Jueves, 24 de diciembre de 2009

Esconden dictamen de la SCJN, dice PAN
Iván Castellanos / Tiempo

El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Dagoberto Carreño Gopar, aseguró que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han “escondido” el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el conflicto de 2006.
Afirmó que en caso de que en la última sesión del año no se presente la notificación, los legisladores panistas estarán haciendo la denuncia correspondiente ante el máximo tribunal para que se actúe en consecuencia.
“Como fracción parlamentaria desconocemos el dictamen de la Corte, en la cual se condena la actuación del Ejecutivo Estatal en el conflicto del 2006, no sabemos si ya está en el Congreso por la cerrazón de los diputados priístas sobre este caso”, detalló Carreño Gopar.
Dijo que están tratando de evitar que se asuma la responsabilidad por parte de los involucrados en este caso, pero debería pasarse a las comisiones para que se trate este asunto en el pleno legislativo.
Aseguró que estarán esperando que se trate este tema en la última sesión de este año, para que sea pasada a la Comisión Instructora y se apliquen los procedimientos legales correspondientes.
Tampoco no hay un límite para que se trate este tema, por lo que si no se presenta en el mes de diciembre, entonces se presionará para que se lleve a cabo en enero de 2010.
Manifestó que como fracción parlamentaria, tienen toda la facultad para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se ha dado cumplimiento a la notificación al dictamen dirigido a la Cámara de Diputados local, “porque no está sólo dirigido a la fracción del Partido Revolucionario Institucional”.

Diputado Ahúja Pérez Califica De Ilegal Presupuesto De Egresos 2010 Para El Estado de Oaxaca

 

Escrito por Eliseo Alonso   

 

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Ahúja Pérez señaló la ilegalidad en que incurre el Presupuesto de Egresos 2010 rechazado por Acción Nacional y aprobado esta tarde por la mayoría priísta en el Congreso local.

El también presidente de la Comisión de Administración de Justicia de la LX Legislatura local, detalló las irregularidades en que incurrió el Ejecutivo Estatal al presentar un presupuesto de Egresos a nombre los organismos autónomos, el aumento inexplicable al gasto corriente del próximo año, y los recortes presupuestales en materia de procuración e impartición de justicia.

Ahuja Pérez criticó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo estatal presuma la garantía en el empleo de los recursos públicos al extinguirse dependencias y organismos "no prioritarios", de racionaliza el gasto corriente, de la reducción del 10 por ciento a prestaciones de mandos medios y superiores de la administración pública estatal.

Lo anterior, dado que en este año, obtuvo un aumento de 377 millones 665 620 pesos, poco más de un siete por ciento, de los cuales 305 corresponden a servicios personales para cubrir remuneraciones de carácter permanente del personal de base, confianza y mandos medios y superiores.

Asimismo, explicó, se cubrirán con ello las remuneraciones de carácter transitorio para el personal de contrato y servicios profesionales; para la ejecución de programas prioritarios, el pago de gratificaciones de ley contractuales como la gratificación del fin de año, seguros de vida, las aportaciones a la seguridad social a las fondas de pensiones, entre otros, es decir, es gasto no productivo.

Derivado de ello se obtiene que el incremento a servicios personales es de 9.45 "cuando los incrementos salariales a las bases no son de esa naturaleza, cuando nos dicen que los salarios de los funcionarios han quedado congelados, ¿entonces a qué responde este incremento en el gasto de los servicios personales?", cuestionó.

Ahuja Pérez, reprochó que organismos autónomos de la administración estatal hayan dejado a la Secretaría de Fianzas la elaboración de este proyecto de presupuestos, contraviniendo lo que establecen las disposiciones legales en la materia, lo que evidencia la falta de sustento legal en la presentación del proyecto aprobado esta tarde.

"En materia de fiscalización, así como hubo aumentos hubo disminuciones", dado que en la fiscalización de la Hacienda Pública hay una disminución considerable por lo que con ello "estamos renunciando a nuestra obligación de fiscalizar la hacienda pública en el ánimo de los presupuestos históricos".

"¿De qué sirve hablar de los procedimientos de auditoría si no hay dinero para ir a notificar a las autoridades, sobre las resoluciones de la propia auditoría, insisto, violentando su propia ley de presupuesto?.

"Yo señalaría otros temas pero creo que con señalar la ilegalidad del mismo es suficiente, pero no podría como presidente de la Comisión de Administración de Justicia, obviar un tema que me parece importantísimo.

