Mi?rcoles, 16 de diciembre de 2009

Corte Interamericana condena a gobierno de México por guerra sucia
Gloria Leticia Díaz. Proceso.

MÉXICO, DF, 15 de diciembre (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por elementos del Ejército durante la guerra sucia encaminada al exterminio de los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
    Como parte de la sentencia, la CoIDH decretó que el gobierno mexicano deberá reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, por el que actualmente se juzga en tribunales castrenses violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército, para compatibilizar la jurisdicción militar a los estándares internacionales que limitan el fuero castrense.
    Entre las modificaciones legislativas, el gobierno mexicano también se obliga a adoptar los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas; en específico, lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Por esa razón se tendrá que reformar el artículo 215 A del Código Penal Federal.
    A ello se suma la indicación de aplicar “programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia  del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en relación con los límites de la jurisdicción militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de los hechos constitutivos de desaparición forzada de personas”.
    Una vez que se conoció el contenido de la sentencia condenatoria, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Segob, difundió un comunicado en el que reconoce que el fallo del tribunal interamericano es “definitivo e inapelable”, por lo que “llevará a cabo todas las acciones necesarias” para acatarlo.
    Por unanimidad, los ministros de la CoIDH declararon que México es culpable de la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, en agravio de Rosendo Radilla, así como responsable por la violación de los derechos a las garantías y a la protección judicial en contra de Radilla y su familia.
    En las conclusiones, se destaca además que “el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas”.
    En 18 puntos, la sentencia de la CoIDH exige al gobierno de Calderón concluir las investigaciones de la detención y desaparición de Rosendo Radilla y sancionar a los responsables, así como continuar en la búsqueda y localización del luchador social o, en su caso, de sus restos mortales.
    Para reparar el daño, se indica la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en los hechos; llevar a cabo una semblanza de la vida de Rosendo Radilla; brindar atención psicológica o psiquiátrica de forma inmediata a los familiares, así como pagar 240 mil dólares por concepto de reparación de daño material y moral, así como por costas y gastos a los familiares de Radilla Pacheco y a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos  (Afadem), organización de la que es vicepresidenta Tita Radilla Martínez.
    También se señala la obligación del gobierno de Calderón de publicar, en un plazo de seis meses,  parte del documento en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional; en tanto, el fallo completo deberá aparecer dos meses en la página web de la Procuraduría General de la República (PGR).
    La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el próximo año el gobierno mexicano deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de la sentencia, la cual dará por concluida una vez que “haya dado cabal cumplimiento” al fallo.
    Por su parte, la Afadem y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), representantes legales de los familiares de Radilla Pacheco, calificaron la sentencia de un “logro del movimiento de familiares y víctimas de delitos del pasado que durante décadas han luchado y dan una luz para poner fin a la impunidad en la búsqueda de sus seres queridos”.
    En un comunicado, se indica que el fallo demuestra que se mantiene “la impunidad estructural y los obstáculos legales a los que las víctimas se han enfrentado históricamente, obstáculos que hoy la Corte ordenó superar”.

Exhortan diputados a congelar la cédula de identidad; atenta contra la seguridad, dicen

Roberto Garduño, Enrique Méndez y Alonso Urrutia

 

Periódico La Jornada

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al presidente de la República, Felipe Calderón, para que ordene a la Secretaría de Gobernación suspender de manera provisional y hasta el 31 de marzo de 2010 cualquier trámite de índole administrativo u operacional relativo a la cédula de identidad ciudadana, y los datos biométricos que se obtengan de la ciudadanía.

En tanto, el anuncio de la adjudicación de otra fase del proceso de elaboración de la cédula de identidad volvió a evidenciar las diferencias en el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre los pasos de Gobernación en su proyecto. El consejero electoral Marco Antonio Gómez reprochó que la dependencia no escuche sus reclamos sobre los efectos negativos para la credencial de elector, mientras Benito Nacif consideró importante que se avance a la espera de un acuerdo con el IFE, siempre y cuando se aclaren todas las impugnaciones que han presentado las empresas.

En San Lázaro, Pablo Escudero, vicecordinador del Partido Verde Ecologista de México, promovió el exhorto junto con el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Canek Vázquez, por considerar que en tanto no se logren los consensos necesarios en el ámbito de las comisiones competentes del Congreso, y se revisen detalladamente y en conjunto las modalidades de aplicación y estrategias generales del programa, se debe detener su operación.

Los argumentos de Escudero señalaron que Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, manifiesta buena voluntad en el proceso de elaboración del documento de identificación, pero se debe reconocer que no se comparte la inexplicable premura de seguir impulsando los proyectos de la cédula, cuyo costo se elevaría a más de 3 mil millones de pesos.

Hay preocupación en el Congreso –dijo– porque se podría desvirtuar la información de todos los ciudadanos. No se puede permitir que los sótanos de Gobernación sirvan de bodega donde se acumule toda la información de los ciudadanos. Es un tema tan delicado que no podemos construir los acuerdos necesarios sin hacer un alto en el camino, no podemos esperar a que Gobernación obtenga la base de datos de todos los mexicanos para luego decidir quién los va a resguardar, porque esa información debe ser clasificada como de seguridad nacional.

