Jueves, 29 de octubre de 2009

Reprueban evaluación mayoría de programas oficiales: ONG

Mal desempeño en 5 de los 10 que se busca subsidiar con más de $226 mil millones en 2010

Seguro Popular, Procampo, Atención a los Adultos Mayores de 70 y Pronabes, entre los que no pasaron el análisis de Gesoc

Angélica Enciso L.

 

Periódico La Jornada
Jueves 29 de octubre de 2009, p. 38

La mayoría de los 129 programas de subsidios que maneja el gobierno federal –este año tuvieron un presupuesto total de 319 mil millones de pesos– fallan en el buen aprovechamiento de los recursos y están reprobados en su desempeño y diseño, con una calificación de apenas 56.34 puntos –sobre 100– en promedio, señaló la agrupación Gestión Social y Cooperación (Gesoc), en una evaluación basada en reportes oficiales.

En la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, en sólo 10 de dichos programas se concentran 226 mil 324 millones de pesos, de los cuales cinco están reprobados: Financiamiento Equitativo de la Atención Médica Seguro Popular, Procampo, Alianza para el Campo y Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria (de la Secretaría de Agricultura, Sagarpa) y Atención a los Adultos Mayores 70 y más (de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedeso).

Los que están aprobados son Oportunidades y Diconsa (Sedeso); Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (Secretaría de Educación Pública –SEP), IMSS Oportunidades y Programa de Atención a Problemas Estructurales (Sagarpa).

Gesoc, organización de la sociedad civil que desarrolló las metodologías de monitoreo y se dedica a evaluar las instituciones públicas, elaboró el Índice de Desempeño de los Programas Federales (Indep) con base en la sistematización de las pruebas que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Escala de cero a 100

El Indep tiene una escala numérica de cero a 100 que refleja la rentabilidad social de cada programa y su capacidad para cumplir realmente los objetivos para los que fue creado. La calificación mínima aprobatoria es 60, lo cual deja como resultado que el promedio general de las acciones fue reprobatorio, con 56.

Del total de programas, los tres con peor desempeño –incumplieron sus objetivos, metas y eficacia en el uso de los recursos– son Nacional de Becas y Financiamiento (7.2), Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa (6.11) –de la SEP–, así como el de Protección y Desarrollo Integral de la Infancia del DIF (6.60).

De acuerdo con el Índice de Calidad de Diseño, también se encontró que cuatro de cada 10 programas gubernamentales sujetos a una evaluación de consistencia de resultados tienen una calificación reprobatoria, lo que refleja que los funcionarios públicos no poseen las competencias necesarias para diseñar correctamente una política pública, indicó Alejandro González Arreola, director de Gesoc.

Destacó que de los programas prioritarios tuvieron calificación baja el Seguro Popular (53) y Oportunidades (64). Este último, para el cual el gobierno federal propone un incremento de 25 mil millones de pesos en su presupuesto, a fin de que en 2010 cuente con 74 mil millones, no tuvo desempeño pésimo, pero no es muy destacado. Detalló que un problema es que el sistema de indicadores no es el más apropiado y hay algunos que no cuentan con información”

Directivos jubilados de LFC ganan tres veces más que cuando laboraban

Fabiola Martínez. Periódico La Jornada

Al menos 31 ex funcionarios de Luz y Fuerza del Centro (LFC) reciben por jubilación pagos mensuales hasta de 149 mil pesos. Es el caso de Raúl Rufino Serrano Sierra, ex subdirector de recursos humanos, con antigüedad de 11 años, seis meses y 16 días, quien se jubiló en septiembre de 2007 con 149 mil 245 pesos mensuales, esto es, 100 mil pesos más del salario reportado al momento de su retiro.

En tanto, al ex contralor interno Manuel López Téllez, con antigüedad de nueve años, un mes y 19 días, le fue asignada una jubilación de 120 mil 501 pesos, pese a que su salario ordinario era de 33 mil 608 pesos al mes.

