Mi?rcoles, 14 de octubre de 2009

Fox, Medina Mora y Abascal, responsables de los abusos cometidos en Oaxaca: unos ministros.

Gudiño Pelayo también atribuye a Calderón parte de la culpa, pues toleró la impunidad

Jesús Aranda

 

El ex presidente Vicente Fox; Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública Federal, y quien fuera secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, son responsables de la violación grave de garantías ocurrida en Oaxaca en 2006 por ser omisos y no cumplir con su obligación constitucional de apoyar oportunamente al gobierno local para superar el conflicto social que se vivía en esa entidad.

Consideraron lo anterior los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío y Genaro Góngora Pimentel al iniciar ayer la discusión sobre el caso Oaxaca. Gudiño también responsabilizó al presidente Felipe Calderón; a su primer secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y a Medina Mora, en su calidad de procurador general de la República (PGR), porque los hechos se prolongaron después del relevo presidencial.

Ante un salón de plenos vacío, al que sólo se permitió la entrada de una comisión de cuatro integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y un fuerte operativo policiaco en el exterior que vigilaba un mitin que realizaron organizaciones que exigen justicia, ayer cinco magistrados –incluido el ministro instructor Mariano Azuela– fijaron su postura en torno al proyecto, cada uno exponiendo su propio matiz.

Azuela y su postura

De entrada, llamó la atención que al presentar su proyecto, Azuela señalara que no iba a responder a los que no estuvieran de acuerdo con su propuesta y que si la mayoría lo rechazaba, entonces lo mantendría como voto particular. Esto, de acuerdo con ministros consultados, podría significar que hay una tendencia mayoritaria contraria a la exoneración del gobernador oaxaqueño y las autoridades federales como lo plantea su dictamen.

Góngora Pimentel arremetió contra el gobernador Ulises Ruiz por actuar con desinterés, no estar a la altura de la problemática de fondo ni de la gravedad de la situación y porque cuando la situación se desbordó en julio de 2006, “desapareció de las negociaciones –con los inconformes–, eludiendo su responsabilidad del cargo para el que fue electo, lo que derivó después en la violación grave de los derechos fundamentales”.

Cossío y Gudiño pusieron énfasis en que el gobierno de Fox no cumplió con su obligación de apoyar al gobierno de Oaxaca, cuyos cuerpos policiacos habían sido rebasados por el movimiento social, permitiendo la instalación de barricadas, bloqueo de calles, toma de edificios públicos y privados, cancelación de clases, entre otras garantías violadas.

Al gobierno federal se le pidió apoyo en reiteradas ocasiones y durante varios meses que fueron cruciales para que la situación de caos y violencia fueran degradándose cada vez más, subrayó Gudiño, quien añadió “meses de insistencia –tanto del Ejecutivo estatal como del Congreso local–, pérdidas humanas y daños tuvieron que suceder para que la Policía Federal Preventiva apoyara al estado de Oaxaca”, Esto, a pesar de que las autoridades locales estaban superadas por la situación, no sólo en cuanto a la seguridad pública, sino en cuanto a las demandas sociales y reivindicaciones del movimiento social.

Subrayó que la Federación no puede ver cómo se desmoronan las cosas, no puede asumir una posición pasiva ni poco activa cuando las cosas están así. No puede intervenir hasta que le supliquen y le rueguen.

El gobierno debe actuar cuando es necesario y con la debida coordinación cuando las cosas son controlables. Aquí todo fue muy a destiempo.

Al igual que Cossío, Gudiño indicó que el artículo 119 constitucional refiere que los poderes de la Unión deben proteger a los estados en caso de trastornos internos y prestarles protección cuando su apoyo es requerido por el Ejecutivo o congreso locales.

Por qué sí Atenco y no Oaxaca, cuestionó al referirse a la rapidez con la que el gobierno federal acudió en apoyo de las autoridades del estado de México. Desde el 13 de junio de 2006, el gobernador Ruiz pidió el auxilio federal, el 14 de septiembre (2006) el Congreso, pero el apoyo llegó hasta el 28 de octubre, aseveró.

La voz discordante fue la del ministro Sergio Aguirre Anguiano: para él no hubo violación grave de garantías individuales –el proyecto de Azuela sí establece dichas violaciones pero exonera al gobernador y a las autoridades federales.

Acusó a los integrantes de la APPO de ser subversivos, de intentar establecer un gobierno popular, de contar entre sus filas con asesores extranjeros y de que algunos de sus dirigentes son guerrilleros.

Aguirre leyó una parte del informe elaborado por la comisión investigadora que integraron los magistrados Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández, en el que no se precisaba la fuente de información.

