Martes, 13 de octubre de 2009

La nueva guerra de Felipe Calderón

Magdalena Gómez

 

El desafío al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los amplios sectores sociales que lo respaldan con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no le depara a Felipe Calderón mejor suerte que la lograda en su combate a la delincuencia organizada. Su primer fracaso es que no resultaron los preparativos del golpe a uno de los sindicatos emblemáticos, como fue la negativa de la toma de nota para su dirigencia a fin de profundizar la división: de manera ejemplar, y pese a los conflictos intrasindicales, la primera decisión de asamblea, a unas horas de la toma policiaca de las instalaciones de LFC fue que enfrentarían en unidad la agresión gubernamental.

La decisión calderonista se anunció con la incursión policiaca horas antes de que se publicara el decreto, cuestión que habrá de analizarse en la defensa jurídica, pues resulta inadmisible el dicho del secretario de Gobernación: El secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones (de su parte) para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y preservar la integridad de personas y de instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto. Y el mérito de ello es que no hubo costo humano que lamentar. Sacaron a los empleados de LFC de su centro de trabajo, ocuparon las instalaciones sin que existiera fundamento jurídico.

La patética decisión, tomada sin medir las consecuencias, se refleja en el boletín 184 leído primero por Gómez Mont a los medios hacia el mediodía del domingo y reproducido casi textualmente, horas después, por Felipe Calderón en cadena nacional. Esto de las jerarquías de cargos de plano no les resulta.

Para convencer a la ciudadanía del despropósito financiero de LFC señalaron ambos que tan sólo en 2009, el subsidio al organismo es equiparable a casi la totalidad del presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350 mil personas. Esto equivale a lo que se requeriría para construir un millón 200 mil viviendas de interés social. Mantener estas transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes. Les faltó informarnos a cuánto equivalen los altísimos sueldos y prestaciones en la Suprema Corte, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal con su alta burocracia.

Para justificar la afectación de LFC a la economía nacional se anotó que las cadenas de autoservicio en el valle de México han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias en el suministro eléctrico.

Por fortuna tenemos las evidencias del boletín de prensa en Bucareli y luego el mensaje en cadena nacional; de lo contrario se pensaría que abusamos de la ironía o el humor negro. Porque, aparte de que con la extinción decretada la economía se reactivará, se fomentará el establecimiento de más centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que redundará en la creación de más y mejores empleos.

Luego vinieron las aclaraciones, no pedidas, por aquello de las acusaciones manifiestas: Esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico. La prestación de dicho servicio seguirá a cargo del Estado, como lo ordena la Constitución y la ley en la materia. Y después se aclaró que las modalidades de operación de un nuevo organismo se definirán en el futuro.

Con todas estas razones fundadas, según su lógica la ciudadanía saldrá a las calles a felicitar al gobierno, seguida de los trabajadores, porque a ellos se les respetarán todos sus derechos, menos el principal: el empleo. Y no quedan ahí los ofrecimientos: cual vendedores de enciclopedias con el objeto de hacer mucho más tersa la transición, les ofrecen un bono extra si aceptan en un mes la liquidación y además los orientarán para que con su jugosa liquidación pongan un changarro (perdón, ése era el proyecto foxista)e inviertan en proyectos de autoempleo. Parece inocente y no lo es: apuestan nuevamente a dividir a los trabajadores.

La cuestión de fondo es dar un paso más en la cadena de privatización, de momento manteniendo el servicio por conducto de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que ya se tendrá que aclarar el uso que pretenden dar a los recursos de la empresa.

Seguramente el SME ya está preparando la estrategia jurídica, políticamente se está moviendo con rapidez y con suma precaución para evitar un enfrentamiento con la policía federal. Si se deja pasar esta nueva agresión nadie los detendrá para avanzar en otros espacios. Todos los sectores estamos expuestos al veredicto de la improductividad.

 

El SME y la blitzkrieg

Luis Hernández Navarro

 

Acosado por el descontento popular en su contra y la sombra de su ilegitimidad de origen, Felipe Calderón comenzó su sexenio con una blitzkrieg y pretende refundarlo con otra. De la ceremonia de toma de posesión al asalto contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la militarización de la política y la guerra relámpago se han convertido en los sellos de su política.

