Viernes, 28 de agosto de 2009

Preocupa el riesgo de un estallido social, admite Cordero Arroyo

Es por ello que se atiende de manera especial a los mexicanos en pobreza, afirma. Es un tema que inquieta a los gobiernos federal, estatales y municipales, comenta el funcionario. Los programas, insuficientes; ninguna política compensa una recesión económica como la actual

Angélica Enciso L.

Enviada

Mérida, Yuc., 27 de agosto. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero Arroyo, admitió que a los gobiernos de todos los niveles les preocupa el riesgo de un estallido social, por lo cual se atiende de manera especial a los mexicanos en pobreza.

El funcionario realizó una gira de trabajo por esta ciudad, a unos días del tercer Informe de gobierno y previo a las negociaciones que se realizarán en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2010.

Luego de la puesta en marcha de la campaña de reforzamiento del Programa de Prevención y Control del Dengue, Cordero dijo en entrevista que se colabora con la Secretaría de Hacienda para la integración de un presupuesto que, a pesar de la austeridad que se prevé para el año entrante, responda a las necesidades del país y al proyecto de este gobierno.

–Diversos sectores, como la Iglesia, han advertido del riesgo de un estallido social. ¿Qué opina sobre esto?

–Respecto de los señalamientos de la Iglesia, creo que es un tema que a todos los gobiernos estatales, municipales y federales (sic), y gobiernos de todo el mundo, nos preocupa y por esto se está atendiendo de manera muy especial a los mexicanos en condiciones de pobreza.

En una situación económica como la que vive el mundo, es difícil que la sociedad más pobre, las familias más pobres, no sean las primeras en verse afectadas. Por esto hemos fortalecido los programas de política social. Lamentablemente, no ha sido suficiente, no hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo. Pero hemos hecho nuestro esfuerzo, estamos presentes y atendemos a las familias más pobres, abundó.

Dijo que se han fortalecido programas como Oportunidades, cuyo padrón se amplió en 200 mil familias, por lo que ahora son 5.2 millones de hogares los que reciben los apoyos alimentarios, de educación y salud. Estos son los programas que hay que apoyar, los que están bien focalizados, dijo.

Sobre el recorte presupuestal que afectó a la dependencia, precisó que asciende a 2 mil 100 millones de pesos, 3 por ciento del programa total de subsidios de la Sedeso, una pequeña parte del presupuesto total, que asciende a unos 64 mil millones de pesos.

La mayor afectación, dijo, fue en gasto operativo, administrativo, servicios personales. No se ha afectado ningún programa de padrón ni alimentario, únicamente ha habido una pequeña afectación a programas como el rescate de espacios públicos, hábitat, programas de infraestructura social básica.

Ven móvil social en ataque a Barbosa
Las principales líneas de investigación en el atentado que sufrió Maximiano Barbosa Llamas, fundador de El Barzón, en el que también fue herido su hijo Maximiano Barbosa Robles, tienen que ver con sus actividades como luchador social

Redacción
El Universal

GUADALAJARA, Jal.— El procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, dijo que las principales líneas de investigación en el atentado que sufrió Maximiano Barbosa Llamas, fundador de El Barzón, en el que también fue herido su hijo Maximiano Barbosa Robles, tienen que ver con sus actividades como luchador social.

Indicó que se analizan presuntos problemas de tierras: “Tenemos las actividades que el señor Maximiano hacía, como manifestaciones, de luchas sociales, tenemos muchas líneas de investigación, tenemos un cúmulo de líneas para agotar”.

Aseguró que “será muy importante la participación de los testimonios de quienes están muy cercanos a él, sus familiares, abogados, amigos, que puedan aportar información para aclarar a la mayor brevedad este caso”.

El miércoles, Barbosa Llamas acudió con su hijo y su esposa Guadalupe Robles al balneario El Retano, en el municipio Casimiro Castillo, donde se reunió con ejidatarios y amigos. Al salir del lugar, alrededor de las 19:00 horas, tres individuos dispararon con sus armas calibre .9 milímetros contra el activista agrario, hiriéndolo en el abdomen y tórax. Su hijo, de 23 años. resultó con severas lesiones en la cabeza.

Tras el atentado, el líder fue intervenido quirúrgicamente y anoche se reportaba estable, mientras su hijo se debatía entre la vida y la muerte al no poder ingresar al quirófano ante la gravedad de sus lesiones, informaron autoridades del estado.

