Mi?rcoles, 04 de noviembre de 2009

SME convoca a paro cívico nacional.

Ratifica que el 11 tomará pacíficamente recintos de LFC

La Corte debe reponer el orden que rompió Calderón con el decreto, demanda el SME

Rosa Elvira Vargas y Patricia Muñoz

 

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de noviembre de 2009, p. 10

Con el decreto que extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LFC), el presidente Felipe Calderón rompió el pacto social, el orden constitucional y, en los hechos, dio un golpe de Estado. La única forma de revertir este caos y mantener la paz en la República está en la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puntualizaron ayer los dirigentes sindicales, legisladores y líderes políticos participantes en una nueva concentración convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En ella, el SME ratificó su determinación de recuperar el próximo día 11, por la vía pacífica, las instalaciones de la paraestatal y alertó sobre la existencia de un plan para encarcelar en los próximos días a líderes del gremio.

La convicción de que con su movimiento, más allá de su fuente de trabajo, el SME está defendiendo al país y a la Constitución, fue expuesta por los diputados Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo y Pedro Jiménez, del PRD, PT y Convergencia, respectivamente, así como por Manuel Bartlett Díaz, del PRI, y por Bertha Luján, representante del Movimiento en Defensa de la Soberanía Nacional. Esto formó parte central del mensaje con el cual cerró el líder de los electricistas, Martín Esparza.

La Corte está para poner orden, de lo contrario, se rompe la República, se rompe el pacto social y observaremos que en adelante podrán sacar decretos para acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, con el Seguro Social, con la educación para nuestros hijos. ¡Eso no lo podemos permitir!

Respaldo a la juez Coutiño

Convocado apenas la víspera, el mitin en el Monumento a la Revolución fue asimismo un acto público de respaldo a la autonomía y libertad de criterio de la juez de lo laboral Guillermina Coutiño Mata, quien ya otorgó al SME la suspensión provisional contra el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el próximo viernes deberá resolver si otorga el amparo definitivo contra la medida presidencial.

Los electricistas denunciaron: Hoy se pretende pasar por encima del Poder Judicial y se ejerce el poder del presidencialismo contra una juez para que resuelva en favor del agravio que se pretende cometer contra los electricistas. Alertamos a la opinión pública, nacional e internacional, respecto de estas insensatas presiones contra la juez Guillermina Coutiño Mata y los invitamos a seguir de cerca el actual proceso que se sigue en las instancias judiciales.

Esparza detalló el plan de acción que siempre por la vía pacífica efectuarán el próximo día 11, cuando se cumple un mes del cierre de LFC: un paro cívico nacional, una gran marcha y la toma de las instalaciones de la paraestatal.

Instó a los diputados presentes: ustedes tienen fuero para que en el marco del derecho muevan los mecanismos en la Cámara y que el 11 de noviembre salga la PFP (sic) de los recintos de Luz y Fuerza del Centro, y los electricistas regresemos a los centros de trabajo.

Resaltó que dispone ya del aval de sus agremiados, de otros sindicatos y de miles de estudiantes para impulsar el paro nacional. “Nuestro compromiso es que no nos vamos a cansar, porque está en juego la estabilidad del país, la paz, el futuro de los mexicanos. El país sale adelante o se convierte en un mercado para los gringos…”

Arengó: ¡Preparemos el 11 de noviembre: que la PFP y el Ejército regresen a sus cuarteles y los electricistas a su centro de trabajo!

El frío no menguó el entusiasmo de los electricistas. Desde temprano ocuparon la explanada del Monumento a la Revolución y entre canciones de Raúl Martell, las mantas de repudio a la medida presidencial y las consignas, esperaron el arribo de sus dirigentes. En una cartulina verde atada a la espalda, un hombre escribió: Ya tengo mi franquicia de $100,000 ¡chicles! ¡chicles! En efecto, vendía goma de mascar a sus compañeros.

Cualquier mención al presidente Calderón, al secretario Javier Lozano o a otros miembros del gabinete, generaban sonoras rechiflas. Hubo también consignas nuevas: ¡Con este desmadre, el PAN chingó a su madre!, rezaba una.

