Jueves, 15 de octubre de 2009

Violó Ulises Ruiz garantías individuales durante el conflicto en Oaxaca: SCJN

Jesús Aranda. La Jornada.

 

El gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves de garantías individuales ocurridas en Oaxaca, resolvió ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por siete votos a cuatro.

Los ministros consideraron que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en desorden generalizado en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.

En una sesión en la que algunos ministros cambiaron de opinión y votaron en contra de sus afirmaciones previas, el máximo tribunal rechazó por ocho votos a tres la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío de incluir al ex presidente Vicente Fox; a Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, y a Carlos Abascal, quien fue titular de Gobernación, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en la entidad diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de derechos fundamentales.

Exentos de responsabilidad

También quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.

A su vez, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al mandatario oaxaqueño pretender trasladar el problema a la autoridad federal.

Ningún integrante del pleno apoyó a Silva Meza en su intención de responsabilizar también al presidente Felipe Calderón –argumentó que la violación de garantías continuó después del relevo presidencial–, y sólo hubo apoyo para agregar, entre las garantías individuales violentadas, el derecho a la información.

Quedaron en palabras también las intervenciones de ministros que afirmaron el pasado miércoles que las autoridades federales incurrieron en omisión al no atender a tiempo la petición del Ejecutivo y el Congreso oaxaqueños de apoyar a la fuerza pública local para resolver el conflicto social que se vivía.

Después de dos días de sesiones, en los que cada ministro fijó su postura sobre la investigación solicitada en 2006 por la Cámara de Diputados, el pleno resolvió con velocidad inusitada una investigación que duró año y medio y fue sintetizada en un proyecto de 923 cuartillas.

Los ministros sólo coincidieron en señalar que hubo violación generalizada de garantías.

La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.

También responsabilizó a policías locales y federales que incurrieron directamente en el uso excesivo de la fuerza en los operativos en que tomaron parte.

Ayer la voz discordante fue la del ministro Silva Meza, quien enfatizó que los hechos en Oaxaca pasarán a formar parte como páginas negras del libro de la historia de nuestro país.

Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República, de haber mentido en el informe que entregó sobre los hechos, al aseverar que no habían participado agentes federales en tres cateos. También censuró al Ejército por negarse a informar los nombres y cargos de los soldados que participaron en los operativos, aun cuando estuvieran en calidad de comisionados en la PFP.

Infructuosamente, Silva Meza convocó a sus compañeros a reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, para actuar en contra de los servidores públicos que hayan vulnerado sus garantías individuales.

Tampoco se sumaron a su exigencia de considerar violado el derecho a la verdad, “entendido como un mecanismo de reparación de derechos humanos, como una medida de no repetición.

Al estudiar el caso Oaxaca, a la luz de lo ocurrido en Atenco, podríamos concluir que estamos frente a una responsabilidad de Estado agravada, lo cual vuelve imposible exculpar a quienes estuvieron encargados del mando de las fuerzas federales en ambas ocasiones, dijo, y añadió que los dos casos, que fueron analizados por la Corte, sucedieron con pocos meses de diferencia; que en el ámbito federal involucra a varias autoridades: el mismo titular del Ejecutivo, el mismo secretario de Gobernación, el mismo titular de Seguridad Pública federal, el mismo procurador.

La resolución que señala la responsabilidad de Ruiz, aprobada por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, será enviada, una vez que se redacte la versión final del dictamen, al presidente de la República, al Congreso, a los gobernadores, a los procuradores –incluido el General de la República– y a los titulares de Seguridad Pública federal, estatales y municipales.

La Suprema Corte ordenó también que la resolución se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca.

Corte responsabiliza a Ulises Ruiz por conflicto en Oaxaca

JORGE CARRASCO ARAIZAGA. Proceso

MÉXICO, D.F., 14 de octubre (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró responsable al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto con la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), entre 2006 y 2007.

Por mayoría de ocho votos contra tres, los ministros determinaron que el gobernador fue omiso en garantizar la seguridad pública, propiciando el desorden generalizado por parte de particulares y que afectó los derechos fundamentales de la comunidad.