En la capital del país, El Barzón-Unión, encabezado por el perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió a las autoridades locales y federales actuar de inmediato para esclarecer el atentado.

Tras el ataque fue localizado uno de los vehículos de los agresores. Peritos realizaron los levantamientos de huellas dactilares. (Con información de Mae López y Julián Sánchez)

Los "contras" de Chiapas: nombres y apellidos

ISAíN MANDUJANO

Una serie de revelaciones expuestas a raíz de la desclasificación de documentos efectuada recientemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del National Security Archive, permite confirmar que el Ejército Mexicano fomentó la creación de grupos paramilitares en Chiapas. En el siguiente reportaje, Proceso pone nombre y apellidos a algunos de los presuntos implicados... todos impunes.

TUXTLA GUTIÉRREZ,  Chis.- La contrainsurgencia en Chiapas tiene nombres y apellidos. Pero una de las claves para desentrañar cómo el Ejército Mexicano propició la formación de grupos paramilitares en Chiapas, a los que entrenó y protegió, fue borrada por narcotraficantes hace casi un par de meses en Acapulco, Guerrero.
De hecho, hace una semana el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó documentos que permiten confirmar el apoyo del Ejército Mexicano a esos grupos armados. Los documentos fueron solicitados, obtenidos y difundidos por la organización no gubernamental Archivo Nacional de Seguridad, con sede en Washington.
En un escueto comunicado, el 7 de junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el capitán segundo de infantería Germán Parra Salgado y el soldado de transmisiones Juan Loaeza Lanche fueron acribillados a tiros tras enfrentarse con una célula del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre cuyos miembros hubo 16 sicarios muertos y cinco detenidos.
El nombre de uno de los militares fallecidos pasó casi inadvertido. Al momento de su muerte, Germán Parra Salgado era miembro del 56 Batallón de Infantería, destacamentado en Cumbres de Llano Largo, Guerrero. Pero 12 años atrás, en 1997, cuando ocurrió la masacre de Acteal, el capitán Parra Salgado era el mando responsable de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) con sede en el municipio de Chenalhó.
Parra Salgado fue el militar que transmitió la orden directa de no detener ni molestar a los civiles armados del PRI que fueran sorprendidos en esa zona.
Un grupo de policías estatales detenidos en 1998 lo señalaron entonces como el encargado de la vigilancia y la seguridad en la zona, a quien estaban subordinadas todas las corporaciones de esa BOM.
La acusación provino de Ayar Díaz Francisco, Sebastián Luna Pérez, Andrés Meneses Chávez, Filemón Morales Escalante, Albert Salas Meza, Andrés Cruz Ángel, Luis García Ruiz, los comandantes Felipe Vázquez Espinoza, Roberto García Rivas y Roberto Méndez Gómez, así como el jefe de sector de la policía en Chenalhó, el comandante Absalón Gordillo Díaz. Todos ellos pasaron algunos años en el penal de Cerro Hueco.
También el exagente del Ministerio Público del fuero común Roberto Arcos Jiménez, en sus declaraciones ministeriales ante el juez segundo de distrito del fuero federal, le atribuyó a Parra Salgado las órdenes de que “si eran priistas que los dejaran en libertad” y que les devolvieran sus armas, lo que ocurrió repetidas veces en las comunidades de Chimix, Canolal, La Esperanza y otras más del municipio de Chenalhó.
Los mismos policías estatales refirieron que incluso muchos de los civiles portaban armas “mucho mejores” que los uniformados.
Y aunque los dejaban ir, daban parte al comandante policiaco Antonio del Carmen Nuricumbo; al director de la policía estatal, José Luis Rodríguez Orozco, y al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Presidencial Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la Policía Estatal, quien tenía como asesor al general brigadier –también retirado– Julio César Santiago Díaz, quien estuvo cerca de la balacera el día de la masacre de Acteal.
A menos de un kilómetro, Santiago Díaz escuchó los disparos y nada hizo para evitar la matanza ni pidió refuerzos para perseguir al grupo armado que ejecutó a los indígenas. Estuvo preso unos años, pero fue liberado después ya muy enfermo. (Proceso 1113)
Los mandos policiacos estatales se justificaron ante el juez federal: nada podían hacer ante la orden militar expresa. Ellos, los militares, tenían el control de la zona y las fuerzas policiacas estatales estaban sometidas.
Parra Salgado nunca fue citado a comparecer y desapareció de Chiapas. Sólo se tuvo noticias de él hace casi tres meses, cuando fue acribillado por narcotraficantes en Acapulco.
Espías
Parra Salgado, Santiago Díaz y Gamboa Solís no fueron los únicos mandos militares implicados en la tolerancia de esos grupos armados.
Mariano Pérez Ruiz, un indígena tzotzil originario de Acteal Alto, municipio de Chenalhó, se alistó en las fuerzas armadas como soldado de infantería el 11 de marzo de 1992 y quedó adscrito al cuartel militar de Rancho Nuevo, a escasos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.
De acuerdo con el expediente penal 96/98 de la Procuraduría General de la República (turnado al entonces juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Ángel Michel Sánchez), Mariano Pérez Ruiz participó en los primeros días de combate tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994, cuando los rebeldes atacaron el cuartel de Rancho Nuevo.
En 1995, cuando arribó como comandante de la VII Región Militar el general Mario Renán Castillo Fernández, muchos militares alistados en Chiapas fueron comisionados a sus regiones de origen para hacer labor de inteligencia. Mariano Pérez Ruiz fue uno de ellos. Como parte de la estrategia de las fuerzas armadas para recopilar información de primera mano, le tocó regresar a Chenalhó a investigar la presencia de focos zapatistas.