"Así como se aumentan sueldos, salarios y prestaciones en un año, en materia de justicia los recursos o disminuyen o se estrangulan", abundó.

En impartición de justicia, recordó que este mismo año el Congreso del estado incluyó un transitorio a la ley a fin de retrasar la implementación de los juicios orales en la Costa, programado para este año. No obstante, ante la falta de presupuesto esto no se pudo hacer.

"Se supone que en 2010 entran en vigor estos juicios en el Papaloapam, pero con qué recursos si no se pudo hacer en la Costa, de qué manera se va a hacer en aquella otra región?.

"Sólo dos regiones tienen instalado este tipo de juicios, así como tampoco se pudo instituir el Instituto de Defensoría Pública

"En procuración de Justicia, la caída es del 22.4 por ciento del presupuesto asignado dado que se le reducen a la procuraduría 93 millones de pesos, en tanto el Instituto de Investigaciones Periciales seguirá durmiendo el sueño de los justos.

"Ya no pidamos que haya un laboratorio de ADN y que se pueda descubrir el culpable de una violación, sino simplemente que el perito tenga vehículo o combustible para ir a la escena del crimen. La falta de peritos resulta en la falta de justicia", subrayó.

´"De qué sirve calles hermosamente pavimentadas con cableado subterráneo cuando en esas mismas calles suceden los delitos y quedan impunes, y así es imposible incentivar el turismo y obtener el desarrollo que se desea", cuestionó.

Pos este motivo, finalizó, Acción Nacional considera que este presupuesto no sólo es ilegal sino que "es una muestra de absoluto y total desprecio a la justicia".

 

Cué Monteagudo: no soy un político improvisado
Sayra Cruz

El aspirante a gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, aseguró ayer no ser un político improvisado y exhortó a quienes pretendan competir en las elecciones del próximo año se dediquen en su totalidad a la actividad política.
En conferencia de prensa, el senador del Partido Convergente reiteró su interés por competir por la gubernatura del estado y evitó opinar sobre los aspirantes del Partido Revoluciona Institucional con quienes, dijo, tiene una relación mínima.
Es importante la construcción de la alianza, donde los partidos que la conformen, tomen la decisión, y en ese período elegir al hombre o mujer idóneos para las candidaturas, tanto de gobernador, como de diputados locales y presidentes municipales que competirán en el 2010, indicó.
Expresó que no se puede tener un sueldo por un cargo, en donde se cobra con los impuestos de la gente. “Yo estoy comprometido en participar el próximo año, porque es la lucha que yo he dado, porque las cosas cambien en Oaxaca; debo ser congruente con eso”, dijo en relación a su solicitud de licencia ante el Senado.
Esto, para dedicarse a tiempo completo y jugar el papel que le corresponda. “Yo no soy un ambicioso vulgar”, expresó el legislador convergente.
Abundó que lejos de sus intereses políticas, “porque cuento con la experiencia, capacidad y trabajo”, sí los partidos de la eventual alianza consideran que hay otra persona que reúna las características, le cedería mi lugar, sostuvo.
Y agregó: “Siembre y cuando el aspirante o prospecto sea un candidato exitoso y garantice ser un gobernador que realmente cumpla con los compromisos y haga un gobierno eficiente y cercano al pueblo”, indicó.
“Para gobernar hay que saber, hay que tener experiencia; hay que tener capacidad y la formación académica y profesional, pero además de liderazgo y análisis cualitativos y medibles”, expresó.
En cuanto a los seis aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, prefirió omitir su posición en cuanto a quien será el posible candidato y dijo que tanto con José Antonio Estefan Garfías, Eviel Pérez Magaña, Adolfo Toledo, así como al propio dirigente del PRI, Jorge Franco Vargas ha tenido encuentros casuales.
Remarcó que los priistas no son sus enemigos sino adversarios políticos.
Cabe señalar que Gabino Cué es aspirante por segunda ocasión a la gubernatura de la entidad. En esta ocasión, algunos partidos de oposición, como un sector del PRD, no están satisfechos con su posible nominación, en tanto que en el Partido Acción Nacional algunas voces han externado que no irían a la elección con Gabino Cué como candidato a gobernador.

