Jueves, 24 de diciembre de 2009

Durante el sexenio de Mario Marín han desaparecido 3,323 mujeres en Puebla

Redes de trata y explotación de personas actúan impunemente en el estado: ONG y diputada

Convergen en la entidad dos grupos de traficantes, señala reporte de la CNDH y el CEIDAS

Acusan a autoridades y ombudsman locales de entorpecer investigaciones y ocultar información

Mónica Camacho. La Jornada de Oriente

Puebla, Pue., 23 de diciembre. Desde 2005, cuando el priísta Mario Marín Torres asumió la gubernatura, se ha reportado la desaparición de 3 mil 323 mujeres, según cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Irma Ramos Galindo, coordinadora de la bancada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, atribuyen este fenómeno a la trata de personas para la prostitución y se basan en un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS). Según el documento, Puebla es punto de cruce de dos rutas que utilizan las bandas de explotación de personas.

Ramos Galindo señala que la trata de personas no podría operar en la entidad sin protección de las autoridades estatales y municipales. La legisladora ha solicitado a la PGJ, a cargo de Rodolfo Igor Archundia Sierra, instituir un programa especial para investigar las desapariciones, ya que la mayoría de las denuncias son catalogadas como hechos aislados y archivadas por falta de evidencias o interés. La respuesta de los funcionarios ha sido nula.

En entrevista, Ramos Galindo refirió que el 24 de noviembre, durante la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, intentó abordar el tema nuevamente.

Le mandé dos fichas al subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la PGJ, Víctor Pérez Dorantes, para solicitarle llevar el tema a la mesa de trabajo. A la tercera tarjeta me pidió por escrito acercarme a la dependencia para tratarlo en forma personal. No me ha dado respuesta, se queja.

Juan Carlos López Rojas, encargado de prensa y sifusión de la PGJ, se negó a agendar una entrevista con Pérez Dorantes sin explicar los motivos.

Las cifras de la PGJ indican que en 2005 se denunció la pérdida de 61 mujeres de entre 14 y 29 años. Al año siguiente la cifra aumentó a 137 y en 2007 se disparó a mil 402 mujeres, un incremento de 2 mil 228 por ciento respecto de 2005.

En 2008 se reportaron mil 154 casos. Sólo en el primer trimestre de ese año, Puebla superó a Chihuahua con 256 desapariciones reportadas, mientras en el estado norteño sumaron 40.

En el primer semestre de 2009 la PGJ conoció de la desaparición de 569 mujeres, por lo cual se calcula que la entidad volverá a superar las mil denuncias al finalizar diciembre.

Los cinco años en que se ha multiplicado el número de mujeres desaparecidas en Puebla coincide con el mandato de Marín Torres, quien en 2006 fue acusado de encarcelar a la periodista Lydia Cacho por órdenes de Kamel Nacif Borge, empresario implicado en redes de pederastia y tráfico de personas con fines de comercio sexual.

El 4 de diciembre, durante el informe anual que presentó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marcia Maritza Bullen Navarro, una veintena de activistas de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla mostró pancartas en las que se leía: 3 mil 323 mujeres desaparecidas, ¿no merecen tu atención?

Vianeth Rojas Arenas, integrante de la red, responsabilizó a la PGJ y a la CEDH por la operación de las redes de tráfico sexual en Puebla, pues lejos de enfrentar este delito entorpecen las investigaciones y ocultan información, aseguró.

El tráfico de mujeres en Puebla es fortísimo. Lo han denunciado personas como Lydia Cacho, la Red de Trabajo Sexual y el colectivo Brigada Callejera. Es lamentable que los encargados de la procuración de justicia y de hacer respetar los derechos humanos en Puebla sean cómplices de los criminales, lamentó.

La CNDH y el CEIDAS publicaron este año el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, documento que reveló que por Puebla pasan dos derroteros de las bandas de trata de personas con fines sexuales.

