Martes, 20 de octubre de 2009

Calderón, como Echeverría, contra el sindicalismo.

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Una grave frustración de la transición democrática mexicana ha sido el gatopardismo, el que las cosas cambian sin cambiar, y en que los gobernantes surgidos de la alternancia se diferencian de los anteriores en que son exactamente iguales. Tal engaño queda patente una vez más con motivo del ataque del presidente Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas, análogo y en cierto modo prolongación del que emprendió Echeverría contra la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. El 11 de octubre de 2009 es equivalente, como acto autoritario violento, al 15 de julio de 1976. En cada una de esas fechas se buscó suprimir, eliminar de la escena pública a agrupaciones gremiales combativas que existían por la voluntad de sus miembros y no dependían por lo tanto de la voluble voluntad gubernamental.

La historia del golpe de Echeverría a los electricistas es la historia reciente del sindicalismo en ese ramo (y llegó a su culminación, por cierto, una semana después de la agresión contra el Excélsior de Julio Scherer; he sostenido, por otro lado, que la expulsión del célebre periodista del diario desde el que estaba transformando a la prensa mexicana, fue parte de una estrategia para silenciar atropellos como el que estaba en curso contra los electricistas democráticos).

A partir de que el Estado mexicano se convirtió en propietario de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, se modificó no sólo la estructura empresarial de ese ramo sino, por consecuencia, también su organización laboral. Hasta aquella fecha, existían tres agrupaciones de trabajadores de la electricidad: el sindicato nacional, que contrataba con la CFE y estaba organizado a la manera tradicional cetemista, en torno a un hombre fuerte, Francisco Pérez Ríos, cercano a Fidel Velázquez; una federación de 52 pequeñas agrupaciones sindicales, dirigida por Rafael Galván y que en ese mismo 1960 se transformó en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM); y el Mexicano, que durante décadas había sido la contraparte laboral de la Mexican Light and Power.

A mediados de esa década, y por razones técnicas y políticas, se inició un movimiento unificador de las empresas y los sindicatos. Por un lado, se hizo necesario integrar la industria, conectar sus heterogéneas porciones. Por otra parte, se pretendió fundir en un solo gremio, bajo la égida del sindicato cetemista, a las agrupaciones del ramo. Cuando la Impulsora Eléctrica Mexicana, surgida de la compra de las pequeñas empresas con las que contrataba Galván, quedó fusionada con la CFE, el sindicato nacional quiso dar una tarascada al STERM, y peleó y ganó la titularidad del contrato colectivo. Para que la derrota no fuera tan abrumadora, y en lo que a poco se reveló como una trampa, Echeverría propició la fusión de los dos sindicatos y así nació, el 20 de noviembre de 1972, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), bajo la conducción de Pérez Ríos. La denominación del gremio naciente anunciaba la pretensión de incorporar a sus filas a los miembros del SME, pues mientras éste existiera haría vano el propósito de llamar único al SUTERM.

Fue imposible la convivencia entre las dos formas de sindicalismo. Se generó una Tendencia Democrática dentro del SUTERM, que paulatinamente fue perdiendo presencia y fuerza, aun en los sitios donde había regido el antiguo STERM. En ese tiempo murió Pérez Ríos, única forma de que abandonara su posición de secretario general, que había ocupado durante décadas. Lo reemplazó automáticamente, sin elección porque ese modo no formaba parte de sus usos y costumbres, el secretario del Trabajo del comité, Leonardo Rodríguez Alcaine. Treinta años después, a la muerte de este líder, transitó por la misma ruta su secretario del Trabajo y pariente, Víctor Fuentes del Villar, que llega ya a los cuatro años de su indiscutido liderazgo.

