Viernes, 27 de noviembre de 2009

Descalificación general a postura de Gómez Mont sobre el aborto

Su expresión tiene trasfondo religioso: Pablo Gómez; Jiménez Macías pide amplio debate

Lo dicho por el funcionario encierra un argumento lógico-jurídico, expresa César Nava

Con información de Georgina Saldierna, Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada

Mientras el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, se negó ayer a opinar sobre el aborto, porque su bancada aún no debate el tema con amplitud, el dirigente del PAN, César Nava, dijo que su partido continuará con una agenda local en esta materia.

Agregó que el blanquiazul ha apoyado decididamente las reformas estatales que penalizan la interrupción del embarazo, con base en su forma de concebir a la persona y la actividad política, así como en el Distrito Federal se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuando se le preguntó si prevé una iniciativa de este tipo a nivel federal, señaló que la protección que tiene la vida en las constituciones locales garantiza suficientemente nuestra aspiración; por ahora seguiremos con esta agenda local.

Añadió que la agenda de reformas constitucionales a nivel estatal seguirá el curso que cada entidad determine.

Defendió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien la víspera se manifestó contra el aborto con argumentos referidos a que la vida comienza desde el momento de la concepción.

Nava Vázquez consideró que las expresiones del secretario encierran un argumento lógico-jurídico. No es un argumento de fe o religioso; es estrictamente fundado en la lógica y en su recta razón, amparado en la libertad de expresión, puntualizó.

En el Senado, no sólo los legisladores del PRI y PRD reprobaron los señalamientos del secretario y le demandaron que respete la Constitución y el estado de derecho, sino hasta integrantes del blanquiazul manifestaron su inconformidad.

La senadora panista Beatriz Zavala manifestó que no corresponde a ningún funcionario público emitir opiniones personales o ideológicas y, en el caso del aborto, los pronunciamientos deben ser estrictamente acordes a lo que señala la ley.

Que no se le olvide que el mexicano es un Estado laico, al que se debe respetar en lugar de seguir abriendo la puerta a una intromisión cada vez mayor de la jerarquía religiosa, advirtió el priísta Carlos Jiménez Macías.

Enfatizó que es grave que Gómez Mont haya expresado una postura en la controversia, ya que eso lo puede hacer su partido, el PAN, pero él, como responsable de la política interior del Estado, tiene que ajustarse a lo que marca la Constitución.

Jiménez Macías consideró también que en el PRI se debe abrir un gran debate sobre el tema, ya que no todos los priístas están a favor de que se penalice la interrupción del embarazo.

A su vez, el perredista Pablo Gómez resaltó que lo expresado por Gómez Mont tiene trasfondo religioso, sin abordarlo como un problema social que tiene que ser resuelto. Añadió que al funcionario se le debe pedir que respete la Constitución, pero también que se sujete al derecho canónico, “porque a propósito de fieles, las fecundaciones in vitro están condenadas por la Iglesia”.

En San Lázaro, el panista Julián Velázquez, quien preside la Comisión de Salud, manifestó: yo estoy a favor de la vida y de que siempre respetemos la individualidad y confidencialidad de las personas para hacer lo que ellas consideren con su cuerpo.

El perredista Vidal Lleneras, rechazó las afirmaciones de Gómez Mont y le exigió que respete la ley. Él está obligado, más que nadie, a respetar el carácter laico del Estado. El riesgo que corremos, de no ser corregidas estas actitudes y esta ofensiva conservadora, es vernos nuevamente inmersos en polarizaciones y confrontaciones.

Veracruz sobrepasa media nacional en violencia contra mujeres: Álvarez Icaza

REGINA MARTíNEZ

JALAPA, Ver., 26 de noviembre (apro).- El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, afirmó que Veracruz se ubica entre los estados con más altos índices de violencia contra las mujeres, "muy por arriba de la media nacional".

         Respecto de la recién aprobada reforma constitucional para penalizar el aborto en el estado, Alvarez Icaza consideró que se retrocedió siglo y medio en materia de derechos humanos de las mujeres, y definió al PRI como el nuevo "partido conservador de México".

         Señaló que, en 1871, durante el periodo presidencial de Benito Juárez, se elevó a rango constitucional el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad; es decir, "desde hace 140 años se promovió un código penal que establecía el derecho al aborto".

         Al calificar de alarmante la situación que se vive en el país por este asunto, Alvarez Icaza censuró las reformas aprobadas por e Congreso local, a propuesta del PRI, ya que con esta medida, "se retrocedió siglo y medio en materia de construcción de los derechos humanos de las mujeres".

         A su juicio, la postura asumida por el PRI en Veracruz al impulsar este tipo de leyes, "es contraria a los principios de los que siempre se ha vanagloriado, en el sentido de ser un partido liberal".