La blitzkrieg, o guerra tan rápida como un relámpago, es una doctrina militar de ataque que combina los bombardeos iniciales con el uso de fuerzas móviles desplazadas a gran velocidad y sorpresa para impedir la defensa coherente del enemigo (Wikipedia.org). Se trata de una guerra de penetración rápida y anulación.

Una variante se efectuó el primero de diciembre de 2006. Recordemos. En esa fecha, el cambio de titular del Poder Ejecutivo, el acto más importante en la liturgia laica de la República, se realizó acelerada, torpe y desordenadamente. En pocos minutos Felipe Calderón llegó a un Congreso de la Unión sitiado por el Estado Mayor Presidencial, rindió protesta como presidente de la República, estuvo a punto de que su antecesor le impusiera la banda, tuvo que ser auxiliado por un militar para que ésta se quedara en su lugar, desairó a los cadetes emplazados para rendirle honores, no pudo dar un mensaje a la nación y puso pies en polvorosa.

Otra modalidad de blitzkrieg se echó a caminar para enfrentar a los trabajadores electricistas. Este 10 de octubre, las tropas de la Policía Federal y del Ejército ocuparon preventivamente las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) antes de que entrara en vigor el decreto de extinción. Horas después, el gobierno federal decretó la desaparición del organismo y anunció la liquidación de sus trabajadores.

No hay en ello novedad. Han transcurrido casi tres años desde que el actual inquilino de Los Pinos asumió el cargo y lo que sobresale de su mandato es su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las fuerzas armadas como telón de fondo. La imagen lo dice todo: el 3 de enero de 2007, en Apatzingán, durante su primera actividad pública de ese año, se retrató con uniforme de campaña, una gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional.

Una y otra vez Felipe Calderón ha recurrido al uso de la policía y el Ejército para administrar el país. Ha buscado en el combate al crimen organizado la vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le ha dado las herramientas para gobernar con medidas de excepción. El ataque a los trabajadores electricistas es el último eslabón de esta cadena.

El gobierno federal ha pretendido justificar el asalto al SME responsabilizando al sindicato de la quiebra de la compañía. Las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación de la empresa, dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. La acusación es falsa. Los responsables de las deficiencias de la paraestatal fueron sus directivos. Desde el gobierno federal se hizo todo por descapitalizar a LFC. Parte significativa de los subsidios federales transferidos a la empresa se destinó a subvencionar a consumidores industriales y comerciales. Se impidió a la compañía generar su propia electricidad y, simultáneamente, la Comisión Federal Electricidad le cobró en la hora pico una tarifa superior a la de uso industrial.

El decreto presidencial es arbitrario e ilegal. Es un nuevo acto autoritario. El Presidente no tiene facultades para extinguir la empresa. Pasó por encima de derechos exclusivos del Congreso de la Unión. El servicio eléctrico no estaba en riesgo ni había amenaza de huelga. Para desaparecer LFC el gobierno debió seguir un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, que no se llevó a cabo.

Desapareciendo al SME el gobierno quiere aniquilar una de las fuerzas sociales capaces de aglutinar el descontento social hacia la crisis económica y la política gubernamental. Busca, además, relanzar la figura presidencial en un momento en que sus bonos están a la baja después de la derrota electoral en los últimos comicios y los continuos descalabros en la guerra contra el narcotráfico. Finalmente, quiere dar vía libre en el negocio de las comunicaciones a la iniciativa privada y, al liquidar LFC, acabar con el contrato colectivo y con la autonomía de un sindicato que le estorba para sus propósitos.

El SME desempeñó un papel central en la realización de los siete Diálogos Nacionales efectuados entre noviembre de 2004 y febrero de este año para promover un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia. La iniciativa fue promovida, sobre todo pero no exclusivamente, por un conjunto de fuerzas sindicales que se ubican por afuera o en abierta contradicción con los dirigentes gremiales del Congreso del Trabajo. En ella participan básicamente representantes de fuerzas políticas y gremiales de centro-izquierda ya organizados.

