Mi?rcoles, 14 de octubre de 2009

Fascismo y movimiento social

JOHN M. ACKERMAN

Los judiciales que detuvieron de manera ilegal a Ramsés Villarreal deberían estar hoy en la cárcel procesados por los delitos de “desaparición forzada de personas” y “secuestro equiparado”. La captura de Villarreal se realizó de manera totalmente irregular, sin orden de aprensión dictada por un juez o al menos una orden de presentación girada por el Ministerio Público. El señalamiento de que el acusado habría sido detenido en supuesta “flagrancia” resulta risible dado que lo único que hacía el “presunto delincuente” era dirigirse en un microbús a la UAM-Xochimilco para corregir textos académicos que próximamente estarán publicados en la prestigiosa revista Argumentos.
El caso de Villarreal es tan débil e insostenible que la misma Procuraduría General de la República (PGR) ya cerró el expediente. Las fotografías que la PGR dio a conocer resultaron ser un burdo montaje al peor estilo de Hollywood, y su publicación en importantes medios de comunicación violó de manera flagrante el principio de presunción de inocencia.
El procurador Arturo Chávez Chávez inaugura así su gestión con una clara muestra de la irresponsabilidad, arbitrariedad e inefectividad que muy probablemente marcarán su paso por el gabinete de Calderón. Habría que recordar que el nuevo procurador ya admitió con descaro, en su comparecencia ante el Senado, que utilizaría sin ningún problema “evidencias” obtenidas de manera ilegal.
Lo preocupante es que este caso es apenas la punta del iceberg de un mundo en donde las procuradurías, en vez de investigar e integrar con ética y profesionalismo sus pesquisas, normalmente prefieren golpear primero y preguntar después. El abuso de la figura del arraigo, por ejemplo, demuestra el total fracaso del sistema de investigación criminal. Esta práctica de detener a los “sospechosos” sin haber integrado debidamente una averiguación previa es una vil licencia para abusar de las más básicas garantías individuales y del debido proceso.
También llama la atención la denuncia del joven Villarreal consistente en que los policías ofrecieron incorporarlo al programa de “testigos protegidos” si aceptaba denunciar en falso a otras personas. Con ello este “programa estrella” de la PGR se desnuda como lo que realmente es: una máquina de fabricación dolosa de culpables.
Habría que celebrar que personas como Ramsés Villarreal, Jacinta Marcial y Flavio Sosa estén hoy libres, pero eso no es suficiente. Es necesario exigir sin tregua castigo a los culpables de su detención y encarcelamiento injustificados. De manera paralela, la PGR también tendría que investigar las graves responsabilidades de Ernesto Zedillo y Julio César Ruiz Ferro, así como de aquellos jueces, funcionarios ministeriales y policías judiciales involucrados en la “investigación” del asesinato político de indígenas inocentes en Acteal.
Urge una reforma radical a la procuración de justicia en el país. La reforma constitucional en materia de justicia del año pasado modifica el proceso penal para convertirlo en un sistema “acusatorio”. Sin embargo, este cambio de la Carta Magna no resuelve ni de cerca las graves deficiencias del funcionamiento cotidiano de los ministerios públicos y de la policía judicial. Para realizar esta tarea hace falta una limpia total y una recapacitación masiva, así como un rediseño institucional a fondo.
La receta favorita de Calderón de aplicar exámenes de “control de confianza” no es más que una cortina de humo. Habría que emprender una transformación estructural de la PGR y las procuradurías de justicia de las entidades federativas para institucionalizar la vigilancia ciudadana y garantizar prácticas modernas de investigación ministerial, evaluación de evidencia e interrogación de testigos. También sería buen momento para volver nuestra atención a las numerosas iniciativas legales ya existentes que han propuesto otorgar autonomía constitucional a las procuradurías del país.
Lo paradójico es que con cada detención arbitraria e injustificada de un luchador social o personaje incómodo, el gobierno de Calderón va creando las condiciones para el surgimiento de una vigorosa movilización social. Ramsés Villarreal es hoy una clara figura pública y podrá utilizar su nuevo estatus para la organización de otros jóvenes que busquen exigir al gobierno mayor respeto a los derechos humanos y más oportunidades para la juventud. Si a este movimiento se unieran Jacinta Maciel, Flavio Sosa y Andrés Gómez –aquel otro joven que también fue detenido de manera ilegal y arbitraria por gritar “espurio” a Calderón–, podría ser un detonador de ondas expansivas que llegaran a todo el país.
Si se logra articular estas causas con la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas al autoritarismo injerencista de la Secretaría de Trabajo, y más aún, si se sumaran los jóvenes rechazados de las universidades públicas del país y los numerosos movimientos y grupos sociales que emergen y luchan diariamente, estaríamos ante un escenario ideal para el despliegue de un movimiento social de potencialidades emancipadoras extraordinarias.
El boliviano predicador, el asesino del Metro Balderas y los bombazos en los bancos son muestras de que la sociedad actual está ya desquiciada por la crisis económica y las acciones de un gobierno cada día más cercano al fascismo. Pero la locura que encierran estas reacciones aisladas y delictivas no nos lleva a ningún lado. El reto hoy es la construcción de un auténtico movimiento nacional fundado en la pluralidad social y articulado alrededor de las demandas y necesidades de las nuevas generaciones, un movimiento que tenga la suficiente fuerza para hacer valer nuestros derechos ciudadanos y proponer soluciones colectivas. La vigencia de nuestras garantías más básicas depende de ello. 

