Viernes, 06 de noviembre de 2009

Choque entre electricistas y policías deja 20 lesionados

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO, D.F., 5 de noviembre (apro).- Un enfrentamiento entre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y elementos de la Policía Federal (PF) dejó como saldo 20 lesionados en la comunidad Juandhó, municipio de Tetepango, Hidalgo, cuya población en su mayoría dependía económicamente de la paraestatal.

         Alrededor de las 7:00 horas de este jueves, los inconformes, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), marcharon hacia la subestación de LFC, ubicada en el pueblo natal de Martín Esparza, líder nacional del sindicato. Al llegar al lugar, algunos de los electricistas lanzaron petardos a los federales e intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones, pero los policías federales lo impidieron con golpes y toletazos.

La respuesta de los federales no frenó a los extrabajadores de LFC que bloquearon con camionetas y autos las entradas y salidas a Juandhó, así como los accesos a las instalaciones de la paraestatal, a fin de impedir el paso de patrullas. En tanto, en Tula, donde también hubo protestas, los electricistas tiraron una puerta de las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

         Y en Pachuca, en la subestación eléctrica de Santa Julia, alrededor de cien manifestantes forcejearon y abrieron las puertas de la subestación, sin embargo, sólo se introdujeron unos metros a las instalaciones, ya elementos de la PF los aguardaban con sus toletes. Encabezados por el secretario del SME, Luis Espinoza, los electricistas colocaron banderas rojinegras en el lugar, como parte del paro cívico convocado para el próximo miércoles 11.

Los extrabajadores de LFC, según Espinoza, se quedarán en plantón de manera indefinida, debido a que las instalaciones han comenzado a ser saqueadas. "No queremos que al rato nos echen a nosotros la culpa, se han robado el material y los conductores, y no lo vamos a permitir", dijo.

Pactan organizaciones paro nacional en apoyo al SME el 11 de noviembre.

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, aseguró que el paro es la antesala de una huelga política que se llevaría a cabo en todo el país.

Notimex


Decenas de organizaciones sindicales y políticas pactaron realizar un paro nacional el 11 de noviembre en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en su lucha contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Reunidos en la sede nacional del SME en lo que llamaron Asamblea Nacional de Resistencia Popular, los representantes de sindicatos, como el de Telefonistas y de Trabajadores de la UNAM, votaron a favor del paro.

Luego de más de cuatro horas de intervención por distintos oradores, los asambleístas aprobaron la creación de un comité para elaborar los lineamientos generales del paro cívico nacional, el cual presidirá el SME.

En su intervención, Martín Esparza, líder del sindicato de electricistas, destacó que dicho paro nacional es la antesala de una huelga política que se llevará a cabo en todo el país.

Esta protesta, indicó, no sólo será para rechazar la extinción de Luz y Fuerza del Centro sino para pronunciarse contra el paquete económico que se discute y aprueba en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Esparza Flores anunció que el viernes diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el citado decreto de extinción.

Insistió en que el movimiento del SME es pacífico y que no caerán en las provocaciones que la policía federal generó este jueves cuando algunos de sus compañeros intentaron colocar banderas rojinegras en algunas instalaciones de la Luz y Fuerza del Centro.

El fin de la recesión, sólo en la casa de Calderón": Ortega

ROSALíA VERGARA. Proceso.

MÉXICO, D.F, 5 de noviembre (apro).-El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, calificó de "irresponsable" al presidente Felipe Calderón por anunciar el fin de la recesión económica en el país.

         En entrevista, Ortega manifestó que la recesión no se combate con declaraciones, sino con inversión pública fuerte en sectores estratégicos de la economía.

Lo que Calderón busca, dijo, es crear un ambiente de optimismo entre la ciudadanía, luego de la autorización que dieron legisladores del PAN y el PRI para aumentar los impuestos a partir del año próximo.

De acuerdo con Ortega Martínez, la intención de Felipe Calderón es parte de una estrategia mediática elaborada desde Los Pinos, pero "no sólo son declaraciones las que se necesitan para superar la recesión, sino inversiones públicas fuertes en sectores estratégicos de la economía, la reactivación del mercado interno y la generación de empleos".

La etapa de recesión, dijo, pasó sólo en la casa del Presidente, porque en el resto de los hogares mexicanos siguen disminuyendo los ingresos, la comida y los salarios, y siguen quebrando las fábricas. "En realidad, no hay superación de la recesión", agregó.

Ortega manifestó que con sus declaraciones no pretende anunciar una visión catastrofista, sino mostrar la realidad respecto de la recesión, producto de las ineficientes políticas económicas del gobierno federal.

Y, de nueva cuenta, señaló que los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional deberán pagar los costos sociales por haber permitido el aumento de impuestos en un contexto económico adverso para la nación.

En otro tema, el presidente nacional del PRD condenó las intenciones del alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, y pidió la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso.

Ortega Martínez solicitó a la PGR que llame al alcalde a declarar y lo considere "presunto culpable" en los homicidios de narcotraficantes hallados en la ciudad de México.

No se pueden crear escuadrones de limpieza, de la muerte", como lo ha hecho el alcalde panista, expresó, y calificó como "sospechoso" el "silencio cómplice" de Calderón respecto de este caso.

 

El paro nacional

Luis Javier Garrido.

 

La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.

1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.

2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.

3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de diálogo que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.

4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna transición democrática, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.

5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto triunfador sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.

6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del pacto social entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.

7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan legitimarse con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran acuerdo nacional en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese acuerdo contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?

8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).

9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la clase política del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.

10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás

 


Publicado por solaripa69 @ 9:35
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