Viernes, 28 de agosto de 2009

Crecerán finanzas de la entidad en tan sólo 1%
J. Carlos Medrano / Tiempo

[06:34] Contrario a lo programado a principios de año por la Secretaría de Economía (SE) estatal en cuanto a que la entidad registraría un crecimiento en sus finanzas del dos al tres por ciento, el titular de la dependencia, Héctor Gómez Núñez, admitió que apenas si llegará al uno por ciento.
El funcionario responsabilizó de estos resultados a la política económica implementada por el gobierno federal, la cual “no fue acertada, lo que obligó a hacer algunas adecuaciones y reorientar el paquete económico, lo que sin duda impactó negativamente en la entidad”.
Recordó que con la última caída del trimestre pasado del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional que fue superior al diez por ciento, Oaxaca sufrió también una caída financiera, lo que imposibilitó aun más el desarrollo de las finanzas locales.
Rechazó que al interior de la administración estatal se hayan hecho pronósticos halagadores en cuanto al crecimiento de las finanzas, por el contrario “éstos fueron muy objetivos pues desde inicios de año la Secretaría de Economía avizorando el panorama mundial que no era halagador, y con la contingencia sanitaria, que también influyó grandemente, estimaba un desarrollo no mayor al que se tenía que era de dos a tres por ciento”.
Aseguró que de acuerdo con reportes de las cámaras empresariales las demandas fueron totalmente cumplidas y sólo queda una “franja que hay que atender”.
Comentó que la aportación que hace el estado de Oaxaca al PIB nacional, refleja el bajo nivel de desarrollo que tiene la entidad oaxaqueña.

Buscan concretar Ley de Participación Ciudadana en Oaxaca
Sayra Cruz

[06:33] Unas 21 organizaciones presentaron ayer a la LX Legislatura local el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana para la ciudad de Oaxaca en cuyas propuestas destaca la instauración del referéndum y el plebiscito.
El documento, integrado por 13 instrumentos de participación ciudadana, pretende lograr las bases para que la sociedad tenga posibilidades de participación efectiva, en las cuestiones públicas que le atañen.
El líder de la organización por una Educación Alternativa (Educa), Marco Leyva Madrid, mencionó que este trabajo se constituyó después de un año de diversos eventos como foros en donde se discutieron y se reflexionaron varias expresiones, así como talleres que culminaron con la elaboración del anteproyecto.
“Este fue un proceso participativo”, dijo Leyva Madrid.
Abundó que son 13 instrumentos y apartados con los que cuenta este documento, así como un apartado para la creación del Consejo Ciudadano, “desde este documento se derivan varios apartados y se desglosa el procedimiento”, mencionó.
En ella también participaron académicos, organizaciones comunitarias y comunidades, por eso consideró que esta iniciativa recoge los anhelos y demandas de participación ciudadana que se ha expresado de tiempo atrás.
“Pretende generar las condiciones necesarias para que la sociedad tenga posibilidades de participación efectiva en las cuestiones públicas, en las cuestiones que le atañen”, dijo.
Los instrumentos de participación y figuras propuestas en este ante proyecto se encuentra la implementación del referéndum, plebiscito, el de la revocación del mandato, la remoción administrativa y contempla un órgano que garantizar la aplicación de la Ley.

REPROBADO EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO, NO LOS MAESTROS NI LOS ALUMNOS.

Pedro Echeverría V.

1. El 24 de agosto se publicó que hubo un 70 por ciento de profesores de primaria y secundaria reprobados en pruebas realizadas por el gobierno y el sector privado; con ello la clase dominante busca lavar su profunda incapacidad y corrupción y, al mismo tiempo, busca culpar a los profesores y estudiantes de la pésima educación en México, que por cierto el país ocupa los últimos lugares en el mundo. Esos mismos profesores, laborando en escuelas privadas o en los EEUU, son muy cumplidos y eficientes. ¿Cuál entonces es la causa? Una gran corrupción gubernamental y sindical (SNTE) cuyo único objetivo es obtener simpatizantes y votantes entre el millón y medio de profesores, organizar grupos entre ellos repartiendo dinero, cargos, licencias, préstamos y permitiendo todo.

