Jueves, 15 de octubre de 2009

AMLO reta a Calderón a debate; "está metido en el negocio" energético, acusa

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO, D.F., 14 de octubre (apro).- Andrés Manuel López Obrador retó hoy al presidente Felipe Calderón a un debate sobre la problemática de la industria eléctrica del país.

Además, dijo que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) responde a un interés personal del Ejecutivo federal.

         Durante su segundo día de trabajo por municipios del estado de Oaxaca que se rigen por el sistema de usos y costumbres, López Obrador, aseguró que Calderón y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, "están metidos en el negocio" de la privatización del sector eléctrico.

         En el municipio de San Juan Mixtepec, ante medio millar de simpatizantes, el excandidato presidencial calificó de "rateros, farsantes e hipócritas" a Calderón y a Elías Ayub, ya que la desaparición de la LFC no fue provocada por "el cúmulo de privilegios" de los trabajadores sindicalizados, como ha asegurado el gobierno federal, lo cual "es mentira", sino por "la gran corrupción interna, y eso lo sabe muy bien el pelele".

"El problema no lo causaron los trabajadores ni sus aparentemente privilegios laborales", subrayó.

López Obrador dijo además que Calderón Hinojosa debe de responder por qué extendió millonarios contratos a empresas privadas, principalmente de capital español, para la extracción de gas natural en la Cuenca de Burgos y para importar el combustible de Perú, cuando se desempeñó como secretario de Energía durante el sexenio de Vicente Fox.

         Recordó que Calderón autorizó un contrato por 2 mil 400 millones de dólares a la firma española Repsol para la extracción de gas de la Cuenca de Burgos, sin que hasta la fecha haya resultados. Eso, acusó, "representa un fraude a la nación".

Asimismo, señaló que Calderón entregó otro contrato a la misma compañía, por 25 mil millones de dólares, para la importación de gas desde Perú, y el principal promotor de ese negocio fue Alfredo Elías Ayub.

"Ahora, tanto Calderón Hinojosa como Elías Ayub se colocan como jueces en el proceso de liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro", criticó.

López Obrador explicó que los trabajadores especializados de Luz y Fuerza tenían un ingreso mensual equivalente a unos 10 mil pesos, "cantidad que sería deseable que ganaran todos los obreros mexicanos" y no los privilegios que alega Calderón.

Reiteró su decisión de defender los derechos de los trabajadores electricistas y consideró como un acto irresponsable y una barbaridad la decisión de cerrar Luz y Fuerza del Centro y despedir "de un plumazo" a más de 40 mil trabajadores, así como dejar en la incertidumbre a aproximadamente 20 mil jubilados.

"En épocas tan difíciles, como los actuales, con tanta inseguridad, violencia y desempleo, toma la decisión el mequetrefe de Calderón de desaparecer Luz y Fuerza del Centro y de despedir a más de 40 mil trabajadores", concluyó.

 

Atroz, ocupar con fuerzas federales sedes de Luz y Fuerza, señalan sindicatos de EU

Reagan, un tigrito en comparación con Calderón, acusan; se solidarizan con el SME

David Brooks

Corresponsal

Nueva York, 14 octubre. Sindicatos nacionales estadunidenses y la central obrera AFL-CIO denunciaron hoy que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) son un intento de romper a un gremio, una severa violación de derechos laborales y parte de una iniciativa para privatizar el sector eléctrico.

Leo Gerard, presidente internacional de United Steelworkers, el poderoso sindicato nacional siderúrgico de Estados Unidos, declaró que fue un acto atroz del gobierno mexicano emplear fuerzas federales para tomar el control de la empresa pública, despidiendo a los trabajadores y efectivamente desbandando así su sindicato.

Agregó que “esta acción es parecida a otras tomadas contra el sindicato minero y ofrece mayores pruebas de la agenda antitrabajadores y antisindical del gobierno y su política de tierra arrasada contra los sindicatos democráticos e independientes”.

Agregó Gerard: nos proclamamos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en estos sindicatos y llamamos a que el gobierno revierta esta decisión y resguarde los derechos internacionalmente reconocidos de libertad de asociación y la negociación del contrato colectivo.

En un comunicado, el sindicato siderúrgico considera que el anuncio oficial de desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la liquidación de los trabajadores tras tomar por asalto plantas de la empresa con policía federales es un intento del gobierno de eliminar al SME, crítico frecuente de las políticas de Calderón.

Afirma que parece que al tomar el control de Luz y Fuerza el gobierno trama fusionar sus instalaciones con las de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y venderlas a una empresa privada.

La central AFL-CIO, conformada por 57 sindicatos nacionales con 11.5 millones de agremiados, también denunció la medida.

Stan Gacek, director asociado del departamento internacional de esa central, declaró a La Jornada que la AFL-CIO repudia esa forma tremenda de romper un sindicato, y señaló que se parece mucho en esencia a las acciones emprendidas contra el sindicato minero mexicano.

La agrupación solicita que se revierta la decisión de Calderón, se dé fin a la ocupación de las instalaciones y se emprendan negociaciones de buena fe.