El ex director general de LFC, Luis Antonio de Pablo Serna registra una jubilación de 103 mil 923 pesos por 4.7 años de servicio. En este caso no están disponibles datos de su salario al momento del retiro.

Los anteriores datos fueron recabados por trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (empresa pública extinta por decreto presidencial el pasado 11 de octubre) por medio de solicitudes al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Las listas, difundidas por trabajadores en activo y jubilados, revelan también que durante el periodo 1997-2008, LFC sancionó y/o inhabilitó a 120 funcionarios debido a irregularidades cometidas en procesos de licitación para la adjudicación de servicios e insumos a proveedores y, además, por no reportar a cajas cobros hechos a usuarios, entre otras causas.

Quienes administraban Luz y Fuerza eran los verdaderos privilegiados, afirman electricistas que detallan, con base en documentos, la situación en referencia.

Uno de los directivos, Eduardo Muñoz Aguilar, ex subdirector de finanzas, fue inhabilitado por un año (de septiembre de 2003 a septiembre de 2004) por violación a procedimientos de contratación, de acuerdo con una investigación iniciada en 2002 (006/2002 ACUM. AL 0010/2001),  al mismo tiempo en que era autorizada su jubilación mensual por 49 mil 16 pesos, tras una vida laboral en LFC de seis años y un día.

La mayoría de los funcionarios fueron sancionados tras indagatorias del órgano interno de control de esta empresa, y sólo seis, de un listado disponible de 120 personas, tras el resolutivo correspondiente a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

La mayoría de los casos en referencia tiene origen en irregularidades por violar leyes y normas presupuestales, procedimientos de contratación, negligencia administrativa, incumplimiento de declaración de situación patrimonial, abuso de autoridad y cohecho o extorsión.

Diversos funcionarios que realizaron, por ejemplo, acciones irregulares en la contratación de médicos especialistas para la atención de trabajadores de la entidad, se hicieron acreedores a una suspensión de entre tres días y dos años.

Algunos ex empleados de confianza, responsabilizados por la comisión de ilícitos relacionados con los cobros a usuarios de servicios (no ingresados a las cajas de LFC) recibieron inhabilitación hasta por 20 años, aunque también hay otros –en irregularidades en procesos de licitaciones públicas– que sólo reportan sanción leve: apercibimiento privado, amonestación pública o suspensión por menos de tres meses.

En la relación de sancionados hay cinco casos con inhabilitación por 20 años por violación a la norma presupuestal y por negligencia administrativa.

Los trabajadores consultados afirmaron que la negligencia administrativa no sólo ocurre en aquellos casos que buscan llevarse una tajada de los contratos o quienes no entregaban a las cajas cobros a usuarios, sino también en el departamento jurídico, que no se presentaba a las audiencias en caso de sindicalizados acusados de ilícitos.

Es decir, aunque también hay un registro de sanciones y despidos a personal de base, muchos de ellos de labores operativas acusados de soborno a usuarios, los casos no eran seguidos en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En consecuencia, afirman los denunciantes, la mayoría de los trabajadores que no aceptaron la acusación y demandaron reinstalación por despido injustificado ganaron los casos y recibieron salarios caídos, principalmente porque los representantes de LFC no acudieron a la JFCA.

Respecto de los funcionarios jubilados, la información entregada por Luz y Fuerza del Centro no precisa las causas que originaron los altos y dispares montos de los retiros. Para los jubilados sindicalizados y trabajadores que afirman estos hechos, los altos finiquitos y pensiones de alto costo contribuyeron, al igual que las deudas no cobradas a grandes consumidores de energía eléctrica, en el quebranto inducido del organismo.

La antigüedad

Entre los casos que reportan menor antigüedad (siempre según los documentos exhibidos por los trabajadores, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas), no sólo los directivos obtuvieron jugosas jubilaciones, sino sus subalternos.