En más de medio siglo, sólo tres dirigentes, con los que el gobierno pueda entenderse. Por eso convino al gobierno desbaratar el enclave democrático en el SUTERM y sentar las bases para la supresión del SME. La Tendencia Democrática inició una huelga en reclamo de prestaciones y respeto a su representatividad, y la noche del 15 de julio de 1976 una embestida militar, junto con miles de esquiroles, rompieron el paro obrero y echaron a la calle a los antiguos galvanistas, en operaciones de las que parecen calcadas las de ahora.

Previamente, el gobierno de Echeverría había puesto en liquidación a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, con la que contrataba el SME. El proceso se echó a andar de manera tortuosa, lenta, y a él se resistió el sindicato, que veía como desenlace la inclusión de sus miembros en el agrupamiento dirigido por Rodríguez Alcaine. Por esa capacidad de no rendirse la liquidación no prosperó, se quedó en mera denominación, pues la empresa siguió operando normalmente. El gobierno de Miguel de la Madrid pretendió reavivar el procedimiento liquidador pero se topó de nuevo con la fortaleza sindical, que en 1987 realizó una huelga, breve pero suficiente para probar su potencia. A ella apeló Carlos Salinas cuando, en busca de votos verdaderos, demandó los del SME, y se comprometió a poner fin al estado legalmente precario en que operaba la empresa. Por eso creó, ya al cabo de su mandato, el organismo público descentralizado  Luz y Fuerza del Centro, que ahora está en  jaque.

Fox llegó al gobierno con la intención de eliminar esa empresa y diezmar a su sindicato. Para eso estableció un régimen absurdo, en que LyF compra cara, a CFE, la energía que debe vender barata. Esa extravagancia financiera obliga a subsidiar el funcionamiento de la empresa que surte de fluido eléctrico a la porción central del país, la más productiva en el conjunto nacional. A remediar ese déficit se destinan sumas como los 42 mil millones de pesos que este año debió aportar el gobierno a una empresa que deliberadamente ha sido deteriorada, crítica situación que se atribuye al abuso de sus trabajadores y su organización gremial. Ciertamente, el contrato colectivo suscrito por el SME es ventajoso para sus trabajadores en muchos sentidos, pero en general contiene cláusulas que deberían regir en muchas otras empresas públicas y privadas, cuya mano de obra es maltratada y frente a cuyas magras prestaciones las de los electricistas parecen de lujo.

Pero no lo son menos las del SUTERM, aunque cuando es necesario hacerlas disminuir la acción  se realiza sin que nadie proteste porque el sindicato carece de activa vida interna y se controla de arriba abajo. Por eso el año pasado aumentó en cinco años el término para las jubilaciones, algo que en el sindicato del Seguro Social significó una afrenta a la que se opusieron los damnificados. Se mantienen, sin embargo, gajes como los que, practicados en el SME, irritan a sectores sensibilizados por la propaganda: la cláusula 67 del contrato entre el SUTERM y la CFE exonera de pago a sus trabajadores. Siendo que el consumo doméstico promedio es de 285 kilovatios, es gratuito para ellos el suministro de 350, y el excedente se cobra a sólo un centavo por kilovatio.

El lance actual contra el SME dista de haber concluido. Ni siquiera ha entrado en su fase final. Mientras no lo declare la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsisten las relaciones de trabajo entre el sindicato y la empresa en liquidación. Y aun si se decretara su terminación, apenas se encargue formalmente de la operación la CFE, tendrá que responder a las obligaciones laborales como patrón sustituto.

Digo, si de respetar la ley se trata.

 

 

La guerra contra el SME

Luis Hernández Navarro.

 

Para tener éxito en la guerra que el gobierno federal declaró al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) necesitaba propinar a sus trabajadores un golpe demoledor en un plazo relativamente breve. No ha sido así. Conforme pasan los días, la situación se ha vuelto cada vez más compleja y difícil para Felipe Calderón. La ventaja obtenida por el factor sorpresa tiende a disminuir.

