Viernes, 18 de diciembre de 2009

Gran área de opacidad, las partidas para educación, seguridad y salud, alerta la ASF

La descentralización de recursos genera corrupción, señala último informe de González de Aragón

Propone actuar de inmediato para propiciar rendición de cuentas, fiscalización y control patrimonial

Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Viernes 18 de diciembre de 2009, p. 10

El informe de gestión 2002-2009 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advierte que el proceso de descentralización de los recursos públicos para educación, salud, infraestructura y seguridad pública propicia prácticas corruptas que implican un elevado riesgo patrimonial.

Los resultados presentados por el organismo de la Cámara de Diputados resultan inquietantes en torno al impacto probable reportado en la revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2007. El monto total de los daños económicos al erario en ese periodo sumaron 473 mil millones de pesos.

Durante el sexenio de Vicente Fox y el primer año de gobierno de Felipe Calderón, el órgano fiscalizador detectó las siguientes afectaciones a los recursos públicos: en 2000, 61 mil 175 millones de pesos; 2001, 120 mil 798 millones; 2002, 77 mil 652 millones; 2003, 54 mil 92 millones; 2004, 33 mil 157 millones; 2005, 26 mil 342 millones; 2006, 33 mil 187 millones, y 2007, 60 mil 723 millones.

El último trabajo de Arturo González de Aragón al frente de la ASF manifiesta que la inversión en los citados renglones se ha convertido en una gran área de opacidad y riesgo sobre la cual deberá actuarse de inmediato para impulsar adecuada rendición de cuentas, apropiada fiscalización y mayor control del patrimonio público.

Dichas áreas de opacidad identificadas por el ente fiscalizador se ubican en la eficiencia recaudatoria del gobierno federal; los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos; educación pública en sus componentes de calidad y cobertura; pensiones y jubilaciones; recursos federales transferidos a estados y municipios; Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) y fondos destinados a procesos electorales.

Asimismo, en los sistemas contable gubernamental y de evaluación de desempeño, donativos de recursos públicos, mejora regulatoria, remuneraciones de funcionarios, preservación del medio ambiente, subejercicios presupuestales, disponibilidad de recursos, discrecionalidad de los servidores públicos y regulación y supervisión de las acciones del Estado.

También, derivado de la fiscalización de la ASF y del fincamiento de responsabilidades económicas resarcitorias, como facultad exclusiva de la institución, “fue posible, en el caso de ocho años de gestión, recuperar –con corte al 30 de septiembre de 2009– 35 mil 352 millones de pesos que regresaron al erario, los cuales representan cerca de 30 veces el presupuesto anual de la ASF”.

A ese monto se le agregan casi 2 mil millones derivados de las auditorías aplicadas a estados y municipios, en el contexto de la Cuenta Pública 2008.

En el desglose de los 35 mil 352 millones recuperados, la ASF destaca por orden de relevancia la institución y el monto: rescate bancario, 10 mil 856 millones; derechos de trámite aduanero, 2 mil 458 millones; sindicato de Pemex, mil 580 millones; Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, mil 481 millones; Poder Judicial de la Federación, 277 millones; estados y gobiernos municipales, 8 mil 32 millones.

Guillermo Ortiz, pensionado de lujo; recibirá 190 mil pesos al mes
Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 17 de diciembre (apro).- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Mario Di Costanzo, denunció que el aún gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, recibirá el próximo año unos 190 mil pesos de pensión, frente a los mil 966 pesos mensuales que perciben 81% de los jubilados del país.
De esa manera --acusó Di Costanzo--, Ortiz Martínez pasará a formar parte de la elite de “pensionados privilegiados”, entre los que se encuentran los expresidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.
Es también el caso de José Ángel Gurría, quien se jubiló con una onerosa percepción luego de encabezar la banca de desarrollo; o Francisco Gil Díaz, que también se jubiló como exfuncionario del Banxico.
Al anualizar el monto de la pensión de Guillermo Ortiz, éste percibirá el próximo 2010 unos 2 millones 280 mil pesos, ya que la jubilación se establece de acuerdo con el último salario que se percibió.
    La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó, en su informe de finanzas públicas del 30 de septiembre de 2009, que tiene en operación siete fideicomisos para este tipo de “pensiones” y que involucran recursos por poca más de 124 mil millones de pesos.
    Según el desglose, existe un Fideicomiso del Sistema Banrural, con 20 mil millones de pesos; el llamado Fondo Laboral de Pemex, que cuenta con 9 mil 985 millones, y el de jubilados de Banobras, con 9 mil 223 millones de pesos.
Además, otro fideicomiso para cubrir las pensiones de exfuncionarios de Nacional Financiera, que cuenta con recursos por 7 mil 723 millones, y uno más para los exempleados de Bancomext, con 7 mil 148 millones.
    El diputado federal Di Costanzo recordó que, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el sistema de pensiones es inequitativo, pues mientras funcionarios federales como Guillermo Ortiz perciben al concluir su cargo unos 190 mil pesos mensuales, “81.4% de los jubilados del país recibe en promedio mil 966.4 pesos mensuales, y aún hay un 0.3% que obtiene 81 mil 388.2 pesos mensuales en promedio”.
    Lo anterior, advirtió el legislador petista, contrasta con el resto de las percepciones de los mexicanos jubilados, pues sólo 19% de los mayores de 65 años recibe una pensión, y únicamente 33% de la población ocupada cuenta con servicios de salud y seguridad social.
    Recordó que tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la ley fija como “topes” para el pago de jubilaciones el equivalente a 25 y 10 salarios mínimos, “por lo que no existe ningún fundamento jurídico real para las pensiones que se pagan en el sector energético y la banca de desarrollo”.
    Di Costanzo destacó al sector energético porque mientras un extrabajador del IMSS en promedio recibe una pensión de 2 mil 137 pesos, los exfuncionarios de la primera área mencionada --que incluye a la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-- perciben en promedio 39 mil pesos por mes.
    “En el caso de Banxico, Banobras, Bancomext y Nafin, la pensión se calcula sobre el promedio del salario mensual neto devengado, es decir, incluyendo prestaciones, en el último año de actividad del trabajador”.
En el caso de Bansefi, aclaró el petista, “se calcula sobre el promedio de los últimos dos años. Y a éstos todavía se le añaden --no en todas las situaciones-- las prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo”.
Además, estos exfuncionarios federales “mantienen el derecho de recibir íntegra la pensión del IMSS”, denunció Di Costanzo.
    Ortiz Martínez dejará el cargo de gobernador del Banco de México el 31 de diciembre y, su relevo por los próximos seis años será Agustín Carstens, quien deja la titularidad de la SHCP en manos de Ernesto Cordero.