La AFL-CIO, afirmó Gacek, ha observado la acción unilateral para eliminar LFC, la ocupación de las plantas por fuerzas federales y el despido masivo de los trabajadores, y considera que con el plan para fusionarla con la CFE se tiene el propósito de vender toda la operación a una empresa privada.

Por tanto, abundó, se interpreta que al eliminar al SME se supera uno de los obstáculos para tal propósito, ya que ha sido una fuerza contraria a la privatización.

Gacek subrayó que la AFL-CIO declara su plena solidaridad con el SME, al igual que con el sindicato minero, y demanda el fin de la represión contra estos gremios y las violaciones de los derechos sindicales.

Por su parte, el sindicato de empresas de servicios públicos (incluye a los electricistas de plantas de generación y distribución) de Estados Unidos –Utility Workers Union of America– también condenó las acciones.

Carl Wood, director nacional para asuntos gubernamentales y de regulación de ese sindicato, afirmó en entrevista con La Jornada que no sólo emitirán declaraciones de apoyo, sino trabajan con otras organizaciones para responder con acciones a la maniobra del gobierno de Calderón, que hace que en comparación Ronald Reagan (el presidente más antisindicalista en tiempos modernos) se vea sólo como un tigrito, ya que (en México) se enviaron hasta tropas.

Destacó: no es un precedente que podamos permitir (...) estamos en lucha constante contra la desregulación aquí, y el SME, por su lado, contra la privatización, lo cual es esencialmente el mismo tema. Si ellos pierden esa lucha, los trabajadores en México estarán enfrentando a las mismas empresas estadunidenses con las que batallamos aquí.

Vecinos bloquean vías por falta de electricidad
Por segundo día consecutivo, el DF y el estado de México enfrentaron apagones e interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron incluso el servicio del Metro en la capital del país

Edith Martínez y Johana Robles
El Universal

Por segundo día consecutivo, el Distrito Federal y el estado de México enfrentaron apagones e interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron incluso el servicio del Metro en la capital del país.

La Secretaría de Protección Civil reportó que al menos 70 colonias de la capital del país se quedaron sin luz, lo que motivó incluso que los vecinos bloquearan vialidades para exigir la normalización del servicio.

El titular de la dependencia, Elías Miguel Moreno Brizuela, dijo que “todo se le está saliendo de control” (a la Comisión Federal de Electricidad), y expresó su preocupación por la posibilidad de que puntos estratégicos de la ciudad como hospitales y escuelas, incluso el aeropuerto, puedan resultar afectados por las fallas eléctricas.

Ayer por la mañana una interrupción en la energía en la Línea 8 del Metro ocasionó la suspensión del servicio por más de una hora entre las estaciones Garibaldi y Obrera. El Sistema de Transporte Colectivo informó que un cortocircuito causó el problema.

En Tláhuac, el delegado Rubén Escamilla dijo que en cinco puntos de la demarcación se registraron interrupciones en la energía.

En Toluca, el gobernador Enrique Peña Nieto mencionó que hay suficientes elementos para afirmar que los apagones registrados en distintos puntos de la entidad son producto de sabotajes. Responsabilizó de ellos a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, como parte de su lucha de resistencia.

En los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc, varias comunidades se quedaron sin electricidad durante horas.

El director de Servicios Públicos de Texcoco, José Luis Pérez Ramírez, confirmó que las fallas comenzaron a reportarse desde las 8:00 de la mañana.

La falta de energía eléctrica afectó viviendas, comercios y planteles educativos, indicó el funcionario municipal.

SME y el Estado impune.

 

Adolfo Sánchez Rebolledo

Con el manotazo contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el gobierno de Felipe Calderón cruzó una frontera que parecía infranqueable: poner en la calle a 44 mil trabajadores de un solo golpe y desaparecer al sindicato que los representa mediante un mismo acto de poder. El Presidente prosigue, y en cierta forma supera, la penosa historia antisindical que ha impedido, mediante la intervención del Estado, la formación de un sólido movimiento obrero autónomo e independiente. Esta vez, el ataque ha sido dirigido contra un gremio particularmente combativo e irritante para el poder, capaz de cometer errores, sin duda, pero inmerecedor del trato ilegal al que se ha visto sometido.

La afectación de los derechos de los trabajadores electricistas se puede comparar, en cierto sentido, a la sufrida por otros grupos tras padecer represiones masivas y violentas, con el agravante de que en esta ocasión la liquidación del sindicato se quiere hacer pasar como un acto salvador, pacífico, ajustado a derecho, y no como una arbitrariedad del Ejecutivo que ignora el diálogo social, pero también la ética y los derechos humanos que el gobierno debería defender y tutelar.

