Viernes, 30 de octubre de 2009

Pide AI investigar "detención y tortura" de tres dirigentes campesinos.

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 29 de octubre (apro).- Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno mexicano investigar el caso de "la captura ilegal y tortura" en el estado de por lo menos tres líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la persecución de que ha sido objeto el resto de sus integrantes.

         En un llamado urgente publicado en su página de internet, la oficina de AI en México afirmó que ha recibido noticias de que Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, dirigentes de esa organización, fueron detenidos en forma ilegal y permanecen recluidos en una prisión estatal.

           El abogado de los detenidos, Marcos Pérez López, ha afirmado que, durante los interrogatorios, los mantuvieron atados y con los ojos vendados y los golpearon.

          Señaló que "a De la Cruz lo golpearon y lo amenazaron de muerte, mientras que a De la Torre le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico hasta que casi se asfixió". Añadió que a ambos los obligaron a firmar papeles que no les permitieron leer.

          Además, AI manifestó su preocupación por otro líder de esa organización, José Manuel Hernández Martínez quien, dijo, permanece preso en una cárcel federal, ubicada a dos mil kilómetros de distancia, lo que dificulta que su familia o su abogado lo visiten.

          Los tres son acusados de ocupar ilegalmente tierras en 2005.

          Roselio de la Cruz y José Manuel de la Torre fueron detenidos por la policía del estado el pasado 24 de octubre, durante un cateo realizado en casas de miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), en el municipio de Venustiano Carranza.

           Hernández Martínez, también miembro de la OCEZ, fue detenido el pasado 30 de septiembre. Luego, el 16 de octubre fue trasladaron a esa prisión federal.

          El organismo demandó a las autoridades mexicanas que se garanticen que Roselio de la Cruz y José Manuel de la Torre "no serán sometidos de nuevo a torturas u otros malos tratos".

            Y pidió que se realice una investigación imparcial sobre la "tortura" de que fueron víctimas ambos y sean procesados los responsables. 

 

Tribunal federal ordena a Semarnat anular permiso a Minera San Xavier                                         

El plazo para acatar el fallo vence el 13 de noviembre; la empresa podría interponer amparo

Activistas esperan que ahora sí se proceda contra la compañía, acusada de daños al ambiente

Edith Argüelles

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 30 de octubre de 2009, p. 35

San Luis Potosí, SLP, 29 de octubre. El pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una resolución a un amparo promovido por el grupo Pro San Luis Ecológico y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anular el permiso que otorgó el 10 de abril de 2006 a Minera San Xavier para explotar oro y plata en el municipio de Cerro de San Pedro.

El abogado de la organización no gubernamental (ONG), Héctor Barri González, informó que el plazo para que Semarnat retire el permiso a MSX vence el próximo 13 de noviembre. Yvette Salazar Torres, diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no descartó que la empresa busque un amparo.

La resolución del expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-10-04-QC-DA fue notificada a Pro San Luis Ecológico el 14 de octubre, indicó Héctor Barri González. A partir de esa fecha, la dependencia tiene 20 días hábiles para dar cumplimiento al resolutivo y retirar el permiso a Minera San Xavier.

De acuerdo con el ex regidor perredista Carlos Covarrubias Rendón, la resolución reconoce que en la queja de la ONG existen fundamentos para dejar sin efecto la autorización al proyecto, otorgada en 2006 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.

La lucha legal de Pro San Luis Ecológico se inició en 1999, cuando la empresa Metallical Resources Inc, de la que formaba parte San Xavier, obtuvo el primer permiso de la Semarnat para explotar mineral en Cerro de San Pedro con proceso de tajo a cielo abierto. Desde su inicio el proyecto fue considerado de alto riesgo por el uso de cianuro y plomo para extraer oro.

Los opositores a Metallical Resources –que en 2008 fue comprada por el Grupo New Gold– argumentaron que el uso de suelo de la zona es de preservación ecológica, lo que invalida los permisos otorgados a la empresa por no existir condiciones físicas ni legales para la explotación minera.

Metallical Resources llegó a Cerro de San Pedro en 1995; comenzó a utilizar explosivos en 2005 y sus operaciones formales comenzaron en 2007. Se le atribuyen daños al patrimonio histórico del pueblo de San Pedro –que dio origen a la fundación de San Luis Potosí–, así como contaminación de aire, tierra y mantos acuíferos que surten a la capital del estado, ubicada a escasos kilómetros, sostuvo Covarrubias Rendón.

