Mi?rcoles, 25 de noviembre de 2009

Leyes antiaborto, atentado contra los derechos de las mujeres: ONU

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, manifestó su preocupación por el creciente número de estados que han aprobado leyes antiaborto en el país.

         Al participar en un acto realizado por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Brunori afirmó que las iniciativas aprobadas en 17 estados del país atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

         Brunori presentó el libro Reparaciones con Perspectivas de Género y exhortó al Estado mexicano a cumplir con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el país en esta materia.

         Por su parte, la directora regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), reiteró que preocupa a la ONU la aprobación de leyes antiaborto en 17 estados porque México ha suscrito instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el de la libre determinación.

Desecha la Cámara de Diputados controversia por LFC

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- La Cámara de Diputados determinó no interponer una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), debido a que los legisladores que promovían la medida no reunieron las 251 firmas para llevar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

         De acuerdo con cifras proporcionadas por el diputado Francisco Hernández Juárez, se emitieron 165 votos a favor de la controversia, de los cuales 93 corresponden al bloque PRD-PT-Convergencia y el resto (72) al grupo parlamentario del PRI, cuyos legisladores solicitaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que no proporcionara sus nombres.

         En tanto, el diputado Agustín Guerrero, también del PRD, afirmó que habían logrado 199 votos, pero la Mesa Directiva dio la cifra de 135. De cualquier manera, no se consiguieron los 251 votos requeridos en la Junta de Coordinación Política, luego del acuerdo que firmaron los diputados, el pasado miércoles 18.

         Con 298 sufragios en contra, 84 a favor y cinco abstenciones, el pleno decidió, antes de iniciar el debate, no considerar de urgente y obvia resolución un punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva presentara en tiempo y forma la controversia constitucional por la extinción de LFC.

El debate y el avestruz azul-tricolor

En total sigilo y sin dar la cara, los coordinadores de las fracciones del PRI y el PAN, Francisco Rojas y Josefina Vázquez Mota, respectivamente, acordaron que sus legisladores, mediante lista y sin llevar el tema al pleno, emitieran su voto en contra de la medida. Con ello, el binomio partidista evitó que el nombre y respectivo sufragio de cada legislador quedara registrado en el tablero electrónico de la Cámara de Diputados, así como en el Diario de los Debates.

         El pasado miércoles 18, la Junta de Coordinación Política, que preside el priista Francisco Rojas, acordó que los legisladores emitieran su voto mediante firmas, mismas que empezaron a recibirse el jueves 19 en la Mesa Directiva. El plazo para cerrar el registro venció este martes a las 17:00 horas.

Cuando aún faltaban dos horas para que se cerrara la votación, y ante la negativa de discutir el tema en el pleno, el PRD, el PT y Convergencia decidieron inscribir el punto en la llamada "agenda política", para que por lo menos el asunto y sus posicionamientos quedaran registrados en la sesión ordinaria de hoy, en la versión estenográfica de la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

 

2010, el otro estallido social

 

Enrique Ibarra, diputado del PT, abrió el debate sobre la privatización de la energía eléctrica, "intención que esta detrás de la extinción de Luz y Fuerza del Centro", dijo.

         Al petista le siguieron 16 oradores más, quienes resaltaron la actuación "cobarde" tras el decreto presidencial. Luego tres legisladores panistas –Oscar Martin Arce Paniagua, Carlos Pérez Cuevas y Roberto Gil Zuarth– subieron a tribuna para decir que se sentían "amenazados" ante un posible levantamiento social por la decisión que tomó Felipe Calderón de liquidar LFC y enviar a la calle a 42 mil familias.

         Antes, Porfirio Muñoz Ledo, legislador por el PT, reclamó que el Congreso de la Unión estuviera abdicando de su derecho a defenderse.

"En la gran decadencia de las instituciones, lo que tenemos ahora es un parlamento fallido, y como ejemplo de ello está el hecho de que el Poder Legislativo abdique de sus facultades… Si esta Cámara es incapaz de defender las prerrogativas que le da la Constitución, la desaparición de los poderes es inminente", puntualizó.

         Muñoz Ledo señaló que en la Cámara se estaba haciendo uso de "triquiñuelas parlamentarias", donde la Junta de Coordinación Política decidió por el pleno no debatir si se interponía o no una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal por haber disuelto Luz y Fuerza del Centro, cuando esa facultad, dijo, sólo le compete al Poder que la creó: el Legislativo.