Y es que, al parecer, para cuadrar las cifras, al Presidente y sus amigos les es suficiente con ofrecer una buena indemnización, como si en tiempos de crisis y desempleo se pudiera reparar el daño vital que se ha infligido a numerosos padres de familia. Si en la decisión presidencial operó un primitivo deseo de venganza contra el sindicato por sus conocidas posturas políticas, en seguida destaca el propósito de consumar, desde arriba, sin el concurso de instituciones como el Congreso, en ausencia de toda genuina deliberación pública, una vía hacia la reforma del sector eléctrico, cuya privatización definitiva es uno de los objetivos prioritarios del grupo gobernante. Con la pretensión de destruir al SME, el gobierno anuncia que está listo para la reforma laboral que ya se perfila sin contar con la interlocución de los sindicatos independientes.

El éxito momentáneo de su deleznable guerra mediática depende, en cierta forma, del rencor instalado hacia el sindicalismo derivado de la herencia priísta corporativista, aprovechado por la derecha para llevar agua a su molino. Tal actitud forma parte de una ideología que contrapone la caridad a la solidaridad, el esfuerzo del individuo frente al colectivo. El clasismo apenas se oculta tras el velo ideológico de la decencia, concebida como seña de identidad de las buenas costumbres frente al peladaje (organizado) de los asalariados.

Erizado de temores excluyentes, ese pensamiento conservador condena por igual a los sindicatos charros que a los independientes (en especial a los líderes), pues se les asocia con una actividad de suyo impura, corrupta, contraria a la del buen emprendedor hecho por sí mismo que puebla el imaginario neopanista y clasemediero, lo cual no obsta para que sea posible brindar con el sindicalismo más corrupto y vertical, con los sindicatos blancos o administradores de contratos de protección, siempre que sean sumisos a los intereses del capital y aguerridos defensores del orden establecido. Por eso callan cuando no aplauden los priístas, el panal y los empresarios. Tales campañas contra el plebeyismo, agudizadas por la simultaneidad de la demagogia contra la pobreza y la alianza con los charros, indican que la intolerancia de las elites para actuar a muerte contra sus enemigos sin contrapesos sociales ha comenzado el viaje sin retorno, a menos que la sociedad decida actuar para impedir la deriva autoritaria que hasta un ciego puede observar.

Aunque sólo fuera por eso, resulta inconsecuente pedir al Presidente que limpie la casa de malos sindicalistas, como si tuviera derechos superiores a los que garantizan la autonomía de sus organizaciones. Pero sí hay que exigirle que saque las manos para apoyar a los líderes de su conveniencia, que no asalte los centros de trabajo sin orden judicial, que no convierta la toma de nota en un tamiz anticonstitucional de legitimidad y que responda por el daño moral causado por la reiteración pública de sus mentiras.

Se dirá que a la configuración del problema concurrieron otros factores. ¿Alguien podría negar el papel que la división sindical jugó en la gestación del golpe de mano? Pero ninguna crítica exime al Presidente de conductas irresponsables: pretender desbarrancar al sindicato hacia un conflicto interno cuando ya se había decidido (5 de octubre) la extinción de la empresa; emplear la fuerza federal sin delito que perseguir, pues en un país desangrado por la violencia criminal y la inseguridad, tanta diligencia represiva torna nulo el diálogo para gestionar la crisis con métodos democráticos. Además, las cifras habilitadas con la finalidad de probar que el contrato colectivo es causa de la crisis, dejan en el limbo datos importantes, como el referido a los precios de transferencia de la energía, a los subsidios a los grandes consumidores industriales o la porción de las pérdidas vinculadas con el régimen tarifario en vigor, es decir, la suma de actos de autoridad de los que no se puede responsabilizar a los trabajadores. En fin, el sabadazo ratificó que la privatización es mucho más que una operación de compraventa de los títulos de una empresa pública, ya que ésta comienza cuando la administración nombrada por el gobierno debilita el funcionamiento productivo a fin de justificar la apertura al capital privado. 

Hoy es obvio que la supuesta modernización de la industria eléctrica camina en sentido contrario al que plantearon los electricistas encabezados por Rafael Galván: en lugar de integración y unidad sindical democrática, nos acercamos a un régimen cuyo corolario lógico sería la vuelta en escala superior al que prevalecía antes de la nacionalización de 1960, pero sin la resistencia sindical que favoreció el cambio hasta… que el gobierno decidió aplastar a la Tendencia Democrática. El tiempo dio la razón a Galván. Sólo una gran reforma, fundada en los principios constitucionales, puede evitar que la CFE sea cada vez más un elefante blanco al servicio de las compañías privadas que ahora exigen mayores tajadas de la generación, así como el paso libre hacia la transmisión, venta y distribución de la energía, aparte de las concesiones que les otorguen para explotar la fibra óptica y otras alternativas tecnológicas.

Aunque el castigo al SME se quiera hacer pasar como una acción de rescate de una empresa secuestrada por el sindicato, su liquidación busca anular una fuente de perturbación política e ideológica (a la izquierda) ante la lucha por el poder en curso. Y eso es lo más grave, pues la creencia en la certeza del éxito por parte del grupo presidencial (impermeable a cualquier sorpresa) renueva las tentaciones más autoritarias de viejo y nuevo cuño.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:54
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