Y aunque dijo que los subversivos son sere humanos en pleno ejercicio de sus garantías, en su discurso no dejó de señalarlos como los responsables de la violencia que ocurrió en la entidad.

Faltando al compromiso que hicieron al principio de la sesión de que se centrarían en el análisis del proyecto, Aguirre arremetió también contra Cossío, lo que le valió una airada respuesta de éste.

Ministro acusa a Fox de omisión en caso Oaxaca
Negó el apoyo de fuerzas federales por falta de “empatía” con el gobernador: Gudiño Pelayo

Carlos Avilés
El Universal
Por vez primera un ex presidente de la República fue colocado en el banquillo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se analiza la posibilidad de declarar que el gobierno del ex presidente Vicente Fox es responsable, por omisión, de las violaciones graves de garantías que sufrió la población de Oaxaca durante el conflicto magisterial, político y social que se vivió en esta entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.

En la revisión del caso, de manera directa, el ministro José de Jesús Gudiño aseguró que el gobierno federal “dejó mucho tiempo en un estado de abandono absoluto al estado de Oaxaca”, al negarle apoyo de fuerzas federales que estaba obligado a brindar, con lo que prácticamente parecía “no haber Estado”.

Al gobierno federal, recordó, se le pidió, incluso se le rogó, apoyo en varias ocasiones para que interviniera, pero dicho apoyo fue negado durante varios meses, cruciales para que crecieran la violencia y las violaciones de derechos.

Tal parece, dijo Gudiño, que el apoyo se le negó a Oaxaca porque no había empatía entre el gobierno de Vicente Fox con el de Ulises Ruiz, y a manera de ejemplo recordó que en el conflicto en Atenco, en el estado de México, bastaron algunas llamadas para que la Policía Federal llegara a apoyar a la estatal, y para que el Cisen interviniera.

En este punto coincidió el ministro José Ramón Cossío, quien dijo que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se dedicó a tratar de negociar con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) la solución del conflicto, cuando dicha dependencia no tiene atribuciones para negociar. Porque, precisó, la responsable de brindar dicho apoyo era de la secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese momento a cargo del ahora ex procurador Eduardo Medina Mora. Por este mismo motivo, el ministro Genaro Góngora también pidió responsabilizar de los hechos, por parte del gobierno, a Medina Mora.

Pero el ministro Gudiño fue más allá, al señalar entre las autoridades responsables al ex presidente Fox, al fallecido ex secretario de Gobernación Carlos Abascal, y al ex secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora.

Además, a quienes les sucedieron en el cargo, es decir, al presidente Calderón, a Francisco Ramírez Acuña y a Genaro García Luna, respectivamente, “pues no debe perderse de vista que los hechos se prolongaron aún después del relevo”.

Por lo que se refiere a las autoridades locales, el ministro Góngora pidió responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz, por tratar de solucionar el conflicto de manera tardía y por haber ordenado el operativo fallido para desalojar el zócalo de la capital, el 14 de junio de 2006, lo que radicalizó el conflicto.

En su oportunidad, el ministro Mariano Azuela, como encargado del caso, explicó que en el conflicto se registraron dos tipos de violaciones: las que sufrieron las personas ajenas al conflicto y las que se generaron contra los manifestantes por el uso excesivo de la fuerza pública en los operativos. 

Mientras que el ministro Sergio Aguirre se pronunció por declarar que ni las autoridades estatales ni las federales incurrieron en violaciones de garantías, y catalogó a los integrantes de la APPO como un grupo subversivo.

El SNTE y la APPO denuncian inequidad procesal

José Antonio Román

En las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó un desequilibrio e inequidad procesal en favor de las autoridades federal y estatal, y no dio la vista del documento a las partes que solicitaron la investigación, a fin de que emitieran sus observaciones, denunciaron la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las organizaciones civiles y sociales que integran la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En la víspera de que este martes se discuta en la SCJN el dictamen elaborado por el ministro instructor Mariano Azuela, que propone la exculpación de todos los altos funcionarios, las organizaciones inconformes solicitaron que el pleno del máximo tribunal del país reagende la discusión del caso, a fin de que se les permita entregar, de conformidad con las reglas establecidas, el resto de los documentales públicos y privados que tienen en su poder, y formular todas las observaciones pertinentes al dictamen del ministro Azuela.

En conferencia, representantes del SNTE, la APPO y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) enumeraron las acciones y omisiones cometidas por la SCJN durante la investigación, las cuales generaron un desequilibrio procesal que no puede dejar pasar el pleno del tribunal.