Un asesor de la dirección general, con antigüedad en LFC de apenas dos años, siete meses, 15 días, se retiró con 37 mil 279 pesos mensuales; en tanto, auxiliares técnicos de proyecto, subdirectora de abastecimiento de transporte, coordinador de proyectos institucionales, secretaria del gerente de producción y una secretaria de la dirección general, con antigüedad de poco más de cuatro años, recibieron pensiones por 63 mil, 7 mil, 59 mil, 37 mil 919 y 37 mil 752 pesos, respectivamente.

Una secretaria privada del subdirector de abastecimiento y transportes, con antigüedad de diez años y 22 días, ganaba 9 mil 934 pesos mensuales y fue jubilada en 1999 con 30 mil 917 pesos.

Otra secretaria privada, del gerente de distribución y transmisión, con 12 años, cinco meses y 29 días de antigüedad, con salario de 11 mil 498 pesos, fue jubilada con 31 mil 346 en el año 2002, por mencionar algunos de los casos expuestos en los documentos obtenidos por los trabajadores denunciantes a través de una solicitud de información pública.

Privatización eléctrica (reforma mal hecha)

Adolfo Sánchez Rebolledo

En la medida que va conociéndose la situación real de Luz y Fuerza del Centro (LFC), extinta por decreto presidencial, se confirma la intransferible participación de las sucesivas administraciones en la gestación de lo que ahora se considera la crisis irreversible de la empresa. Conviene no olvidar que dicha responsabilidad no es arbitraria, pues está fijada por la ley y abarca el funcionamiento general, así como los detalles técnicos, gerenciales y laborales. Como la intención obvia es culpar a la organización sindical (en especial al contrato colectivo vigente) como causa de todos los males posibles, la campaña negativa se ha cuidado de no mencionar siquiera los nombres de los funcionarios que hasta apenas hace unas semanas figuraban como máximos directivos de LFC, suscribían convenios y acordaban las políticas a seguir. Así, junto con la extinción, el gobierno pasó a liquidar la historia reciente de la empresa pública, al grado de prohibir la divulgación de las informaciones que retiene en su poder. No obstante, la documentación publicada por La Jornada ofrece la radiografía de una crisis que viene de muy lejos, montada sobre el carro de la reforma (mínima en el papel estructural en sus consecuencias) a la Ley del Servicio Público de Electricidad, la cual se pasó por alto la Constitución para abrir una rendija a la generación y venta de los excedentes de electricidad por parte de los particulares.

Y es que, más allá de los pretextos en torno a los privilegios sindicales o la denuncia de gravosos pasivos laborales, los datos confirman hasta qué punto la elección del modelo privatizador, asumido como aspiración y guía general de la política económica gubernamental, se concretó en el tortuoso desmantelamiento de las empresas públicas, aprovechando los resquicios creados por las legislaciones secundarias a contrapelo de la Constitución, en clara violación al estado de derecho siempre en boca de los gobernantes.

Para ajustarlas a las conveniencias de un mercado eléctrico creado artificialmente, las autoridades propiciaron prácticas operativas cuyo fin ulterior no podía ser otro que demostrar la superioridad de la empresa privada. La ideología sataniza a la propiedad estatal como fuente de todo mal y obliga al gobernante a rendirse al mercado, pero a ese fin contribuyen el desorden y la corrupción que genéricamente se achacan a la propiedad estatal, cuando lo corriente es que bajo la apariencia de una mala administración suele ocultarse un entramado de intereses ilegítimos.

En el caso de la energía eléctrica es obvio que nunca hubo un intento serio de reformar al sector público en el marco dictado por la Constitución, es decir, para asegurar que el servicio (incluida la generación, distribución y venta) siguiera siendo atribución exclusiva del Estado. Las cosas se hicieron para que al final del día se justificara la entrada (¡salvadora!) de los capitales privados aun a costa de caminar por la ruta de la más flagrante ilegalidad. El objetivo de la política oficial resultó tan obvio como irresponsable: reventar a las empresas públicas para favorecer la participación privada en el mercado eléctrico (y ahora en las telecomunicaciones a él asociadas).