Las dos rutas tienen como destino la frontera con Estados Unidos. La primera cruza por Hidalgo y llega a Chihuahua y Tamaulipas; la segunda recorre el Distrito Federal, Michoacán, Guadalajara y Sinaloa para terminar en Sonora y Baja California.

De acuerdo con el reporte, las víctimas son llevadas a Estados Unidos y de ahí a las Bahamas y España. El resto se distribuye en la República.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República ubica a Puebla entre las 16 entidades del país donde se inicia el mayor número de averiguaciones previas por tráfico de seres humanos.

En ese grupo se encuentran Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.

Peritos dicen que recibieron órdenes de manipular el cadáver de El Barbas

Miembros del Semefo morelense niegan haber fotografiado el cuerpo

Rubicela Morelos Cruz. Periódico La Jornada

Cuernavaca, Mor., 23 de diciembre. Los seis peritos que participaron en el levantamiento del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva aseguraron que sólo cumplieron órdenes dadas por agentes federales para alterar la escena del crimen, pero negaron haber tomado las fotos donde se exhibe a El jefe de jefes o El Barbas semidesnudo y cubierto con billetes ensangrentados.

En entrevista, algunos peritos, quienes pidieron el anonimato, se mostraron sorprendidos ante la urgencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos de anunciar el martes en la noche su separación al cargo, pese a que no han concluido las pesquisas. No obstante, este miércoles acudieron a laborar.

Narraron que autoridades estatales los responsabilizaron del hecho, cuando en su declaración negaron que hubieran modificado la escena del crimen y expresaron que personas ajenas a la PGJE tomaron las fotos, pero se negaron a abundar en el tema, pues, aseguraron, es una situación que pone en riesgo su vida.

En esas imágenes, añadieron, aparecen tres de los seis integrantes del Servicio Médico Forense que participaron en el levantamiento del cadáver, por lo que, insistieron, ellos no las captaron.

A su vez, el visitador general de la PGJE, Erwin de las Casas Flores, reconoció que aún no terminan la investigación, y añadió que se envió material fotográfico a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se verifique que los peritos locales no tomaron esas imágenes.

No están cesados ni se les ha dado de baja aún; están trabajando de manera normal. Se les puede suspender para que sigan las investigaciones. Probablemente se les suspenda en unos días, dijo.

Tres peritos ya fueron descartados, insistió, y sólo se indaga a los otros tres, que aparecen en una de las fotos. Serán castigados por abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, anunció.

Estamos solicitando a la PGR que abra una investigación interna o penal a personal federal.

Grupos sociales demandan modificar la estrategia de lucha contra el crimen organizado

Exige la CNDH aclarar por qué no fueron protegidos los datos de Angulo Córdova

Víctor Ballinas. Periódico La Jornada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que al rendir honores al marino Melquisedet Angulo Córdova –quien murió en un operativo contra el capo Arturo Beltrán Leyva–, se exhibió a sus familiares, quienes fueron víctimas de la delincuencia organizada. En tanto, organizaciones sociales demandaron un cambio en la estrategia de lucha contra el crimen organizado.

La CNDH aseveró que la discreción y confidencialidad son fundamentales para la preservación de la vida en el desempeño de tareas de alto riesgo, entre ellas los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Exigió que se esclarezca por qué no se preservaron los datos personales del marino Melquisedet Angulo Córdova, lo cual derivó en que cuatro familiares fueran asesinados.

Luego de lamentar los homicidios, la comisión sostuvo que, tras esos hechos, existen dudas razonables sobre la protección de los datos personales, derecho reconocido en la Constitución.

Por lo anterior, apremió a que la legislación mexicana cuente con leyes secundarias sobre la garantía a la privacidad, que correspondan a la protección señalada en la Carta Magna.