El pleno del TFJFA emitió su sentencia en cumplimiento de lo ordenado por el noveno tribunal colegiado de primer circuito. Ésta sería la tercera ocasión en que la sala superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelve la nulidad del proyecto Minera San Xavier en favor de recursos promovidos por la ONG.

La primera se emitió en septiembre de 2004. En cumplimiento de la ejecutoria D.A.65/2004-873, el TFJFA anuló la autorización que Semarnat otorgó a la empresa en 1999. Sin embargo, el mismo tribunal concedió una excepción a la dependencia.

La segunda ocasión fue en octubre de 2005 (expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04), cuando se dictó sentencia definitiva y se asentó que la autorización promovida por Minera San Xavier no debió ser otorgada por la Semarnat, pero la dependencia entregó un nuevo permiso en 2006.

De esta autorización se desprende la más reciente declaración de nulidad. Los opositores esperan que esta vez sí se cumpla.

Disputas entre PRI y PAN paralizan paquete fiscal en el Senado

JENARO VILLAMIL. Proceso.

MÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- La disputa entre las bancadas del PRI y el PAN por saber cuál partido asumirá los "costos políticos" de la aprobación del incremento del IVA a 16% provocó este jueves la parálisis de la dictaminación y votación del paquete fiscal en el Senado de la República.

Desde la mañana, la bancada de los 33 senadores del PRI tomó el acuerdo de no votar el tema del aumento de 16% del IVA y de abstenerse en este caso, lo cual provocó una airada reacción al interior de la bancada de los 51 senadores del PAN que se reunieron en la Torre Azul.

Las presiones ejercidas desde Los Pinos y desde la Secretaría de Gobernación, así como la comparecencia del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, resultaron contraproducentes para los panistas.

Casi 40 de los senadores desafiaron a su coordinador, Gustavo Madero, y decidieron que no votarán a favor del 16% del IVA si los priistas deciden abstenerse.

La rebelión de los legisladores de Acción Nacional se concretó cuando el excoordinador de la bancada, Santiago Creel, aclaró a su arribo al palacio de Xicoténcatl que si el PRI no respeta los acuerdos que se tomaron en la Cámara de Diputados, el PAN modificará su posición a favor del paquete fiscal.

"Ya quedamos muy claros: si no se cumplen los acuerdos de la Cámara de Diputados, entonces nosotros replantearíamos todos los términos", atajó Creel en rueda de prensa.

--¿Hay división dentro de su partido sobre algunas decisiones que se tienen que tomar? –se le preguntó a Creel.

--Estamos totalmente unidos. Lo que deseamos es que se respeten los acuerdos logrados en la Cámara de Diputados y que se honre la palabra dada, eso es todo –afirmó.

Una hora después de las declaraciones de Creel, los senadores priistas Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Jiménez Macías, a nombre de su bancada, confirmaron que el PRI "tomó la decisión de no votar el tema del 1% y abstenerse en ese caso, pero evidentemente los compañeros del grupo parlamentario del PAN tienen algún problema para concretar la votación de su propio grupo".

--¿Es irreversible esa abstención? –se les cuestionó.

--Es una posición evidentemente mayoritaria la de mi grupo parlamentario, nadie podría afirmar que a nombre e todo el grupo hay una posición única –afirmó Jiménez Macías.

Sin embargo, los senadores del PRI afirmaron que "ya no puede darse para atrás", y "lo que no queremos es que se paralice el Senado a unas horas de que se cumpla el mandato legal para que saquemos estos instrumentos".

Jiménez Macías les dijo a los panistas que deben asumir los costos que implica gobernar.

"Creemos que hubo otros momentos en la historia reciente de México, en los cuales el grupo parlamentario del PRI asumió plenamente sus responsabilidades, pagó los costos que tenía que pagar, y entonces no nos parece legítimo lo que está buscando el partido en el gobierno", reprochó.

En respuesta a la declaración de los legisladores priistas, el senador Ramón Galindo afirmó que si el Revolucionario Institucional no estaba de acuerdo con el IVA, "entonces este impuesto no pasará".

La revuelta panista

Cuestionado sobre la acusación priista de que el PAN violentó los acuerdos, el coordinador de esa bancada, Gustavo Madero, afirmó que estaba en contra de "caer en el tema de los costos y de quién es la culpa. El PAN está intentando actuar con responsabilidad en un tema de gran trascendencia para todo el país. Estamos vislumbrando todas las opciones, hay cambios en el sentido de una votación".