 

Ante el fracaso, la represión

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 12 de octubre (apro).- No hay un solo dato, uno solo, para callarle la boca a quienes afirman que Felipe Calderón encabeza un gobierno inepto. Es vasta, en cambio, la información que sustenta su talante represor.

         La liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro materializa, en la forma y en el fondo, esas dos características del gobierno actual, que tramó y operó esa batida en la oscuridad, como acostumbran los faltos de valor.

         El mensaje que se envía es inequívoco, por si alguien tenía todavía alguna duda: La represión policiaco-militar contra cualquier individuo y organización que manifieste posturas disidentes o que la facción que gobierna y sus jefes considere como tales.

Por eso tampoco hay que ver la liquidación de Luz y Fuerza del Centro como una postura antisindical de Calderón, cuya legalidad está en entredicho, sino de represión selectiva:

         Mientras termina con esa empresa, supuestamente para sanearla de la voracidad sindical, y lanza al desempleo a 40 mil trabajadores, se afianzan las complicidades con capos de la talla de Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Valdemar Gutiérrez, Víctor Flores Morales, Ramón Gámez y Víctor Fuentes, el heredero de Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine, que representa a la facción de electricistas del oficialismo.

         La ecuación política es sencilla: A falta de logros de gobierno, acciones quirúrgicas espectaculares; a los aliados gracia y a los enemigos paredón.

Así, con la economía a pique y el desempleo boyante, con los criminales impunes y ensangrentado el territorio, Calderón opta por arrancar el aplauso de las hordas afines y se congracia con sus verdaderos jefes.

         ¿Pero cuáles son los "privilegios" que llevaron a la quiebra a la compañía? Veamos la información oficial: Los empleados no pagan la luz porque tienen derecho al consumo gratis de 350 kilowats; obtienen de aguinaldo el equivalente a 50 días de salario, y el "incentivo por desempeño" es de 66.67% del sueldo base.

         También los empleados tienen ayuda para despensa equivalente a 15% del sueldo bruto; un fondo de ahorro que representa 22% del sueldo base; ayuda para transporte de 12.5% del sueldo base y  apoyo para renta de 34.5%, también del sueldo base.

         Una aclaración: Estos "privilegios" no son de los trabajadores de base, la mayoría afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino de los centenares de miembros de la alta burocracia de la empresa, los de confianza, que suman esas prestaciones a sus de por sí altos sueldos.

         El ejemplo más claro es el de Jorge Gutiérrez Vega, director general de la empresa, quien tiene un sueldo mensual de 197 mil 642 pesos y que, con las prestaciones descritas --además de dos automóviles y teléfonos celulares-- suma los 250 mil pesos cada mes.

         ¿Merece el director general de la empresa tamaños ingresos, cuando no ha sido capaz de dirigirla con eficacia? ¿Lo merecen también los 10 subdirectores que cobran, cada uno, un promedio de 150 mil pesos cada mes, además de esas prestaciones? Por como actúa el gobierno de Calderón, la respuesta es sí.

