S?bado, 28 de noviembre de 2009

Asesinan a líder opositor a explotar minas en Chiapas

Elio Henríquez

Periódico La Jornada

San Cristóbal, de Las Casas, Chis., 27 de noviembre. La noche de este viernes fue asesinado a balazos Mariano Abarca Roblero, uno de los principales dirigentes opositores a la explotación de minas de barita por la expresa canadiense Black Fire en la sierra de Chiapas.

Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema-Chiapas), dijo que según los familiares del dirigente, éste fue asesinado cerca de las 20:30 horas en la cabecera municipal de Chicomuselo, cerca de la frontera con Guatemala, por un motociclista que portaba un arma de alto calibre.

Explicó que Abarca Roblero platicaba afuera de su casa con Orlando Velásquez, también integrante de la Rema-Chiapas, cuando el sujeto no identificado le disparó en la cabeza y en el pecho y se fugó. Añadió que Velásquez resultó herido y fue trasladado de inmediato a un hospital en la ciudad de Comitán.

El 17 de agosto fue arraigado

Apenas el pasado 17 de agosto, Mariano Abarca fue arraigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado acusado por la Black Fire de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada.

Debido a la presión nacional e internacional fue liberado el 24 del mismo mes, día en que se incorporó al plantón junto con sus compañeros en la cabecera municipal de Chicomuselo para exigir la salida de la compañía. A finales de agosto, los participantes en un segundo encuentro chiapaneco de la Rema, en Chicomuselo, celebraron su liberación.

Castro informó que el dirigente opositor a la explotación de las minas –sobre todo en los ejidos Grecia y Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo– había interpuesto una demanda penal contra un hombre –cuyo nombre no proporcionó– al que supuestamente utilizó Black Fire para encarcelarlo en agosto.

Dijo que esta persona había sido citada para comparecer ante una autoridad competente ayer, pero no llegó por lo que fue requerido para el próximo jueves.

Gustavo Castro manifestó que una hipótesis es que el homicidio de Mariano Abarca está ligado a su oposición a explotar minera desde hace varios años.

Según datos de la Rema, las autoridades federales han otorgado 54 permisos para la explotación de minerales en municipios de esta entidad a las empresas canadienses Black Fire, que extrae barita, oro y antimonio en más de 10 concesiones; Linear Gold Corp, con 24 concesiones, la mayoría de oro y algunas por 50 años, Fronteer Dev. Group con 12 proyectos, así como New Gold Inc., con tres concesiones y Radius Gold, con seis, aunque aparentemente estas últimas ya se retitaron.

 

Plantón en CFE hasta que Elías Ayub negocie con el SME: Esparza

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO, D.F., 27 de noviembre (apro).- El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, denunció una vez más "la corrupción que impera en la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", y advirtió que el plantón frente a las oficinas de esa dependencia se mantendrá hasta que su titular, Alfredo Elías Ayub, se siente a negociar directamente con ellos.

         En esa mesa, dijo, también deberán estar la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el exdirector de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera.

         En conferencia de prensa, Esparza dijo que la negociación iría en el sentido de determinar los mecanismos para que quienes trabajaban en LFC puedan recoger sus pertenencias, que aún siguen en esas instalaciones.

Y es que, según el líder sindical, el pasado miércoles 25 recibió una llamada telefónica del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, quien le solicitó que dejaran libre el acceso al inmueble de la CFE, ubicado en Paseo de la Reforma, pero Esparza advirtió que no accederán a esa petición hasta que se cumplan sus demandas.

Por otra parte, el SME informó, en su página de Internet, que los electricistas Rolando Moreno, José Lino Luna, Sergio Vallejo Suárez, Pedro Lino Galicia y José Juan Lino Luna, se sumaron a la huelga de hambre de 11 mujeres que mantienen un plantón afuera de las oficinas de la CFE, pero ellos se apostaron en un campamento que levantaron en el Congreso de la Unión, frente a la puerta de acceso 6.

 

Acepta Labastida responsabilidad del tricolor en retroceso de derechos femeniles

Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada

El senador Francisco Labastida Ochoa planteó que se debe enmendar la Constitución para reafirmar que el Estado mexicano es laico y que todos los funcionarios deben actuar bajo esa norma, sin mezclar asuntos religiosos con la función pública.

El ex secretario de Gobernación y ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia resaltó que esto es necesario por la actuación de los gobiernos panistas, que cada vez con mayor frecuencia olvidan que hay una separación entre Iglesia y Estado y asumen posturas clericales en temas como el aborto.

En entrevista, lamentó las modificaciones que se han hecho a las constituciones de 17 estados para penalizar la interrupción del embarazo, así como las declaraciones recientes del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en las cuales se pronunció en contra del aborto.

Yo soy liberal por convicción y por herencia, porque somos ya cuatro generaciones de liberales en mi familia y me preocupan los retrocesos que se están dando en contra de las mujeres en ese tema, comentó.