Durante la reunión de la plenaria, que se prolongó de las 9:00 a las 13:00 horas, en las oficinas de la Torre Azul del Paseo de la Reforma, 40 de los 50 senadores panistas expresaron su posición en contra de asumir "la línea" del presidente de la República, y criticaron al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por asumir que la iniciativa del incremento de 1% a la tasa de 15% ciento del IVA fue una propuesta del gobierno y no del PRI.

"Estamos lavándoles la cara", afirmaron varios senadores. Entre los más críticos durante la reunión estuvieron Ricardo García Cervantes, Rubén Camarillo, Ramón Galindo, Fernando Elizondo y el propio Santiago Creel. Desafiando a su coordinador Gustavo Madero, acordaron que si el PRI modificaba en el Senado su voto a favor del 16% del IVA, ellos también cambiarán el sentido de su apoyo al paquete fiscal.

--¿Cómo valora la posición de la bancada del PAN? –se le preguntó a Madero cuando salió de la accidentada sesión en Xicoténcatl.

--De primera. Es una bancada que sabe discutir, que sabe debatir y respetar la institucionalidad –afirmó cortante.

Versiones recabadas por Apro confirmaron que el descontento entre la bancada mayoritaria del Senado se agudizó tras la comparecencia de Carstens, el miércoles en la noche, y después de la comida  que sostuvieron poco más de 30 senadores con Felipe Calderón y con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

La noche del miércoles 28 se reunieron los senadores Fernando Elizondo, Santiago Creel, Ricardo García Cervantes, Federico Döring, Marko Cortés y Rubén Camarillo, entre otros. Ahí acordaron promover el voto en contra ante la falta de argumentos del titular de Hacienda.

 "Muro tricolor y azul": Navarrete

 Antes de que iniciara la sesión de este jueves, el coordinador de la bancada del PRD y presidente del Senado, Carlos Navarrete, reiteró la oposición de su partido a las seis minutas provenientes de la Cámara de Diputados, y afirmó que "lamentablemente los esfuerzos del PRD en el Senado se han topado con un muro tricolor y con un muro azul".

"Los senadores y senadoras del PRI y del PAN no han aceptado la propuesta del PRD de modificar sustancialmente el paquete que enviaron los diputados federales. Camina en el Senado un acuerdo mayoritario con la oposición del PRD, categóricamente, de ratificar este asalto al bolsillo de los consumidores mexicanos aplicándoles el IVA", abundó Navarrete.

Acompañado por los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras de Hacienda y de Estudios Legislativos, el perredista reiteró que se opondrá "categóricamente" a incrementar el IVA, así como el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y el impuesto de 3% generalizado a telecomunicaciones.

Diferencias por Exención a Telecomunicaciones

En tanto, las comisiones volvieron a sesionar a partir de las 18:00 horas para dictaminar cuatro de los seis dictámenes pendientes, donde están los asuntos más espinosos del paquete fiscal.

Por el momento sólo hay consenso en exentar del impuesto de 3% a los usuarios de Internet. En el caso de los polémicos artículos 244-E y su transitorio de la Ley Federal de Derechos, que exenta por dos años a los concesionarios de las nuevas bandas para telefonía celular, los priistas defendieron que se aprobó ya en comisiones.

"En este caso se votó a favor en la Comisión de Hacienda. Están las firmas, ya pasó a primera lectura y nos parece que así como está es correcto que pase ya al Ejecutivo ese dictamen de la Ley Federal de Derechos", afirmó el senador Rogelio Rueda Sánchez.

Sin embargo, el senador Santiago Creel y legisladores de la bancada del PRD, como Pablo Gómez y Yeidckol Polevnsky, afirmaron que irán en contra del dictamen del artículo 244-E y del transitorio por considerar que exentan a los grandes corporativos mediáticos y de telecomunicaciones que más ganan con sus servicios.

Desde la discusión en la Cámara de Diputados, 129 legisladores del PAN, PRI y PRD votaron en contra de este ordenamiento que, según el diputado Javier Corral, contiene un beneficio explícito para Televisa, empresa interesada en licitar en la banda de 1.7 Ghz

 

 

Decreto de extinción de la Presidencia de la República

Gilberto López y Rivas.

 

Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.

RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, y

CONSIDERANDO

Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada opinión pública; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;

Que el que se dice comandante en jefe y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;

Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;

Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;

Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:

Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.

Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.

Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.

Artículo 6. La llamada residencia oficial de Los Pinos se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.

TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:43
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