Viernes, 13 de noviembre de 2009

AMLO responde a Lozano: "La violencia proviene del gobierno"

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, defendió hoy al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de quienes lo tachan de ser una organización gremial violenta por los sucesos ocurridos ayer en la carretera México-Querétaro.

"El verdadero violento es el gobierno federal, que de manera inhumana dejó en la calle, de un plumazo, a 43 mil trabajadores", dijo.

         En Santiago Ixtlayutla, Oaxaca, López Obrador afirmó que nadie cree la versión del gobierno de Felipe Calderón, en el sentido de que los manifestantes agredieron ayer a elementos de la Policía Federal durante la marcha a la que convocó el SME.

         "Corrupto y violento", dijo, es el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, quien este jueves reprobó la supuesta violencia y los actos de provocación de los inconformes, y además advirtió que la extinción de LFC es un hecho consumado.

         El tabasqueño añadió que en relación con Lozano "hay que recordar que hace dos años se detuvo al ciudadano mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon. Le decomisaron muchos millones de dólares y, cuando lo detuvieron, declaró que ese dinero se lo había dado el hoy secretario del Trabajo en la campaña de Calderón.

"Son unos bandidos, pero como tienen el control de los medios de comunicación, manipulan y engañan a la gente", afirmó el exjefe de Gobierno del Distrito Federal durante su gira de trabajo, que incluyó cuatro municipios oaxaqueños (Santiago Ixtlayutla, San Agustín Chayuco, Santa Catarina Mechoacán y Tataltepec).

Y más: Condenó a los medios de comunicación "maiceados por el gobierno usurpador" por difundir la idea de que el SME promueve un movimiento de resistencia violento. 

 

Piden especialistas mantener y mejorar libros de texto gratuitos

Analizan en coloquio convocado por el Colmex la importancia de ese programa a 50 años de creado

Laura Poy Solano

 

Periódico La Jornada

Los libros de texto gratuitos son de las grandes aportaciones del Estado mexicano a la educación de millones de alumnos y no deben desaparecer, pero es indispensable que su elaboración sea mucho más cuidadosa porque no es lo mismo repartir libros que conocimiento, afirmaron especialistas e investigadores.

Al clausurar el coloquio A 50 años de los libros de texto gratuitos, convocado por El Colegio de México (Colmex) historiadores, lingüistas, pedagogos y expertos consideraron urgente que autoridades educativas escuchen las voces de especialistas y maestros para corregir esos textos. No se trata de descalificar, sino de unir fuerzas para que los niños aprendan mejor, pues se han identificado problemáticas en los contenidos.

Rebeca Barriga Villanueva, coordinadora del coloquio e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos del Colmex, destacó que una de las conclusiones del encuentro fue destacar la importancia de que exista este programa de los libros gratuitos, sobre todo en un país con tantas desigualdades socioeconómicas; pero también es evidente que hay que atender su elaboración de otra manera.

Indicó que investigadores, pedagogos y maestros han sido insistentes en que se debe lograr mayor vinculación entre los libros y programas curriculares, pues actualmente hay una enorme desvinculación. Esto propicia graves incoherencias porque no existe un diálogo entre programas y textos.

Soledad Loaeza, catedrática del Centro de Estudios Internacionales del Colmex y articulista de esta casa editorial, destacó la necesidad de recuperar la enseñanza de la historia patria en la primaria ante los efectos de la globalización y la democracia, como fenómenos de impacto desintegrador del tejido social, aunque alertó que aún existen críticas feroces a la historia patria, al ser identificada como oficial o con una visión hegemónica de la historia, aunque son cosas diferentes que se han confundido de manera sistemática.

Sin embargo, señaló que uno de los obstáculos para su recuperación en las aulas es el uso político que se ha hecho de ella, práctica que fue más profunda en tiempos de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, pues era una fuente de legitimidad alternativa a la de las urnas.

El Partido Acción Nacional, indicó, enfrenta problemas con la historia patria porque rechaza el liberalismo, pues dentro de la tradición del PAN es un mal, una pésima experiencia, e incluso, algunos sostienen que ni siquiera es una práctica mexicana, sino que fue impuesta desde fuera.

Por su parte, Josefina Mac Gregor, catedrática del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, alertó que desde hace mucho tiempo se sabe que es hasta los 11 años de edad cuando los niños adquieren nociones temporales para comprender el concepto de tiempo histórico, por lo que cabe preguntarse si puede darse por sentado que el conocimiento en la materia adquirido en la primaria es suficientemente firme para ser la base de nuevos aprendizajes en la secundaria.

Al analizar los contenidos de los nuevos libros de historia para primero y segundo de primaria, destacó que el trabajo se concentra en el estudio de efemérides, donde todo se celebra y no se conmemora. Los temas históricos no son tratados con la claridad y complejidad para que los alumnos comiencen a percibir los problemas económicos, políticos y sociales a través del tiempo.

Ejemplo de ello, enfatizó, es que en el nuevo libro de historia para primero de primaria el cuento sobre los días de la semana tiene 25 líneas y el relato sobre Miguel Hidalgo y la Independencia sólo tienen siete líneas. No se especifica si actuó solo ni que derechos defendía y si estos existían.