Nunca, desde los días de la Tendencia Democrática de Rafael Galván, volvió a ponerse sobre la mesa del debate nacional una propuesta completa de integración de la industria que mantuviera en pie los lineamientos constitucionales. Hubo, sí, defensas memorables contra las pretensiones foxistas de entregar la electricidad; hay fuerte resistencia al desmantelamiento privatizador que Calderón impulsa desde que era secretario de Energía, pero se echa de menos una visión integradora acerca del futuro de la energía cuyo solo enunciado saca ronchas al poder y sus grandes apoyadores.

El error, si cabe la expresión, surge desde el comienzo, a través de la intentona de modernizar al país siguiendo la pauta de un modelo importado: la privatización, corazón de la revolución neoliberal, asentado en la fobia a la intervención del Estado, el culto al mercado y el desprecio a lo público. Aun cuando ese programa ha sido vapuleado por la crisis actual, el gobierno panista no tiene a la vista otro mejor. Ni siquiera se lo plantea como un problema digno de atención. Prefiere la ortodoxia, sin meditar, como ayer decía el economista R. Ramírez de la O, que las reformas estructurales por las que suspira Calderón ya tienen más de dos sexenios frenadas. En efecto, la primera generación de reformas hacia la globalización fue la de Carlos Salinas. Pero para que se pudieran continuar, tenían que estar bien hechas, generar mayor crecimiento y empleo y, con ello, el apoyo social espontáneo. Y ahí está el problema. Las reformas de Salinas no fueron las de Margaret Thatcher en Inglaterra, sino las de Boris Yeltsin en Rusia. En vez de crear mercados competitivos y reglas iguales para todos, sólo transfirieron empresas estatales a grandes grupos privados (El Universal).

Sencillamente, a pesar de sus aparentes victorias ideológicas, en México al menos la nueva religión fracasó en el intento de promover el crecimiento para disminuir la desigualdad. Pero no se aprende, y de nuevo el Presidente impulsa una reforma mal hecha, por sus objetivos, pero también por la naturaleza autoritaria de los métodos empleados. No se puede hablar de futuro cuando se atenta contra la dignidad de miles de ciudadanos a los que se le priva, sin despido de por medio, del derecho al trabajo, como si las empresas públicas fueran propiedad de las camarillas gobernantes.

La cadena de hechos que llevan a la extinción de LFC está a la vista: ante la evidencia de que la crisis avanza y el sexenio se termina sin conseguir los éxitos previstos en la guerra contra el narcotráfico, el gobierno decidió, por razones políticas envueltas en el ropaje de las justificaciones técnicas, dar un golpe de timón contra un sindicato incómodo, justo en el sentido que anunciara con bombo y platillo en ese extraño autohomenaje celebrado en vez del informe presidencial. Derrotado en la elecciones intermedias, sin peso en el escenario internacional, aunque satisfecho por la acción mercadotécnica que todo lo puede, el Presidente lanzó la ofensiva para reagrupar a los descreídos tocando las fibras duras del rencor clasista fustigado por la crisis, el imaginario de una parte de la sociedad proclive a rendirse ante la pantalla chica como fuente de la verdad, pero sobre todo a quienes desprecian el diálogo justo porque rinden culto a la fuerza de quien se ostenta como el más poderoso, aunque su legitimidad esté agujereada.

Para culminar la tarea ya se advierten los próximos movimientos aprovechando a los pseudo disidentes. El gobierno da pasos para aislar la protesta, romper la solidaridad y acusar a los líderes de soliviantar la paz pública. Todo conforme a la tradición antisindicalista que el PAN hereda sin remilgos.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:48
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