         Y concluyó con una frase lapidaria: "En el desorden sólo medra el abuso", ello en clara referencia al desorden que privó desde el momento mismo en que se planteó la posibilidad de discutir la controversia.

         En su turno, Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del PRD, manifestó que con la decisión tomada este martes en San Lázaro, en el sentido de "no discutir, no dar la cara y no interponer una controversia que consumó el abuso del poder", lo que vendrá es que se incendie política y socialmente al país.

         La actitud del avestruz, tanto del PRI como del PAN, agregó, en estos momentos sólo corrobora lo que antes se dijo durante la negociación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos: que el tema de LFC fue una moneda de cambio.

         "Se corrobora la venta de voluntades a cambio de ciertos privilegios para fortalecer o crear cuotas de poder". Su silencio y omisión, dijo, dirigiéndose a priistas y panistas, "sólo es muestra de la falta de argumentos, es una muestra de cinismo y de oprobio".

         Y advirtió. "Están jugando con lumbre, porque le apuestan a que en el 2010 haya un incendio político y social".

         Mientras el reloj consumía los pocos minutos para que se cerrara la votación mediante firmas, Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de telefonistas, subió a tribuna y lanzó: "Ya no tiene caso venir a exhortarlos para encontrar una salida legal".

         E insistió: "No quisieron que se presentara el trabajo del grupo que analizó el tema, no quieren discutir, ¿entonces qué quieren? ¿Que se metan los trabajadores electricistas a la fuerza a este recinto? Nos hacen el vacío, se quedan callados… ¿Quieren que usemos otros recursos? Yo no soy partidario de ellos, pero parece que no entienden de otra manera. Qué lástima que haya que usar todos los recursos que sea posible…".

         Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del PRD, manifestó que este 24 de noviembre no sólo no era un buen día para la Cámara porque abdicaba de sus facultades, sino también porque estaba provocando a los obreros.

         "En vez de encauzar el debate, provocan a los obreros indignados y amenazados, y yo no lo comparto, pero menos comparto que no respeten los acuerdos iniciales, que eran abrir el debate y que el pleno decidiera si se presentaba o no la controversia. Nos estamos pegando un balazo en el pie", dijo.

         Minutos antes, pasadas las 16:00 horas, cuando el perredista Víctor Manuel Castro Cossío iba a fijar su posición, desde las tribunas se empezaron a escuchar denuncias. Era Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien junto con 15 trabajadores leía contratos que el gobierno había firmado con la iniciativa privada para explotar en su beneficio la energía del país.

Y a cada lectura, un grito de acompañamiento: "¡Pinches traidores! ¡Pinches corruptos!".

         Desde la tribuna, Cossío los secundó con un "¡viva la lucha del SME! ¡Viva la lucha de los electricistas!". Azorados, los panistas censuraron el atrevimiento y las palabras altisonantes de los trabajadores, y aseguraron sentirse amenazados.

         En respuesta, el perredista agregó: "Los gritos de los trabajadores deberían llamarlos a pensar de qué manera pueden explicar, pueden justificar, haberlos enviado a la calle y a 42 mil familias más y no decir nada aquí en tribuna. Su silencio es cómplice, prefieren abandonar la sala que debatir. El acuerdo entre PRI y PAN es ominoso".

         Avelino Méndez, también del PRD, les pidió que antes de hablar de amenazas, lo que debían hacer era preguntarse "de dónde salen las movilizaciones y el descontento social".

Cuando varios diputados del PAN empezaron a reírse por lo que decía, expresó: "Las burlas de hoy van a pasar a ser angustia mañana. A eso le apuestan (con sus acciones), a causar desesperación. Aquí resguardados por policías se sienten muy seguros, a ver qué ocurre cuando estén afuera".

         Y ofreció una solución para acabar con lo que ocurría afuera, detrás de la valla de policías, donde se apostaron cientos de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para demandar el apoyo de la Cámara de Diputados. "Se necesita una firma para acabar con la inconformidad social que hay allá afuera", dijo Méndez.

         Los panistas, que no dieron un solo paso atrás en su respaldo a Calderón, se animaron a subir a tribuna para dar al menos una justificación legal del por qué no apoyaron la controversia constitucional.