 
2. Que hay alumnos y maestros muy irresponsables, nadie puede negarlo; muchos alumnos que no les gusta estudiar, que son obligados por sus padres, y muchos profesores que recibieron un título sin tener vocación y laboran por necesidad de ingresos. Pero tampoco puede negarse que los exámenes o pruebas –además de los miles de recomendados- sólo miden lo que desean los que la aplican, es decir, se construyen para conseguir lo que se quiere. La pregunta inicial del que elabora la prueba es: ¿Cuántos quieres que aprueben y cuántos deben quedar rechazados? ¿Qué tipo de personal necesitas y cómo quieres que piensen? Una prueba es como un colador y un embudo, sólo pasan los que los propietarios o autoridades necesitan o autorizan.


3. Hasta los años setenta en México ingresaban sin examen de admisión todos los estudiantes que entregaran sus antecedentes de escolaridad y hasta 1960 hubo una gran necesidad de profesores en el país y recibían plazas hasta quienes no habían terminado la carrera de normalista. Se hablaba de deficiente preparación pero nadie era rechazado por falta de cupo o por falta de plazas de maestro. Pero en las siguientes décadas creció la población y en lugar de aplicar mayor presupuesto educativo, ampliar las escuelas y contratar profesores para que el país supere sus deficiencias, el gobierno tomó el camino de los recortes, así como lo hizo en servicios de salud, hospitales, médicos y medicinas. Mientras en México se necesitan cientos de miles de maestros y médicos, se cierran las carreras y se rechazan a estudiantes.


4. La educación estuvo siempre muy mal, pero a partir de 1982, con la crisis económica producto del desplome de los precios del petróleo, la introducción abierta del neoliberalismo y la privatización, la educación empeoró. Los secretarios de Educación, totalmente ignorantes de los problemas educativos, sólo pudieron actuar subordinados a los dirigentes nacionales del SNTE. Tanto en las oficinas centrales de la SEP, como en las delegaciones de los estados, el SNTE impuso a las autoridades con nombramientos firmados por la SEP. El sistema educativo: presupuestos, planes, programas, asignaturas, contratación de personal, cursos de nivelación, calendarios escolares, horarios, todo, bajo el control de las autoridades corruptas de la SEP/SNTE.


5. La dirigente del SNTE, Esther Gordillo, con más de 20 años como cacique sindical, es quien ha determinado (de acuerdo a sus intereses) sobre las políticas educativas durante esas dos décadas. Con la representación legal de millón y medio de afiliados, fue secretaria general del PRI, al mismo tiempo coordinadora de los diputados de ese partido, al mismo tiempo dirigente del FSTSE y aliada fundamental del presidente de la República. Hoy se da el caso que los más recientes exsecretarios de Educación Pública –que demostraron una ignorancia total en su desempeño- son los coordinadores de diputados del PAN (Josefina Vázquez) y de Nueva Alianza (Reyes Tamez). Fueron  los personajes de los gobiernos panistas que más desgraciaron la educación mexicana.


6. La educación mexicana se ha desplomado porque la economía y el mismo sistema de explotación capitalista se están hundiendo. ¿Cómo tener en México una buena educación si el 70 por ciento de los estudiantes no tienen una alimentación adecuada, si los ingresos de los padres son miserables y los estudios de éstos son de alrededor de cinco años? A pesar de esta base estructural determinante algo se podría salvar si los gobiernos se preocuparan realmente por la educación y comprendieran la vital importancia de ésta. ¿Cómo hablar de preocupación del gobierno si en vez de aprobarse mayor presupuesto (para manejarse con equidad y honradez) y para hacer más grande el sistema educativo, año tras años se recorta o no se ejerce? El cinismo es brutal.