         Por ello, se manifestó sorprendido por esta "nueva faceta" del PRI, "pues se está convirtiendo en el nuevo partido conservador de México", ya que este tipo de leyes, señaló, no pasarían en ningún congreso sí no hubiera el apoyo de este instituto político.

         Dijo que la propuesta del PRI y del propio gobernador Fidel Herrera Beltrán en promover el derecho a la vida desde el momento de la concepción, "es contraria a la actuación del Estado, ya que, de acuerdo con los indicadores, la tasa de mortalidad infantil en Veracruz se ubica por encima de la media nacional".

         En este sentido, subrayó que hay quienes se preocupan por quien aún no nace y, sin embargo, "permiten la violencia de género", como lo están demostrando, dijo, al impulsar este tipo de legislaciones que vulneran los derechos de las mujeres y la convierten en violencia institucional.

         El también exaspirante a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), refirió que, de cada diez mujeres en Veracruz, seis reciben algún tipo de maltrato y, en la mayoría de los casos, son objeto de violencia.

         Al dictar una conferencia sobre el tema de los derechos humanos, invitado por organizaciones civiles de la entidad, Álvarez Icaza calificó de "alarmante" la situación de violencia que viven las mujeres en el estado.

         Y aunque, dijo, las autoridades se han caracterizado por negarse a informar sobre cifras reales, se estima que en Veracruz seis de cada diez mujeres es maltratada, cifra superior a la media nacional, que es de 5 por cada diez.

         Explicó que, con base en datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y otros organismos especializados en estadísticas, se ha documentado que Veracruz se ubica entre los primeros lugares en violencia contra las mujeres, comparada con el estado de Chihuahua.

         Afirmó que cuando la autoridad se niega a reconocer esta situación, "reproduce la violencia institucional y legitima a los agresores de la mujer, y cuando trasladan la responsabilidad a las víctimas, se convierte en cómplice de los victimarios por omisión".

         En este sentido, Alvarez Icaza consideró que el lugar más inseguro para las mujeres es su propia casa, ya que tradicionalmente la violencia se ejerce desde los hogares, sobre todo, de parte de la pareja.

         Por otro lado, Álvarez Icaza subrayó que Veracruz tiene una deuda en cuanto a armonizar sus leyes en la materia en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, como es el caso de la Ley de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. 

Denuncian contubernio de autoridades agrarias con caciques

PATRICIA DáVILA

MÉXICO, DF, 26 de noviembre (apro).- El presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), José Jacobo Femat, acusó a autoridades agrarias de estar en contubernio con terratenientes y grupos de la delincuencia organizada.

Aseguró que gracia a ese nexo, el campesino no puede hacer uso legal de sus tierras, a pesar de existir resoluciones presidenciales y de tribunales agrarios que les otorgan su derecho al predio.

         Por esa razón, el líder agrario exigió a los gobiernos federal y estatales hagan realidad las reformas al artículo 27 constitucional para dar certidumbre en la propiedad agraria.

         "El problema que enfrentan los campesinos es la invasión de tierras por parte de la delincuencia organizada, que las utiliza para la producción de mariguana y amapola, con pleno conocimiento y protección de las autoridades estatales", denunció el líder de la Cocyp.

Indicó que los estados donde se da la complicidad entre autoridad y grupos delictivos para la invasión de hectáreas y represión hacia campesinos son Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Tabasco y Chihuahua.

         Y dio un ejemplo: "En el ejido La Mata, del municipio de Gómez Farías, Chihuahua, se utilizan para el cultivo de enervantes más de 5 mil hectáreas, situación que impide a los campesinos tomar posesión de sus tierras".

Explicó que el Sistema de Administración de Bienes del Estado (SAE) tiene cientos de miles de hectáreas incautadas al narcotráfico que, en su momento, ponen en subasta, pero lamentablemente benefician a cierta gente y el aviso llega tarde a los campesinos.

         Por ese motivo la Cocyp ha hecho peticiones a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para que dote de tierras a campesinos que carezcan de ellas, mediante el proceso de incautación de predios cultivados por grupos delictivos.

         Sin embargo, sostuvo que la dependencia evade el tema y argumenta que el proceso involucra a varias instancias, provocando con ello que miles de hectáreas se queden sin producir.

Actualmente, afirmó, una hectárea de mariguana produce 1.5 toneladas del producto seco.

         Además, denunció que 90 campesinos del municipio de Tonalá, Chiapas, están sufriendo represión por parte de autoridades federales y estatales, debido a que invadieron 850 hectáreas, a pesar que, según una resolución presidencial de 1996, ellos son los propietarios legales.

Advirtió que los campesinos no desalojarán las hectáreas invadidas en Tonalá. Señaló que por casos "ilegales" como éste, que gozan de la presunta protección de las autoridades, en el país aumentan los "focos rojos" por conflictos agrarios de esta naturaleza en estados como Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca.