Pérez Ruiz se involucró tanto en su región que terminó enrolándose con los priístas armados que se movilizaban por las comunidades de Chenalhó. Después de la masacre de Acteal, fue capturado en febrero de 1998 y acusado por la PGR ante un juez federal por haber entrenado en su “período vacacional” a los civiles armados.
La causa en su contra acreditó que al menos del 16 al 30 de noviembre de 1997 adiestró en el uso de las armas a quienes ejecutaron a las 45 personas del grupo civil Las Abejas en el paraje de Acteal, la mayoría mujeres y niños.
En 1999, el juez Michel Sánchez lo condenó a dos años de prisión y una multa de mil 86 pesos por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, según el  expediente penal 96/98.
Aunque la Fiscalía Especial para el Caso Acteal de la PGR anunció que impugnaría la sentencia por considerarla muy leve, en realidad nunca lo hizo. Pérez Ruiz quedó libre tras pagar una fianza de no más de 17 mil pesos.
Misión cumplida
Todas las operaciones de los paramilitares y la protección que recibían del Ejército no eran ajenas para Mario Renán Castillo Fernández, experto en contrainsurgencia a quien le fue conferido el rango de general de división en marzo de 1993, meses antes del levantamiento armado zapatista.
Como uno de los más destacados exponentes en México de la teoría de la guerra de baja intensidad, Castillo Fernández fue designado responsable del Plan de Campaña Chiapas 94, una estrategia de contraofensiva ante el grupo rebelde.
Cuando el general Miguel Ángel Godínez Bravo dejó la comandancia de la VII Región Militar, Castillo Fernández asumió ese cargo el 1 de febrero de 1995. A su mando quedó la embestida del Ejército contra el EZLN el 9 de febrero de 1995.
Con un doctorado en Psicología Militar y egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, el comandante de la VII Región Militar estaba al tanto de todo lo que ocurría en la zona del conflicto desde su cuartel general en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
Fue público el apoyo de las fuerzas armadas al grupo Paz y Justicia, durante el periodo de Castillo Fernández en Chiapas. Gracias a las gestiones del militar, el gobierno estatal de Julio César Ruiz Ferro le entregó a esa organización al menos 4 millones 600 mil pesos, en julio de 1997, como parte de un “convenio de Desarrollo Productivo”. El general firmó como “testigo de honor”. 
A Paz y Justicia se le atribuyen más de 122 ejecuciones de miembros de las bases de apoyo del EZLN. Su líder, el diputado local priista Samuel Sánchez, llenó de elogios al general el 15 de noviembre de ese año, cuando lo despidieron en el cuartel general: “Nunca lo olvidaremos, señor. Hay recursos que quedan grabados en la conciencia de los hombres y usted representa a uno de ellos. Todo lo que hizo por nosotros, obliga a la gratitud”, según constató el entonces corresponsal de Proceso en Chiapas, Julio César López.
La misión de Castillo Fernández estaba cumplida. Dejó el cargo 36 días antes de la matanza de Acteal, el 16 de noviembre de 1997.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó los movimientos de los paramilitares durante la estancia de Castillo Fernández en Chiapas. Concentrados en la guerra que libraban los miembros del grupo Paz y Justicia en la zona norte del estado contra las bases de apoyo del EZLN, poco documentaron lo que se gestaba en Chenalhó
Agrupamiento Chiapas
El traslado de Castillo Fernández no obedeció a que hubiesen terminado las operaciones de contrainsurgencia. De forma sigilosa, desde varios años atrás, el coronel de infantería Leopoldo Díaz Pérez se movía por todo el estado de Chiapas, donde había conflictos.
Díaz Pérez estuvo ligado a las fuerzas estadunidenses desde que en 1988 se integró a la Agregaduría Militar y Aérea en la Embajada de México en Washington. La Hoja de Servicio número 6714659 lo ubica ese mismo año como asesor ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor de la Sección Mexicana ante la Comisión México-Estados Unidos de Defensa Conjunta. En 1993 volvió a ese país, “en comisión oficial de la Sedena”.
Leopoldo Díaz Pérez estaba donde había conflictos y el Ejército hacía presencia: participó en cada acción de desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas que ordenó el entonces gobernador Roberto Albores Guillén, en 1998, y en las supuestas deserciones y entrega de armas al gobierno de presuntos milicianos del EZLN en 1999.
El coronel Díaz Pérez cumplía con el encargo del general Castillo Fernández: estar al frente del “Agrupamiento Chiapas”, una fuerza especial de la que poco o nada se sabe, pues la Sedena mantiene sus archivos como información clasificada bajo el rubro “Documentación relacionada al levantamiento armado en el estado de Chiapas”.
Esas fuerzas especiales estuvieron comandadas por Díaz Pérez desde el 16 de diciembre de 1996, cuando fueron creadas por Castillo Fernández, hasta el 15 de enero del 2001, en que desapareció el agrupamiento.
Entre diciembre de 2007 y mayo de 2008, Proceso solicitó a la Sedena información del Agrupamiento Chiapas y de Díaz Pérez, pero la dependencia respondió que los datos solicitados no pueden hacerse públicos, porque “hacen referencia a efectivos, medios utilizados, despliegue de fuerzas y procedimientos militares empleados por parte de este instituto armado para repeler las acciones del autodenominado EZLN”.
Díaz Pérez ascendió a general brigadier, según la Hoja de Servicio número 6714659, entregada por la Sedena al Senado el 7 de diciembre del 2000 para que le autorizara aceptar y usar una condecoración otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Hoy ya es general de brigada y se encuentra en Cuernavaca, Morelos, como comandante de la XXIV Zona Militar, desde el 1 de enero  del 2008.
Para Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los documentos desclasificados en Estados Unidos que divulgó la semana pasada el National Security Archive sólo confirman lo que ellos han denunciado desde hace 15 años, pero hasta ahora ningún oficial del Ejército ha sido castigado.