La SCJN se limitó a solicitar informes de las diversas autoridades involucradas y afirma que no hay pruebas suficientes respecto de los asesinatos, no tomando en consideración los testimonios aportados por los denunciantes y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y desconociendo las pruebas ofrecidas por la representación de abogados acreditada ante la propia SCJN, dice el comunicado de los profesores y representantes de la APPO.

El dictamen anula a los principales actores, como la APPO, y desconoce la situación jurídica real de las personas que fueron detenidas durante este conflicto, que fueron unas 500 y no 263, como expresa el documento.

Especial mención merece el capitulo de garantías afectadas, pues desde el título rehúsa usar el término correcto de derechos humanos violados, y los considera sólo afectados, en un intento por exculpar al entonces presidente Vicente Fox y al aún gobernador Ulises Ruiz. Aunque son comprobables los casos de tortura cometidos, el ministro Azuela se refiere a ellos como tratos crueles, inhumanos y degradantes de parte de las fuerzas públicas, pero nunca como violaciones.

 

Ambientalistas en apoyo a vecinos de la Col. Reforma
Misael Sánchez / Tiempo

El Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca (COAO) se manifestó ayer en contra de la construcción de la tienda Chedraui en la reserva de Pensamientos, Álamos, Azucenas y Escuela Naval Militar de la colonia Reforma.
Asimismo, en voz de uno de sus dirigentes, el ecologista Nasario García Ramírez, condenó el manejo mediático del Comité de Vida Vecinal (Comvive) para venderle a la ciudadanía la idea de que es necesario destruir uno de los pulmones más importantes de la zona norte de la capital.
Asimismo, dijo que a pesar del ecocidio la mayoría de los medios de comunicación apoyan el proyecto al guardar silencio y señaló que el predio debe ser expropiado por las autoridades estatales para hacer un parque en la zona.
Tras pronunciarse en favor de la expropiación del predio para que los vecinos de la zona y todos los oaxaqueños tengan un jardín de áreas verdes en ese lugar, indicó que desde un principio la negligencia de los 3 niveles de gobierno fue más que evidente y que ahora es necesario sentar un precedente desde el municipio y el Estado para que no se vuelva a repetir el ecocidio del año pasado.
“Aquí está el grito a tiempo de los oaxaqueños que integramos el COAO para demandar única y exclusivamente que se respete el área, porque a más de un año del ecocidio el lugar está lleno de monte y hierbas, pero Chedraui ni siquiera se ha preocupado por mitigar los daños que ocasionó al tirar casi 200 árboles”, dijo.
Tras señalar que los ambientalistas apoyan a los vecinos de la colonia Reforma y que no quitarán el dedo del renglón y mucho menos del Cabildo para que no se autorice la deforestación del predio, dijo que Chedraui vino desde Veracruz no a invertir sino a cometer un agravio en contra de Oaxaca.
“El impacto ambiental y ecológico que se causó en el predio de Pensamientos es irreversible”, dijo al proponer que el predio sea adquirido por el Estado y el Municipio para que en el lugar se cuente con un parque o únicamente un espacio que provee a todos de servicios ambientales.
Para el también dirigente del Frente Ecologista Aguas San Felipe los daños ocasionados por Chedraui no han sido mitigados y tampoco cuentan con autorización del municipio para iniciar trabajo alguno.
Apuntó que el caso debe ser analizado una vez que concluya su gestión el actual Comvive, el cual a través de sus dirigentes solicitó al gobierno capitalino que se autorice la construcción de la tienda comercial a menos de una semana de que ese organismo vecinal releve a sus integrantes.
“Muchos han condenado el hecho, pero hasta ahora nadie ha obligado a Chedraui a sanear los árboles que se quedaron de pie en el predio y mucho menos ha reforestado la zona donde se derribaron”, dijo.
Puntualizó que los ambientalistas no están en contra de las inversiones y que en este caso las mismas autoridades estatales y municipales, así como los mismos vecinos, ya han hecho varias propuestas a los dueños de la empresa para que respeten el predio de la colonia Reforma.

 

 

Dos casos de injusticia penal

Miguel Ángel Granados Chapa

El apoyo del Ministerio Público en testigos protegidos se hace cada vez más frecuente, ligereza que resulta peligrosa

El próximo viernes se cumple un año de la detención en Oaxaca de Juan Manuel Martínez Moreno. Y hace tres meses que está preso Mario Romero Tinoco. Acusado uno de homicidio, el otro de complicidad con el narcotráfico, protagonizan casos por entero diferentes, que tienen un solo dato en común: se les ha inventado como culpables, y la Procuraduría General de la República se empeña en sostener sus señalamientos, como hizo con las mujeres hñahñú de Santiago Mexquititlán, Qro., presas todavía dos de ellas por empecinamiento añadido a la mala fe ministerial.