7. ¿Cómo puede construirse una buena educación en México si existe un proceso de privatización que destruye todo lo avanzado en educación pública? ¿Cómo pueden los gobiernos del país defender la educación pública si casi todos ellos (los principales gobernantes) estudiaron en colegios privados de alto nivel o en los EEUU? Necesitamos realizar profundas transformaciones para poner de pie la educación dado que todo está de cabeza. Los profesores que trabajan real y honradamente no son reconocidos, porque son los políticos y los militantes del sindicalismo corrupto los que dominan. ¿Cómo gozar de una buena educación en nuestro país si los valores y conductas que se expanden tienen que ver con la subordinación a las altas autoridades?


8. La educación en México sólo podrá rescatarse con una revolución total desde abajo. Desde los maestros con alto nivel de conciencia y de lucha, hasta los estudiantes y sus padres que se manifiesten para reclamar la educación popular, pública y gratuita. Los ejemplos de Oaxaca y Michoacán –donde los profesores luchadores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) han tenido mucha presencia- pueden ser ejemplos para lograr una educación crítica y participativa en el país. Desafortunadamente las experiencias iniciales del Colegio de Ciencia y Humanidades, en donde los planteamientos de Freire dominaron en sus primeros ocho años de vida (1971-78), se vinieron abajo. Lo mismo debería decirse del desplome del movimiento estudiantil universitario anticapitalista.

 

LOS OPACOS Y VENTAJOSOS DIPUTADOS    

 

Escrito por El País.

 

El cambio ocurre en medio de múltiples cuestionamientos a la opacidad con la que operan.

La Cámara de Diputados mexicana está a punto de renovarse. El 1 de septiembre tomarán posesión 500 nuevos legisladores. El recambio ocurre cuando hay múltiples cuestionamientos a la opacidad con que opera ese cuerpo legislativo. Botón de muestra de esa conducta fue el bono que los integrantes salientes de la llamada Cámara Baja se autoasignaron en diciembre pasado, como compensación para subsanar el pago de impuestos por un bono de fin de año correspondiente a 2008.

En México, en el pasado acudimos frecuentemente a dispensar a las autoridades asumiendo que "cada pueblo tiene el Gobierno que se merece". Pero esta premisa que sólo reforzaba la resignación ante el abuso de autoridad, empieza a ser puesta en jaque por la ciudadanía

Para tratar de contribuir a romper esta cultura de abuso impune de las autoridades e indiferencia de la sociedad, y haciendo uso de mecanismos legales de participación ciudadana y rendición de cuentas, el Movimiento Dejemos de Hacernos Pendejos DHP* presentó a la Cámara de Diputados una petición ciudadana exigiendo que se les explicara de manera formal el por qué los diputados se habían compensado ese impuesto por concepto del aguinaldo (paga navideña extra), cuando es obvio que el resto de la ciudadanía sí pagó al erario público.

La petición se presentó con 4.000 firmas ciudadanas y cumplió con todos los requisitos legales, pero los diputados no respondieron en el plazo constitucional. Ante el silencio de los legisladores, la prensa increpó al presidente de la Cámara, el diputado priista César Duarte, quien sin entrar en materia, en un gesto más de opacidad, argumentó que no atendería la petición debido a que el nombre del movimiento les parecía altisonante.

La rendición de cuentas es un motor de democracia inservible si no es asumida como una obligación irrenunciable de los representantes y si al esquivarla no corren riesgos políticos, ni afrontan consecuencia alguna. Con la intención de que un abuso de autoridad como éste tenga consecuencias, el 20 de julio pasado el DHP* promovió un amparo por violación a la garantía individual de recibir respuesta frente al derecho de petición (Art. 8 Constitucional), con el objetivo de que el Poder Judicial obligara a los diputados a responder.

Además, ante el hecho de que los diputados atienden con oportunidad y diligencia a sus cúpulas partidistas, el DHP* envió una carta a la presidencia nacional de los partidos mayoritarios PRI, PAN y PRD para que intercedieran a fin de que los coordinadores de cada bancada contestaran la petición.

Finalmente, el lunes 10 de agosto, en un acto de irresponsabilidad alevosa, la Cámara de Diputados entregó una "respuesta" sin atender la petición ciudadana como tal. La resolvió como si fuera una solicitud de información, de modo que la instancia que responde es la Unidad de Transparencia de la Cámara.