Alejandro Encinas, líder de los diputados federales del PRD, refrendo la solidaridad política, económica y como movimiento social con los electricistas. Dijo que se trabaja con los abogados para interponer la controversia constitucional contra el decreto de extinción de LFC; que hoy se buscará en el pleno cameral, llamar a comparecer al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que se cite de nuevo al secretario del Trabajo, Javier Lozano, para que rinda cuentas y pague el costo político de sus acciones.

Uno de los más ovacionados, Porfirio Muñoz Ledo, orador experimentado, llamó directamente a la huelga general. Dijo que el gobierno está en un momento de debilidad y aseguró al SME: Ustedes son nuestra trinchera, nuestro destino. Con ustedes se juega el respeto a los derechos humanos fundamentales, que son los laborales, y el equilibrio entre los factores de la producción. Son la última frontera para salvar a la empresa pública. ¡Ustedes son el eje!

Bartlett habló sobre la derecha rapaz y de la colusión de traidores nacionales como los artífices de la desaparición de LFC mediante un documento anticonstitucional e ilegal. Tajante, afirmó, que el gobierno de Calderón con esta medida dio un golpe de Estado, porque éste queda definido cuando un gobierno usa a su policía, a su Ejército, a sus secretarios para beneficiarse a sí mismo.

Calderón alista ofensiva militar contra luchadores sociales: EPR

JOSé GIL OLMOS. Proceso.

MEXICO, D.F., 3 de noviembre (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que el gobierno de Felipe Calderón se alista a emprender una ofensiva militar contra hombres y mujeres a quienes consideran un peligro para la estabilidad y el desarrollo social.

En un comunicado con fecha del 2 de noviembre, el grupo armado dijo que por lo pronto las autoridades federales, en colaboración con los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, elaboran una lista de los presuntos rebeldes y luchadores sociales.

Según el EPR, en la elaboración de dicha lista han participado las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISE), que acusan a los luchadores sociales de pertenecer a Partido Democrático Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

"Obedeciendo al viejo método contrainsurgente se coacciona, se criminaliza y se crean expedientes delictivos y 'relaciones' inverosímiles entre luchadores sociales, sus organizaciones y nosotros. Esto es fascismo en donde no se permite otra forma de pensar, de organizarse, en este caso, la del panismo y la ultraderecha. La vieja táctica de desprestigiar, aislar y golpear para aniquilar", afirma el EPR.

Señala que esa acción es una nueva campaña de represión contra toda expresión de inconformidad, a la que se pretende criminalizar para justificar el hostigamiento, las detenciones masivas, los asesinatos políticos, el encarcelamiento de luchadores sociales en cárceles de exterminio y la desaparición forzada de luchadores sociales y de revolucionarios como política de estado.

El EPR afirma, asimismo, que el temor a un estallido social es un mero pretexto del gobierno de Calderón para "tomar providencias". Sin embargo, rechaza las filtraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que los tienen "acotados".

Además, sostiene que el gobierno calderonista miente al afirmar que están dispuestos al dialogo, pues en realidad, subraya, han optado por una salida policiaco-militar  para combatirlos.

En el comunicado, el grupo guerrillero pidió también la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, desaparecidos el año pasado.

 

El alza de impuestos, una "traición" del PAN y el PRI a la ciudadanía: PRD

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO, D.F., 3 de noviembre (apro).- El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, calificó de "traidores" al PRI y PAN por aprobar el alza de impuestos para 2010, y eso, añadió, lo sabrá toda la ciudadanía.

En entrevista, luego de una reunión con senadores y diputados de su partido, Ortega afirmó que con movilizaciones, mítines y marchas en todo el país, además de la transmisión de mensajes en medios electrónicos, informarán de la "traición" de esos dos partidos.

Esas dos fuerzas políticas, añadió, avalaron el alza de impuestos, pese a que en la elección federal del pasado 5 de julio sus candidatos se comprometieron a no aprobar nuevos gravámenes.