Sin embargo, también por una mayoría de ocho votos, decidieron excluir a las autoridades federales del gobierno del expresidente Vicente Fox.

De esa manera, exculparon al entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), Ardelio Vargas Fosado, actual diputado del PRI por Puebla y presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

También fue liberado de responsabilidad el entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP (hoy Policía Federal), Héctor Sánchez Gutiérrez, quien recién fue designado secretario de Seguridad Pública de Campeche.

La decisión de la Corte será notificada al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, puesto que éste solicitó que la Corte ejerciera su facultad de investigación.

La resolución carece de efectos vinculantes, por lo que dependerá de la Cámara de Diputados si se solicita el juicio político contra Ruiz; mientras que la investigación de los delitos violatorios de los derechos humanos dependerá de las autoridades de procuración de justicia.

Desde la reforma judicial de 1995, es la segunda ocasión en que la Corte determina la responsabilidad de un gobernador. El primero fue Rubén Figueroa, de Guerrero, por la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1996.

En la sesión extraordinaria del pleno de la Corte realizada este miércoles, los únicos ministros que pretendieron exculpar del todo al gobernador oaxaqueño fueron Sergio Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández.

Para el primero, ni siquiera hubo violaciones graves a los derechos humanos en los hechos que, de acuerdo con la Corte, dejaron 12 muertos y cerca de 200 detenidos.

Valls dijo que sí hubo violaciones graves, pero no se podían atribuir al gobernante, pues "no tenía la obligación de cuidar a la fuerza pública" que cometió los abusos.

El ministro Mariano Azuela, quien estuvo a cargo del proyecto de resolución, proponía que la responsabilidad del gobernador era "atenuada", pues carecía de recursos para tener una policía eficaz y profesional.

Al momento de votar si la participación del gobernador tenía tal carácter, la ministra Margarita Luna Ramos decidió sumarse al ponente, con lo que fueron cuatro los ministros que salieron en defensa del gobernador. El resto de los siete ministros decidió que se trataba de una responsabilidad "lisa y llana".

Ante la posibilidad de que se inicie un juicio político contra el gobernador, Marco Tulio Ruiz, abogado del gobernante, declaró al final de la sesión: "Estamos listos para cualquier escenario".

La mayoría de ministros resolvió también que como parte de la violación grave a los derechos humanos durante el conflicto, estuvo el del derecho de acceso a la información.

El ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, precisó en qué consistía la responsabilidad del gobernador y por qué había que excluir al gobierno de Fox:

"El deber de actuar fundamental se centra en el gobernador. La Federación no tenía la obligación de intervenir de inmediato... No se cuidó el orden público en la ciudad y esta omisión es a cargo del gobernador... (lo que) dio como resultado el desorden generalizado, por parte de los particulares, y la afectación de derechos fundamentales."

Al excluir al anterior gobierno, los ministros resolvieron que el de Felipe Calderón tampoco tiene responsabilidad, a pesar de los hechos ocurridos en julio de 2007, durante la Guelaguetza, en el cerro de El Fortín.

Limitados al gobierno oaxaqueño, los ministros se quedaron con los nombres de los funcionarios mencionados en el proyecto: el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas; y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

La investigación –que duró un año y medio– también identificó a diez mandos, entre ellos, Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.

Excluidos los mandos operativos de la PFP, los agentes oaxaqueños serán los únicos que carguen con la acusación de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los operativos del 14 de junio de 2006 para desalojar a la Sección XXII del SNTE, y el efectuado el 28 de octubre de ese mismo año para acabar con el movimiento de la APPO, así como del enfrentamiento que de julio de 2007.

APPO exige la renuncia de Ulises Ruiz

Luego del dictamend e la Corte, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

 

Calla Ulises Ruiz; PRD promoverá juicio político

LA REDACCIóN. Proceso

MÉXICO, D.F., 14 de octubre (apro).- El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se abstuvo de opinar sobre la resolución de la Corte  que lo acusó de omisión en los hechos de violencia ocurridos en esa entidad entre 2006 y 2007, lo que propició, dijo, un desorden generalizado y la violación a las garantías individuales de la comunidad.

