Lunes, 07 de diciembre de 2009

Ven excesos en guerra al narco
Organismos locales e internacionales: hay más violaciones a derechos humanos

El Universal

TIJUANA, BC.— Organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, testimonios de familiares y declaraciones de detenidos refieren que el arraigo y la tortura se han convertido en las principales armas en la guerra del gobierno contra el crimen organizado.

El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado en esta ciudad fronteriza “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, advierte que lo que ocurre en Tijuana es una muestra de lo que está sucediendo en otras partes del país.

“Hay prácticas realmente preocupantes porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia”, asegura.

Los grupos que han investigado diversos casos encontraron patrones similares, en los cuales la tortura se realiza al amparo del arraigo.

Sin tener órdenes de aprehensión, los militares detienen a las personas. Luego las trasladan a los cuarteles “Morelos” y “El aguaje de la tuna”, del 28 Batallón de Infantería.

“Ahí, los detenidos son golpeados e incomunicados por varios días. Se les trata de asfixiar con bolsas de plástico y les aplican descargas eléctricas”, explica Francisco Sánchez Corona, coordinador del OCDH.

Testimonios de las víctimas refieren que durante la tortura estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez; el director de Policía y Tránsito de la ciudad, capitán Gustavo Huerta; así como agentes del Ministerio Público Federal.

Leyzaola y Huerta están al frente de sus corporaciones desde diciembre de 2008.

Sánchez Corona considera que la presencia del Ejército en las calles no ha ayudado a disminuir la delincuencia, “al contrario la violencia sigue galopante y se han incrementado las violaciones a los derechos humanos”.

Además, destaca que Tijuana es una de las ciudades en donde el Ejército, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realiza operativos mixtos, como parte de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que emprende el gobierno federal.

Para Humberto Guerrero Rosales, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la tortura está teniendo dos finalidades: “Que los detenidos se autoincriminen o que señalen a otros, porque mientras se les tortura les muestran fotografías de personas que ni siquiera conocen y se les pide que los identifiquen”.

Lo que vemos, agrega, es que se detiene para después investigar, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia.

Esta semana Amnistía Internacional emitirá un informe en el que documenta y denuncia casos de tortura realizados por militares en varias ciudades del país.

 

Gobernación revive diálogo con el SME.

Excélsior

Con la oferta de diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación, refrendada la semana pasada, se prevé que en las próximas horas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responda a la propuesta de instalar una mesa de negociación para dar salida al conflicto por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El viernes pasado, después de las movilizaciones en la Ciudad de México en las que el gremio protestó por la medida gubernamental, el dirigente sindical, Martín Esparza, aseveró estar en la disposición de acudir hoy a Bucareli para plantear la situación en la que se encuentran más de 40 mil ex trabajadores de la empresa.

Por lo pronto, el gobierno federal sigue buscando opciones para recontratar a los ex empleados de Luz y Fuerza que ya cobraron su liquidación.

Actualmente hay mil 71 nombres de posibles recontratados, de los cuales 881 han pasado por diversos exámenes para evaluar sus perfiles.

El 17 de noviembre, Excélsior informó que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, afirmó que se extinguió LyFC para garantizar la prestación eficiente del servicio eléctrico en la zona centro de México.

 

La mafia de Hank Rhon, copa a la CNDH
Ricardo Ravelo

Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana y frustrado candidato a gobernador de Baja California, maniobró junto con el senador Fernando Castro Trenti para convertir en ombudsman a Raúl Plascencia. En pago, varias oficinas clave fueron entregadas a hombres cercanos al hijo del profesor, algunos de ellos con historias densas.