Cinco elementos son claves en esta conflagración: a) la capacidad de la administración para garantizar el servicio eléctrico razonablemente bien; b) el número de trabajadores electricistas que acepten la liquidación; c) la percepción de la opinión pública sobre el sindicato, los trabajadores y la justeza de la medida gubernamental; d) el escalamiento del pleito y el involucramiento o deslinde de otros actores políticos, y e) la naturaleza de la solidaridad que el SME logre concitar entre otros gremios y sectores de la población.

El pasado 14 de octubre pobladores de Ocoyoacac, en el estado de México, bloquearon la autopista México-Toluca en protesta por la falta de energía eléctrica. En el Distrito Federal, 72 colonias de 12 delegaciones padecieron interrupciones del fluido y problemas con el suministro de agua potable. Antes del cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el promedio diario de apagones en la ciudad de México era de cinco.

Un día más tarde la situación no mejoró. Autoridades de los municipios de Otumba, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y Axapulco reportaron fallas que duraron ocho horas. El Consejo Coordinador Empresarial mexiquense informó de seis apagones en parques industriales y cortes de energía en 200 empresas asentadas en Tlanepantla, Naucalpan y Lerma, que provocaron pérdidas millonarias.

Hay irritación social. Y no parece que el servicio vaya a funcionar medianamente bien. Políticos y autoridades culpan a los trabajadores de sabotaje. Es falso. La presencia de la Policía Federal en las subestaciones y oficinas impide que nadie se acerque. Los apagones son provocados por las mismas causas que siempre los han producido: equipo viejo y falta de mantenimiento. Pero se han agravado porque los electricistas que conocen a fondo su materia de trabajo fueron despedidos, y quienes ocupan su lugar no están familiarizados con las redes. Hay zonas en las que ni siquiera existen planos.

Hasta ahora, la pretensión de restar base social al sindicato mediante jugosas liquidaciones ha resultado un fracaso. Así lo han reconocido los mismos comentaristas que aplaudieron la medida gubernamental. Los pocos trabajadores que han acudido a recibirlas han sufrido malos tratos y han tenido que esperar muchas horas para ser atendidos. Muy probablemente quienes hasta el momento han aceptado renunciar a la empresa ha-brían accedido irse antes del conflicto de haber recibido una oferta similar.

Las encuestas de opinión serias muestran que, aunque sigue siendo mayoritario, cada día disminuye entre la opinión pública el apoyo al cierre de LFC. Según El Universal, 48 por ciento aprueba la medida contra 43 por ciento que está en contra (14 de octubre de 2009).

Con dificultad, los electricistas han demostrado que es falso que sean privilegiados: más de la mitad de ellos apenas gana menos de 6 mil pesos al mes. Los beneficios que otorga su contrato colectivo son menores a los que obtienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía que, según los planes gubernamentales, sustituirá a LFC. Como ha documentado en estas mismas páginas José Antonio Almazán, los trabajadores, sus salarios y prestaciones no representan ni siquiera 15 por ciento de los ingresos de la empresa por venta de energía eléctrica.

De la misma manera, se ha ido esclareciendo que el problema con LFC es un esquema de funcionamiento que descapitaliza a la compañía, en el que la CFE le vende cara la energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a revenderla a los usuarios a un precio por debajo de lo que tuvo que pagar.

La declaración de guerra del gobierno federal al SME ha polarizado la vida política nacional: los que están en favor de la liquidación de LFC y los que la rechazan. No hay espacio para posiciones intermedias. Tal como sucedió con el intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004, el Partido Revolucionario Institucional ha perdido centralidad política en la coyuntura, a pesar de ser el ganador de las pasadas elecciones. Los amarres que la Secretaría de Gobernación había hecho con dirigentes del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores para que prestaran un apoyo marginal a los electricistas se deshicieron rápidamente.

El conflicto está muy lejos de ser un mero pleito entre el SME y el gobierno federal. Se ha convertido en un punto nodal de la lucha de clases en el país.

