Viernes, 20 de noviembre de 2009

Crecen pobreza e indigencia en México: CEPAL.

LA REDACCIóN. Proceso.

México, D.F., 19 de noviembre (apro).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó que 34.8 por ciento de la población mexicana sufre pobreza y el 11.2 por ciento indigencia.

En 2006, en México los pobres representaban el 31.7 por ciento de la población y los indigentes el 8.7 por ciento.

En cifras concretas, existen en el país más de 37 millones de pobres y 12 millones en indigencia, informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, al presentar el informe Panorama Social de América Latina 2009.

En la región, los pobres aumentaron a 189 millones y los indigentes a 76 millones.

La Cepal estima una contracción económica de los países de la zona de entre -1.5 y -1.8 por ciento.

Lo anterior significa que el 47.8 por ciento de la población latinoamericana sufre pobreza o indigencia.

Bárcena recomendó a los países de la zona incrementar el financiamiento a programas sociales para grupos vulnerables, en aras de reducir la marginación.

 

SME: 58 electricistas se han apuntado para la huelga de hambre

Serán sometidos a estudios para no poner en riesgo su salud, señaló su vocero Fernando Amezcua.

Fabiola Martínez. La Jornada.

 México, DF. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informó este viernes que 58 integrantes de esta organización han manifestado su interés en participar en la huelga de hambre en protesta por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Sin embargo, el secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua, aclaró que serán sometidos a una valoración médica porque no permitirán que los trabajadores pongan en riesgo su vida, aun cuando su motivación sea el coraje y la rabia provocada por el decreto presidencial.

También expuso que aun cuando el gobierno reabra el proceso de liquidación para los trabajadores de LFC, ello no significará “un boquete” a la fuerza opositora del SME.

20 de noviembre: de los camisas doradas al Ejército.

Luis H. Navarro.

 

Felipe Calderón sigue adelante con la militarización de la política nacional. Comenzó con el uso del Ejército en la guerra contra el narcotráfico. Apenas hace poco más de un mes sacó a las fuerzas armadas a las calles junto a la Policía Federal para resguardar las instalaciones de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Ahora las va a hacer marchar por las calles de la ciudad de México en el desfile cívico-militar de caballería con el que se celebrará el 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

De manera oficial, desde 1936 y hasta su desaparición en 2006, el festejo fue, en lo esencial, una fiesta cívica en la que desfilaban en casi todos los municipios del país sindicatos y estudiantes, y, en algunos casos, asociaciones de charros y grupos similares. Antes de esa fecha ya se había celebrado el 20 de noviembre con actividades deportivas. Según un boletín de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en 1928 se efectuó una carrera de relevos para festejar el comienzo de la gesta revolucionaria.

Sin embargo, fue en 1936 cuando adquirió carácter oficial. Ese año, el Senado aprobó un decreto en que se señalaba: Al conmemorarse este acontecimiento histórico con un desfile deportivo se refleja la voluntad pacifista y conciliadora de nuestro pueblo. La intervención del los legisladores no fue caprichosa. La mula no era arisca. El 20 de noviembre de un año antes, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se suscitó una batalla campal en las calles del centro de la ciudad de México, con varios muertos y 50 heridos, entre el grupo fascista de Acción Revolucionaria Mexicana (ARM), conocido como los camisas doradas, y miembros del Partido Comunista Mexicano y sindicalistas.

La ARM fue fundada en 1934 por el general Nicolás Rodríguez, un antiguo villista que para actuar se inspiraba en la moda política de la época: los camisas negras de Mussolini, los camisas plateadas de Hitler y los camisas azules de Franco. Su uniforme consistía en una camisa amarilla, con un brazalete (ARM) en el brazo izquierdo.

La ARM fue una organización ultraderechista claramente anticomunista y antisemita. Su actividad central consistió en enfrentar el descontento social de la época rompiendo huelgas, machacando las manifestaciones de la izquierda e intimidando obreros. Autores como Hugh G. Campebll han señalado que existen evidencias para suponer que la organización se formó a iniciativa de Calles con el objeto de mantener controlados a los trabajadores. Capitalistas, industriales y grandes comerciantes fueron sus principales financiadores. Tuvo, además, el apoyo de la Alemania nazi.

El 20 de noviembre de 1935 los camisas doradas decidieron organizar una gran demostración de fuerza en la ciudad de México, ofreciendo un espectáculo de su organización paramilitar. Su dirigente anunció que marcharían por la calles de la capital 5 mil hombres uniformados, equipados y encuadrados militarmente. El anuncio fue considerado por comunistas y demócratas como una provocación inadmisible.

En una espléndida crónica que forma parte de La década bárbara, Mario Gill narró el choque entre ambas fuerzas. A pesar de ser minoría, los antifascistas derrotaron a la ARM. Una flotilla de coches conducidos por el Frente Único del Volante (bautizados como tanques rojos) dispersó a la caballería facha.

Ahora, 54 años después del enfrentamiento, las cosas han cambiado: la derecha radical está en el poder. Ya no necesita de camisas doradas para hacer demostraciones de fuerza: le basta con que se saque al Ejército a las calles.

En una época de profundo descontento social y desobediencia civil, el mensaje central que Los Pinos envía organizando el desfile cívico-militar de caballería de este 20 de noviembre es uno: el que manda soy yo, y aquí está el Ejército para hacerlo valer.

¿Postergar reconocimiento de los derechos indígenas?

Jaime Martínez Veloz/ I

En 2001 el Congreso de la Unión decidió aprobar modificaciones de carácter constitucional en materia de derechos y cultura. Unilateralmente el Poder Legislativo y el gobierno decidieron cerrar el tema, mediante la aprobación de una reforma legislativa que desnaturalizaba el contenido de lo pactado en San Andrés Larráinzar, entre el gobierno federal y el EZLN, el 16 de febrero de 1996.

Casi nueve años después, la realidad muestra que los zapatistas y los pueblos indígenas de México tenían razón en su rechazo a una reforma de ley que no tenía entre sus propósitos la construcción de un nuevo acuerdo nacional en materia de derechos y cultura indígenas. Las condiciones de pobreza y marginalidad no se han superado y, por el contrario, tienden a agudizarse.

Nuestro país está constituido por una diversidad de pueblos y culturas, entre los que se encuentran colectivos culturalmente diferenciados del resto de la sociedad nacional que se han denominado pueblos indígenas. La condición india y la pobreza están claramente asociadas. El Inegi clasifica como extremadamente pobres a todos los municipios en los que 90 por ciento o más de la población son indígenas. De este modo, más de las tres cuartas partes de la población india vive en cerca de 300 municipios clasificados en el rubro de extrema marginación.

Casi la mitad de los indígenas son analfabetos, cuando el promedio nacional es de poco más de 10 por ciento de la población. Alrededor de la mitad de los municipios indígenas carece de electricidad y servicio de agua potable (frente a 13 y 21 por ciento de los promedios nacionales respectivos). En tres quintas partes de dichos municipios se observa una migración regular. Cuatro quintas partes de los niños indígenas menores de cinco años presentan elevados índices de desnutrición. En ese rubro de edad se observa una cuota de mortalidad de 26 por ciento, frente a 20 por ciento nacional. La situación anterior no es gratuita; por el contrario, tiene hondas raíces sembradas en cientos de años. Analizarla, conocerla y combatirla es nuestra tarea.

En nuestro país, a partir de la Independencia y después de restaurada la República, México se planteó la incorporación de los indígenas para que adoptaran los rasgos de la nación moderna y mestiza que se pensaba construir. La Constitución de 1917 preservó la concepción unitaria bajo el principio de la igualdad jurídica, mas no reconoció la pluralidad cultural del país y definió la nacionalidad mexicana a partir de una sola lengua, un territorio, una historia y una cultura común.

Frente a esta omisión constitucional, la aprobación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abrió un campo de posibilidades en materia de derechos y cultura indígenas. La ratificación que dio el Congreso mexicano produce efectos jurídicos inmediatos para el orden interno en casi todo el sistema constitucional. Esto es un avance, porque este instrumento asume conceptos básicos relativos al ámbito de los derechos colectivos; así, el sujeto de derecho es el pueblo indígena, el cual se define en atención a su origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, destacando el principio básico de autoidentificación. Asimismo, establece que el concepto de tierras debe comprender el territorio, entendido como hábitat. Sus limitaciones están dadas por la naturaleza de un convenio internacional que debe perfilar criterios tan generales que permitan su adaptación a las situaciones de los países integrantes de la OIT. México fue el primero de América Latina que lo ratificó cuando aún no se reformaba su Constitución para incluir la pluriculturalidad. Así, el Senado de la República dictaminó que el presente convenio no contiene disposición alguna que contravenga nuestro orden constitucional ni vulnere la soberanía nacional.

La ratificación constituye una obligación para que el Estado cumpla con todas las disposiciones y asegure que en el orden jurídico interno no haya leyes en contra, y esto incluye la misma Constitución. A la definición contenida en la iniciativa debe relacionársele con el elemento adicional que establece el Convenio 169 de la OIT, esto es, la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental.

El texto de la iniciativa original de la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) reconoce derechos, no asigna competencias, no crea nuevos niveles de gobierno; consigna el reconocimiento de derechos colectivos a un nuevo sujeto jurídico constituido por cada pueblo indígena, derechos de naturaleza diferente a los individuales (derechos fundamentales que no se cuestionan y a los que no renuncian los integrantes de los pueblos indígenas).

La gran mayoría de los mexicanos somos descendientes de los pueblos originales y de los españoles; sin embargo, algunos mexicanos pertenecen a los pueblos indígenas y conservan todas o parte de sus culturas propias. Por tanto, no todos los mexicanos tenemos existencia distintiva en tanto pueblos indígenas ni funcionamiento colectivo a partir de culturas diferentes. Debe considerarse la naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, dimensión que no puede incluirse en los derechos individuales.

Se trata del reconocimiento constitucional a una realidad social que permanece a contrapelo de la pretensión de homogeneidad y de igualdad. Los pueblos indígenas persisten, han practicado y practican formas de organización social y política, y cuentan con culturas diferentes que por lo demás están en nuestras raíces como nación. Ninguna de las llamadas garantías individuales permite la adaptación a estos derechos colectivos, a estos derechos de pueblo, a este nuevo sujeto jurídico.

 


Publicado por solaripa69 @ 17:14
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