Entre tanto, en el IFE, Gómez Alcántar lamentó que las conversaciones entre ese instituto y Gobernación sólo hayan servido a esta última para comprar tiempo y seguir avanzando en su proyecto, en tanto que las preocupaciones del IFE no son escuchadas. El único que avanza es Gobernación y el riesgo es para la credencial de elector, mientras nosotros no tenemos absolutamente nada; por eso es imprescindible que el Congreso se incorpore al debate y dé certeza sobre el tema.

PRI y PRD rechazan reforma política de Calderón
La redacción. Proceso.

MÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).-El PRI y el PRD rechazaron la propuesta de reforma política enviada al Congreso por el presidente Felipe Calderón, mientras que el PAN y la iniciativa privada, elogiaron la iniciativa.

La fracción del PRI en el Senado, que coordina Manlio Fabio Beltrones, criticó que la propuesta de 10 puntos de reforma política enviada por Calderón no incluya cambios para modernizar la institución presidencial, como es la ratificación de los miembros del gabinete, al tiempo que el coordinador del PAN, Gustavo Madero advirtió que un mecanismo de este tipo “caería en chantajes, cuotismo”.

A su vez, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Carlos Rojas, restó importancia a la iniciativa, ya que, a su juicio, es de mayor prioridad combatir el problema del desempleo y los impactos de la crisis económica.
“Hay de prioridades a prioridades; una fundamental es la reforma económica y hacendaria para que el país pueda recuperar su ritmo de crecimiento”, señaló.
    Aunque reconoció que desconocía a fondo la propuesta, Rojas afirmó que “estarían faltando algunas propuestas sobre reformas al propio gobierno federal, que dé eficiencia y eficacia a un aparato administrativo, más delgado en sus estructuras, para que funcione bien y cueste menos”.

   En sentido contrario, el presidente nacional del PAN, César Nava, respaldó la propuesta de Calderón y afirmó que su partido está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas para enriquecerla. “Es una propuesta muy ambiciosa que superó por mucho las expectativas que se habían generado”, afirmó.
   En conferencia de prensa, el también diputado federal pronosticó que si se aprueba la iniciativa “cambiará la faz del Estado mexicano y el rostro de nuestra democracia”.
   Dijo que se trata de una de las propuestas más ambiciosas de los últimos años y que se podría facilitar el “el tránsito del sufragio efectivo a la democracia efectiva”.
  Con esta iniciativa, se trata de darle “más poder a los ciudadanos al establecer la reelección legislativa por ejemplo, se le daría a la gente la posibilidad de premiar o castigar a los buenos o malos legisladores, igualmente ocurriría con los alcaldes que podrían ser premiados con una reelección o castigados con el retiro a su casa". En el mismo sentido se pronunció la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.
   La coordinadora panista en San Lázaro del PAN en la Cámara de Diputados llamó a apoyar  la propuesta, ya que, a su juicio, “será la plataforma para la modernización del sistema político” mexicano.
    Vázquez Mota dijo  que la iniciativa representa el “empoderamiento de los ciudadanos, en el ejercicio de la política”.
Por su parte, la iniciativa privada le dio la bienvenida a la propuesta gubernamental, en particular la reelección de legisladores, la cual consideró un mecanismo de rendición de cuentas.

    En tanto, el presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, advirtió que el paquete de reformas constitucionales se discutirá hasta el periodo ordinario que inicia en febrero de 2010. “Si el presidente esperó hasta el último momento para mandar su iniciativa, ahora que el presidente espere a que el Congreso sesione en febrero para entrar en materia, es una elemental actitud recíproca”, afirmó Navarrete.

    Para el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, la iniciativa es un “proyecto pobre, regresivo y contrario al pluralismo” que ha sido la base de la estabilidad política de México desde los años 70.
Encinas aseguró que la iniciativa de Calderón “no es una reforma política”, ya que sus propuestas son limitadas y sólo destacan dos puntos: las candidaturas ciudadanas y la iniciativa ciudadana, las cuales, recordó, el PRD ha impulsado desde hace 20 años.
Sin embargo, agregó, que la iniciativa ciudadana no es suficiente; “Quedan pendientes el plebiscito, referéndum, revocación de mandato  y la rendición de cuentas."
    Encinas coincidió con el presidente de su partido, Jesús Ortega en el tema de la segunda vuelta. Aunque ambos calificaron de positiva la propuesta, consideraron que ésta inducirá al bipartidismo, ya que actualmente no hay garantías democráticas plenas en el país.