El pasado miércoles 14, durante un acto patronal de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Felipe Calderón recibió una cerrada ovación del mundo empresarial. Dos días antes, miles de electricistas efectuaron un concurrido mitin junto con López Obrador. Un día después nombraron mediador a Marcelo Ebrard, quien solamente aceptó ser observador.

Los electricistas han logrado articular una variopinta coalición solidaria en la que participan lo mismo organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas. Multitud de jóvenes estudiantes viven el agravio sufrido por los trabajadores como propio. Los universitarios tienen ahora una causa a la cual sumarse. Internacionalmente, el movimiento sindical ha comenzado a fijar posición en favor del SME. El asunto puede convertirse en una molesta piedra en el zapato gubernamental.

El gobierno necesita ganar tiempo para restablecer el servicio, desangrar al sindicato liquidando a sus afiliados, seguir vendiendo en la opinión pública la idea de que el asalto al SME es una medida modernizadora y anticorporativa, y evitar explosiones de descontento social. Conforme los días avanzan da la impresión de que Felipe Calderón no midió las consecuencias de su aventura.

Otra de las caras de la crisis de Luz y Fuerza del Centro

Álvaro Cepeda Neri

La ocupación militar-policiaca para la requisa (es decir, la intervención y manejo directo de la empresa por otro personal) y su todavía no iniciado proceso de liquidación... ¡para –dice la Secretaría de Energía–, crear otra empresa!, es decir: salir de Guatemala para entrar a guatepior, tiene como crisis del conflicto entre los electricistas, su élite sindical y el gobierno federal calderonista, muchas caras.

Es un problema-poliedro. Y una de ellas es la tensión existente entre los empleados de LyFC y los consumidores, los cuales fueron tratados con la punta del pie, cada vez que era necesario ir a sus oficinas para tratar problemas relacionados con el servicio.

Eran filas de espera para ser atendidos por déspotas oficinistas que, en un 99 por ciento, no resolvían los problemas y los clientes se retiraban, después de perder miserablemente el tiempo (los versos aquellos del periodista Renato Leduc, que se volvieron pegajosa canción: “El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí... etc&rdquoGui?o, cuando en su mayoría, son mexicanos ocupados en sobrevivir con su trabajo cotidiano.

Se habían ganado los electricistas de oficina el odio de los consumidores; en la lectura de los medidores, por lo general, alteraban la cantidad de energía para que los recibos llegaran con pagos exagerados. Es verdad que lo mismo pasa con los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (la que ahora se encarga de LyFC); pero, el caso ahora es con los trabajadores de la empresa que está a punto de pasar a mejor vida.

Los consumidores por eso han mostrado, si no indiferencia, no pocos manifestaron su conformidad con la medida precipitada de Calderón y Lozano Alarcón quienes estuvieron tendiendo la trampa a los dirigentes sindicales que, con el gobierno federal y otros particulares (Telmex, la vistosa Torre de la avenida Reforma, donde está involucrada la familia del secretario de Comunicaciones: los Molinar Horcasitas, y otros más) hicieron de LyFC un botín.

Un botín como son Pemex, la CFE y otras empresas públicas. El caso es que los clientes de la empresa en crisis política, porque no sabemos a dónde va el conflicto que se enreda, tenían cuentas pendientes con los empleados quienes los trataban con desprecio. Estos, por eso, no han apoyado lo que debe estar por encima de venganzas; pero, no podemos negar que los clientes de LyFC tenían la razón y que esta cara del conflicto está restándole apoyos a lo que es la lucha obrera.

Estos trabajadores no vislumbraron que en un problema, como el que ahora enfrentan, necesitarían del pueblo. Mismo que se está dividiendo ante el abuso del poder presidencial. Empero, las mayorías conscientes del asunto se han sumado a las protestas de los electricistas que, como empleados, trataron con prepotencia a los consumidores. Estos en general, como consumidores son tratados muy mal por los empleados privados y públicos. Y las caras sucias por el abuso del poder, no se lavan con arrepentimientos.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:47
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