 

La violencia

Luis Javier Garrido

 

El escándalo desatado por el gobierno calderonista con la exoneración de 20 paramilitares de Acteal ha terminado por evidenciar, una vez más, que el gobierno de facto sigue auspiciando la formación y preparación de grupos paramilitares, para lo cual le resultaba indispensable enviar la señal a los militares que los adiestran y a los propios grupos de que serán impunes por sus futuras acciones.

1. El señalamiento de que el gobierno panista de Calderón estaba preparando con oficiales del Ejército a grupos paramilitares se hizo en 2006, casi desde los inicios del gobierno espurio, no ha dejado de reiterarse al constatarse sus acciones en Chiapas y ahora cobra mayor fuerza con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que subraya, entre otras cosas, que el gobierno calderonista busca crear a los involucrados en este proyecto un régimen de inmunidad absoluta dentro de la lógica neoliberal de que el Estado debe abdicar de todas sus funciones básicas.

2. Las consecuencias que este abandono criminal del Estado entraña para el pueblo mexicano son múltiples y muy graves, pues al paramilitarizar el país no sólo se están creando las condiciones para la comisión impune de múltiples actos de barbarie, sino fomentando una descomposición social de amplios sectores al poner en marcha un mecanismo de destrucción que resulta después incontrolable. El proceso penal que debería abrirse contra Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro y un buen número de militares, así como contra los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia como sus cómplices, no debería ser nada más por la matanza de Acteal en 1997, sino por atentar contra la nación misma con este proyecto de índole criminal.