La CIDH da entrada a denuncias contra el Ejército en Tijuana

GLORIA LETICIA DíAZ. Proceso.

MÉXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a las denuncias de familiares y víctimas de tortura, perpetrada por elementos del Ejército Mexicano en cuarteles militares en Tijuana, Baja California.

El pasado jueves 5, luego de participar en una audiencia pública en la que se expusieron las violaciones a los derechos humanos en el marco del combate al narcotráfico en Tijuana, el organismo resolvió acudir a esa ciudad fronteriza para recabar información sobre las detenciones ilegales y los arraigos de policías municipales y ministeriales, así como de civiles que permanecieron en los cuarteles de la II Zona Militar, donde fueron torturados por elementos del Ejército.

En las ediciones 1701 y 1722, Proceso dio cuenta de las detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura y arraigo de policías y civiles a quienes se les involucra con el crimen organizado, mismos que han denunciado ser víctimas de violaciones a sus garantías individuales.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos  (CMDPDH) y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), durante la audiencia pública los comisionados de la CIDH escucharon los testimonios de Blanca Mesino Nevarez, representante de familiares de 25 policías municipales procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico y recluidos en el penal de alta seguridad de Nayarit, así como de Luis Castellanos Hernández, hermano uno de los 11 policías arraigados en un hotel en Tijuana.

         También conocieron el testimonio de los exagentes ministeriales Jorge Lomelí y Julio César Magdalena, quienes fueron víctimas de tortura, así como de Reyna Martínez, madre de uno de los cuatro civiles procesados por secuestro y recluidos en Nayarit.

         Durante la audiencia, víctimas y familiares detallaron que bajo el argumento del combate al crimen organizado, en Tijuana se han realizado detenciones ilegales de personas que son conducidas a cuarteles militares, donde luego son torturadas para autoinculparse y para que involucren a más personas en presuntos delitos de alto impacto.

         Acompañados a la audiencia por los presidentes de la CMDPDH y CCDH, Juan Carlos Gutiérrez y Raúl Ramírez Bahena, así como por el coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona, las víctimas y sus familias aseguraron que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad "no sólo han sido omisos en la documentación oportuna de las quejas, sino también en las visitas a los arraigados; incluso han inducido a los familiares de las víctimas a retirar las denuncias penales y las quejas por tortura".

         El comunicado destaca que durante la audiencia, "los familiares de las presuntas víctimas manifestaron su plena disposición de que si sus parientes detenidos incurrieron en delitos de cualquier índole, se les procese y se les juzgue conforme a derecho, pero que no admiten la fabricación de pruebas obtenidas mediante tortura".

         De acuerdo con el texto, a la audiencia pública asistieron el director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín; el titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Víctor Hugo Pérez Hernández, y la directora de Control y Seguimiento de la SSP de Baja California, María Elena Rodríguez Ramos.

         A nombre del Estado mexicano, Guevara se comprometió a atender las quejas y a continuar el diálogo con las organizaciones civiles y con los quejosos.

         Un día después de presentar sus denuncias ante la CIDH, familiares y víctimas de tortura, acompañados de los representantes de las organizaciones civiles que los representan, se entrevistaron con asesores del Comité de Asignaciones de la Cámara baja, responsable de la designación presupuestal para la asistencia internacional y la cual determina los fondos para México bajo la Iniciativa Mérida, así como con  funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. En ambos encuentros reiteraron sus quejas.

Peña Nieto y sector campesino complican discusión de presupuesto

JESUSA CERVANTES

MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- La pretensión del sector campesino, de recibir 30 mi millones de pesos en reasignación, y la petición del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de que le sean otorgados más recursos que el resto de los 18 gobernadores del PRI, provocó que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se declarara en sesión permanente y dejara para mañana sus trabajos.

         A lo largo del día, los 80 legisladores del sector campesino del PRI, encabezados por el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López, intentaron convencer a sus compañeros del PRI de que 30 mil millones de pesos, de los 80 mil, se etiqueten en programas de su sector. Sin embrago, la falta de aceptación y de acuerdo provocó que se suspendieran las pláticas al interior de ese partido y que no sesionara la Comisión de Presupuesto.

         Los legisladores ofrecen a este sector una bolsa de 15 mil millones de pesos, lo que sólo igualaría el presupuesto de 2009 y que en el proyecto para 2010 que elaboró el gobierno federal, aparece como recortado.         

        Otro de los problemas que se enfrentó la fracción priistas fue el intento de Peña Nieto de obtener mayores recursos. El primer gobernador de ese partido que reclamó la demanda fue Ulises Ruíz, de Oaxaca, quien de inmediato movilizó a sus 14 diputados, los cuales detectaron que los dictámenes de salud, educación y transporte, se estaban modificando.

         "Estas dos cosas es lo que nos ha frenado todo el día", comentó un diputado del PRI e integrante de esa comisión.