En su respuesta aceptan que sí se compensaron el impuesto al aguinaldo. Dicen que dicha compensación se aprobó el 6 de noviembre del 2008, por acuerdo de la Comisión de Administración y en concurrencia con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

En efecto, los diputados están facultados legalmente para tomar acuerdos, pero la Ley los obliga a que los fundamenten jurídicamente y establezcan el espíritu de su decisión. Sin embargo, el acuerdo con el que decidieron regresarse el impuesto de su aguinaldo, no está justificado. Así que podemos suponer que realizaron una asignación ilegal de recursos públicos para engordar sus bolsillos.

El DHP* pudo haber solicitado la información a través de la Unidad de Transparencia de la Cámara, pero optó por la petición ciudadana bajo el supuesto de que obligaría a los diputados a discutir en sesión plenaria la respuesta y que permitiría, en caso de no ser resuelta en tiempo y forma, recurrir al Poder Judicial para que interviniera.

Existe una premeditada opacidad que encubre al Poder Legislativo y a los "otros sujetos obligados" en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esto desmotiva a cualquiera a requerir información pública que comprometa a las autoridades. Las lagunas que presenta la normatividad se deben a una pendiente regulación que los legisladores siguen postergando. En el ámbito federal, existen básicamente tres condiciones que entorpecen la rendición de cuentas.

Primero, está la distinción entre el Poder Ejecutivo y los "otros sujetos obligados" que hace la LTAIPG y cuyo incumplimiento supone consecuencias distintas. La rendición de cuentas y el acceso a la información del Poder Ejecutivo están garantizados en mayor medida, debido a que tiene que asumir los dictámenes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en caso de que la negación o el estado de la entrega de la información no hayan sido plenamente justificados.

En contraste, para los otros sujetos obligados como el Poder Legislativo, el Judicial, el Instituto Federal Electoral o el Banco de México, entre otros, la entrega o negación de información está supeditada al dictamen de unidades de transparencia integradas por funcionarios de los mismos órganos. De modo que si un ciudadano se inconforma ante la negación o la entrega incompleta de información, debe recurrir al Comité de Información, instancia igualmente integrada por funcionarios de las propias instituciones, para que le resuelva la controversia. Entonces, por absurdo que parezca, al ser juez y parte en las resoluciones de las inconformidades, los otros sujetos obligados no incumplen la ley cuando dejan al ciudadano desprotegido.

En segundo lugar, enfrentamos la poca disposición de nuestros representantes para hacer accesible la información pública. Una de las innovaciones de la LFTAIPG es el reconocimiento del Internet como herramienta para la rendición de cuentas. Y aunque los diputados están obligados a hacer público el ejercicio de su gasto, no es posible encontrar en la página de internet de la Cámara información sobre el monto, justificación y origen de los recursos con los que se compensaron el impuesto mencionado.

La tercera limitante es la ausencia de elementos coercitivos que obliguen a las autoridades a dejar de simular su apego al principio de máxima publicidad. Mientras no asignen responsabilidades administrativas en razón de la opacidad, la transparencia responderá sólo a las astutas simulaciones.

En el caso de la compensación del bono navideño aquí descrito, el Poder Legislativo hizo gala de una opacidad indignante. Se otorgaron privilegios fiscales frente al resto de la sociedad, no atendieron la petición ciudadana en los tiempos que establece la Constitución y le dieron trato de solicitud de información, en un proceso con el que pretenden ser juez y parte.

Afortunadamente, ante su incompleta y tardía respuesta, los ciudadanos podrán demandar penalmente a los diputados, señalando la ilegalidad con que decidieron entregarse recursos públicos. Llegó el momento de poner un alto a los abusos de poder. Los ciudadanos en México han decidido que el gobierno que tienen no es el que merecen y que para cambiarlo hay que ejercer acciones valientes e inteligentes que lleguen hasta las últimas consecuencias.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:03
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