Martínez Moreno está procesado por el asesinato del periodista norteamericano Brad Will en el periodo más negro de la historia oaxaqueña, el segundo semestre de 2006. La presión surgida de varios focos (por tratarse de un ciudadano norteamericano y de un periodista, y de una más de las víctimas de la violencia desencadenada por el gobierno de Oaxaca contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) condujo a la detención de un funcionario municipal priista, que pronto fue dejado en libertad, para no admitir que las autoridades oaxaqueñas batían a sus opositores y a quienes como Will atestiguaban esa embestida. Transcurrieron casi dos años sin que se indagara nada sobre el caso hasta que en octubre pasado fue capturado un chivo expiatorio.

El juicio a Martínez Moreno transcurre en dos planos, uno en el ámbito penal local en que el juzgador correspondiente da la impresión de haber llegado a la certidumbre de la inocencia del detenido así como, por desgracia, de su imposibilidad de obrar en consecuencia. Por su parte, la defensa de Martínez Moreno ganó ya en su favor un primer amparo y a fines de agosto estaba aproximándose a obtener por segunda vez la protección federal, que significaría la libertad del reo injustamente procesado. Pero la audiencia constitucional fijada para el 31 de agosto no ha podido celebrarse, pues la Procuraduría General de la República actúa como lo haría un abogado chicanero. Se le rechazó una prueba pericial, por extemporánea, y enseguida presentó por ello una queja que no ha sido resuelta por lo que el juicio de amparo está suspendido.

En el proceso penal se confirma la fragilidad de la acusación. Ésta se basa en el testimonio de dos testigos de oídas, ninguno de los cuales ha identificado como presunto responsable a Martínez Moreno. Acaba de ratificar esa posición Karol Iván Illescas, que el día del asesinato de Will era camarógrafo de Televisa, quien contestó negativamente a las preguntas clave en el proceso. Dijo que no sabe quién mató al periodista norteamericano y no conoce a Martínez Moreno, ni lo identifica como persona próxima al acontecimiento que él cubrió. Un video resultado de su tarea muestra que ninguno de los miembros de la APPO que aparecen en la escena portaba armas de fuego, con que Brad Will fue ultimado, sino con piedras, palos y botellas.

Por su parte, el maestro Mario Romero Tinoco fue detenido en su cubículo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 8 de julio pasado. El 26 de mayo anterior se había practicado una redada que condujo a prisión a 10 alcaldes en funciones y a una veintena de funcionarios municipales y estatales, incluido el procurador de justicia del estado y una ex secretaria de Seguridad Pública. Como tardía resaca de esa operación, pues los señalamientos eran los mismos, siguió su suerte Romero Tinoco, a quien se imputó haber ofrecido información a La Familia michoacana, sobre operaciones policiales en su contra, mientras fue alcalde de La Huacana, cargo que el universitario había concluido en 2007.

Romero Tinoco fue conducido directamente al penal de mediana seguridad en San José del Rincón, a las afueras de Tepic, a que el gobierno federal está llevando reos de alta peligrosidad relacionados con el narcotráfico. El propio Romero Tinoco y su familia tardaron en saber de qué se le acusaba, pues fue sometido a incomunicación, medida tan incomprensible como todo el procedimiento que le cayó encima.

El ahora procesado goza de reputación y aprecio públicos mucho más fundados que la acusación penal en su contra, que sólo se sostiene en dichos de testigos protegidos, esa figura dudosa que el Ministerio Público federal está utilizando con ligereza y frecuencia peligrosas. Romero Tinoco se formó como biólogo y como profesor de física y química y adquirió la maestría en conservación y manejo de recursos naturales. Su dedicación y sus saberes lo hicieron director de la Facultad de Biología de la institución nicolaíta. Y luego sus paisanos del municipio de La Huacana lo llevaron a la alcaldía, cargo que aceptó por el servicio que podía prestar pues no estaba en su horizonte entrar en la política, como comprobó al retornar a su labor académica tan pronto finalizó su productivo periodo.

Su gestión de caracterizó por la puesta de su conocimiento y sus relaciones con entidades académicas al servicio de la población de La Huacana, cuyos habitantes, unos 30 mil, enfrentan la avaricia del medio ambiente. Muchos proyectos para producción sustentable se realizaron en esos tres años, y la gestión entera fue objeto de varios reconocimientos nacionales e internacionales.

Nada hay en la biografía de Romero Tinoco ni en su forma de vida, anterior y posterior a su alcaldía, que conduzca a imaginarlo delincuente, favorecedor del narcotráfico. Ni siquiera por miedo cedería a presiones de ese género. Y sin embargo está injustamente preso.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:48
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