         En un escueto comunicado emitido por el área de prensa del gobierno estatal, Ulises Ruiz se limitó a señalar que esperará a conocer las conclusiones definitivas para fijar una postura al respecto.

         Dijo:

"En relación con la opinión que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la investigación que realizó, el Gobierno del Estado de Oaxaca estará atento a las conclusiones definitivas para dar una opinión al respecto".

         Los que no esperaron fueron los diputados del PRD que anunciaron que promoverán un recurso de juicio político contra el gobernador de Oaxaca.

En la sesión de este miércoles en San Lázaro, los 71 legisladores de la bancada del PRD señalaron que Ruiz debe responder ante la justicia por sus responsabilidades en el conflicto de la APPO, para lo cual pedirán ante el pleno, en la sesión de este jueves, que la Cámara de Diputados exhorte al Congreso de Oaxaca a llevar a juicio político al gobernante de esa entidad.

En representación de su bancada, la diputada Juanita Arcelia Cruz declaró que la investigación de los ministros de la SCJN debe servir para retirar del puesto al gobernador, pues "solapar a Ulises Ruiz tendrá un costo para quienes lo encubran de la acción de la justicia, dado que la sociedad está atenta a lo que ocurre en las cúpulas".

En el mismo sentido se pronunció Flavio Sosa Villavicencio, quien dijo que el Congreso de la Unión deberá asumir su papel histórico y someter a juicio político a Ruiz Ortiz por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.

Asimismo, el líder del movimiento appista adelantó que recurrirán a tribunales internacionales para exigir castigo para el expresidente Vicente Fox y mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP).

         Al respecto, el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi, dijo que fue el expresidente quien envió a la PFP para cometer muchas arbitrariedades, por lo que no estaba de acuerdo en no imputarle responsabilidad alguna.

No obstante, manifestó que la decisión de la SCJN prueba los dichos del movimiento magisterial y popular sobre la responsabilidad de las detenciones ilegales, tortura y asesinatos de 26 personas durante el conflicto en Oaxaca.

Este miércoles, la SCJN encontró responsable al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto con APPO, entre 2006 y 2007.

Por mayoría de ocho votos contra tres, los ministros determinaron que el gobernador fue omiso en garantizar la seguridad pública, propiciando el desorden generalizado por parte de particulares y que afectó los derechos fundamentales de la comunidad.

Sin embargo, también por una mayoría de ocho votos decidieron excluir a las autoridades federales del gobierno del expresidente Vicente Fox, con lo que exculparon al entonces jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, así como al entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de esa corporación (hoy Policía Federal), Héctor Sánchez Gutiérrez.

ULISES RUÍZ DEBE PAGAR POR LO OCURRIDO EN 2006: BENJAMÍN ROBLES     

 

Escrito por Lino Cervantes   

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara que Ulises Ruiz Ortiz es responsable directo de la violación de garantías individuales registradas en el conflicto social, político y magisterial de Oaxaca en 2006, el Coordinador de los diputados de Convergencia en el Congreso local, Benjamín Robles Montoya celebró que finalmente un órgano ha tenido el valor de reconocer que el actual gobernador del estado oaxaqueño es el principal culpable del los acontecimientos tan lamentables que dejaron marcada a la ciudadanía de este estado.

Al concluir la segunda sesión de revisión del caso Oaxaca, La SCJN determinó que durante el periodo comprendido entre mayo de 2006 a enero de 2007, se violaron de manera grave derechos fundamentales como lo son el de acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, así como de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información. Derechos que en la actualidad, siguen siendo coartados por quienes de manera demagógica ejercen el poder desde hace cinco años, dijo Robles Montoya.