Reporta Ssa 780 muertes por influenza A/H1N1, 48 más en una semana

La dependencia informó que se ha registrado un total de 67 mil 221 casos de infectados al 16 de diciembre.

AFP
Publicado: 18/12/2009 15:21

 

México, DF. Los decesos por la influenza A/H1N1 en México, primer país en declararse en alerta por la pandemia, llegaron a 780 tras registrarse casi cincuenta muertes en la última semana, según la Secretaría de Salud (Ssa), que reportó un total de 67 mil 221 casos de infectados al 16 de diciembre.

El balance anterior indicaba que hasta el 9 de diciembre, 732 personas murieron por esta gripe y 66 mil 415 resultaron infectadas, precisó la dependencia.

Del total de muertes, 69.5 por ciento de las víctimas tenía entre 20 y 54 años de edad, de acuerdo con las estadísticas.

Todos los estados presentan casos de contagio del virus A/H1N1, pero las zonas más afectadas por este mal son la Ciudad de México, San Luis Potosí (norte) y el Estado de México (centro).

La primera tanda de vacunas contra la gripe A/H1N1 de 865 mil dosis llegó a México a finales de noviembre para empezar a vacunar a personal de salud y mujeres embarazadas, mientras que en diciembre y los próximos tres meses llegarán 30 millones más de dosis para niños, ancianos y población vulnerable.

El número de fallecimientos provocados por la influenza A/H1N1 superó el viernes el umbral de los 10 mil en el mundo desde su aparición en la primavera boreal, según el último balance publicado este viernes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Permanecen tres estados sin leyes sobre los derechos de la infancia

Víctor Ballinas

 

Periódico La Jornada
Viernes 18 de diciembre de 2009, p. 37

Al presentar el índice de Medición de Calidad de Leyes en torno a los derechos de los niños, la Red por los Derechos de la Infancia en México destacó que en Chihuahua, Guanajuato y Querétaro no han emitido leyes en la materia; mientras que en Baja California, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tamaulipas sí han legislado al respecto y su calificación en el índice de cumplimiento a esos derechos es de 0.1 al 2.5.

Resaltó que Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Sonora también cuentan con legislaciones y sus calificaciones están entre 2.6 y 3.5.

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Zacatecas tienen calificaciones de 3.6 hasta 5.2. En total son ocho entidades que se han preocupado por la protección de los niños con legislaciones superiores a la de la ciudad de México, destacó Valeria Jeremía, de la Red por los Derechos de la Infancia.

Jeremía dijo que esta medición más que una investigación académica busca propiciar herramientas para profesionistas y personas que trabajan en los derechos de la infancia y que quieran medir el nivel de calidad de esas leyes.

La autora del índice de medición, Jeremía, precisó que con esto se podrá conocer cómo está la armonización de los derechos de la infancia en las legislaciones de los estados y la federal, si cumplen con los estándares internacionales y si de verdad respetan las normas al repecto.

Explicó que el índice de medición está constituido por siete dominios que son el bien tutelado, definición de niño; presencia de principios rectores; cobertura de derechos, medidas de protección especial, medidas generales para dar efectividad a esos derechos y la difusión y capacitación y se entreteje con 19 subdominios en los que se busca analizar, entre otras cosas, cuál es el término que utilizan las legislaciones estatales, si niño o niña como sujetos de derechos; el concepto, es decir, si se refieren a menores, niños, o niñas.

También esos subdominios definen de manera general si retoma los principios, si retoma algunos, todos, si son transversales, y si además se establecen las respectivas obligaciones.

Otras definiciones de subdominio que analiza el índice de medición son la no discriminación, la participación infantil, inversión en la infancia, difusión, sistema de información, entre otros.

Emilio Álvarez Icaza, al comentar la presentación de este índice de medición, dijo que es un documento único en su tipo, el gran aporte es el ver a los niños como sujetos de derechos.

Dijo que la concepción que ha privado es que los niños deben ser tutelados, hay una visión parternalista desde el Estado y deben revisarse estos conceptos.

 


Publicado por solaripa69 @ 16:36
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