Martes, 10 de noviembre de 2009

Cierre de secretarías y megamarcha, estrategias del paro cívico del SME

Se iniciará a las 7 de la mañana del miércoles; llegarán contingentes de varios estados. Iremos a Los Pinos a pedir audiencia con Calderón, pero sólo con él, advierte Martín Esparza

Patricia Muñoz Ríos. Periódico La Jornada

El paro cívico convocado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para este miércoles 11 de noviembre se iniciará a las 7 de la mañana con el cierre de varias dependencias, como las secretarías de Hacienda y del Trabajo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se impedirá la entrada de personal a laborar. Al filo de las 14 horas, los trabajadores marcharán del Ángel de la Independencia a Los Pinos, y de regreso hasta llegar al Zócalo, adonde desde seis puntos de la ciudad arribarán contingentes de maestros, campesinos y organizaciones sociales que pararán en apoyo a los integrantes de ese gremio sindical.

En esta movilización, trabajadores de las secciones foráneas del SME llegarán desde las autopistas de Toluca, Pachuca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro. La mañana de ese día, legisladores de varios partidos, amparados por su fuero, buscarán ingresar a las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro (LFC); organizaciones sociales cerrarán simbólicamente varios bancos y pararán diversas instituciones de educación media y superior; suspenderán actividades 60 mil telefonistas y talleres y oficinas generales de tranviarios, entre muchos otros sindicatos que se adhieren al paro. Suman más de 700 organizaciones.

El dirigente del SME, Martín Esparza, y los secretarios del interior, Humberto Montes de Oca, y del exterior, Fernando Amezcua, dieron a conocer la agenda de acciones que se llevarán a cabo este miércoles, a un mes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y sostuvieron que este paro es el preludio de la huelga nacional.

La jornada de protesta la iniciarán organizaciones sindicales, vecinales y estudiantiles, así como del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, que entre las 7 y las 12 horas cerrarán los accesos a varias dependencias públicas, como las ya referidas, y aunque no se dio la lista completa se dijo que se podría incluir una visita a Gobernación, así como a diversas instituciones bancarias y hasta tiendas departamentales y negocios de comida rápida.

A la misma hora, es decir, a partir de las 7 de la mañana, arribarán distintas caravanas motorizadas con trabajadores de las divisiones foráneas del SME, quienes entrarán por las carreteras de acceso a la ciudad, como son la México-Toluca, la de Querétaro, la de Cuernavaca y la de Pachuca.

Alrededor de las 9 de la mañana, diputados y senadores que apoyan el movimiento llegarán a las instalaciones de Luz y Fuerza, en avenida Marina Nacional, donde utilizarán su fuero para ingresar a las instalaciones y solicitar la salida de la Policía Federal y que regresen a laborar los trabajadores.

De las 12 a las 14 horas, diversas organizaciones sociales y estudiantiles realizarán un brigadeo masivo entre la población para informar de las causas de la movilización. En este mismo lapso, trabajadores del SME –principalmente mujeres– realizarán visitas a diversos medios de comunicación, y aunque tampoco se especificó a cuáles, se supo que irán contingentes a las dos principales empresas televisoras.

A las 14 horas, Martín Esparza Flores encabezará una marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos, donde solicitará una audiencia con el presidente Felipe Calderón, pero sólo con él y no con su secretario particular (Luis Felipe Bravo), señaló el dirigente. Luego éste, acompañado por diversos secretarios de otras organizaciones, regresará al Ángel para marchar de ahí al Zócalo al encuentro con todas las organizaciones sociales.

También desde las 14 y hasta las 18 horas, llegarán a la Plaza de la Constitución desde seis puntos de la ciudad los contingentes sindicales, campesinos y sociales que se reunirán en las inmediaciones de las estaciones del Metro Aeropuerto, La Raza, San Lázaro, Viaducto y Normal, para marchar en varias ramificaciones hacia la cita con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Asimismo, este sindicato está convocando a la ciudadanía a “bajar el switch” de 19:30 a 21:30. Además, durante todo el día habrá movilizaciones, marchas y mítines en varios estados, organizados principalmente por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en respaldo al paro.

Entre las instituciones de educación superior que suspenderán labores están la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma Chapingo, diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y toda la Universidad de la Ciudad de México.

La voz de las mujeres

En apoyo al paro cívico del SME, mujeres de diferentes sindicatos anunciaron para el próximo miércoles una manifestación en la Glorieta Insurgentes, a las 15 horas, para luego marchar al Zócalo capitalino. En conferencia de prensa, representantes sindicales de la UNAM, UAM y del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, así como del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical del Colegio de Bachilleres, anunciaron su adhesión al paro.