Penalizarlo es muy grave, sobre todo en la realidad mexicana, pues por violencia o delitos intrafamiliares las mujeres quedan embarazadas. Meter a la cárcel o darle tratamiento siquiátrico a quien se niegue a tener un hijo producto de la violación es regresar a épocas ya superadas, explicó.

Labastida insistió: lamento mucho expresiones como la del secretario de Gobernación y los cambios legales ocurridos en muchos estados. Lo digo a título personal, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los integrantes de mi partido pensamos igual.

Sin embargo, reconoció la responsabilidad de los legisladores del PRI que en esos estados avalaron –junto con los de Acción Nacional– las modificaciones a las constituciones locales para prohibir y penalizar la interrupción de embarazos.

Yo no formo parte, ni coincido con quienes aprobaron esas legislaciones, pero tiene responsabilidad el PRI, recalcó, e hizo notar que hay que recordar a los priístas cuál es el origen y la historia del partido y a qué causas nos debemos.

A su juicio, los miembros del PRI no pueden asumir ideologías opuestas a la historia del tricolor, ni respaldar posturas contrarias a la realidad del país, a la problemática nacional y a los derechos de las mujeres.

–¿Debe el Congreso exhortar al secretario de Gobernación a que respete la Constitución y no tome partido en un tema que divide a los mexicanos?

–No doy mucho valor a los exhortos, porque son como los llamados a misa. Lo que los legisladores tenemos que hacer es ejercer nuestras facultades y mejorar las leyes. Así de claro.

Labastida explicó que el PRI debe promover una modificación al artículo 40 de la Carta Magna, para reafirmar que vivimos en un Estado laico y todos están obligados a respetar ese precepto.

Explicó que en este periodo de sesiones ya no daría tiempo sacar una reforma constitucional en ese sentido, pero se puede ir trabajando, a fin de que la iniciativa esté lista lo más pronto posible, ya que se trata de un principio fundamental del Estado mexicano y es una materia que no puede soslayarse.

Las reformas que lo criminalizan atentan contra el Estado laico, coinciden

Aborto, problema de salud pública y justicia social, ratifican expertos

Laura Poy Solano y Gabriel León Zaragoza

 

Periódico La Jornada
Sábado 28 de noviembre de 2009, p. 30

Especialistas en temas de género y activistas en pro de los derechos sexuales y reproductivos afirmaron que en México el aborto es un tema de salud pública y justicia social que enfrenta un claro embate de los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad, que pretende reducirlo a un tema de anticoncepción que se puede criminalizar.

Al participar en la mesa Encuentros y desencuentros en torno al aborto en México, Raffaela Schiavon, directora de International Projects Assistance Services, IPAS-México, destacó que hay suficientes pruebas científicas de que una mejor educación sexual y el acceso oportuno a anticonceptivos tiende a reducir los casos de aborto.

Resaltó que en América Latina, de 1990 a 2008, al menos 7 por ciento de la mortandad materna está vinculada con los abortos. A ello se suma, agregó, que en más de 15 años no ha existido un cambio en la tendencia de estos casos.

Expuso que el aborto clandestino es muy difícil de censar, por lo que en México y la región puede existir un claro subregistro en el número total de casos.

Lucía Melgar, coordinadora de investigación del programa de estudios de género de la UNAM, enfatizó que la academia debe participar más activamente con los grupos civiles organizados y difundir el cono- cimiento acumulado, ante un claro ataque de los sectores más conservadores. Es necesario, aseguró, saber por qué prevalece una cultura social que permite criminalizar el aborto, a pesar de los avances del pensamiento científico, y también por qué los jóvenes no ejercen su derecho a elegir libremente cuántos y cuándo tener hijos.

Luego de que 17 congresos estatales aprobaran un marco legal que penaliza el aborto, María Luisa Sánchez, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida, afirmó: estamos ante la revancha de la ultraderecha, con una clara injerencia de la Iglesia católica en leyes y políticas públicas, lo que resulta muy grave, pues hay un proceso de desmantelamiento del carácter laico del Estado mexicano.

Con tales reformas, agregó, se pretende dar personalidad jurídica a un óvulo fecundado, anulando los derechos de la mujer plasmados en la Constitución. De concretarse esa modificación a nivel federal, se traduciría en una mayor restricción de los derechos sexuales, la aplicación de una maternidad forzada, así como la indefensión y criminalización de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Por separado, la Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Abuso Sexual (Musas), advirtió que las reformas que se han hecho en 17 estados para penalizar la interrupción del embarazo, deben combatirse, porque vulneran el Estado laico y son una anulación a los derechos alcanzados por las mexicanas en los pasados 50 años, advirtió la Asociación de Mujeres.

Juanita Núñez Flores, directora del organismo, indicó que los partidos políticos y los sectores de derecha que impulsan esta regresión en las legislaturas estatales deben tomar en cuenta que al imposibilitar que la mujer ejerza su derecho a interrumpir un embarazo –sobre todo cuando hubo violación sexual–, se generan factores emocionales y sicológicos que afectan la relación madre e hijo.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 11:42
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios