Lunes, 19 de octubre de 2009

Cúpula y gobernadores priístas avalan aumento del IVA a 16%

Dan su apoyo al proyecto oficial si el PAN carga con el costo político

Piden que el excedente recaudado no se destine a Oportunidades

Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) y la cúpula del PRI acordaron incrementar la tasa de IVA a 16 por ciento en el país y a 11 por ciento en la frontera –excepto en alimentos y medicinas–, apreciar a 59 dólares el barril de petróleo, subir a 1.5 por ciento el déficit fiscal e imponer una tasa de 2 a 3 por ciento a telecomunicaciones.

En concordancia, anoche el PAN se expresó abierto al diálogo con las otras fuerzas políticas para contribuir a un clima de entendimiento y escuchar otras propuestas y visiones que mejoren la recaudación.

No obstante, el PRI y el gobierno no tocarán a los grandes consorcios empresariales, al diferir la discusión y el debate de los cambios a los regímenes especiales, como la consolidación fiscal que tan sólo en 2008 impidió recaudar 750 mil millones de pesos.

Esas medidas constituyen la moneda de cambio para que el PRI rechazara definitivamente el impuesto de 2 por ciento al consumo generalizado, para no tener que violar sus estatutos, pero sí recuperar los recortes al gasto de los estados. El acuerdo implica que sea el PAN el que cargue con el costo político, al proponer el aumento del IVA.

Ayer, los gobernadores surgidos del PRI ordenaron a sus diputados que lo recaudado por el incremento a ese gravamen no se traslade, como planteó Felipe Calderón con el 2 por ciento generalizado, al programa Oportunidades, porque éste se ha constituido en una fábrica de pobres, al entregar sólo dádivas que no inciden en la producción y el empleo, sino que se trasfiera a las entidades.

La intención del priísmo es que Oportunidades se replantee para orientarlo al desarrollo de capacidades, generación de empleo y proyectos productivos a fondo perdido.

La negociación entre el gobierno de Felipe Calderón y los priístas se concretó el sábado en las oficinas del titular de la SHCP, Agustín Carstens. Ahí, un grupo selecto de diputados priístas recibió la propuesta, una vez que le explicaron al funcionario la reticencia de un amplio sector de la bancada en contra del 2 por ciento.

Carstens, quien ya tenía preparada una segunda opción para tapar el hoyo financiero que implicaría no cobrar ese gravamen al consumo, puso sobre la mesa el aumento del IVA, acompañado del ajuste en la cotización de la mezcla mexicana de exportación y en el déficit.

La propuesta de Carstens se trasladó ayer a una comida a la que asistieron la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel; el senador Francisco Labastida Ochoa; el coordinador de los diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, y 10 de los 18 gobernadores priístas, entre ellos los de Oaxaca, estado de México, Chihuahua y Yucatán.

Durante el encuentro celebrado en la sede nacional del PRI, la propuesta gubernamental fue avalada, pero a condición expresa de que el costo político no recaiga en el tricolor, para no afectar sus compromisos electorales, con miras a la sucesión de 2012.

En este caso, como se los pidió Carstens, los priístas sólo acompañarían al PAN en la votación, y en un caso extremo se deslindarán durante el debate en el pleno. La reunión entre los gobernadores priístas y la cúpula de su partido trastocó la agenda de trabajo prevista en la Cámara de Diputados para discutir y, en su caso, aprobar el paquete fiscal en la Comisión de Hacienda, que fue convocada a las 14 horas. Se reprogramó para las ocho de la noche, cuando terminara la plenaria de la bancada priísta.

Incluso echó abajo la cita que se había emitido a todos los diputados del PRI para reunirse al mediodía en el salón Verde de la Cámara. A partir de entonces, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alberto Becerra Pocoroba (PAN), quedó inhabilitado por los priístas, quienes al no presentarse a su cónclave para recibir información de las negociaciones con Hacienda, tampoco podían incorporarse a la comisión.

La comida en la sede nacional del Revolucionario Institucional se prolongó hasta cerca de las 18 horas, y casi simultáneamente un grupo de 50 diputados de ese partido se concentró en el salón Verde, con la esperanza de que el grupo del tema económico bajara la información de los acuerdos con la dirigencia.

A los legisladores les habían llegado versiones provenientes de los corrillos en San Lázaro, en el sentido de que aumentar a 16 por ciento el IVA constituye una alternativa a la propuesta de Felipe Calderón. ¿Qué traen ustedes, que siempre saben más que nosotros?, preguntó un diputado al grupo de reporteros asignados a la cobertura de la Cámara.

Beatriz Paredes, al enterarse del creciente descontento que generó entre un importante grupo de diputados del PRI que no recibieron información del rumbo de las negociaciones, envió a César Augusto Santiago y a Jorge Carlos Ramírez Marín a brindarle a la cúpula un voto de confianza.

