará en 2011).

En tres años han sido asesinados, entre otros personajes, el ex diputado panista Jorge Bajos Valverde; los periodistas Amado Ramírez y Juan Daniel Martínez Gil; el alcalde de Ayutla de los Libres, Homero Lorenzo Ríos; el dirigente del PRD en el municipio de Petatlán, Alvaro Rosas Martínez, así como los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

En Mérida, Yucatán, el procurador de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, abandonó los trabajos de la 22 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para obtener informes de las primeras diligencias.

Reconoció que Guerrero vive una situación delicada por la lucha entre los cárteles de La Familia y de los hermanos Beltrán Leyva, pero rechazó vincular el asesinato con el narcotráfico. El responsable de este crimen, dijo, puede ser cualquier grupo, pues Chavarría era un hombre público, pero no tenemos conocimiento de alguna amenaza específica.

 

No hay impunidad para las fuerzas armadas, afirma Gómez Mont.

Dice que informará sobre denuncias y procesos a Human Rights Watch

Alonso Urrutia

 

Ante los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos en torno a la impunidad de militares cuando existen presuntas violaciones a las garantías individuales, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negó que esta impunidad se registre en las fuerzas armadas. El funcionario atribuyó a un problema de orden lingüístico las diferencias existentes entre las posturas de las organizaciones no gubernamentales y los procesos legales que efectivamente se siguen en el Ejército.

“La violación a los derechos fundamentales son aquellos actos de autoridad que lesionan valores y bienes que son importantes para la vida de una persona, para su dignidad, para su integridad. Como tal puede haber un problema lingüístico, porque se habla del delito de violaciones a los derechos humanos.

Piden investigar a militares en Cuernavaca

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Cuernavaca, Mor., 20 de agosto. Amnistía Internacional (AI) demandó al gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame Castillo, y a las autoridades federales, una investigación imparcial, a través de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que sean llamados a comparecer los militares que levantaron, golpearon y amenazaron, la semana pasada, a los jóvenes Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez.

Así lo informó José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, quien explicó que, mediante una misiva, AI solicitó medidas cautelares a favor de los primos de 22 y 23 años, respectivamente, residentes de la colonia Flores Magón, en esta capital, y sus familiares, para garantizar su integridad personal.

En la carta, AI expone que el pasado 14 de agosto en la noche soldados detuvieron de manera arbitraria a Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, a quienes amenazaron, golpearon y torturaron con el pretexto del combate al narcotráfico, y les exigieron información sobre nombres y domicilios de personas que se dedican a la venta de drogas en esta capital. Luego de tres horas, los liberaron, con la advertencia de no denunciarlos.

 

Los vacacionistas de la Corte... ni de los milagros

Álvaro Cepeda Neri / Conjeturas

Han vuelto de sus vacaciones (inmerecidas) los once señores ministros que integran el órgano colegiado de la Suprema Corte de (In) Justicia (contra) de la Nación. Tiene la última palabra judicial y es Tribunal Constitucional para controversias entre los poderes municipales, de las entidades y del poder Ejecutivo Federal, pero jamás de quejas contra el Poder Judicial representado por esa Suprema Corte.

Ésta es intocable, hasta que no se separen sus funciones de Tribunal Constitucional y se le otorgue a éste conocer incluso quejas contra los ministros de la Corte.

Volvieron de sus vacaciones, con sueldos millonarios, fideicomisos, seguros médicos (¿atenderse en el ISSSTE? ¡Nunca!, es para empleados, no para la élite), choferes, celulares, comedores para comer gratis y demás prebendas, en un país con 80 millones de pobres y 20 más que sobreviven como clase media degradada.

Están de nueva cuenta sentados en sus mullidos sillones, con sus proyectistas que les hacen todo el trabajo, y hacen como que discuten en el Pleno y en las Salas, también sobre sillones de lujo y para bien dormir. Se fueron y desatendieron la petición de ocuparse de los homicidios a 49 niños de la guardería ABC y de los 72 que están lisiados de por vida.

Pero eso sí: “lo tienen listado”, como la discusión de que los mexicanos adictos puedan consumir marihuana y LSD. Deben abocarse al problema del fuero a los militares, para como quiere Calderón, impedir que cuando los soldados violan derechos humanos sean juzgados en los tribunales comunes, y los pongan a buen recaudo en tribunales secretos donde nadie supo nadie sabe. También sobre el IETU, impuesto que con el ISR, nos aplican por parejo a quienes trabajamos por nuestra cuenta, incluyendo a la actividad empresarial.