TIJUANA, BC.- Empresario del juego, acusado públicamente de tener presuntos nexos con negocios ilícitos, entre ellos el narcotráfico y el lavado de dinero (Proceso 1424), Jorge Hank Rhon se convirtió en el principal impulsor de la candidatura de Raúl Plascencia Villanueva para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
         Oriundo de esta ciudad, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde como estudiante se hizo famoso como porro junto con otros de sus actuales colaboradores, Plascencia Villanueva tuvo que cobijarse a la sombra de Hank Rhon y del senador Fernando Castro Trenti, excoordinador de la campaña de Hank, para convertirse en ombudsman nacional.
         Aunque siempre se dijo que José Luis Soberanes Fernández, quien presidió la CNDH hasta noviembre último, era su principal apoyo, lo cierto es que Raúl Plascencia tenía otras cartas bajo la manga, entre ellos al hijo del profesor Carlos Hank González y a varios de sus excompañeros de la Facultad de Derecho de la UABC, como Roberto Carrillo, quien figuró como operador de su candidatura a la presidencia de la CNDH y a quien en 1995 se le vinculó con el cártel de Tijuana, según narra Jesús Blancornelas en su libro El Cártel.
Las alianzas
Tras perder la gubernatura de Baja California, derrota que en buena medida fue producto de su mala fama y de la corrupción que marcó su paso por el Ayuntamiento de Tijuana –protección policiaca al crimen organizado, tráfico de influencias y derroche del erario (Proceso 1726)– Jorge Hank Rhon desapareció del escenario político, pero discretamente  maquinó un plan para llevar a la presidencia de la CNDH a Raúl Plascencia y colocar a su gente más cercana en puestos claves.
         El proyecto comenzó a mediados de este mismo año, poco después de que el exalcalde de Tijuana, propietario de las casas de apuestas Caliente, hizo las pases con Castro Trenti, a quien culparon de su derrota en 2007.
         El encono entre ambos se desató cuando el panista José Guadalupe Osuna Millán (actual mandatario estatal) fue declarado gobernador electo. Según fuentes consultadas en esta ciudad, Castro Trenti se había distinguido como "empleado incondicional de Hank" y lo demostró al fungir como el principal gestor para desaparecer la llamada "Ley Antichapulín", que impedía a Jorge Hank ser candidato a la gubernatura cuando aún era presidente municipal.
         Pero la derrota de Hank Rhon desató la bronca: él y su asesor, Eduardo Bernal, acusaron a Castro Trenti de traidor, de haber vendido la candidatura priísta al PAN y de no haber orquestado una supuesta maniobra, negociada al interior del Instituto Estatal Electoral, para que se dispusieran de varios miles de votos que beneficiarían al abanderado del partido tricolor.
         "Eres un traidor, hijo de puta", le dijo Bernal a Castro en una reunión realizada después de que Osuna Millán fue declarado ganador de la elección. Hank Rhon no se confrontó personalmente con su coordinador de campaña, pero, a su estilo, le mandó decir que se cuidara. Semanas después, Castro Trenti habría escuchado rumores de que Hank lo quería asesinar. Entonces tomó sus previsiones, como contratar un grupo de escoltas y adquirir dos camionetas con un blindaje de nivel cinco –uno de los más altos en el mercado de las corazas– para su seguridad personal y la de su familia. Hasta la fecha las utiliza cuando está de visita en Tijuana.
         El coraje parece haberle pasado pronto a Hank Rhon. Así, cuando Mario Madrigal Magaña, dirigente del sindicato de los empleados del grupo Caliente y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, acercó a Hank y a Castro Trento, ambos hicieron las pases, de acuerdo con dos fuentes consultadas por este semanario. Fue entonces cuando surgió el proyecto de apoyar a Raúl Plascencia para la presidencia de la CNDH.

La Iglesia en la alianza derechista

Arnaldo Córdova

Creo que, en su momento, fueron muy pocos los que entendieron por qué Salinas presentó su iniciativa de reforma del artículo 130 constitucional (que instituye las relaciones del Estado laico con las iglesias), entre ellos, sin duda alguna, debieron estar los altos jerarcas de la Iglesia católica. El era un genuino admirador de la llamada revolución derechista que surgió en Estados Unidos en los años setenta y que acabó llevando al poder a Ronald Reagan. Sabía que en esa revolución las elites protestantes habían sido decisivas y, al parecer, no deseaba que en México ocurriera algo así; pero las elecciones de 1988 lo decidieron a levantar un bloque de derecha que se opusiera a una izquierda emergente que parecía demasiado peligrosa en los marcos de la reforma política.

Salinas siempre lo negó, pero en aquellos tiempos, resultaba evidente que él había estado en una larga tratativa con los obispos para dar forma al cambio constitucional que se buscaba desde el gobierno. Lo que no era tan claro era el alcance que tendría en la vida pública del país dicha reforma. Salinas tenía su propia versión de una revolución derechista para México: la personificarían dos fuerzas políticas que, a él le resultaba, estaban más cerca de lo que la historia podía suponer, el PRI en el poder y el PAN en la oposición, siempre en clave antiizquierdista. Con el tiempo se pudo comprender que en esa alianza derechista la Iglesia católica no podía quedar fuera y que ése era, justamente, el fin de la reforma de 1992 al 130.