El coordinador de la bancada priísta, Francisco Rojas, les garantizó que el acuerdo de aumentar el IVA no pasará a la Comisión de Hacienda sin antes ponerse a consideración en el seno del grupo parlamentario, que está convocado para hoy al mediodía en el salón Verde.

Ramírez Marín, en entrevista matizó los compromisos con la Secretaría de Hacienda: no estamos negociando en este momento, estamos consultando sobre la propuesta que hizo el Ejecutivo y la que tenemos que hacer nosotros para recortar lo que nos propuso.

Obviamente la propuesta de Felipe Calderón para imponer un impuesto de 2 por ciento al consumo generalizado nació muerta para los priístas, porque sus estatutos impiden apoyar que se aplique cualquier tipo de gravamen a alimentos y medicinas.

Omar Fayad Meneses amagó sobre el acuerdo de la dirigencia con el gobierno de Calderón: todos los que están afuera opinando no están en el salón ni en el pleno; cada diputado tendrá que decidir conforme a los intereses de sus distritos, de la gente que votó por ellos. La última palabra la tenemos nosotros.

Consideró casi imposible que se apruebe el 2 por ciento al consumo. Todavía no le doy la estocada final, pero casi está por recibirla.

Guadalupe Acosta, vicecoordinador del PRD, rechazó la propuesta de incrementar el IVA a 16 por ciento, porque en nuestro partido hemos presentado iniciativas claras y objetivas de cómo se pueden tener recursos para enfrentar el vacío fiscal. No lo aceptamos. Vamos en contra e impulsaremos nuestra propuesta con impuestos a la comida chatarra, que tanto daño ha hecho a la salud de los mexicanos.

Fin a la injusticia fiscal

Editorial. La jornada.

Las cifras dadas a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un informe presentado esta misma semana a la Cámara de Diputados permiten ponderar el enorme daño que representan los denominados regímenes fiscales especiales para las finanzas del Estado, y vienen a confirmar, en ese sentido, las denuncias lanzadas desde hace semanas por el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, con base en documentos del propio SAT, de que grandes empresas que operan en el país eluden pagar impuestos al amparo de tales mecanismos.

En el documento referido, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que 400 grandes consorcios pagaron al fisco en promedio sólo 1.7 por ciento de sus ingresos totales durante 2008 –los cuales ascendieron a 4 billones 960 mil millones de pesos– gracias al régimen de consolidación fiscal. De tal forma, esas compañías se limitaron a aportar unos 85 mil millones, cuando en circunstancias normales deberían tributar 10 veces más.

El dato, de suyo escandaloso, cobra especial relevancia en un momento en que la propia Cámara de Diputados discute la aprobación o no del paquetazo elaborado por la dependencia a cargo de Agustín Carstens, el cual contempla un incremento generalizado en los impuestos –que incluye gravar medicinas y alimentos– con el fin de obtener unos 175 mil millones de pesos de los contribuyentes y reducir el déficit de casi 300 mil millones que se estima en las finanzas del gobierno federal para el año entrante.

El país asiste, pues, a la aplicación de un esquema fiscal que tiende a distribuir la riqueza al revés, es decir, de abajo hacia arriba, en beneficio de los potentados, y que se conjuga con el encarnizamiento fiscal en contra de los asalariados y los contribuyentes cautivos: significativamente, según datos de la SHCP, los trabajadores del país aportaron cerca de 50 por ciento de la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta durante el primer semestre del año, en la etapa más aguda de la recesión económica.

Hasta ahora las autoridades federales se han empeñado en defender su proyecto de paquete económico para 2010 –el cual, en caso de ser aprobado por el Legislativo, derivará en un repunte inflacionario, desincentivará el consumo y constituirá un obstáculo adicional para la reactivación del mercado interno y la inversión productiva–, y han argumentado que "no existe un plan B" para cubrir el boquete que acusan las finanzas públicas. Sin embargo, a la luz de las cifras del SAT, es claro que la alternativa existe y está a los ojos de los encargados del manejo financiero del país: poner fin a lo que constituye una injusticia social mayúscula, una ofensa para los sectores mayoritarios de la población y una aberración económica sumamente dañina para el país.

Es claro que si el gobierno empezara por aplicar un principio de elemental justicia fiscal y se decidiera a cobrar más a quienes deben pagar más, no sólo podrían ser restañadas las afectaciones que la crisis actual ha infligido a las finanzas públicas, sino que se lograría sentar las bases necesarias para el crecimiento del país, la inversión en infraestructura, la generación de empleos y, en suma, el efectivo combate a la pobreza y la satisfacción de las necesidades de la población en materia de educación, salud y vivienda.

