S?bado, 12 de diciembre de 2009

Cada viernes, marchas masivas del SME, anuncia Esparza
La redacción. Proceso.

MÉXICO, D.F., 11 de diciembre (apro).- El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, adelantó que cada viernes realizarán marchas masivas en la ciudad de México, en protesta por la negativa al amparo que promovieron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
    En conferencia de prensa, el líder gremial dijo que continuarán con las movilizaciones, las conferencias y el volanteo en las calles, pero lo harán de manera pacífica, porque “las armas no son para nosotros, sino para los cobardes que se dedican a robar pertenencias en la calle”.
Lo importante, añadió, es levantar este movimiento social, “porque están tratando de acabar con los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos”.
Luego de manifestar que perdió la confianza en el Poder Judicial de la Federación por la sentencia que dictó la titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño, Esparza anunció que el SME interpondrá un recurso de revisión, y dio a conocer que mañana, a las 8:00 horas, el obispo emérito Samuel Ruiz oficiará una misa en las instalaciones del sindicato.
Al negar el amparo al SME, la impartidora de justicia expuso en su argumentación legal que se deben ponderar los derechos colectivos sobre los particulares.
En este sentido, señaló que se debe priorizar la prestación de un servicio público en un área prioritaria para la economía y desarrollo nacional, y concluyó que en su recurso el SME se refería a derechos individuales que deben ceder frente a los derechos de la nación en su conjunto.
Coutiño Mata sostuvo que en el propio decreto emitido por el gobierno federal se garantizan los derechos de los trabajadores, derivados del tiempo que prestaron su servicio a dicho organismo.

Niega la juez Coutiño amparo al SME contra la extinción de LFC

“Hubo mano negra”, señala la defensa. Se interpondrá recurso de revisión ante tribunal colegiado, anuncia el abogado Carlos de Buen. Afirma que la funcionaria se dejó presionar por sus superiores de la Judicatura, a la que acaba de llegar Cabeza de Vaca, incondicional de Calderón

Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada

Después de un mes de analizar los alegatos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del gobierno del presidente Felipe Calderón, la juez federal Guillermina Coutiño Mata negó este viernes a los trabajadores el amparo solicitado contra el decreto que ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), resolución que puede ser impugnada por los quejosos durante los próximos 10 días hábiles.

Antes de las nueve horas la juez notificó su sentencia, en la que avala la legalidad del decreto presidencial –emitido el pasado 11 de octubre– y considera que no existió violación de garantías que agraviaran al SME o sus afiliados.

Premisa falsa

Luego, mediante un extenso comunicado, Coutiño detalló que, contrario a lo que sostiene el sindicato, es constitucional el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que permite al titular del Ejecutivo federal liquidar organismos descentralizados cuya existencia afecte las finanzas públicas y la economía del país.

El argumento de la quejosa para demostrar la violación a la garantía de audiencia parte de la premisa falsa de que quienes laboran en una entidad de la administración pública federal tienen derecho a que, para conservar sus empleos, la misma subsista a pesar de que su existencia sea gravosa desde el punto de vista de la economía nacional, o no contribuya para mejorarla, así como cuando no beneficia el interés público que subyace en el objetivo de su operación, sobre todo cuando hay otros medios para prestar el mismo servicio público, refiere la sentencia.

Añade: “siendo el Poder Judicial de la Federación el encargado de velar por el respeto a la Constitución, se decidió no pronunciarse sobre algunos planteamientos de legalidad en materia de derecho del trabajo, ya que su análisis corresponde en primer término a la junta especial número cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ante la que el sindicato quejoso formuló los mismos planteamientos.

Esta decisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues esos argumentos de legalidad en materia de trabajo serán analizados por la mencionada junta, por habérsele propuesto, además de que, en caso de que la resolución que emita dicha autoridad fuera contraria a los intereses del SME, éste puede promover el medio de defensa previsto legalmente para tal efecto, indicó la juez.

Acerca de que la extinción de LFC dejó sin empleo a más de 40 mil trabajadores, la juzgadora expuso: si bien la emisión del decreto reclamado tiene como consecuencia la extinción de la fuente de empleo de los trabajadores, lo cierto es que no les restringe para insertarse nuevamente en el mercado laboral, además de que, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, consistente en la prestación de un servicio público tal como el de suministro de energía eléctrica, no es posible acceder a la opción de hacer prevalecer los derechos laborales que exige la parte quejosa.

Sostuvo que el ordenamiento presidencial no privó de ningún derecho a los trabajadores electricistas debido a que no fue una medida de carácter laboral, y rechazó que el Congreso hubiera tenido que dar su aprobación o legislar para extinguir LFC.

Con la emisión de los decretos mencionados, el de creación y extinción de Luz y Fuerza del Centro, en todo momento se observaron los mismos requisitos, lo que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que estatuye que para la extinción de las paraestatales deben seguirse las mismas formalidades que para su creación, explicó.