Mediante un comunicado de prensa, la CNDH recuerda que el artículo sexto constitucional establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

A su vez, la red nacional de organismos civiles Todos los Derechos para Todos manifestó que aun cuando llevamos ya tres años con este gobierno (...) su estrategia de seguridad no muestra logros, y en perspectiva se tiene ya una década de confrontación del Ejército contra el narcotráfico, sin resultados, por lo que es necesario que se revise y se modifique este plan de lucha contra el crimen organizado.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, manifestó que el asesinato de los familiares del tercer maestre de la Armada Melquisedet Angulo es preocupante, además de que cada año se incrementa el número de ejecuciones.

“La estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado que ha seguido este gobierno tendría que contener acciones de seguridad para los ciudadanos. Tenemos ahí el tema de los testigos protegidos, a los que han ejecutado o han sido asesinados cuando cuentan con seguridad. Este punto obliga al gobierno a replantear esa estrategia.”

En tanto, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, remitió una misiva al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la que le manifiesta su profunda consternación y rechazo por el asesinato de los cuatro familiares del tercer maestre Melquisedet Angulo Córdova, quien falleció la semana pasada a causa de un enfrentamiento contra el crimen organizado.

Añade que el ataque a los familiares de Angulo constituye un acto reprobable en contra de personas inocentes.

Condena los asesinatos y exhorta a las autoridades competentes a que estos hechos no permanezcan en la impunidad, sean investigados, procesados y sancionados conforme a los estándares internacionales de debido proceso y debida diligencia, a fin de esclarecer de forma plena lo sucedido y lograr justicia en tan lamentable suceso.

Cae helicóptero militar: un muerto

Ernesto Martínez, corresponsal. La Jornada.

 

Morelia, Mich., 23 de diciembre. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó en los límites de Michoacán y Guerrero, con saldo de un militar muerto y nueve lesionados, dos de ellos de gravedad, informaron fuentes oficiales.

Los tripulantes del helicóptero Bell 212, matrícula 1411, realizaban una inspección por los límites de los municipios de Altamirano, Guerrero, y San Lucas, Michoacán, cuando se perdió la comunicación con ellos. El muerto fue identificado como el sargento Neftalí Botello Ramos.

Elementos del Ejército se trasladaron a la zona del accidente para rescatar a los soldados heridos. Apenas en octubre pasado una avioneta del Ejército cayó en el municipio de Queréndaro, donde murieron tres militares.

Asesinan a periodista en Quintana Roo
Rosa Santana. Proceso.

CANCÚN, Q. Roo, 23 de diciembre (apro).- El reportero José Alberto Velázquez López fue asesinado ayer por desconocidos cuando circulaba en su automóvil por una céntrica avenida de Tulum.

         El comunicador, quien publicaba la revista Expresiones de Tulum y colaboraba en un canal de televisión local, fue interceptado en la avenida Kukulkán, a la altura del bulevar Tulum, por un par de sujetos que viajaban en una motocicleta.

         Los homicidas abrieron fuego contra el occiso con un arma calibre .38.

         Herido de muerte, Velázquez López logró escapar de sus asesinos en su auto, un corsa rojo con placas UVR-8167, que terminó impactando contra un auto estacionado frente a la sede municipal del PRI. Aún con vida fue ingresado al hospital de Tulum, pero dada su gravedad fue transferido al nosocomio de Playa del Carmen y después a Cancún, donde falleció.

         Por este hecho, que se suscitó horas después de que el general brigadier retirado Jorge Mendoza Rodríguez fuera presentado como director interino de Seguridad Pública de Tulum, la agencia del Ministerio Público del Fuero Común abrió la Averiguación Previa TAP-911/2009.

Esta tarde, el procurador Bello Melchor Rodríguez Carrillo, informó al respecto que en torno al caso se siguen tres líneas de investigación para determinar si el crimen tiene relación con su actividad periodística de la víctima, de litigante o fue de índole pasional.

Sin embargo, familiares de la víctima que acudieron hoy a la Subprocuraduría de Justicia a reclamar el cuerpo rechazaron que el homicidio haya sido pasional y lo atribuyeron a su actividad periodística. También cuestionaron sus traslados a Playa del Carmen y a Cancún.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:41
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