"El PRI y el PAN cometieron una traición contra los electores, pues en las campañas políticas sus candidatos aseguraron que lucharían contra la aprobación de más impuestos", expresó.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, dijo al PRI y PAN que no se sorprendan por la irritación social ni por las manifestaciones que habrá en todo el país por el alza de impuestos.

"No estamos satisfechos y sí indignados. El esfuerzo de los senadores y diputados del PRD no fue suficiente", señaló el también presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Y el coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, expresó que el paquete fiscal aprobado implica un sistema regresivo en materia de impuestos, que afecta a la mayoría de los mexicanos y solamente beneficia a grandes empresas.

El número de empresas beneficiadas, agregó, no llega a 425, que si pagaran sus gravámenes correspondientes solucionarían el déficit fiscal e incluso habría más recursos para inversión.

 

Más de $11 mil millones, la rebaja a empresas con impuestos diferidos

Legisladores de PRI y PAN redujeron de 60 a 25% el cobro de esos saldos en 2010

Juan Antonio Zúñiga. Periódico La Jornada

A algo más de 11 mil millones de pesos asciende la rebaja hecha por el Congreso de la Unión a las empresas beneficiarias del régimen especial de consolidación fiscal, una vez que las cámaras de diputados y de senadores aprobaron la Ley de Ingresos para 2010, informó Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), principalmente, redujeron de 60 a 25 por ciento el cobro en 2010 de los saldos diferidos de impuestos con antigüedad mayor a cinco años, lo cual modificó en 39.91 por ciento a la baja la expectativa original de recaudación estimada por el Ejecutivo federal en su propuesta original.

En conferencia de prensa, Pérez Porrúa detalló que en la propuesta del Ejecutivo se planteó la obligación de las empresas, cobijadas bajo el régimen de consolidación fiscal, a pagar el próximo año 60 por ciento de los impuestos diferidos y por lo mismo no cubiertos, con una antigüedad mayor a un lustro. Con esto, dijo, teníamos planeado como iniciativa recaudar por consolidación 27 mil 590.5 millones de pesos.

Pero una vez que los legisladores determinaron reducir de 60 a 25 por ciento el pago de los impuestos no cubiertos por las empresas, sujetas al régimen de consolidación fiscal, la recaudación estimada disminuyó a 16 mil 577.5 millones de pesos, y ésa es la estimación que se está reflejando en el artículo número uno de la Ley de Ingresos que fue aprobada, precisó.

Acerca de la lista de empresas que pagan muy bajas tasas del impuesto sobre la renta, Pérez Porrúa hizo una aclaración sobre el origen de la información: “El sector privado tenía una estimación de la recaudación que se obtendría derivada de las medidas de consolidación que se estaban adoptando, diferente de la que teníamos nosotros. Nosotros pensábamos que con la iniciativa que mandó el presidente (Felipe) Calderón se iban a recaudar 27 mil millones de pesos. Sin embargo, el sector privado llegó a mencionar cifras hasta arriba de 300 mil millones de pesos.

“Entonces ofreció el subsecretario de Ingresos (José Antonio Meade) que se podría tratar de conciliar las cifras. Desde luego, la cifra de 300 mil millones quedó totalmente desacreditada, era una exageración. Y algunas empresas de los grupos que consolidan estuvieron proporcionando información al SAT (Servicio de Administración Tributaria) para hacer la consolidación, y ahí nos dimos cuenta de que la discrepancia no era tan grande.

El sector privado sigue insistiendo en que vamos a recaudar más de lo que estimamos, y tal vez esa información a la que ustedes se refieren es que algunas empresas le estuvieron proporcionando información al SAT abiertamente; otras no lo dieron abiertamente, sino que agregaron las cifras de varias empresas y las proporcionaron como agregado al SAT. Era simplemente para acreditar si había o no había diferencia, y de qué tamaño era. En ningún momento se manejó de manera pública esa información, detalló.

Por otra parte, Pérez Porrúa informó que la Secretaría de Hacienda estima en 17.5 por ciento la caída anual en la recaudación del impuesto al valor agregado, en 10.8 la conjunta del impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el aplicado a los depósitos en efectivo (IDE), y de 13.4 por ciento la disminución total de los ingresos tributarios para todo 2009.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:45
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