         Tibiamente, Oscar Martín Arce expresó: "Nosotros no le apostamos a la violencia, nosotros creemos en el derecho y la legalidad, y si los votos no les asisten es porque la medida del presidente Felipe Calderón está ajustada a derecho".

         Oscar González Yañez, del PT, acusó al panista de simulador. A su vez, el perredista Emiliano Velásquez acusó a los diputados de Acción Nacional de "intentar acallar con votos lo que le corresponde decidir a otro poder".

Enseguida, Ramón Jiménez, también del PRD, llamó a la población en general a restablecer el poder, "a formar la IV República, incluso si en ello se me va la vida", dijo.

         Laura Itzel Castillo, Pedro Jiménez y Rodolfo Lara, del PT, fueron los últimos en subir a la tribuna, desde donde acusaron a priistas y panistas de "cobardes", de no atreverse a dar la cara ni justificar las causas por las cuales no respaldaron la controversia constitucional, pero sobre todo porque secundaron la actuación de Felipe Calderón y del secretario del Trabajo, Javier Lozano.

 

"La mafia narcopolítica", asesina del comandante Ramiro, acusa el ERPI

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, Gro., 24 de noviembre (apro).- Este mediodía el encargado de despacho de la Procuraduría estatal (PGJE), Albertico Guinto Sierra, autorizó la entrega del cuerpo de Omar Guerrero Solís, identificado como el comandante Ramiro del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) a un grupo de activistas de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG).

Los trámites en el Servicio Médico Forense (Semefo) demoraron más de tres horas y, posteriormente, cerca de las cinco de la tarde, Guerrero Solís fue sepultado en el panteón de la zona norte de esta capital, en medio de consignas políticas y una evidente presencia de agentes de Gobernación estatal, federal y militares vestidos de civil, quienes registraron en todo momento los movimientos del contingente con cámaras y equipo de radiocomunicación.

Por su parte, la dirección nacional del ERPI, por medio de un comunicado, admitió la muerte del comandante Ramiro y sostuvo que fue asesinado por el sicario Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, a quien vincula con el cacique priista Rogaciano Alba Alvarez, presunto operador de Joaquín El Chapo Guzmán.

"Con la mano del pueblo organizado en nuestro corazón y la mira en alto de nuestros fusiles, rendimos homenaje al compañero comandante insurgente Ramiro, de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, caído a manos del asesino a sueldo que el Estado mexicano, conducido por la mafia de narco-políticos y narco-empresarios".

El mensaje del ERPI denuncia que "fue el Estado, por medio de sus órganos de inteligencia militar y política, quien pagó y planeó para que un sicario, Cayetano Alvarado Palacios, ametrallara" al líder guerrillero.

Finalmente el cuerpo del líder rebelde fue recibido por el médico Pablo Sandoval Cruz; el profesor Nicolás Chávez Adame y el perredista Bertoldo Martínez Cruz, quien estuvo preso en la cárcel de Acapulco junto a Omar Guerrero Solís --a finales de los noventa--, ambos acusados de tener vínculos con la guerrilla.

Posteriormente, el cuerpo del comandante Ramiro fue trasladado a la funeraria Chilpancingo --en el centro de esta capital--, donde fue velado por espacio de una hora. Enseguida el cortejo fúnebre se dirigió en caravana hacia el panteón de la zona norte, donde las autoridades municipales donaron un lote para que ahí fuera sepultado el líder guerrillero.

 

Elías Ayub se deslinda del caso de soborno en la CFE

Si detectan ilegalidades, entregarán la información a la PGR para sus pesquisas sobre pagos indebidos a funcionarios en la administración de Gasca Neri

Víctor Cardoso. Periódico La Jornada

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, se deslindó del caso de corrupción que destapó la justicia estadunidense y afirmó que el contrato que originó la investigación fue firmado dos años antes de que él asumiera la dirección de la empresa paraestatal.

Quiero dejar muy claro que tuvimos conocimiento de esto el día de ayer (lunes) y de inmediato presentamos la denuncia ante la PGR (Procuraduría General de la República) para que se investigue a fondo; pero ese contrato viene desde 1997 y yo entré como director en 1999, indicó.

El pasado lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que funcionarios de la CFE recibieron sobornos para entregar contratos millonarios a una empresa en Texas, subsidiaria de la suiza ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo.