La titular del juzgado primero de distrito auxiliar consideró también que los actos previos a la liquidación de LFC, consistentes en las opiniones favorables de las secretarías de Hacienda y de Energía para concretar la medida, no afectaron el interés jurídico de los quejosos, porque no obligaban al presidente de la República a decretar la extinción.

Precedente reprochable

Sobre el resolutivo, Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, quien de entrada expresó que la resolución sienta un precedente reprochable y contrario a la misma Constitución, dijo a La Jornada que este litigio terminará resolviéndose en la Suprema Corte, una vez que interpongamos el recurso de revisión ante un (tribunal) colegiado, para que la Corte ejerza su facultad de atracción.

Afirmó que “sin duda hubo mano negra en esta resolución”, pues queda claro que la juez se dejó presionar por sus superiores del Consejo de la Judicatura Federal, adonde acaba de llegar (Daniel) Cabeza de Vaca, incondicional de Felipe Calderón.

Carlos de Buen pidió a los trabajadores que aún no pierdan las esperanzas, pues lo más importante es lo que el próximo año digan los ministros.

Puntualizó que mientras la Corte no se pronuncie sobre los argumentos del SME, seguirá vigente la suspensión definitiva en vía de amparo otorgada el pasado 6 de noviembre al sindicato por la juez Coutiño, la cual impide que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dé por concluida la relación laboral entre LFC y los electricistas afiliados al gremio.

Este juicio de amparo, tramitado a petición del SME, es el único litigio en que el Poder Judicial analizará la legalidad del decreto presidencial, pues el Congreso no promovió controversia constitucional para que la Corte se pronunciara directamente sobre el tema.

Además del sindicato como organización gremial, la demanda fue firmada por unos 23 mil afiliados, pero Coutiño la desechó porque 6 mil 835 de esas personas nunca acreditaron ser trabajadores o jubilados de LFC.

Entre los alegatos expuestos por el SME que fueron rechazados por la juez destacan que con la emisión del decreto fueron violados los artículos 14 y 16 de la Constitución, por indebida motivación y fundamentación legal del decreto y por no dar audiencia previa al SME; 73, fracción décima, por invasión del Ejecutivo a la esfera de atribuciones del Legislativo, y 123, que tutela los derechos laborales.

Inquieta a EU impunidad militar en México
La redacción. Proceso.

MÉXICO, D.F., 11 de diciembre (apro).- El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, Arturo Valenzuela, señaló este viernes que en su país hay preocupación sobre el número total de militares mexicanos que han sido castigados por violar los derechos humanos.
    En conferencia de prensa ofrecida en Estados Unidos, el funcionario manifestó que ese “es un tema de preocupación y nosotros planteamos ya el tema a nuestros colegas mexicanos”.
Eso, dijo, ocurrió “sobre la base de nuestra capacidad de tener un diálogo que sea franco, un diálogo respetuoso para avanzar".
En un informe presentado en julio pasado, Human Rights Watch denunció que los tribunales  militares mexicanos no han condenado ni a un solo miembro del Ejército acusado  de violar derechos humanos, luego de que el gobierno del presidente Felipe Calderón desplegó caso 50 mil efectivos en su lucha contra el narcotráfico.
En tanto, en un informe entregado en agosto anterior al Congreso estadunidense, el  Departamento de Estado admitió la “opacidad“ del sistema judicial militar de México, lo que dificultaría el análisis de las denuncias.
    Y apenas la semana pasada, el diario estadunidense The Washington Post publicó una nota en la que presentó datos contradictorios de la Secretaría de Gobernación y de fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el total de militares sentenciados por violar derechos humanos.
Según la nota, basada en un oficio de la Secretaría de Gobernación entregado a la organización Human Rights Watch, la dependencia reconoce sólo el caso de un militar castigado en este sexenio por violaciones a derechos humanos.
Pero el rotativo también presentó datos de un vocero oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien asegura que existen 10 militares que purgan sentencias por violar derechos humanos, datos que contradicen a Gobernación.
Y más: Esta semana, Amnistía Internacional presentó un informe en el que documentó diversas acusaciones contra militares en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, que según la organización no han sido resueltas por las autoridades.
Sin embargo, este mismo viernes la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, refrendó su apoyo al gobierno y al pueblo de México en su lucha contra el narcotráfico, incluyendo a todas aquellas personas que han soportado estos años la violencia de la delincuencia organizada.
"Realmente felicito no sólo al gobierno mexicano, sino a tantos ciudadanos mexicanos que han soportado la embestida de horrorosa violencia", dijo Clinton en un discurso sobre política hacia Latinoamérica, en el que recalcó el apoyo que ha ofrecido Estados Unidos.
E insistió: "No es sólo que estamos proporcionado más equipo militar o entrenamiento, estamos buscando todo tipo de apoyo institucional para la paz y justicia, por los derechos humanos y la democracia. Es un apoyo de largo plazo".