Para finalizar, las cifras proporcionadas por el SAT son particularmente reveladoras de cara al conflicto que hoy se vive por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues es claro que si la actual administración quisiera, bien podría disponer de recursos suficientes para sanear el desorden financiero en que se encuentra inmersa la empresa. En cambio, la falta de disposición de las autoridades a analizar vías distintas de la desaparición de la compañía hacen que sea inevitable preguntarse si dicha medida obedece en esencia a criterios estrictamente económicos, o bien si responde a intereses de otro tipo.

 

Un Estado antisocial

Carlos Fazio

El asalto policiaco militar contra las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), seguido del decreto de extinción de la paraestatal y la campaña de guerra sucia mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es un paso más en la perspectiva de construcción de un Estado autoritario de nuevo tipo.

A hurtadillas como actúan los delincuentes; mediante el uso de la fuerza bruta de los federales que comanda Genaro García Luna, apoyados por 3 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en violación de los derechos constitucionales (artículos 14, 16, 27, 73, 89, 90 y 123 de la Carta Magna) y pisoteando la Ley Federal del Trabajo y normas laborales pactadas por las partes; utilizando el chantaje contra los trabajadores y jubilados del SME; con mentiras y argumentos demagógicos en el marco de una campaña de terrorismo mediático en las cadenas de radio y televisión bajo control monopólico, el régimen espurio de Felipe Calderón ha dado un paso más en su guerra larvada contra el pueblo y en beneficio de los barones del dinero.

La desfachatez y majadería del Robin Hood de Los Pinos no tiene límites y es un insulto a la razón. Dijo Calderón: Prefiero dar a 25 millones de pobres los escasos recursos con que cuenta el gobierno, que destinarlo a los privilegios de 44 mil trabajadores. A Calderón le importa un bledo el pueblo pobre. Su discurso populista y demagógico exhibe su estilo personal de gobernar, tendiente a la conformación de un Estado militarizado. Usa a los pobres y sirve al gran capital. El golpe de mano pro oligárquico contra una empresa pública de carácter social y la arremetida contra el SME pretenden culminar la ilegal privatización de la industria eléctrica. La ofensiva clasista del régimen de Calderón contra los trabajadores busca beneficiar a sus patrones nacionales y del exterior; a los que lo impusieron mediante un fraude de Estado en 2006 y hoy quieren quedarse con una de las últimas joyas de la corona: un multimillonario negocio llamado triple play, que requiere de la transmisión de energía combinada con tecnología adecuada, para cobrar por dar servicio de voz, datos y video.

No hay que dejarse engañar. La campaña de linchamiento contra el SME –por un puñado de empleados de los dueños de las cadenas de radio y televisión y otros escribidores tarifados de la prensa escrita– busca encubrir la disputa por un negociazo de 6 mil millones de dólares.

En la pasada revisión del contrato colectivo de trabajo, el SME había logrado que LFC, además de arrendadora de sus mil 100 kilómetros de fibra óptica montada en sus redes eléctricas en el centro del país (zona muy prometedora, comercialmente, por su gran concentración demográfica y el nivel de ingreso de sus habitantes), pudiera ser también concesionaria para dar el servicio de triple play gratuito a millones de usuarios. Es decir, con sólo conectar un módem a la toma corriente de las casas, mediante una nueva tecnología instalada en la red (la fibra óptica), LFC se disponía a brindar, además de electricidad, servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. ¡Cuatro servicios en uno!

Ésa es la principal razón para la extinción de Luz y Fuerza. Se busca garantizar a particulares el usufructo de la red de fibra óptica de la paraestatal. Se pretende beneficiar a un puñado de empresas privadas de la comunicación, que pugnan por la concesión de la red. Entre ellas Televisa, Nextel, TV Azteca, Telmex y las españolas Telefónica y WL Comunicaciones S. A. de C. V., en las que están involucradas dos ex secretarios de Energía de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.

El 8 de septiembre, mientras planificaba con saña el asalto policiaco militar contra LyFC, otro ex secretario de Energía del sexenio foxista, Felipe Calderón, hoy inquilino de Los Pinos, envió una iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados para abrir a licitación de la red de fibra óptica en perjuicio del erario federal. No es casual, tampoco, que el decretazo calderonista haya previsto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por el privatizador Elías Ayub, se haga cargo del servicio que proporcionaba LyFC. Las redes eléctricas y de fibra óptica de la CFE suman 30 mil kilómetros, a los que se adicionarán ahora los 1,100 kilómetros de LyFC.