Al día siguiente de conocerse la noticia, la CFE se apresuró a informar sobre las medidas adoptadas y el inicio de una revisión de los miles de contratos, todos, que se han asignado en los 12 años recientes, con la finalidad de determinar cualquier irregularidad en los procesos.

Señaló que si se llega a detectar alguna acción ilegal, la información se pondrá a disposición de la PGR para ayudarla en sus investigaciones sobre los pagos indebidos que habrían recibido funcionarios de la paraestatal durante la administración de Rogelio Gasca Neri (actual consejero ciudadano de Petróleos Mexicanos), que fueron hechos públicos en Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, la CFE detalló el mismo lunes que el contrato en cuestión fue firmado en diciembre de 1997 y tenía como propósito dar soporte tecnológico a los sistemas de control y despacho de la empresa.

Precisó que el convenio fue actualizado en 2003 (cuando Elías Ayub ya era director de la CFE), en lo que se relaciona con el mantenimiento y la renovación de versiones operativas.

Hay que tomar en cuenta que entre el nivel donde se ubicaban los presuntos acusados de haber recibido sobornos y la dirección general, hay cuatro escalafones, comentó ayer una fuente de la CFE.

Entrevistado antes de que sostuviera una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Elías Ayub prometió que se va a investigar; eso es lo que le pedimos a la PGR: que investigue.

No obstante, insistió en que se trató de “una actualización del software, que era algo que se tenía que hacer; pero el origen del contrato fue de 1997, dos años antes de que yo fuera director de la CFE”.

Consultados al respecto, funcionarios de la paraestatal manifestaron que desde 1997 se han firmado miles de contratos, debido a que cualquier adquisición, desde material de oficina hasta centrales eléctricas, debe ser concursado.

Pero sobre todo, aclararon, los contratos son auditados anualmente por el órgano interno de control y además los revisa la Auditoría Superior de la Federación.

Por otra parte, Elías Ayub informó que este martes comenzaron a distribuirse los primeros recibos de consumo de energía eléctrica en la zona centro del país. Señaló que en un par de días comenzarán a llegar a las casas de los usuarios vía correo.

Indicó que hasta el momento sólo se ha detectado un caso de una persona que, con recibos falsos, ha intentado efectuar cobros a domicilio en la zona de Ecatepec, estado de México.

Por este motivo, recordó que únicamente los recibos que lleguen vía correo tienen validez y sólo se podrán hacer los pagos en bancos y tiendas de autoservicio.

Con información de Juan Carlos Miranda

El ocaso de un sistema

Luis Linares Zapata

 

La plutocracia encaramada en la cúspide del sistema decisorio imperante en México ha entrado en una fase de franco deterioro. Expuesta a feroz escrutinio por el movimiento que conduce López Obrador, sus dañinos efectos se han ido clarificando con inusual rapidez. Al exponer a la crítica a tan compacto grupo de mandarines, va adquiriendo forma y contenidos un diagnóstico implacable y de consecuencias aún inapresables en su totalidad. Pero las consecuencias ya exploradas, sin embargo, los sitúa en el epicentro de la decadencia que traba la marcha del país. Junto con esa clase de plutócratas, el entramado completo de gobierno marca una segura ruta hacia su sorda implosión. La dramática, cruenta y anquilosada forma de conducir los asuntos públicos por parte del oficialismo que los oye y obedece, lo conduce al aislamiento: esfuma el consentimiento ciudadano y deshace los indispensables apoyos populares, requisitos para la continuidad y perfeccionamiento de tan sitiado sistema.