3. La responsabilidad delictiva de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo por la conformación de esos grupos paramilitares está plenamente demostrada en múltiples testimonios, como se comprueba en los informes desclasificados del servicio de inteligencia de Estados Unidos este mes de agosto, que no dejan lugar a dudas sobre lo que ya se sabía: a) que ambos gobernantes apoyaron el proyecto de creación y entrenamiento de múltiples grupos paramilitares por parte de oficiales del Ejército Mexicano, y b) que Zedillo y Chuayffet estuvieron personalmente tras las acciones de estos grupos y conocieron y decidieron el operativo de Acteal.

4. El hecho que no pudieron prever por su torpeza los responsables del gobierno panista actual al revivir el caso de Acteal fue que en el debate que se abría iba a aparecer la discusión sobre la actual paramilitarización del país, y que se iba a plantear al gobierno espurio de Calderón una doble responsabilidad. La primera, por encubrir a Zedillo y a sus cómplices por la matanza de Acteal de 1997, y la segunda por estar instaurando Calderón ante el actual escenario de inconformidad social que prevalece un régimen de violencia de Estado, similar al existente en la Colombia de Uribe, en el que al lado de las acciones incontrolables de las fuerzas armadas aparece la creación de grupos paramilitares, también incontrolables, con el pretexto de garantizar la seguridad de terratenientes, ganaderos y empresarios rurales.

5. La continuidad en la mecánica del poder entre priístas y panistas se ha ido así confirmando en éste como en otros casos: tras los halcones, de Díaz Ordaz y Echeverría (1968-1972), y los grupos creados por Salinas y Zedillo, se encuentran ahora los paramilitares entrenados y organizados por el gobierno de Calderón, quien, como sus predecesores, se negó a entender el enorme riesgo que entraña para la organización social y política del país auspiciar este proyecto de supuesto control social.

6. La creación de grupos policiales privados y de contingentes paramilitares rurales y urbanos, así como la instauración de lo que en México llamaríamos una guarurización de la vida social, fue básica desde 2002 en el proyecto del presidente colombiano Álvaro Uribe, y aunque años después éste buscó desarmar a los grupos paramilitares más poderosos que se habían asumido como un poder dentro del Estado, vinculándose al crimen organizado, controlando a amplios sectores de la vida social y desafiando su autoridad, y les ofreció una amnistía, la mayor parte de éstos han conservado en 2009 sus armas y su fuerza organizativa y Colombia sigue adentrándose en un proceso de abierta descomposición a consecuencia de una decisión política de Estado de carácter criminal y de la cual el grupo gobernante no pudo vislumbrar las consecuencias que iba a traer.

7. Un gobierno, aunque sea ilegítimo, como el panista de Felipe Calderón, que abdicó de sus responsabilidades en materia de seguridad pública y las delegó en el Ejército, que es una fuerza institucional que no está facultada en la Constitución para ello, en los asesores militares estadunidenses que ha tolerado trabajen en territorio nacional y en los cuerpos paramilitares que ha ido preparando para servir a intereses facciosos y amedrentar a las organizaciones sociales, está destruyendo el Estado nacional y atentando criminalmente contra el pueblo.

8. La violencia que se ha generado en el país en los tres últimos años es responsabilidad fundamental de Felipe Calderón, quien ha violado gravemente la Constitución en su afán de supervivencia política y tendrá que enfrentar en el futuro inmediato, como Zedillo y muchos otros gobernantes mexicanos, la responsabilidad penal por las acciones ilícitas tanto de las fuerzas armadas como de los grupos de carácter paramilitar que existen en el territorio nacional. Los atentados contra Armando Chavarría, presidente del Congreso de Guerrero, ultimado el 20 de agosto, y contra Maximiano Barbosa, líder de El Barzón, herido de gravedad el miércoles 26, han sido atribuidos por algunos analistas al gobierno, precisamente porque existen muchos motivos por los que los panistas quisieran silenciarlos, y éstos son los responsables de la violencia incontrolable.

9. En un escenario nacional donde el Ejército de-sarma policías y arma paramilitares, y más de una tercera parte de sus fuerzas se ha pasado al crimen organizado, ¿quiénes pueden ser los responsables de la violencia encubierta?

10. La lucha por que se haga justicia en Acteal es también, por consiguiente, fundamental para poner un alto a la violencia de Estado en México.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:55
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