Tras 13 años en prisión, sentencian a dos zapotecas pese a falta de pruebas

Preparan amparo para lograr la libertad de los indígenas

Octavio Vélez Ascencio

Periódico La Jornada

Oaxaca, Oax., 23 de diciembre. El juez cuarto de distrito del Poder Judicial Federal (PJF) condenó a Zacarías Pascual García López a 24 años de prisión y, a 13 años, a Justino Hernández José, zapotecas del municipio de San Agustín Loxicha, presos desde hace 13 años en el reclusorio regional de Etla y la penitenciaría central de Santa María Ixcotel.

Están acusados de conspiración, homicidio calificado, terrorismo y homicidio en grado de tentativa, derivados de su presunta participación en los ataques que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) efectuó contra instalaciones policiales municipales y estatales, así como de la Armada de México, el 29 de agosto de 1996 en La Crucecita, Huatulco.

Minerva Martínez Lázaro, coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barca-dh), dijo que la condena fue impuesta por el PJF en la reposición del proceso penal 13/1997 por los delitos mencionados ante un amparo otorgado por la propia justicia federal debido a las irregularidades habidas en el primer juicio.

Anunció que el Barca-dh, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca y el colectivo Zapatista Oaxaca interpondrán un recurso de amparo para lograr la libertad de los indígenas ante la existencia de pruebas firmes donde se demuestra su inocencia.

Subrayó que el juzgador no pasó por alto las declaraciones autoinculpatorias pese a no ser pruebas contundentes para acreditar el delito, ya que fueron torturados por la policía, y la carencia de acervo probatorio idóneo y suficiente para sostener la presunta responsabilidad de los sentenciados, ya que testigos de cargo niegan haber hecho declaraciones acusatorias.

Uno de ellos, dijo, incluso denunció que fue detenido y golpeado por la policía para obligarlo a firmar la declaración contra García López y Hernández José.

Además, destacó, Eufemia Cecilia Luna José, esposa de García López, declaró ante el Ministerio Público que su esposo radicaba en una colonia de esta ciudad cuando ocurrió lo de La Crucecita, porque tenía un embarazo de alto riesgo y debía ser atendida en un hospital. Inluso la mujer mostró una acta de nacimiento de su hijo, fechada en esta ciudad, para probar su dicho. Otro testigo de descargo, Leonardo Hernández, manifestó que Hernández José se encontraba en la limpia del café el día de los hechos.

Crimen, Impunidad, Paramilitarismo         

 

Escrito por Víctor Raúl Martínez Vásquez   


Apenas comentamos la extraña y sospechosa muerte de Leonardo García Cruz en la sierra Juárez, quien muy probablemente fue asesinado luego de que el día 24 de noviembre, un grupo policiaco fuertemente armado, por la madrugada, impidió el tránsito de militantes de CODECI a la ciudad de Oaxaca donde participarían en la Convención Democrática Estatal; ahora tenemos el asesinato, por un grupo de guardias blancas, del profesor Eleazar Martínez Almaráz.

Hasta donde los datos dados a conocer por este diario NOTICIAS indican, el profesor Eleazar Martínez Almaraz, fue ejecutado el lunes 15 de diciembre. En la víspera, había sido amenazado por el presidente municipal de San Agustín Loxicha Jesús Martínez Mendoza por participar en la ocupación del Palacio Municipal y en bloqueo de la carretera para demandar la construcción de dos aulas
Según los datos de la nota de nuestro compañero Octavio Velez Ascencio, en un mitin celebrado en el zócalo de la ciudad de Oaxaca donde la sección 22 le rindió sentido homenaje, la viuda, Floritulia Salgado Delgado, dijo que su esposo fue bajado por cuatro hombres armados, encapuchados y vestidos con ropa militar de la camioneta donde se trasladaban junto con su pequeño de cinco años a la comunidad de la Sirena Miramar, para laborar en la escuela primaria bilingue "José Vasconcelos". Luego del descenso, a ella y al niño les dijeron: "¡ustedes váyanse, corran!"; posteriormente le dispararon siete balazos al profesor por la espalda.
La misma viuda refiere las amenazas que a su esposo, de 27 años, le había hecho el presidente municipal. La hermana de la viuda, Alma Salgado Delgado señala, que el mismo presidente, había dicho que "lo único que había para los maestros eran plomazos".
La impunidad de estos y otros crímenes ocurridos en distintas partes del estado y cometidos por grupos paramilitares, policías y aun autoridades, son un reflejo del autoritarismo subnacional que vive Oaxaca y en donde los cacicazgos proliferan con la complacencia de la autoridad estatal, del gobernadorismo autoritario, al que estos cacicazgos son funcionales.
Recuérdense los crímenes de la licenciada Beatriz López Leyva y del profesor Artemio Norberto Camacho Sarabia en San Pedro Jicayán, en donde participaron pistoleros y, en el último caso, el ex militar Julio Antonio Ramírez Santiago así como el exsíndico Sebastian Merino, se involucra en ambos sucesos al presidente municipal de ese lugar, Leonardo Silva Palacios; la desaparición de Lauro Juárez de la que se responsabiliza al entonces presidente municipal de Santos Reyes Nopala y porro universitario, Fredy Gil Gopar; los asesinatos en Ixcatlán, donde también se vio involucrado el ex presidente municipal; los asesinatos en San Blas Atempa, entre ellos los de Faustino Acevedo Bailón y Rosalino Díaz Barrera , donde se señaló a la cacique y entonces diputada local Agustina Acevedo Gutiérrez; o el de Guadalupe Ávila Salinas en Estancia Grande, asesinada por el mismo presidente municipal hasta ahora prófugo.


Son muchos los sucesos que nos muestran que los hilos del poder en el estado se rigen por la muerte, la agresión a las personas, la intimidación, la violencia contra los adversarios al régimen gubernamental.
Estos hechos, agregados a decenas de sucesos anteriores, amenazas, levantones, desapariciones tortura, agresiones a grupos, nos muestran , "formas endemoniadas de gobierno y de mando" como las llama Francisco Carpinteiro para referirse justamente a Oaxaca durante este periodo. El autor usa la metáfora de "política endemoniada" para poner de relieve "el problema de la política peligrosa y dañina que opera para neutralizar oposiciones a la autoridad".
Y es que como hemos visto, en un régimen como el que hemos vivido en Oaxaca, particularmente durante estos últimos años de "gobernadorismo autoritario", todo lo que difiera de quienes tienen en sus manos el poder político, particularmente de la llamada "burbuja", se considera una amenaza que hay que detener con los medios que estén al alcance de quienes dicen gobernar, no importa que sean "endemoniados", ilegales, ilegítimos, criminales, violentos, etc.
Los agentes demoniacos sean caciques municipales, francotiradores, caravanas de la muerte, agentes ministeriales, porros, presos que son liberados por la noche para cometer fechorías, etc. han asesinado, torturado, amenazado a disidentes, inconformes, rebeldes a este régimen y han actuado con toda impunidad protegidos por el grupo en el poder encabezados por muñecos diabólicos y nahuales que se transforman en mapaches en periodos electorales.
Se ha denominado a esta política, "terrorismo de estado". Su propósito no solo es castigar la disidencia, sino intimidar a otros opositores y generar miedo en la población para inhibir su organización, participación política, la difusión de la información, la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, en suma, el ejercicio de garantías constitucionales que postula el llamado "Estado de Derecho" que dicen representar pero quebrantan recurrentemente con sus acciones.
Los agentes demoniacos actúan bajo el amparo del aparato de injusticia que existe en el Estado, de ministerios públicos, jueces, magistrados, que solícitos y timoratos sirven al poder político, cumplen sus órdenes; de policías que están para dar seguridad a los políticos también llenos de miedos aunque muestren ironías de quinta categoría; de carceleros. Ahí tenemos la injusticia en el caso de Juan Manuel Martínez Moreno, quien continúa preso por un crimen que no cometió, el del periodista norteamericano Brad Will. Los verdaderos culpables, que fueron fotografiados por la prensa nacional, pasean por las calles de Santa Lucía su impunidad, lo mismo que Jacinto Pineda, "El diablo" y otros asesinos del profesor jubilado Serafín García en Huautla de Jiménez. Juan Manuel Martínez Moreno es un chivo expiatorio para satisfacer requisitos de la "Iniciativa Mérida" firmada con los Estado Unidos de Norteamérica.
No puede dudarse de la red de complicidades dentro del sistema; la impunidad para los agresores y sus jefes es la regla en esta maraña de intereses y agentes de la política demoniaca. Los castigos son para los opositores al régimen autoritario quienes son criminalizados inicialmente con estrategias mediáticas, como las que ahora utilizan contra la sección 22.
Debemos recordarles sin embargo que no hay mal que dure cien años. Que nuestra Constitución Federal reconoce el derecho a la resistencia, concretamente el artículo 39 señala que: "La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno". Las elecciones del 2010 pueden ser una oportunidad.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:47
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