La saga para desenmascarar tan dañina formación no ha sido fácil, menos aun exenta de estigmas, desprecios y burlas. López Obrador (y con él quienes lo han acompañado en esta aventura predicante durante tres años) ha pagado, en carne propia, una elevada cuota que ningún otro político de los tiempos actuales podría soportar. Y, al parecer, el golpeteo seguirá con ahínco. ¡Faltaba más! Bien merecido se lo tiene por provocador, le gritan desde sus estudios reforzados con megáfonos de gran alcance. El transgresor a los cánones establecidos, al buen decir, a las normas consagradas y lo políticamente correcto exigirán mayores penares. AMLO se ha atrevido a desenmascarar lo que debió permanecer oculto, los secretos inconfesables, en el trasiego propio de los iniciados. Destapar, ante la mirada de atónitos ciudadanos, el cúmulo, creciente además, de los inmensos privilegios que usufructúan los beneficiados de siempre es intolerable. Siguen afirmando, según dicen sus conspicuos oficiantes y difusores, merecimientos ganados en el campo de las batallas por el progreso, por afianzar los negocios de alto calibre que crean riqueza, siempre amparada en el poder. Una ruta, la mejor, para posibilitar la justicia distributiva, concluyen orondos sus beneficiarios. Pero, en realidad, son amasijos que se funden en un continuo manoseo de normas y procedimientos o en el trafique más descarado de influencias. Los plutócratas mexicanos se sienten los insignes guardianes del bien común y nadie, más que ellos, deberá entrar al reparto del botín rellenado con haberes colectivos.

Pero la labor de denuncia ha sido fructífera, ¡qué duda cabe! La voz de alarma se ha esparcido por todos los confines. La plutocracia que ahorca a México no es como otras que pululan por el ancho mundo. En otros lugares hay aceptables reglas del juego que moderan su actuación, salvaguardas efectivas del interés colectivo que pulen sus filos depredadores, contrapesos que actúan y cumplen su cometido para permitir el flujo de la competencia. Pero, sobre todo, poderes autónomos que las someten a controles de ley. La que rige por estos aciagos días y desde alargados tiempos en este país se afianza sobre toda mesura. La plutocracia autóctona se piensa intocable, protegida con atalayas y armas que van desde la compra de conciencias, hasta la rampante y grosera amenaza. Han subyugado a partidos políticos (PRIAN) y manipulan a casi la totalidad de las instituciones creadas para el funcionamiento de la República. Dominan el espacio público con los medios de comunicación a su servicio. Se han atrancado en un pensamiento donde todo abuso lo ven como inherente a sus derechos. Las precede un santo temor entre los que deberían actuar para regular sus ambiciones. Las leyes se estiran y deforman como charamuscas en sus ávidas manos. Las libertades sólo tienen cabida si rellenan sus alforjas.

Como otras muchas concepciones, ya casi de aprehensión generalizada, el papel desempeñado por la plutocracia a la mexicana ocupa ya lugar preponderante en el horizonte colectivo. Es un logro de la crítica ejercida, con la reciedumbre y constancia suficiente, por el gobierno legítimo que conduce AMLO. El valor de tal postura aún no se aquilata, pero se continuará dando la pelea por que sea bien asimilado por las mayorías. Junto con este fenómeno aleccionador va quedando el testimonio de los privilegios fiscales de que disfrutan: a través de la llamada consolidación fiscal. Un agujero por el que cuelan cientos de miles de millones y que van a engrosar las cuentas crecientes de los billonarios locales para que, con bombo y cursis fotografías, sean incluidos en las publicaciones donde retozan los famosos del mundo.

Es por eso que, dentro del reciente catálogo en pos de una transformación del México decadente, se halla incluido, como punto central del discurso para la acción futura, rescatar al Estado. Una pretensión reformadora básica ante la República simulada que se padece. El proceso que aguarda será complicado y con claros rasgos de amenazante violencia. Por ello es indispensable reafirmar la fe pacífica y la búsqueda constante de rutas democráticas que armonicen las tensiones. Un asunto adicional, crucial en la marcha hacia un Estado democrático y de bienestar, será la reforma al aparato completo de comunicación social. No se puede dejar en manos de una sola clase (el empresariado) la conducción informativa, el entretenimiento o la educación masiva complementaria que los medios implican. Un balance interclases donde los varios componentes del Estado jueguen su propio papel se levanta como estricta necesidad. Es, por varias y múltiples razones, una real cuestión de seguridad nacional para preservar la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero el tratamiento de tan espinoso tema exige valentía, imaginación, soporte popular y arrojo poco comunes. Sobre todo frente a una vida institucional congestionada por la injerencia desmedida, impositiva y degradante de los poderes fácticos: la industria de la radiotelevisión como su avanzada.

Contra la ley antiaborto, política con principios

MARTA LAMAS

Es joven, católica, navista y diputada por el PRI y el Verde en San Luis Potosí, pero lo que distingue a Beatriz Benavente es que tiene principios y valentía para defenderlos. Su estado natal es uno de los 16 donde la derecha ha impuesto, a espaldas de la sociedad, una reforma a la Constitución estatal  dirigida a complacer a la jerarquía católica. La diputada Benavente, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí, ha convencido a sus correligionarios priistas y a los diputados del PRD, PT y Conciencia Popular (el partido local) de la importancia de interponer –¡desde el Congreso! – una acción de inconstitucionalidad,  y así defender el Estado laico y preservar los derechos humanos de las mujeres.
Quiero destacar tres aspectos de lo ocurrido en San Luis Potosí. Primero, la existencia de un Consejo plural (de reciente creación) en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Integrantes de este Consejo impulsaron un proceso de reflexión sobre el tema, aunque el empate al interior impidió que la comisión interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Segundo, con las recientes elecciones hubo un cambio en la correlación de fuerzas ¡y de conciencias! dentro de la legislatura. Tercero y fundamental, la llegada de una navista, convencida de la necesidad de trabajar de cara a la sociedad, cuestionó la forma y el fondo de la reforma. 
Hace unas semanas conocí a Beatriz Benavente. Asistí al Acto de Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí, convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la organización Católicas por el Derecho a Decidir y Propuesta Cívica de San Luis Potosí, donde la diputada expuso sus motivos para interponer la acción de inconstitucionalidad.
Me impresionó la forma en que explicó su perspectiva sobre los derechos humanos: no tienen por qué ser “votados” por una mayoría ni deben estar sujetos a los vaivenes del mercado político. “Soy católica”, declaró, “pero no creo que  deba usar mis creencias religiosas para obligar a los demás a que actúen de determinada manera.” Con argumentos de peso,  ella logró que, en esta ocasión, la bancada priista se deslindara de sus antecesores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá pronunciar ante las acciones de inconstitucionalidad que han provocado estas reformas (además de la del Congreso potosino, está la de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y la del municipio de Uriangato en Guanajuato). Esto no exime de un indispensable debate público sobre la despenalización del aborto y sobre qué significa “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Comparto el postulado de que la vida es un valor que debe ser protegido desde su inicio, y sigo el razonamiento de varias juristas de que dicha “protección” debe consistir, en lugar de prohibiciones, en otorgarle a las mujeres todo tipo de garantías para que lleven a cabo la gestación: atención médica, alimentación adecuada, reposo necesario, etc. Sí, la vida es un valor que hay que defender, al mismo tiempo que se aceptan determinadas excepciones: la legítima defensa (personal y nacional), el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia. Por eso es que, aunque una mujer decida interrumpir el proceso de gestación de una nueva vida, ese acto no se contrapone a una valoración general de la vida. Reconocer el valor de la vida y otorgarles a las mujeres las garantías para que lleven a cabo la gestación, al mismo tiempo que se respeta su decisión cuando deciden interrumpir dicho proceso, es una realidad en sociedades que tienen despenalizado el aborto, y que distinguen entre un valor general y el  derecho particular de decidir sobre el propio cuerpo.
La acción de inconstitucionalidad promovida por Beatriz Benavente y once diputados más (PRI, PRD, PT y CP) es un indicador de que el tema no está cerrado, ni siquiera en sociedades conservadoras como la de San Luis Potosí, donde una de cada cinco mujeres que se hospitaliza por causas maternas lo hace por aborto (datos de IPAS a partir del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios SAEH 2000-2006). Para luchar  contra la hipocresía y la doble moral urge discutir públicamente. Hace muchos años, a principios de los noventa, hubo varios programas en la televisión sobre la despenalización del aborto. Cuando la jerarquía de la Iglesia católica se dio cuenta de que iba perdiendo el debate, presionó a los grandes empresarios católicos, que amenazaron con retirar la publicidad de sus productos si se continuaba transmitiendo esa polémica. El chantaje tuvo efecto y la censura se dio. Hoy, ante las acciones concertadas de la derecha, que se llevan a cabo sin debate público, es imprescindible ventilar tanto las posturas legislativas como las discusiones políticas. ¿Por qué nuestras televisoras no ofrecen espacios de confrontación de posiciones sobre este y otros temas? Debatir abiertamente vuelve más difícil la imposición de reformas autoritarias y oscurantistas.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:46
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