         Pero, en contraparte, es delito aspirar a una mejor calidad de vida y es peor todavía que un sindicato actúe para lo que fue creado. Lo correcto es que un trabajador acepte cobrar lo menos posible –en una de esas hasta gratis-- y un sindicato sea sinónimo de mansedumbre.

Y estas parecen ser las recomendaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que condena que, desde 2001, los trabajadores de la industria eléctrica hayan obtenido un promedio de 9% de aumento a sus salarios.

Según un análisis del IMCO, publicado por el diario Reforma el 7 de octubre, la eléctrica es la actividad con el mayor salario promedio del sector industrial, ya que es dos y media veces más alto que el de otras ramas. Así, en 2000, un trabajador del sector industrial cobraba 129 pesos al día en promedio, mientras que uno de la industria eléctrica cobraba el doble: un promedio de 272 pesos.

Ese organismo privado aduce que esta diferencia se ha mantenido desde 2001, el primero de los nueve años de gobierno del PAN, cuando los trabajadores de la industria eléctrica han obtenido una tasa de crecimiento salarial de 9% anual.

Así, según el análisis del IMCO, actualmente un trabajador de la industria eléctrica gana 593.48 pesos diarios en promedio, contra 230.22 pesos de otros sectores, por lo que se mantiene consistentemente el doble de las percepciones.

Otro cosa que al IMCO le parece inaceptable es que un trabajador jubilado de la compañía de Luz y Fuerza del Centro reciba un aumento de 40% con respecto al salario de los trabajadores en activo.

Otros "privilegios" de los trabajadores de esa empresa eran –porque ya no existen más-- que se les practicasen dos exámenes médicos cada año, una ayuda de mil 500 pesos para lentes graduados, entrega de útiles escolares y un aguinaldo equivalente a 54 días de su salario.

         Como se ve, no han sido los "privilegios" del SME los que llevaron a la quiebra a LyFC y, en todo caso, no han sido los únicos a juzgar por la incompetencia y las canonjías de la alta burocracia de la empresa.

Sólo los que no quieren no ven el trasfondo político de la medida que, como otros montajes, tratan de ocultar la ineptitud del gobierno de Calderón que, vengativo, recurre a la represión y, además, el negociazo con la fibra óptica.

Que no se olvide: Calderón convalidó el convenio para explotar ese recurso mediante la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., cuyos principales accionistas son Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, nada menos que secretarios de Energía de Vicente Fox, y que se han callado la boca…

Un manotazo de negociantes

Luis Linares Zapata

 

Frente al desfiladero que el señor Calderón ha empezado a bajar en su ilegítimo sexenio ensaya, una vez más en su pequeña historia, un falso brinco al futuro. El puro estilo del haiga sido como haiga sido otra vez reluce con triste brillo. Una ocasión adicional para entrar a la televisión encadenada que tanto placer acarrea a sus ambiciones. Fiel a su descompostura como funcionario, político y líder, no encuentra otra manera de enfrentar (¿acaso negociando con justicia?) uno de los muchos problemas que aquejan a esta atribulada República: la real modernización del sector eléctrico. En lugar de ello envía, en clásico sabadazo futbolero, a sus secuaces a tomar instalaciones de la LFC sin, en ese preciso momento, las bases legales para ello. Un abierto manotazo de autoridad que muestra, a las claras, tanto su íntimo talante como las deficiencias que lo aquejan como conductor dentro de un Estado de derecho que pretende fundamentar la vida democrática.

El decreto de disolución es un intento de congraciarse, de sopetón, con los mandones de la iniciativa privada, un cómodo grupito que le había retirado simpatías y hecho reclamos en tiempos recientes. También se enfoca el oficialismo sobre ese segmento que lo sigue: la clase media temerosa de los cambios, pero que, de varias inclementes maneras, está siendo afectada por las inacciones, fallas y huidas poco graciosas de la realidad que efectúan los calderonistas, sus patrones y aliados de viaje. Para lograr tales objetos, desde Los Pinos y sus variados cuan nutridos anexos mediáticos, se desató una feroz campaña para situar al SME como el ente abusivo, irredento culpable de todos los males eléctricos y presupuestales. ¡Se atrevían a cogestionar la empresa!, acusó con desprecio inaudito de litigante chicanero el secretario de Gobernación, Gómez Mont. El ensañamiento ha sido brutal y sólo tiene comparación con las andanadas que enderezan contra López Obrador y el movimiento que encabeza. Se ha llegado a sugerir que el SME y el obradorismo recurrirán a Hugo Chávez, ese fenómeno de todas las desgracias continentales, según la versión derechosa. Tampoco se olvidan de los grupos subversivos internos para fortalecer sus desmesuradas andanzas (¿extraña manera de enfocar el derecho al empleo?) otros avezados columneros del oficialismo.