Tienen los ministros otros asuntos, como las controversias de 34 municipios sonorenses que denunciaron las arbitrariedades del desgobernador Robinson-Bours (el infanticida de 49 niños) y sobre la deuda pública de Sonora como de su Plan Sonora Proyecta. Y que no se han puesto a discusión, ya que parece que uno o dos ministros de la Corte estarían posponiéndolos para proteger a Bours quien cuenta con abogados que litigan esos asuntos a su favor, pues está a punto de ser llevado a Juicio Político y Penal (ver los reportajes publicados por la revista Proceso 2/VIII/09).

La Suprema Corte es una institución sin esperanzas para los ciudadanos que recurren a ella en busca de justicia, tiene no pocos asuntos por resolver y, como es tradición, fallará a favor de los grandes intereses, con criterios elitistas y autocráticos, para quedar bien con los que tienen dinero para comprar o ablandar a los tribunales y no conforme a los principios de la Constitución de resolver democrática y republicanamente.

Parece que allá en las cúpulas del poder ya no hay disposición para “gobernar en beneficio del pueblo” y esto, con el resto de las instituciones públicas, por su indiferencia, contribuyen al malestar social que por todo el país se extiende.

 

 

 

Revelaciones de Washington sobre el papel del Ejército en Acteal

Hermann Bellinghausen

 

Tarde o temprano, los archivos hablan. Escamoteados, mutilados, editados, se presume que controlados, llega el día que se fisuran y pueden despertar crímenes políticos del pasado. Ahora lo vemos con uno de los más dolorosos en tiempos recientes: la masacre de Acteal. A dos semanas del controvertido dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que liberó a 20 paramilitares y repuso el proceso a otros más, incluyendo a asesinos confesos, el asunto toma derroteros inesperados.

Se desarrolla un escenario político que no fue considerado por los desenterradores mediáticos y jurídicos de Acteal. Mientras éstos desdeñan sistemáticamente en prensa, radio y televisión la mera posibilidad de responsabilidad oficial y de las fuerzas armadas, sin argumentos y de un manotazo, aparecen reportes en Estados Unidos que abren la ventana documental que confirmaría lo que se registró en La Jornada entre 1997 y 1998, sobre la participación militar y policiaca, con base en un plan contrainsurgente para combatir a las comunidades zapatistas de Chiapas.

Ello, justo ahora que hasta el PRI se desmarca de las acciones del gobierno de Ernesto Zedillo en aquel entonces, y hasta sugiere que debería ser investigado. Eso parece que bastará para impedir que Emilio Chuayffet (secretario de Gobernación cuando ocurrió la masacre) se convierta en su líder en la nueva Cámara de Diputados. Hay indicios de que el salinismo resucitado no quiere cargar los muertos del zedillato, aunque Chuayffet sea carta de Enrique Peña Nieto, por aquello de la familia mexiquense.

La investigadora Kate Doyle, directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, en Washington, reveló documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos que describen el papel del Ejército federal en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas en el momento de los asesinatos. Los cables secretos confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades prozapatistas. También reviven un asunto latente, dice Doyle: ¿Cuándo dirá la Sedena la verdad sobre su papel en Acteal? (The National Security Archive, 20 de agosto).

Doyle señala que los documentos contradicen la historia oficial sobre la masacre, elaborada por el gobierno de Zedillo, que la reducía a un problema local, intercomunitario. En un telegrama a la DIA en Washington, el 4 de mayo de 1999, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México señaló “el ‘apoyo directo’ del Ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas”. El documento describe “una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia’ (Humint), creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente Carlos Salinas, que trabajaban en las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los ‘simpatizantes’ zapatistas”. Para promover grupos armados antizapatistas, los Humint daban entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región.

La investigadora precisa: Aunque el cable fue escrito en 1999, el agregado estadunidense tuvo cuidado en señalar que oficiales de inteligencia del Ejército federal estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997. El documento ofrece detalles nunca antes mencionados en las versiones oficiales. Los equipos de inteligencia humana, explicaba el agregado militar, estaban compuestos por oficiales jóvenes con rango de capitán, y algunos sargentos que hablaban los dialectos de la región. Estos Humint, integrados con tres o cuatro personas, eran asignados a comunidades selectas por tres o cuatro meses y luego rotados a una comunidad diferente.

Y no sólo. Ya en otro informe de la misma oficina militar de la embajada estadunidense en México, enviado el 31 de diciembre de 1997, se describía el despliegue de tropas federales en las zonas de conflicto de Chiapas. Citando fuentes secretas y abiertas, el documento indica que el presidente Zedillo envió miles de efectivos más a la región después de la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de ese año. Las nuevas unidades estaban en alerta para participar en caso de un posible levantamiento. (Informe a la DIA, divulgado por el Archivo de Seguridad Nacional bajo un requerimiento amparado en el Acta de Libertad de Información, FOIA, y difundido en Washington en febrero de 2008).

 


Publicado por solaripa69 @ 10:05
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