A su vez, el consejo general de representantes del STUNAM emitió una orientación a los trabajadores para que este martes voten a huelga en apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, en un proceso de consulta que se llevará a cabo para este efecto. La propuesta de esta representación es que este miércoles 11 de noviembre se lleve a cabo un paro de las 6 a las 18:30 horas. Las urnas se colocan este martes.

El sistema mexicano, agotado; en 25 años dio pocos resultados

Plantea actuar con un enfoque unificado de largo plazo para garantizar el crecimiento

Propone fortalecer el mercado interno, invertir en educación de mayor calidad y en investigación científica, tecnológica y de mercados

En exploración petrolera, no perder la soberanía del Estado, destaca

R. González Amador, Claudia Herrera y D. Carrizales

Periódico La Jornada

San Pedro Garza García, NL, 9 de noviembre. El sistema mexicano está agotado y en los últimos 25 años ha producido pocos resultados en crecimiento económico y generación de empleos, aseguró este lunes el empresario Roberto González Barrera, presidente de Gruma y Banorte. Planteó que los aumentos de impuestos avalados por los partidos dominantes en el Congreso a propuesta del Ejecutivo deben considerarse transitorios y sujetos a una revisión de fondo.

Sostuvo que para enfrentar la situación de escaso crecimiento en México se requiere actuar con un enfoque unificado de largo plazo, una política, dijo, que pueda sostenerse al menos 20 años para garantizar tasas de crecimiento de entre 5 y 7 por ciento del producto interno bruto (PIB). No debemos conformarnos con los pronósticos de 2.5 por ciento anual, como el anticipado para 2010.

Las declaraciones de González Barrera en el foro México. Cumbre de negocios fueron expresadas un día después de que, en el mismo encuentro, el empresario Carlos Slim Helú, presidente honorario del Grupo Carso, aseguró que las políticas monetaria y fiscal vigentes en el país no se han enfocado a buscar el crecimiento económico. El también principal accionista de Teléfonos de México y América Móvil planteó la necesidad de fortalecer la economía interna para crear empleos y combatir la pobreza. No se trata de sacrificar generaciones, apuntó Slim el domingo.

Este lunes González Barrera aprovechó su intervención en el foro que organiza el empresario y ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco, para plantear la necesidad de instaurar políticas de largo plazo que sustituyan la gestión coyuntural de los problemas que enfrenta la economía.

En México tenemos elementos para enfrentar la situación si nos decidimos a actuar con un enfoque unificado de largo plazo, insistió. Por ello, dijo, las medidas fiscales aprobadas por el Congreso hace una semana –que incluyen mayores impuestos al consumo y a la renta de empresas y personas– deben considerarse transitorias y sujetas a una revisión de fondo.

Difícil recuperación

El empresario neoleonés sostuvo que en México comienza a haber algunas noticias positivas sobre el desempeño de la economía, aunque indicó que no se percibe una expansión rápida y fuerte. Habrá recuperación, pero no será fácil; habrá crecimiento, pero con desempleo y pobreza, dijo, al hacer suya una expresión del Nobel de economía Paul Krugman.

Afirmó además que el país no saldrá de esta crisis inédita a menos que trabajemos unidos apoyando al presidente Felipe Calderón.

Consideró que México corre el riesgo de no consolidar la recuperación de la economía, por lo que propuso perseverar en fortalecer el mercado interno, incrementar la inversión en educación de mayor calidad y en investigación científica, tecnológica y de mercados para ser más competitivos, y que participantes y autoridades del sistema financiero persistan en manejar el negocio bancario con todas las precauciones como hasta ahora lo hemos hecho.

González Barrera incluyó entre las acciones que consideró necesarias para fortalecer el crecimiento de la economía, una política que estimule la actividad agrícola con el fin de lograr mayores rendimientos por hectárea y un uso más eficiente de la tierra y el agua.

Consideró que también se debe incrementar la inversión en infraestructura física: telecomunicaciones, transporte, modernización de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y, añadió, en materia de energía continuar con la unificación del sistema eléctrico, y además fortalecer la exploración y perforación petrolera, con alianzas, sin perder, por ningún motivo, el control y la soberanía del Estado.

Planteó la necesidad de que se amplíe la posibilidad de que los recursos de los fondos de pensión depositados en las Administradoras de fondos para el retiro (Afore) se inviertan en obras de infraestructura.