        

Nuevamente, referendo presidencial revocatorio

Gilberto López y Rivas

El 9 de febrero de 2007, a 10 semanas de la usurpación de la Presidencia de la República, propuse por conducto de La Jornada la realización de un referendo presidencial revocatorio con esta pregunta a escrutinio: ¿está usted de acuerdo en que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa sea revocado de su cargo como titular del Ejecutivo federal: o no?

Los alegatos para llevar a cabo este procedimiento democrático después de dos años y medio de padecer su gobierno de facto, están más vigentes que entonces. Revisemos algunos y comprobemos que los peores vaticinios se cumplieron:

“Durante estas primeras 10 semanas de gobierno, el presidente espurio Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) delinearon los ejes programáticos que pretenden aplicar durante todo el sexenio: 1. militarización, contrainsurgencia, acciones represivas contra las fuerzas populares oposicionistas; cooptación de algunos sectores de la izquierda institucionalizada, absorción del priísmo y el sindicalismo oficialistas; 2. profundización del modelo neoliberal (con todo lo que eso significa para los niveles y las condiciones de vida de los mexicanos, sus derechos a la alimentación, educación, salud, seguridad, empleo, vivienda y bienestar social) y privatización de los recursos estratégicos; 3. sujeción absoluta de México a la hegemonía política, ideológica, cultural, militar, de inteligencia y seguridad de Estados Unidos; 5. control de los medios masivos de comunicación como instrumentos ideológicos al servicio de los poderes fácticos y del régimen calderonista que los representa...

“Ante este sombrío proyecto en desarrollo las preguntas centrales son: ¿están dispuestos los ciudadanos que no votaron por Calderón, que se abstuvieron, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar seis largos años de penurias, autoritarismo, desnacionalizaciones y entreguismo? ¿Sobrevivirá la nación mexicana como ente soberano ante el acoso sistemático privatizador de los apátridas que gobiernan para beneficio exclusivo de las corporaciones capitalistas? ¿Es necesario el precio que hay que pagar en vidas humanas, sufrimientos y esfuerzos inútiles por aguantar todo un sexenio a un gobierno que en tan sólo unas semanas resulta intolerable para millones de mexicanos? ¿Existe alguna duda razonable sobre la naturaleza reaccionaria y regresiva del actual grupo gobernante que pudiera dar posibilidades de un cambio distinto al que se ha observado en estos dos primeros meses de gobierno?

Si las respuestas a estos interrogantes son negativas, una propuesta que podría ser enarbolada por las coordinaciones frentistas, organizaciones gremiales y de la sociedad civil agrupadas en el Diálogo Nacional y aun por organismos políticos y sociales de todo el espectro ideológico es la realización de un referendo presidencial revocatorio.

En la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de 1999 asienta en su artículo 72: Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor de 20 por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Con esta base constitucional, el 15 de agosto de 2004 se efectuó en este país un referendo vinculante que el presidente Hugo Chávez ganó con 59.10 por ciento por la ratificación, contra 40.64 por la revocación, con una participación de 69.92 por ciento del electorado.

No hay que esperar que el Congreso de la Unión, dominado por los intereses corporativos, antipopulares y antinacionales, reforme la Constitución para incluir esta importante práctica democrática, que pudiera revertirse contra sus actuales miembros, quienes después de las recientes votaciones sobre las nuevas leyes fiscales, perde-rían sin duda todos los eventuales plebiscitos que tuvieran lugar.

En 2007 sosteníamos: “La iniciativa ciudadana hacia el referendo podría ser también un eficiente mecanismo para lograr una unidad nacional patriótica que se abocara a organizar en todo el país los comités por el , por la revocación del mandato que de manera ilegítima ocupa Felipe Calderón. Aquí podrían coincidir muchas fuerzas políticas conscientes de la amenaza que representan los grupúsculos económicos y políticos que se han apoderado del control del Estado. Obviamente que es necesario un proceso unitario y de acumulación de fuerzas que promueva el voto revocatorio, pero en el camino podrán perfilarse aquellos que buscan el interés general del país y de la mayoría nacional por encima de los intereses grupales o partidistas”.

Tendría que haber una coordinación autónoma, amplia, plural, representativa, con presencia nacional, que establezca comités en todo el país para que la ciudadanía se exprese en una fecha convenida en 2010. Estos comités tendrían dos formas organizativas: una encargada de llevar a cabo la consulta, y otra que trabajara por la opción del voto revocatorio: llenar todos los muros, carreteras y espacios públicos, redes de Internet y correos de boca, o Radio Bemba, con la consigna: sí, a la revocación de Calderón, abajo el mal gobierno.

La organización del referendo sería una acción política ciudadana amparada por los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Constitución, que garantizan la libre expresión de las ideas, publicación de escritos, petición y asociación, y sobre todo, por el 39 de la misma Carta Magna que radica la soberanía en el pueblo.

El referendo es una de las pocas iniciativas pacíficas para dotar de protagonismo a una sociedad traicionada por una clase política corrupta y apátrida

 


Publicado por solaripa69 @ 9:55
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