La campaña parte de una serie de supuestos falsos, arreglados al gusto de los alegatos más ramplones y chantajistas tan de uso común por estos días. Calumnia, que mucho va quedando enredado en la opinión colectiva, es la consigna.

La mañosa comparación del subsidio para 2010 a LFC (40 mil millones de pesos) con los recursos empleados contra la pobreza son citados con frecuencia en las afirmaciones de improvisados, rudos, convenencieros y tramposos conocedores. La verdad de casi todos los datos con que se calumnia al SME tiene que ver con lo siguiente: a) las anuales transferencias masivas a LFC se deben al subsidio gubernamental a las empresas privadas que pagan un tercio del costo de la energía y son las que más fluido consumen; b) las fugas crecientes de la energía se deben a todos aquellos consumidores (por lo demás de gran tamaño) que se cuelgan ilegalmente y del que no escapan organismos del Ejecutivo (Los Pinos incluidos); c) parte sustantiva de las ineficiencias se deben a la secular falta de inversiones que, durante pesadas décadas, han deteriorado y hecho obsoletos los equipos e instalaciones; d) la clasista fobia ante el bienestar de algunos trabajadores, tan azuzada como explotada por comentaristas de cargo que les achacan privilegios inexistentes sin atender a que son, por cierto, reales conquistas conseguidas durante casi un siglo de luchas laborales; f) las timoratas, ineficientes administraciones que se han sucedido en los altos cargos de la empresa; g) el elevado costo de la energía que le vende la CFE, 15 por ciento sobre el ya de por sí alto costo que le arriman, a esa empresa pública, los llamados productores independientes, en su mayoría trasnacionales.

Pero el asunto de urgente importancia que se divisa tras la disolución de la LFC son los negocios en puerta que pueden enumerarse. En primer término el señor. Calderón quiere incrementar la tajada de mercado que ya se llevan los concesionarios privados y las trasnacionales en la ilegal producción de electricidad.

A continuación se desea, fervientemente, repartir los futuros negocios de las telecomunicaciones, quizá el segmento más jugoso y de mayor tamaño, entre los traficantes de influencias que ya se mueven con creciente nerviosismo por asentar su avarienta mano sobre las instalaciones de fibra óptica (oscura la llaman otros) de LFC. Durante el foxiato, sus mismos secretarios de Energía (Martens y Canales Clariond), apoyados por abogados panistas de influencia reconocida, se hicieron con leonina concesión a su favor. A lo que parece, el señor Calderón no quiere beneficiar a tales personajes. Sin duda espera sustituirlos por otros afines a su círculo de intereses. Para tal operación se requiere sacar de la jugada al SME, pues pretendía usar esas instalaciones de fibra óptica para escuelas y espacios públicos, una verdadera monserga para los negociantes de las alturas.

Los entendidos de las decisiones cupulares hablan de la victoria del señor Calderón, de su arrojo, del golpe de timón ejecutado con destreza y valentía inauditas, de la gobernabilidad recuperada. Otros ya encontraron datos adicionales, basados en las opiniones de veloces encuestas telefónicas, para asentar el descontento ciudadano con el SME y sus movilizaciones, el rechazo a sus privilegios y el finiquito de los enredos, la corrupción rampante y el desprecio burocrático que facilitó la decisión terminal.

No cabe duda que la campaña surtió efectos según esta historia numérica. Por esa central razón (y otras adicionales de peso indiscutible) los argentinos rompieron los monopolios privados de medios con una ley de avanzada: quieren, sociedad y gobierno, evitar el manipuleo, la opinocracia y la tiranía de los intereses empresariales sobre la ciudadanía, lección que no será posible ocultar y menos aún archivar.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:45
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