Lo que debemos hacer, además de reformas como la laboral y las mencionadas, es un compromiso fiscal de largo plazo entre poderes, partidos políticos, empresas, trabajadores y ciudadanos en general, que permita la inversión pública, a la vez que se fortalezca nuestra planta productiva, y tener mucho cuidado con la correcta aplicación del gasto público. El primer paso debe ser ampliar el número de contribuyentes y simplificar a lo máximo posible el esquema tributario, propuso.

Ejército: La ley del abuso

RICARDO RAVELO. Proceso.

Torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, saqueos de viviendas y asesinatos, son algunos de los excesos de poder en los que ha incurrido el Ejército Mexicano desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la cruzada contra el crimen organizado. Los daños a la población civil se detallan claramente en las quejas ante las comisiones de derechos humanos de los estados convertidos en campo de batalla.

Con claros signos de improvisación para combatir al crimen organizado, los soldados han aplicado “más fuerza que inteligencia” en sus labores policiacas durante los cuatro años de guerra contra el narcotráfico,
Esta grave tendencia se documenta en las denuncias que se han interpuesto ante las comisiones estatales de derechos humanos de 12 entidades del país –entre las que destacan Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Coahuila– donde se concentra cerca del 50% de los 90 mil efectivos que el gobierno federal desplazó para enfrentar a la delincuencia organizada.
La mayoría de estas quejas fueron presentadas por familiares de personas asesinadas o desaparecidas. En ellas se señala a personal militar como responsable de esos delitos, en su mayoría impunes. Aunque son pocos los casos aclarados hasta ahora, acusan que las autoridades civiles se muestran limitadas para llamar a cuentas a los probables responsables si se trata de soldados.
Según el cúmulo de quejas, salvo el periodo de la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta, en ningún otro periodo gubernamental el Ejército Mexicano ha violado tanto los derechos humanos como durante los primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón.
Así lo demuestran los datos: cerca de 550 expedientes están abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y más de mil 500 quejas se acumulan en las comisiones estatales de los estados referidos. Lo más grave es que la mayoría de los casos no están aclarados y la mayoría de los militares acusados no han sido castigados por esos delitos.
Con base en las denuncias, existen varios hechos en los que no parece existir duda de que efectivos militares actuaron con violencia contra civiles y hasta menores de edad.
Vidas robadas
La tarde del 20 de octubre último, por ejemplo, Luis Florencio Vargas Martínez, de 14 años, caminaba con dos amigos por una céntrica calle de Matamoros, Tamaulipas. Según la queja 34/2009, después de salir de la escuela el menor se dirigía a su casa, localizada en la colonia Obrera, cuando se desató una balacera entre narcos y soldados.
Tres convoyes repletos de militares perseguían a dos vehículos donde presuntamente viajaban traficantes de droga. El zumbido de las balas echó a correr a la gente que deambulaba por la calle. Según los testimonios asentados en la queja, los militares disparaban sin ton ni son.
Una bala calibre 380 alcanzó a Luis Florencio. El proyectil penetró por su frente y salió por la oreja derecha. Cayó. Al terminar la refriega, los uniformados acordonaron la zona y recogieron algunos casquillos “tratando de borrar las huellas de su presencia”. Según la denuncia, ninguno de los soldados atendió al menor, que sangraba de la cabeza. Tan rápido como pudieron, abandonaron el área.
El padre del niño, Florencio Vargas, dice que fueron los vecinos y otras personas que presenciaron a distancia el tiroteo quienes recogieron a su hijo. “Minutos después llegó la ambulancia y mi hijo fue trasladado a una clínica, donde tres horas más tarde falleció”.
–¿Y a quiénes responsabiliza por la muerte de su hijo? –se le pregunta.
–Al Ejército. Ellos dispararon. Por la torpeza de activar sus armas en medio de la gente, una bala mató a mi hijo. Exijo justicia, pero hasta ahora sólo he recibido promesas que siguen sin cumplirse.
Este no es el único caso ocurrido en Tamaulipas. El 17 de marzo de este año, los jóvenes Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente fueron detenidos por elementos del Ejército en Nuevo Laredo.
Los tres terminaron de cenar en la casa de Miguel Alejandro y se dirigieron a la colonia Palmares, donde vivía Israel. Iban a bordo de un coche Chrysler 1999. No habían avanzado ni seis cuadras cuando se toparon con un retén militar. Había alrededor de 40 de los 150 soldados que realizaban un supuesto operativo antidrogas.
–¡Alto! ¡Alto! –les gritaron unos militares mientras otros les apuntaban con sus rifles.
Miguel Alejandro se detuvo y bajó del vehículo con sus dos amigos. Varios soldados se introdujeron a la unidad, abrieron la guantera y movieron los asientos; otros, uniformados de verde olivo, comenzaron a golpear a los tres jóvenes y los subieron a uno de los varios camiones militares, que arrancó a toda velocidad y se perdió en la oscuridad de las calles, según relataron testigos.