"Los dirigentes de Convergencia aplaudimos que los ministros de la Suprema Corte hayan estudiado detenidamente el caso y finalmente se señale directamente a Ulises Ruiz como violador sistemático de los derechos humanos, así mismo, esperamos que al tener conocimiento de dicha resolución, el Presidente de la República, la Procuraduría General y los Congresos tanto federal como estatal finquen a Ulises Ruiz Ortiz, a José Manuel Vera Salinas, director General de Seguridad Pública del Estado; al teniente de Navío José Moreno Rivas, director de la Policía Ministerial, y al de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes, las responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas necesarias para que el caso Oaxaca 2006 no quede en la impunidad" declaró enfático el también Presidente del Consejo de Convergencia.

Demanda Juicio Político Para Ulises Ruiz Ortiz: Otilia Galindo                               

 

Escrito por PT   

• Las violaciones a los derechos humanos en el 2006 deben ser castigadas.
• Exige la salida del cargo de Gobernador de Oaxaca.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera que Ulises Ruiz Ortiz, es responsable de la violación de una serie de garantías individuales que se registraron en el conflicto magisterial, político y social en mayo de 2006 a enero de 2007 en la entidad, la Delegada Nacional del Partido del Trabajo (PT), Otilia Galindo García celebró que por fin se les hiciera justicia a los oaxaqueños, los cuales padecieron violaciones a sus derechos por parte del actual gobernador.

Galindo García, enfatizó que después de que la Corte concluyera que se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información. Aseveró que estos derechos actualmente en Oaxaca han sido violados por Ruiz Ortiz desde que inicio la gubernatura de la entidad.

La Delegada Nacional del PT, manifestó que Ulises Ruiz Ortiz debe de pedir licencia y se debe de retirar del cargo, ya que las injusticias que ha cometido deben de ser sancionados por la Ley.

Asimismo, señaló que celebra que los ministros hayan revisado nuevamente el caso Oaxaca y determinaran responsable al gobernador Ulises Ruiz como el culpable de las violaciones a los derechos humanos.

"Ahora esperamos que el Presidente de la República, la Procuraduría General y los Congresos tanto federal como estatal determinen las responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas necesarias para entablar un juicio político y así el caso Oaxaca 2006 no quede impune", indicó.

 No obstante, mencionó que de igual manera deben de ser infringidos José Manuel Vera Salinas, director General de Seguridad Pública del Estado; al teniente de Navío José Moreno Rivas, director de la Policía Ministerial, y al de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes, los cuales también fueron determinados por la SCJN.

 

MARCHAN MILITANTES DE LA APPO.

Con información de :www.oaxacaenpiedelucha
Desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca, "La ciudad de la Resistencia".

Integrantes de la Asamblea Popular festejaron este día la decisión de la corte al declarar culpable lisa y llanamente de violaciones a las garantías individuales a Ulises Ruiz Ortiz, pero no nos confiamos dijeron, porque aún falta que se aplique la justicia en este caso, ya que se esta trabajando para que se le siga el juicio político a este tirano dijeron. Esto coincidió con el tercer aniversario de la muerte Alejandro García, quién fue asesinado por militares en la parte más álgida del conflicto en el año 2006 cuando él y su familia habían llegado a dejar comida a los miembros de la barricada de Símbolos patrios.

En un mitin intermedio en el recorrido entre el llano y la avenida símbolos patrios, el responsable de la región de valles centrales d e la sección XXII José Alfredo Martínez dijo también que la lucha sigue y que ahora es necesario apoyar a los compañeros del SME que están en lucha por que "No debemos olvidar que los compañeros también apoyaron a Oaxaca en el 2006 con poco más de 1o toneladas de víveres que hicieron llegar a  este estado para resistir la lucha contra el tirano" dijo.

Al termino del mitin la marcha continuó su camino con rumbo a Símbolos Patrios donde al llegar la marcha, dio inicio el programa político cultural en memoria del compañero Alejandro que falleció hoy hace tres años, así por un lado se recuerda al compañero y por otra, se abre un una esperanza para hacer que el tirano pague por este y por todos sus crímenes contra el pueblo oaxaqueño.


Publicado por solaripa69 @ 9:59
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