Durante los gobiernos ultraconservadores de Acción Nacional, el viejo Estado cleptocrático priísta se ha refuncionalizado; el continuismo no es sólo económico-financiero. El régimen autocrático panista garantiza impunidad a los clanes, mafias y cofradías de banqueros, empresarios, tecnócratas, políticos de viejo cuño y dirigentes sindicales charros. La gansterización de la política se exhibe cada día en los medios masivos de (des)información y control social. Igual que los padrinos innombrables, los poderes fácticos hacen lo suyo. La recomposición de las alianzas en la cúpula ha dado paso a una estrategia de Estado en función de sus intereses de clase. El nuevo Estado antisocial atenta contra los derechos de las mayorías. El espacio abandonado por la responsabilidad social del Estado ha sido ocupado de manera facciosa por empresas privadas. Se trata de un Estado de los empresarios para los empresarios (Fox dixit), administrado por un gabinete al servicio de las fracciones capitalistas hegemónicas, en el marco de una democracia de baja intensidad que sume al país en una gran polarización y en el caos. Calderón es un peligro para México. Sólo la presión y movilización popular lograrán frenar a los neofascistas del PAN y sus aliados priístas, y alcanzar el nuevo pacto social que el país requiere.

 

 

Diócesis de San Cristóbal denuncia hostigamiento de gobierno y prensa

ISAíN MANDUJANO. Proceso.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 16 de octubre (apro).- Obispos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunciaron una campaña de ataques y calumnias en su contra a través de "medios oficiosos y algunas instancias del gobierno" de Chiapas.

En un comunicado dirigido a la feligresía católica, los obispos de la Diócesis, Felipe Arizmendi Esquivel, y Enrique Díaz Díaz, señalaron  que la acción pastoral que realizan, "como le pasó a Jesús", les ha traído conflictos con quienes tienen otros intereses.

"Por esta razón, se han generado, nuevamente y con fuerza, una serie de ataques y calumnias a través de prensa, radio, televisión e internet, así como de  algunas instancias de gobierno contra nuestra diócesis, contra algunas personas concretas y contra grupos… señalándonos como promotores de violencia e inestabilidad, de acciones beligerantes, saqueos, sabotajes, etcétera. Definitivamente, éste no es nuestro camino; y si alguien se desvía, debemos corregirlo; no actúa en nombre de la diócesis", señalaron.

En el comunicado, que también firman los presbíteros, Heriberto Cruz Vera, Vicario de Justicia y Paz, y Francisco Javier Reyes Reyes, Vicario de Pastoral, así como Constanza Aguilar Abril, secretaria canciller de la Diócesis, se alerta a los feligreses a no dejarse engañar por lo que dicen los medios al servicio del gobierno.

"No nos asuste ni nos extrañe que los poderosos quieran intimidar y buscar culpables usando la misma estrategia de levantar calumnias e infundios que, en la década pasada, llevaron a la persecución, hostigamiento y encarcelamiento" de varios miembros de la diócesis.

Los obispos pusieron como ejemplo de dichos ataque las acusaciones contra Eleazar Juárez, Jesús Landín y Juan Manuel Hurtado, así como a otros miembros de la Diócesis de algunas comunidades, a quienes "se les hostiga como si fueran promotores de la violencia".

Pidieron a los medios que sean conscientes de su responsabilidad de informar y defender la verdad, evitando ser agentes de inestabilidad social con falsas informaciones y, a su vez, pidió al gobierno que manifieste disposición para dialogar con quienes tienen puntos de vista distintos, pero que luchan también por el bienestar integral de Chiapas.

Además, solicitaron a los feligreses discernir críticamente la información que los medios de comunicación transmiten, y que muchas veces desinforman y confunden: "Ser muy claros en nuestra opción por la justicia y la verdad, como cimientos para la paz y la reconciliación. Rechazar las opciones violentas y optar siempre por los medios pacíficos para la transformación social".

El miércoles pasado, la Procuraduría General de Justicia del estado acusó a un catequista de la Diócesis de San ristóbal de Las Casas de ser miembro de una banda que fue desmantelada, y a cuyos integrantes se les decomisaron armadas y drogas.

Los obispos señalaron que en algunos medios impresos locales han pretendido acusar a sacerdotes de otras regiones de la diócesis de tener ligas con grupos armados.

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas comprende una extensión 36,821 kilómetros cuadrados. Cuenta con 84 sacerdotes, 335 diáconos permanentes, 8 mil catequistas y 300 agentes de animación pastoral; atiende a más de millón y medio de personas que viven en 2 mil 500 comunidades, en su mayoría rurales e indígenas.

Para su organización, la Diócesis está dividida en siete zonas pastorales: Opción por el pobre y liberación de los oprimidos como signo del reino de Dios; iglesia abierta al mundo y servidora del pueblo; responsabilidad compartida y pastoral de conjunto; inserción en la realidad social, en la historia; encarnación en las culturas especialmente indígenas; comunión con la Iglesia Católica, presidida por el Papa, y unidad en la diversidad.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:39
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