Nada se volvió a saber de ellos por varios meses. Dulce María López Duarte, esposa de Gama Habif, señala que tras la desaparición de su marido interpuso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La denuncia establece:
“La señora Dulce María López Duarte, residente de la coloniales Fresnos… acusó a elementos del Ejército Mexicano de haber detenido y desaparecido a su esposo Miguel Alejandro Gama Habif, de 25 años.
“Refiere que su esposo fue detenido la noche del 17 de marzo (2009), aproximadamente a las 10 de la noche, mientras conducía un auto Chrysler”.
Continúa el texto: “La quejosa relató que la misma noche del martes, soldados del Ejército Mexicano allanaron su domicilio particular, robándose algunos artículos personales como computadoras, teléfonos celulares, identificaciones oficiales, dinero e incluso alimentos de la despensa”.
Asimismo, López Duarte presentó una denuncia ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público, en la que mencionó el cateo de los soldados a su domicilio y relató que tiraron los muebles, se llevaron una computadora, un televisor, 200 dólares, una bolsa y un monedero que contenía 4 mil pesos.
Según la denuncia, de la cual tiene una copia Proceso, los soldados “se robaron las pocas joyas que tenía López Duarte, mi visa láser y de Aarón (su marido)... Nos dimos a la tarea de buscar a mi esposo y a sus amigos en las agencias del Ministerio Público, en los reclusorios, y fuimos a parar hasta la guarnición militar. Nadie nos daba una señal del paradero de mi esposo ni de sus amigos”.
La incertidumbre continuó. López Duarte señala que el pasado 7 de mayo recibió una llamada en la que le comunicaron del hallazgo de tres cuerpos localizados en Piedras Negras, Coahuila. Le dijeron que las características físicas de uno de ellos coincidían con las de su esposo desaparecido. Tuvo que ir al Servicio Médico Forense (Semefo) a identificarlo. Para su alivio, ninguno de los cadáveres era el de su marido.
Pero horas más tarde tres cuerpos más fueron llevados al hospital universitario de la ciudad de Monterrey. Habían sido exhumados del rancho Alto Bonito, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
Dice la quejosa: “Se trataba de mi esposo y sus amigos. Tenían cinco semanas y  media de haber sido asesinados. Estaban quemados y los tres  habían sido torturados a balazos, incluso tenían el tiro de gracia.
El 8 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un boletín que personal militar participó en la desaparición y muerte de Miguel Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente, por lo que se “ejerció acción penal en contra de un jefe, tres oficiales y ocho elementos de la tropa”. La dependencia omitió los nombres de los presuntos implicados.
Los encapuchados
En Coahuila, particularmente en Monclova y Torreón, el Ejército ha cometido serias atrocidades, según documentos en poder de Proceso.
El 3 de septiembre último, en la colonia Virreyes Popular, efectivos militares balearon en medio de una refriega contra presuntos narcos a Pablo Martínez Cornejo, de 21 años. El joven quedó tendido sobre el bulevar Egipto, frente a la bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Luego de que las autoridades le encontraron tres impactos de bala en la espalda y dos en el abdomen, de inmediato le suministraron suero y oxígeno. Horas más tarde, Pablo murió.
Uno de los vecinos que vieron ese tiroteo relata sobre la queja 59/22009, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila: “Los plomazos más bien parecían cohetes, pero al salir de nuestras casas nos dimos cuenta de que una persona estaba tirada sobre la calle y, afuera de un auto, una cantidad de soldados estaban armados y encapuchados”.
Añade: “Nosotros sabemos muy poco de lo que pasó, pues dicen algunos jóvenes (que) llegó muy rápido en su carro frente a donde estaban los ‘viejos’ encapuchados”.
En Coahuila el Ejército ha incurrido en mayores excesos, según las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que documenta casos como la desaparición de cinco personas en mayo de este año.
Entre quienes supuestamente fueron desaparecidos por efectivos militares se hallan los médicos veterinarios Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado. El vehículo en el que ambos circulaban fue atacado por “hombres encapuchados de corte militar –se lee en la queja 56/2009– y los cuerpos quedaron ensangrentados por los balazos”.
Según testigos de los hechos, varias camionetas del Ejército atacaron a Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado, cuyo vehículo quedó abandonado con huellas de sangre e impactos de bala en el fraccionamiento Ciudad Nazas.
Los deudos de los médicos veterinarios refieren que los doctores fueron detenidos por militares en la colonia Los Montes de Piedras Negras, Coahuila. Luego nada se supo de ellos.
No es todo: la noche del 7 de agosto de 2007, cuatro periodistas –Manuel Acosta Villarreal,  Sinhué Samaniego Osorio, Jesús Arnaldo González Meza y José Alberto Rodríguez Reyes– fueron aprehendidos después de que acudieron a cubrir un operativo militar del que se enteraron por radio.
En la ciudad de Monclova, Coahuila, fueron interceptados por efectivos del Ejército. Según la queja 67/2009, los golpearon y los presentaron en calidad de delincuentes, como si hubiesen sido miembros del crimen organizado, y luego desaparecieron.

 

 

 

Paramilitares: Barbarie y simulación

ÁLVARO DELGADO. Proceso.

MÉXICO, DF, 9 de noviembre (apro).- En un país donde la jactancia de las bandas criminales acumula en tres años unos 15 mil asesinatos con saña cada vez más inaudita y donde quedan sin castigo las violaciones a los derechos humanos, cometidas a través de las fuerzas policíacas y castrenses, es lógico que emerjan conductas mesiánicas y, al mismo tiempo, delincuenciales desde instancias del poder público.

         Si el alcalde panista de San Pedro Garza García, el magnate Mauricio Fernández, se regodea de integrar un grupo paramilitar para "limpiar" de criminales ese municipio neoleonés, y exhibe como sus primeros trofeos de guerra los cadáveres de cuatro presuntos secuestradores localizados en la Ciudad de México, es porque en el país se ha instalado la barbarie.

         En su frenético operativo de difusión, Fernández admite inclusive que en el grupo paramilitar que lo enorgullece participan individuos vinculados al narcotráfico, particularmente los Beltrán Leyva, cuyas familias --ya lo había admitido en su campaña-- habitan San Pedro y por tanto era viable establecer una suerte de pacto: Eliminación de secuestradores a cambio de tranquilidad.

Tardíamente, sólo cuando la insolencia de Fernández ha rebasado la apología del delito, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pontificó sobre el Estado de derecho y, con ambigüedad, evitó referirse al alcalde de su partido: "Creo que he sido claro y el que quiera escuchar, que escuche, y el que no, que se atenga a las consecuencias".

Con tal desplante, Gómez Mont imitó el lenguaje de Fernández, que en su alarde de custodio justiciero de la elite que habita el municipio que gobierna no ha tenido, ya no la honradez, sino la hombría --para ponerlo en sus términos-- de asumir como propio el cuádruple homicidio y sólo reta: "Al buen entendedor…"

Felipe Calderón actúa con análogo proceder: Este lunes 9, en San Pedro, más de una semana después del escándalo de quien es un curioso panista que gasta su dinero en arte y mantiene una estrecha amistad con Fidel Castro, disertó sobre el Estado de derecho para supuestamente reprenderlo: "Hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma, que es la fuente de toda legitimidad."

 El problema es que, como hay tantas pruebas, Calderón practica la simulación y, más allá del discurso, lo que procede es si ha dado la orden de que se desmantele el escuadrón de la muerte del que Fernández se ufana, que por lo expuesto por él mismo cuenta con la cooperación del Ejército Mexicano.

En un tema tan delicado no caben las ambigüedades, sobre todo cuando, en público y en privado, la conducta demagógica de Fernández ha generado el clamor de medidas semejantes, algunas de ellas producto, en efecto, de la desesperación y la impotencia, pero otras francamente oportunistas.

No hay que olvidarlo: Los escuadrones de la muerte o las bandas paramilitares que actuaron --y actúan aún-- en países de América no sólo procedían contra delincuentes, sino contra quienes los miembros de la oligarquía local --que financiaban esas estructuras toleradas por la autoridad-- identificaban como enemigos.

En un contexto tan enrarecido como el que prevalece en México, donde la impunidad alienta cualquier tipo de conductas delincuenciales, la proliferación del paramilitarismo cobrará auge si no se desactiva el que creó el alcalde de San Pedro.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:56
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