Por su parte, el senador Pablo Gómez, del PRD, destacó como positiva la propuesta de las candidaturas independientes, pero expresó su desacuerdo con disminuir de 500 a 400 el número de diputados y de 128 a 96 el de los integrantes del Senado.
    Gómez defendió también su iniciativa para incorporar la figura de la revocación de mandato del Ejecutivo federal, presentada en septiembre de 2006. “¿Cómo es posible que un gobernante malo tenga que estar ahí seis años? El juicio político no opera, la revocación de mandato que es un derecho del pueblo para quitar al gobernante tampoco existe”, argumentó.
       Para Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la mejor manera que haya rendición de cuentas es con la reelección, “porque van a tener que reportar los legisladores qué hicieron y cuáles son los argumentos para volver a votar por ellos”.
    En conferencia de prensa, el presidente de la Concamin se pronunció por reducir el número de diputados de 500 a 400. “Sería un buen inicio”, aunque lo ideal sería reducirlo a la mitad. En el mismo sentido se manifestó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), ya que la reelección de presidentes municipales permitiría detonar proyectos de infraestructura locales de largo plazo.
    El presidente del organismo, Pedro Núñez Rodríguez, señaló que muchos proyectos de infraestructura rebasan el periodo de gobierno de los presidentes municipales, por lo que de aprobarse esta propuesta habría una mejor planeación, ejecución de obras y, por ende, mayor generación de empleos. (Con información de Jenaro Villamil).

Explotan a 120 mil menores en San Luis Potosí

El número aumenta en periodos vacacionales, señala

Sólo se han expedido 2 mil permisos

Edith Argüelles

Corresponsal

Periódico La Jornada

San Luis Potosí, SLP, 15 de diciembre. Aproximadamente 120 mil niños son explotados en San Luis Potosí, principalmente en labores agrícolas en los municipios de la Huasteca, donde se concentra la población indígena del estado, reveló hoy Santiago Maza Moheno, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Al participar en el Foro para la prevención y erradicación de la explotación laboral de menores, organizado por la dependencia federal y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el funcionario precisó que 90 por ciento del trabajo infantil en la Huasteca corresponde a actividades agrícolas.

Los niños nahuas y huastecos, etnias representativos de la zona, apoyan a los adultos jornaleros sin recibir paga y laboran en condiciones insalubres en la pizca de café, en la zafra y en el corte de naranja y otras frutas.

Maza Moheno expuso que en las zonas urbanas el trabajo infantil aumenta en temporadas de vacaciones escolares, cuando los niños se ven obligados a llevar a sus hogares el poco dinero que ganan, debido a la precaria situación de sus familias.

Los diagnósticos de la dependencia indican que los menores también se emplean en la industria de la construcción como ayudantes de albañilería y en los sectores agropecuario, servicios y manufacturero.

La delegación de la STPS sólo tiene registrados dos mil permisos de trabajo para menores de entre 14 y 16 años que fueron contratados por patrones que garantizan su integridad, pero la encuesta sobre trabajo infantil aplicada en la entidad revela que por lo menos 120 mil menores trabajan sin que se les garantice respeto a sus derechos.

De hecho, todo trabajo para un menor de 14 años es ilegal, pero los permisos que ha extendido la dependencia son para jornadas que no rebasen 35 horas por semana, se mantiene la prohibición de horarios nocturnos y las actividades relacionadas con giros negros, entre otras condicionantes, precisó.

Maza Moheno sostuvo que no sólo en San Luis Potosí existe explotación infantil, pues en el país hay 3.5 millones de niños trabajando. Es una realidad que lamentablemente se ve todos los días y puede ser constatada por la mayoría. No se vale ocultar un problema que existe, insistió el funcionario, y precisó que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno crear alternativas para resolver este complejo problema.

Más de 5 mil niños veracruzanos se ganan la vida en la calle; la cifra subirá en 2010

Andrés T. Morales

Periódico La Jornada

Jalapa, Ver., 15 de diciembre. Más de 5 mil niños trabajan en la vía pública en Veracruz, y sólo uno por ciento de ellos se encuentran en situación de calle, afirmó Esmeralda Domínguez Verónica, procuradora del menor del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La funcionaria señaló que la pobreza orilla a los menores a dejar la escuela para aportar al gasto familiar. Agregó que las ciudades que concentran el mayor número de niños trabajadores son Jalapa, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz y Boca del Río, según el último censo, levantado a finales del 2008.

La funcionaria estatal reconoció que debido a la crisis económica se prevé que en 2010 se dispare la cifra de menores que abandonarán sus estudios para subemplearse e incluso mendigar.

Domínguez Verónica dijo que el DIF puso en marcha el año pasado el programa Por los niños, que consiste en dar atención educativa y nutricional a menores que trabajan en la vía pública, así como ofrecer terapia sicológica y seguimiento de trabajo social a sus familias.

Llevamos programas no de mera asistencia social, sino proyectos productivos, empleo, autoempleo y becas educativas. A la fecha, dijo, hay 2 mil 90 niños incluidos en este programa.

Abundó que también se trabaja con las secretarías de Salud y Protección Civil y con los ayuntamientos para dar refugio temporal a los niños de la calle durante el invierno.

El 9 de agosto, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, reclamó al gobierno mexicano por su reiterada inobservancia de la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales que prohíben la contratación de menores de 14 años en actividades económicas.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hasta 2007, de una población de 29 millones de niños y niñas de cinco a 17 años de edad, más de 3.5 millones realizaban alguna actividad económica.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:44
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