En meses recientes el movimiento popular se muestra reanimado. Damnificados ambientales, opositores a la construcción de grandes presas, indígenas en lucha por su autonomía, defensores del maíz, afectados por las altas tarifas eléctricas, han constituido coaliciones de resistencia a las que podría sumarse el descontento con las víctimas de la crisis y las políticas económicas del gobierno. Los electricistas tienen mucho que aportar en esta convergencia.

Quienes aseguran que con la blitzkrieg del sábado pasado el SME ha sido derrotado no saben lo que dicen. Quienes exclaman tenemos Presidente deberían pensar dos veces el alcance de su júbilo. Las consecuencias de esta aventura pueden ser muy graves para el país. La última palabra en este conflicto no se ha dicho aún.

Movimiento de AMLO se suma a demanda del SME.

El conflicto en la compañía de luz obedece a que adquiere en bloque la energía a la CFE y ésta compra 35% de la misma a empresas privadas extranjeras y mexicanas, dijo López Obrador ante unos cinco 5 mil electricistas en un mitin en San Lázaro. FAP propondrá al Legislativo una comisión investigadora.

La Jornada

Al presentar dos iniciativas de ley en materia económica -una enfocada a la austeridad y la otra de eliminación de privilegios fiscales- para 2010, mismas que serán llevadas a debate en ambas Cámaras legislativas a partir de mañana martes, el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador acordó que su movimiento se sumará a las protestas que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a raíz del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Durante la asamblea informativa celebrada afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, y a la que se sumaron alrededor de 5 mil integrantes electricistas, el político tabasqueño negó que el conflicto sea producto de un incosteable manejo de finanzas y privilegios salariales como lo han mencionado las autoridades federales y señaló que todo se deriva en que dicho organismo compra la luz en bloque a la Compañía Federal de Electricidad, que a su vez adquiere el 35 por ciento de toda la energía que consume el país a empresas extranjeras y empresarios particulares.

Por ello, pidió a los legisladores del FAP que a partir de mañana empiecen a proponer la formación y constitución de una comisión investigadora para ir al fondo de este asunto.

Al referirse al asunto económico, el líder del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica emplazó a las autoridades a realizar un debate público sobre la política recaudatoria que quiere aplicar el gobierno federal para el año entrante, porque dijo, no es posible que en México, los profesionistas de clase media paguen mil 500 por ciento de impuesto más que cualquier empresario del país.

“Esto es una inmoralidad”, expresó, sobre todo cuando entre la cúpula de banqueros y empresarios priva una situación de privilegios en materia de gravámenes. Para ejemplificar tal iniquidad denunció que tan solo en materia de impuestos, las grandes empresas adeudan a la Secretaría de Hacienda 460 mil millones de pesos; cantidad que de recaudarse serviría para lo que las autoridades federales llaman el boquete financiero y no se requeriría aplicar el 2 por ciento.

En este sentido, informó, los diputados y senadores de su movimiento presentarán mañana 13 octubre dos proyectos de ley y convocó a un debate nacional y público sobre el daño que causa a la nación mantener tales privilegios no solo a nivel económico sino también político.

Por lo que toca a la actual situación de LFC y los integrantes del SME, López Obrador anunció que su movimiento se sumará a las movilizaciones de resistencia y protesta que organice el gremio, por lo que estará presente en la marcha del próximo jueves que iniciará del Angel de la Independencia rumbo al Zócalo.

En este sentido, dejó en claro que no tomará ningún protagonismo, por lo que estará siguiendo lo que determinen los dirigentes del SME a este respecto. Para este fin propuso la integración de una comisión de enlace con los electricistas, conformada por Claudia Sheinbaum, Berta Luján, Ricardo Ruiz y Jesús Martín del Campo, para coordinar los apoyos que puedan brindarles.

Asimismo, esta comisión iniciará al interior de las brigadas de resistencia civil y otras organizaciones sociales una campaña de acopio de víveres para apoyar a los trabajadores afectados por el decreto de Felipe Calderón.

López Obrador conovocó al próximo lunes 19 de octubre, afuera de San Lázaro, a una nueva asamblea informativa.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:41
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