Quedó claro que en esos convenios los jerarcas eclesiásticos le exigieron a Salinas más de lo que él estaba dispuesto a concederles. Ya era mucho que de nuevo se volviera a reconocer constitucionalmente a las iglesias como personas morales, cuando esa definición se les había negado en el texto original de la actual Carta Magna. La enseña de los obispos católicos fue, desde entonces, la "libertad religiosa" que ellos definían muy a su manera y que, según ellos, el presidente priísta no les concedió. Esa "libertad", como podemos verlo hoy de las declaraciones de los prelados, comprendía la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero querían más que eso y tuvieron que contentarse con lo que se les ofrecía desde el poder.

La defensa del Estado laico pareció, desde entonces, una fruslería sin mayor importancia. Se trataba de un reagrupamiento en la cúspide de las fuerzas que de verdad mandan y gobiernan en esta sociedad. Se partía de la hipótesis de que el pueblo mexicano es, esencial y mayoritariamente, un pueblo derechista y conservador. Confesional y ultramontano en el centro y sur del país; proyanqui y proempresarial en el norte. En ambos casos, el catolicismo forma parte de la definición. En esa óptica, para que ese pueblo conservador siguiera al nuevo bloque derechista era indispensable el concurso de la Iglesia católica y ésta lo entendió a las mil maravillas.

Es probable que nadie se haya puesto a pensar en lo que esa iglesia era capaz de hacer una vez que se le soltaran las riendas. Ha aprendido muy bien y en primerísimo lugar esa ley de hierro de la naturaleza que dicta que el que no chilla no mama y su beligerancia ha rebasado ya todos los límites, arropada por el poder de la derecha que, desde Salinas, le ha creado su propio escenario de legitimación política. Siempre bajo la enseña de la libertad religiosa, en la que hace comprender todo tipo de demandas y exigencias, la Iglesia se ha creado su propio espacio político que, de acuerdo con la actual letra del 130, no le corresponde en absoluto. Hasta se ha creado un marco propio de convivencia con el crimen organizado, del que ha recibido lo que popularmente se llaman "narcolimosnas".

Antes de la reforma del 92, la Iglesia tenía a sus principales interlocutores en la sociedad civil en asociaciones seculares derechistas y confesionales que no tenían mayor eco en la política de masas del país. Ahora se puede ver que es algo más que interlocutora y no sólo con esas fuerzas ultramontanas. Hoy se habla de igual a igual con las principales fuerzas políticas de México y, en especial, con las que forman el bloque de la derecha gobernante y dominante, el PRI y el PAN (y también con los perredistas que proclaman ser de "izquierda moderna"), para no hablar de los pequeños partidos derechistas. También es algo más que confesora de los grandes empresarios. Ahora es su socia en el poder.

Para nadie es ya un secreto que las reformas a las constituciones estatales imponiendo la defensa de la vida desde su concepción y la consecuente penalización del aborto sin excepciones ha sido obra de una arremetida generalizada de la Iglesia católica (y también de las evangélicas, que en ello comulgan en todo y por todo. Un pastor de Veracruz se alcanzó la puntada de decir que en el Congreso local Dios había legislado con los diputados que aprobaron la reforma en ese estado). En todas las 17 entidades en las que se ha dado paso a la reforma el PRI ha sido el principal protagonista. En unas, porque es la fuerza mayoritaria; en otras, porque le hizo compañía al PAN.

En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz (once estados) los autores de esa reforma retrógrada y ofensiva para la mujer fueron los priístas. En los restantes seis (San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California), fueron con el PAN. No se trató de la defensa de convicciones particulares (la defensa de la vida), sino de arreglos cupulares con la Iglesia católica (a la que se sumaron abyectamente los evangélicos). Todo ello es el resultado del poder político, que no espiritual, de la Iglesia, y de su inserción en el entramado del poder de la derecha que hoy nos gobierna y que nos está conduciendo al despeñadero como país moderno y laico. Es la derrota de nuestra historia nacional y de nuestro futuro como país.

En esta siniestra aventura los liderazgos priístas (nacionales y locales) han acabado por perder todo asomo de vergüenza, si es que alguna les quedaba. Beatriz Paredes ha mostrado que es ya una nulidad, política, ideológica y moralmente, al declarar que se trata de una cuestión que divide tanto a la sociedad que ella mejor se hace a un lado. ¿Qué ha hecho ella por contribuir a la unidad de esa sociedad, fuera de revolcarse gustosamente en el lodazal de la componenda y el propio acomodo personal? Pero los priístas no son los únicos. Un gran número de diputados perredistas votaron por esas reformas reaccionarias. Ahora el movimiento cívico lopezobradorista tendrá que incluir en su programa político como una prioridad la defensa del Estado laico, porque no queda ninguna otra fuerza que se haga cargo de ello.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:06
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