Por otro lado, Femat Martínez precisó que el rezago agrario está constituido por 7 mil solicitudes de grupos de productores.

         Sin embargo, aseguró que la corrupción y el burocratismo de los funcionarios han impedido que se resuelvan esas solicitudes porque, aun teniendo resoluciones positivas, tanto de los tribunales como en resoluciones presidenciales, éstas no se ejecutan y por tanto los campesinos no pueden tomar posesión de los predios.

Se trata, advirtió el líder de la Cocyp, de "argumentos y maniobras legaloides que enrarecen los expedientes. Se reportan amparos improcedentes de propietarios que no demuestran la propiedad ni la posesión, pero que alargan de forma indefinida los trámites, lo que demuestra que las autoridades trabajan bajo intereses económicos".

 

Denuncian alumnas homofobia en una preparatoria de Morelos

Les impiden ingresar al plantel, tomar clases y presentar exámenes

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se lava las manos y alega que no hay materia para abrir un expediente

Rubicela Morelos Cruz

Periódico La Jornada

Cuernavaca, Mor., 26 de noviembre. Desde el miércoles pasado, a la menor de edad K. G. B., de 17 años, y Lucía Ballesteros Ocampo, de 18, alumnas de la preparatoria federal por cooperación Valentín Gómez Farías, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, se les impide entrar a la escuela por ser homosexuales. Según denunciaron, maestros y alumnos las agreden física y verbalmente.

Acompañadas de familiares y representantes de organismos no gubernamentales de derechos humanos y diversidad sexual, señalaron que las agresiones provienen del director del plantel, Jorge Figueroa Amaro; de los profesores Marco Antonio Jaimes López y Eduardo Isaac Colín Rodríguez, y de los prefectos Felipe Genaro Hernández y Lina Gabriel Ocampo Morales.

Kimberly narró que las agresiones en su contra comenzaron hace un año, cuando se hizo novia de Lucy. “Al mes de que comenzamos nuestra relación nos comenzaron a gritar que éramos una pareja gay, que no somos normales, que estamos mal educadas. Nos avientan piedras, papeles, vasos... nos pegan.

(El 3 de septiembre) Lucy y yo estábamos haciendo una fuente y uno de mis compañeros me aventó una carretilla llena de piedras en las piernas, lo que me provocó heridas y moretones. Al ir a quejarme con los maestros me dijeron que eso me pasaba por ser lesbiana, que yo lo provocaba por ser diferente, expresó Kimbely.

Afirmó que su mamá, María Lilia Balderas García, y su padre fueron a reclamarle al director y a los maestros para que evitaran que su hija siguiera siendo atacada por sus preferencias sexuales.

Balderas García denunció que el director Figueroa Amaro y los docentes mencionados le recomendaron que mejor sacara a su hija de la escuela porque no respondían de las agresiones, y les dijeron que ellos como padres son culpables de que su hija sea homosexual.

La madre de Kimberly presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pero este organismo decidió a finales de octubre que la queja carece de materia porque no se trata de actos de discriminación ni violación de los derechos humanos, lo que demuestra que la CEDH tiene una actitud homofóbica y en lugar de defender los derechos humanos avala los abusos, dijo la mujer.

Luego de la queja ante la CEDH, el director acordó que él, el personal y los alumnos iban a respetar las orientación sexual de las dos jóvenes; no obstante, las agresiones fueron aumentando, al grado de no dejarlas entrar a clases y talleres, y negarles apuntes, según Kimberly.

El miércoles pasado, dijo, varios alumnos, entre los que destacó a César Noé Panohaya Salcedo, Francisco Aponte Mancilla y Antony de Jesús Nájera Pérez, azuzados por los maestros, se colocaron en la entrada principal para impedirles el paso.

Los últimos días de septiembre, cuando (a las autoridades) les notificaron la queja que interpuso mi mamá (en la CEDH), nos comenzaron a negar calificaciones y entrada a clases. Nos vigilan hasta en el baño, cuando vamos a casa, y el pasado miércoles de plano ya no nos dejaron entrar y nos gritaron que si regresamos nos van a matar por ser lesbianas, dijo Kimberly.

Denunció que la quitaron de la escolta pese que ella tenía promedio de 9.5. Los maestros la sientan en medio de los alumnos que más las agreden y éstos la acorralan diciéndole que es niño.

En nombre de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y la Academia Morelense de Derechos Humanos, entre otras organizaciones no gubernamentales, Manuel Carmona Zúñiga exigió a las autoridades federales y estatales que salgan del colegio los maestros señalados y se detenga la discriminación institucional.

Asimismo, demandó que se haga una revisión de calificaciones, se apliquen exámenes parciales aq las afectadas y se destituya a los prefectos, profesores y director de la preparatoria por sus actitudes homofóbicas que han lesionado a las jóvenes, impidiéndoles su sano desarrollo y la continuación de sus estudios.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:46
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