 

Boltvinik: nueva metodología pone más requisitos para ser considerado pobre

Coneval y Evalúa DF ponen a discusión la concepción de los satisfactores mínimos. La actual medición requiere que además de bajo ingreso se carezca de uno de 8 satisfactores

Roberto González Amador

 

Periódico La Jornada
Un cambio en la metodología empleada oficialmente para medir la pobreza, cuyos resultados fueron dados a conocer el jueves anterior, borró a 3.6 millones de mexicanos que apenas hace tres meses figuraban en esa condición, aseguró Julio Boltvinik Kalinka, especialista de El Colegio de México.

El experto ironizó: ahora pusieron muchos requisitos para ser pobre, en referencia a los cambios metodológicos aplicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza. Hasta esta semana, la pobreza era medida sólo en función del ingreso de las personas. A partir de ahora, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Social, se añade a los criterios de medición de la pobreza una serie de indicadores sociales relacionadas con el acceso a seguridad social.

Necesario, un enfoque integral

Para el especialista de El Colegio de México y uno de los principales expertos del país en el tema, hay, sin embargo, aspectos que deben ser reconocidos a partir de la nueva metodología. El principal, destacó, es que queda claro que la pobreza no solamente debe ser combatida a través de los elementos de la política social, sino que es indispensable un enfoque más integral, en el que se involucren las acciones de la política económica, algo que hasta ahora en México no se ha introducido en las estrategias de reducción de la pobreza.

Ocurrieron dos hechos al mismo tiempo que también deben dar elementos para el debate. Uno, fue la publicación de los resultados a partir de la nueva medición del Coneval; el otro, que en el Distrito Federal el organismo encargado de medir la pobreza (Evalúa DF) dio a conocer sus propias cifras respecto de la capital del país, que duplican el número de pobres que arroja la medición del Coneval. Más que una diferencia de metodología se está poniendo a discusión una concepción diferente de los satisfactores mínimos que requiere una persona, añadió.

A mediados de este año, el Coneval dio a conocer que el número de pobres había aumentado este año en 5 millones, por la crisis económica. Así, el universo de mexicanos en pobreza había crecido de 42 a 47.4 por ciento del total de la población, estimada en 104 millones de personas. Hace dos semanas, el ex secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, ahora titular de Hacienda, mencionó un incremento de 6 millones en el número de pobres.

En estos casos, la pobreza se mide a partir de un ingreso mínimo por persona, de 64 pesos diarios en el medio urbano y de 40.10 pesos diarios en el rural. Cualquier persona con una percepción diaria menor es considerada en pobreza.

La nueva medición incorporó otro elemento. Además de que tenga un ingreso menor a la línea de pobreza, debe carecer al menos de uno de ocho satisfactores, o derechos sociales, como acceso a salud, educación, espacio en la vivienda, seguridad social o cohesión social. Si está debajo de la línea de ingreso y carece de al menos de uno de esos satisfactores, entonces una persona es considerada pobre. Es lo que se llama una medición multidimensional de la pobreza, explicó el experto.

Incorporada la nueva metodología, la medición arrojó que 44.2 por ciento de la población es pobre, un resultado que Boltvinik considera sorprendente. Dijo: mientras más dimensiones se incorporen a la medición, la pobreza tiende a ser mayor. Aquí hay un truco. Ahora le pusieron muchos requisitos a ser pobres.

Explica que si se considerara pobres a las personas que carecen de alguno de los ocho satisfactores sociales, la pobreza afectaría a 77.2 por ciento de la población. Pero como además deben tener un ingreso menor al marcado por la línea de pobreza, entonces sólo 44.2 por ciento de mexicanos cumplen los parámetros fijados por el Coneval para ser considerados pobres.

Además de establecer una diferencia en cuanto a la concepción de lo que una persona debe tener mínimamente de ingreso y satisfactores para ser considerado pobre, y por tanto objeto de la política social, la reducción en el número de personas en esta condición a partir de la nueva metodología puede tener un impacto en el presupuesto de los programas de desarrollo social, cuyos montos se calculan en función del universo de personas que son susceptibles de recibir los apoyos.

Boltvinik, sin embargo, destacó aspectos positivos de la nueva medición. El primero es que, aun con un retraso de casi cuatro años, por fin se está cumpliendo con el contenido de la Ley de Desarrollo Social que, precisamente, plantea que la pobreza debe medirse a partir de una visión multidimensional.

Otro tema que se pone sobre la mesa a partir de esta nueva forma de medición, y de los resultados que arroja, es que la política social no basta para combatir la pobreza, sino que es necesaria la interacción con la política económica para influir en la población en pobreza. Esto es, que es indispensable relacionar las acciones de política social con una política fiscal redistributiva y con acciones para el crecimiento económico, sostuvo.

Uno de los elementos que pueden ser positivos a la luz de la nueva medición es que empiece a permear la idea de que la pobreza no se combate eficientemente sólo con la focalización de ayudas (como Oportunidades), sino que se deben hacer universales derechos como la salud y la educación.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:41
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